Bertha Díaz Torres

Expediente 1676/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1676/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Bertha Díaz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De los documentos originales exhibidos Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este juzgado con identificación oficial, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos junto con su escrito inicial de demanda; en la inteligencia que de no hacerlo así en el lapso concedido, esta sede constitucional procederá a su destrucción Instrucciones para la obtención de los documentos exhibidos Ahora bien, a continuación se detallan las instrucciones para la obtención de los documentos exhibidos en el escrito de demanda. Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de copias: martes y jueves. En el presente asunto, los documentos solamente se entregarán en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, ya que si se permite después de las 14:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De los documentos originales exhibidos Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este juzgado con identificación oficial, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos junto con su escrito inicial de demanda; en la inteligencia que de no hacerlo así en el lapso concedido, esta sede constitucional procederá a su destrucción Instrucciones para la obtención de los documentos exhibidos Ahora bien, a continuación se detallan las instrucciones para la obtención de los documentos exhibidos en el escrito de demanda. Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de copias: martes y jueves. En el presente asunto, los documentos solamente se entregarán en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, ya que si se permite después de las 14:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil veintidós. Recepción de escritos Ténganse por recibidos los escritos presentados por .. a través de los cuales desahoga la prevención formulada por este juzgado en auto de nueve de diciembre del año en curso. Parte quejosa desahoga requerimiento En esas condiciones, este juzgado tiene por satisfecho el requerimiento formulado en los autos de mérito y, en ese sentido, procede a proveer respecto de su admisión o desechamiento. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Primer Secretaria del Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. El cobro de la cantidad de ... realizado por el perito designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecución de sentencia dictada en el juicio .. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Luego entonces, se advierte con claridad que los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por el Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte 1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consiste el acto reclamado y qué recurso o medio de impugnación por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados. En el caso en concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, reclama el cobro de la cantidad de ... realizado por el perito designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecución de sentencia dictada en el juicio *... en razón de que es el encargado de realizar las obras, construcciones y demoliciones del bien inmueble ubicado en ... Aunado a que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que en la ejecución de sentencia consiste en el pago de una cierta cantidad de dinero, de la cual no fue condena en la sentencia dictada dentro del juicio de origen. En ese orden de ideas, el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece: "ARTICULO 553. Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: I.- Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante; II.- Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias; III.- Contra la denegación de la apelación; IV.- Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V.- En los demás casos fijados por la Ley. La queja contra los jueces procede aun cuando se trate de juicios en los que por su cuantía no se admite recurso de apelación." En razón de lo anterior, resulta obvio que la parte peticionaria de amparo debió hacer valer el medio de impugnación correspondiente antes de acudir a esta instancia constitucional, ya que la propia quejosa manifestó ser parte dentro del juicio de origen, por tanto, tiene a su alcance la posibilidad de promover los recursos que procedan en contra de las determinaciones dictadas en el juicio. En consecuencia, en contra de las determinaciones dictadas en ejecución de sentencia por el Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, procede el recurso de queja previsto en el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; razón por la cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo antes manifestado por identidad jurídica, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así las cosas, es contundente que la parte promovente debe agotar el recurso previsto antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones que alega y así obtener la modificación el acto que lo originó. Así, en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, per se una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso, pues en contra de la resolución reclamada, procede el recurso de queja como ya se analizó. Al respecto, es aplicable a lo anterior por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." No pasa desapercibido que la quejosa señala que el presente juicio de amparo es procedente en razón de que tiene un contrato de arrendamiento con la sociedad mercantil ... respecto del bien inmueble materia del juicio de origen; sin embargo, como se dijo, cuenta con legitimación para promover medios y recursos ordinarios de impugnación y hacer valer sus derechos ante la autoridad responsable. De ahí que, al no haber cumplido con el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del numeral 113 de la legislación en cita, máxime que el acto combatido no encuadra en ninguna de las excepciones que se establecen por la fracción normativa que contempla la causal de improcedencia de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO. SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DICE: "Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil veintidós. Recepción de escritos Ténganse por recibidos los escritos presentados por .. a través de los cuales desahoga la prevención formulada por este juzgado en auto de nueve de diciembre del año en curso. Parte quejosa desahoga requerimiento En esas condiciones, este juzgado tiene por satisfecho el requerimiento formulado en los autos de mérito y, en ese sentido, procede a proveer respecto de su admisión o desechamiento. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Primer Secretaria del Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. El cobro de la cantidad de ... realizado por el perito designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecución de sentencia dictada en el juicio .. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Luego entonces, se advierte con claridad que los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por el Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte 1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consiste el acto reclamado y qué recurso o medio de impugnación por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados. En el caso en concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, reclama el cobro de la cantidad de ... realizado por el perito designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecución de sentencia dictada en el juicio *... en razón de que es el encargado de realizar las obras, construcciones y demoliciones del bien inmueble ubicado en ... Aunado a que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que en la ejecución de sentencia consiste en el pago de una cierta cantidad de dinero, de la cual no fue condena en la sentencia dictada dentro del juicio de origen. En ese orden de ideas, el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece: "ARTICULO 553. Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: I.- Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante; II.- Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias; III.- Contra la denegación de la apelación; IV.- Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V.- En los demás casos fijados por la Ley. La queja contra los jueces procede aun cuando se trate de juicios en los que por su cuantía no se admite recurso de apelación." En razón de lo anterior, resulta obvio que la parte peticionaria de amparo debió hacer valer el medio de impugnación correspondiente antes de acudir a esta instancia constitucional, ya que la propia quejosa manifestó ser parte dentro del juicio de origen, por tanto, tiene a su alcance la posibilidad de promover los recursos que procedan en contra de las determinaciones dictadas en el juicio. En consecuencia, en contra de las determinaciones dictadas en ejecución de sentencia por el Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, procede el recurso de queja previsto en el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; razón por la cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo antes manifestado por identidad jurídica, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así las cosas, es contundente que la parte promovente debe agotar el recurso previsto antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones que alega y así obtener la modificación el acto que lo originó. Así, en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, per se una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso, pues en contra de la resolución reclamada, procede el recurso de queja como ya se analizó. Al respecto, es aplicable a lo anterior por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." No pasa desapercibido que la quejosa señala que el presente juicio de amparo es procedente en razón de que tiene un contrato de arrendamiento con la sociedad mercantil ... respecto del bien inmueble materia del juicio de origen; sin embargo, como se dijo, cuenta con legitimación para promover medios y recursos ordinarios de impugnación y hacer valer sus derechos ante la autoridad responsable. De ahí que, al no haber cumplido con el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del numeral 113 de la legislación en cita, máxime que el acto combatido no encuadra en ninguna de las excepciones que se establecen por la fracción normativa que contempla la causal de improcedencia de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

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