Bertha Paredes Noyola
Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Bertha Paredes Noyola
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Acuse de recepción de comunicaciones innecesario. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se abstenga de acusar recibo del oficio que derive del presente proveído, pues basta el sello de recepción que se estampe en la minuta respectiva. Devolución de cuatro anexos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable pertenecientes a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 18/2021 promovido por *******, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, se radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente ****, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en los términos del acta de diez de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por oficio 1984/2021 de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de dicho mes y año, concatenado con el punto de acuerdo 120/2021 emitido en misma fecha por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó enviar los autos originales del sumario que nos ocupa a este juzgado federal para el dictado de la sentencia correspondiente. CUARTO. Recepción de autos para dictado de sentencia. Así las cosas, por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el número de expediente 18/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por la homologo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, fracción I de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a diversas autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: El dictamen con proyecto por el que se proponen cuatro magistraturas, su votación y aprobación. emitidos dentro de la convocatoria pública *****, relativa a la selección de cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. La discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación, de los decretos mil doscientos noventa y seis, mil doscientos noventa y siete, mil doscientos noventa y ocho y mil doscientos noventa y nueve, publicados el siete de julio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, los cuales constituyen la designación de los magistrados que fueron elegidos derivados de la convocatoria pública *******. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador y del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, el Vicepresidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta Política y de Gobierno, ambos del Congreso del Estado de Morelos, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen a dichas autoridades en el presente sumario constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: IMPROCEDENCIA Bajo ese contexto, en la especie respecto de los actos reclamados al Gobernador y del Secretario de Gobierno ambos del Estado de Morelos, a criterio de este órgano jurisdiccional se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso precepto 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no combatió por vicios propios los actos de refrendo y publicación del ordenamiento legal impugnado, omitiendo formular conceptos de violación en su demanda de amparo. En efecto, las porciones normativas de las citadas disposiciones legales, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo, el decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. De la interpretación relacionada de los preceptos legales transcritos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa señala como autoridades responsables a aquéllas que intervinieron en el decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, pero tales actos no los reclama por vicios propios. En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Gobernador y del Secretario de Gobierno ambos del Estado de Morelos, el refrendo y publicación de los decretos mil doscientos noventa y seis, mil doscientos noventa y siete, mil doscientos noventa y ocho y mil doscientos noventa y nueve, publicados el siete de julio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, los cuales constituyen la designación de los magistrados que fueron elegidos derivados de la convocatoria pública ******. Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se pone de manifiesto que la quejosa reclama los referidos actos del proceso legislativo como integrantes en la creación de decretos tildados de inconstitucionales; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades aludidos en el párrafo que antecede, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III (este aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis identificada con el número PC.I.A. J/49 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2248, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2010097, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUELLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. En ese orden de ideas, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que, a criterio de la autoridad responsable, los actos relacionados con la convocatoria pública emitida para el proceso de selección de cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, forman parte del ejercicio de una facultad soberana del Congreso del Estado, circunstancia que estima, resulta necesaria para la procedencia del juicio que ahora nos ocupa. Dicha causa de improcedencia alegada resulta fundada. En efecto, el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]. La interpretación de dicho precepto, en correlación con el orden constitucional mexicano, así como con la naturaleza del juicio de amparo, permite advertir que dicho juicio es improcedente cuando se reclamen resoluciones o declaraciones relativas a la elección de funcionarios por parte de las Legislaturas de los Estados o sus Comisiones, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En ese sentido, atento a la naturaleza de los actos reclamados se tiene la certeza de que todo el procedimiento de selección de cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, derivado de la Convocatoria ******, forma parte del ejercicio de un acto soberano o discrecional relativo a la elección de funcionarios, por parte de la Legislatura Estatal a las que refiere el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), en la que determinó que si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Ello en atención a que dicha causa de improcedencia prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, como en la especie ocurre, dado que la propia Constitución Local y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, les otorgan esa facultad al Congreso Local de elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Además, estableció que el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a un órgano interno del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar. La jurisprudencia en consulta se localiza en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 887, con número de registro digital 2017916, de rubro: MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. En ese sentido, debe entenderse como acto soberano, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 25/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 493, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022075, de rubro: MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Ahora bien, para poner de relieve la conclusión alcanzada, en el caso particular, es imprescindible revisar el contenido de los numerales que regulan el procedimiento de designación de las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Al respecto, el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Por su parte, los numerales 40, fracción XXXVII y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que establecen: ARTÍCULO 40. Son facultades del Congreso: XXXVII. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, a los Magistrados del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos; a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado de Morelos, este último de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. Las designaciones a que alude esta fracción deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso; ARTICULO 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de las Magistradas y Magistrados que se requieran para la integración de las salas que lo conformen. Los Magistrados serán designados por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta del Órgano político del Congreso, el cual emitirá la Convocatoria Pública para designarlos, conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. Además, los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, estatuyen: Artículo 115. El procedimiento para la designación de Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo en las siguientes fases: I.- Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y presentación de un ensayo científico de contenido jurídico; II.- Comparecencia personal de los aspirantes ante la Junta Política y de Gobierno. III.- Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el Pleno del Congreso. (.) Artículo 117. En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a los Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación requerida, el dictamen se regresará a la Junta Política y de Gobierno, a efecto de que en tres días hábiles presente uno nuevo. De las disposiciones anteriores, se desprenden las consideraciones siguientes: Las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, establecen las condiciones y el procedimiento para la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Es facultad del Congreso Local, designar entre otros funcionarios, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en la Constitución estatal, asimismo, estas designaciones deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura de conocimiento. Los Magistrados serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del Órgano político del Congreso, el cual emitirá la Convocatoria pública conforme a lo establecido en la Constitución del Estado y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. El procedimiento para la designación de Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo en las siguientes fases: I.- Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y presentación de un ensayo científico de contenido jurídico; II.- Comparecencia personal de los aspirantes ante la Junta Política y de Gobierno. III.- Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el Pleno del Congreso. En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a los Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación requerida, el dictamen se regresará a la Junta Política y de Gobierno, a efecto de que en tres días hábiles presente uno nuevo. De lo anterior, se sigue que si bien en el procedimiento de elección de los magistrados locales, un Órgano político del Congreso del Estado (Junta Política y de Gobierno del Congreso) formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de proponer al Pleno los candidatos, lo cierto es que, es el Congreso del Estado quien finalmente elige de manera independiente a los servidores públicos que van a integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin injerencia de algún otro ente o poder público. Máxime que el referido órgano político encargado de proponer los candidatos, a su vez está integrada por los miembros del propio Congreso Estatal, lo que confirma que sólo es el órgano legislativo el que interviene en el referido procedimiento de elección. En consecuencia, si la elección de las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Lo anterior, porque cuando el Congreso elige a las magistradas y magistrados del referido tribunal superior de justicia estatal, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en cumplimiento al propio mandato constitucional de la entidad. Por ello, si bien la elección de dichos servidores públicos, está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de la propia autoridad legislativa, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento (lineamientos reglados), como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la citada jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Además, aun cuando en el procedimiento de elección de las magistradas y magistrados, corresponde al citado órgano político de la Legislatura estatal, calificar que los candidatos reúnan los requisitos para ocupar el referido cargo, lo cierto es que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Lo anterior, justifica que en el acta de sesión sólo esté plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación; pues no pueden juzgarse las razones o motivos que llevaron a cada Diputado a votar por un determinado aspirante, por lo cual resulta lógico que el amparo devenga improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 24/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4349, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2021903, de rubro: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Cabe indicar que, aunque la legislación de Colima prevé la intervención del titular del Poder Ejecutivo, para la designación de Magistrados, y de ahí se limite el interés con el que se acude a sede constitucional para reclamar el procedimiento; lo que para el caso importa, es que la citada Jurisprudencia se refiere, además, a la diversa causal de improcedencia que se actualiza en tanto que la elección deriva del ejercicio de una facultad soberana. En consecuencia, toda vez que respecto a la elección de las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta improcedencia debe hacer extensiva a todos los actos emitidos dentro del procedimiento ****** instaurado para tal designación. Lo anterior, en atención a que si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en dicho procedimiento, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta el órgano legislativo o como consecuencia del ejercicio de aquéllas, como lo sería en el caso, los actos que por esta vía de control constitucional pretende reclamar la peticionaria de amparo y que fueron sintetizados en el considerando segundo de esta determinación. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto. No pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que la peticionaria de amparo al momento de formular su demanda haya manifestado que: en el caso concreto que nos ocupa, no me duelo de la facultad constitucional que tienen las responsables para la designación de magistrados (por tanto no se actualiza la causal de improcedencia), me duelo de que las responsables al realizar los dictámenes relativos a la convocatoria ******, (.) realizaron el proceso legislativo, aprobación, rondas de votación, designación, emisión de decretos y publicación de los mismos, dichas responsables violentaron de manera flagrante el principio de paridad de género en las designaciones para la integración paritaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos No obstante lo anterior, resulta evidente que en el caso en estudio la peticionaria de amparo pretende que, a través de esta instancia, se califiquen las razones y motivos que tuvieron los integrantes del Congreso del Estado para emitir su voto en favor de los aspirantes seleccionados, para que, mediante dicho análisis se determine si aquellos se efectuaron tomando en consideración acciones afirmativas en busca que alcanzar una paridad de género en la conformación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Situación que como se expuso, aún en los términos en los que se pretende hacer valer, no es dable efectuar en esta instancia, atendiendo a la soberanía que le fue conferida constitucionalmente a la legislatura del Estado de Morelos, pues sostener lo contrario, tendría como consecuencia efectuar una injerencia externa a las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo Local, lo cual, no es jurídicamente ni constitucionalmente permisible como se expuso a lo largo de esta sentencia. De ahí que, este juzgador se encuentre técnicamente impedido para efectuar pronunciamiento alguno sobre el actuar del Congreso del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********, en los términos establecidos en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Ténganse por recibidos los oficios del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio de los cuales en el primero, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo 939/2021 de su estadística, promovido por ---------- contra actos del Congreso de Morelos y otras autoridades, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las diez horas con diecinueve minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno; y por cuanto al segundo oficio, en vía de alcance, remite los anexos I, II, III y IV. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 18/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente al sumario principal, así como a los anexos e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efecto de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a las responsables. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a las autoridades responsables a fin de informarles que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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