Bertha María Medina N. de Cáceres
Expediente 404/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Bertha María Medina N. de Cáceres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el uno de julio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado, quien niega el acto reclamado. De igual manera, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se dictó un acuerdo en el que se proveyó el escrito presentado por la quejosa el tres de mayo del año en curso, remitiendo copia certificada de las documentales consistentes. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2. En ese orden de ideas, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve dictó un acuerdo en el que se pronunció respecto al escrito presentado por la quejosa el tres de mayo del año en curso. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, conviene precisar que en el presente asunto la parte quejosa reclamó lo siguiente: Omisión de acordar el escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la quejosa solicitó depurar la sección segunda, del Juicio Sucesión Intestamentario ****, a bienes de ****. Al respecto, del oficio y anexos de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que, la autoridad responsable, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitió el auto en el que se pronunció sobre el escrito presentado el tres del mismo mes y año, ****. Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que en el particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, se insiste la autoridad a quien se atribuye el acto, emitió el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el cual, en atención a lo solicitado por la aquí quejosa, requirió al ingeniero ****, para que en el término de diez días hábiles exhibiera el avalúo de los bienes de la citada sucesión, lo que se aprecia de las constancias anexas, por lo que hace imperioso el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve.
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****, contra el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la quejosa solicitó depurar la sección 2ª segunda, del Juicio Sucesión Intestamentario *****, a bienes de la señora *****, atribuido a la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por las razones expuestas en el cuarto punto considerativo.
- Incidental
Vistas las copias de la demanda de amparo de cuenta, y como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 404/2019, promovido por ******, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a la autoridad señalada como responsable y pídasele el informe previo que deberá rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del doce de junio de dos mil diecinueve. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se desprende que la quejosa se duele de la omisión de acordar el escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la quejosa solicitó depurar la sección 2ª segunda, del Juicio Sucesión Intestamentario ****a bienes de la señora ******, alias *****, alias *****. De acuerdo a la precisión del acto reclamado en el presente asunto, se obtiene que reviste la naturaleza de omisivo, entendiéndose por tal aquella abstención de la autoridad que se produce al no realizar el acto que la ley le ordena. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada, en virtud de que el acto reclamado tiene la naturaleza de omisivo, mismo que no puede ser materia de la medida cautelar prevista por la ley reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquélla tiene por objeto paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio y, en el caso concreto, lo que se reclama es un no hacer de la autoridad, traducido en que a la fecha de presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no se ha pronunciado respecto al escrito presentado por la parte quejosa el tres de mayo de dos mil diecinueve, por ello no se actualizan los extremos previstos en la ley para la concesión de la suspensión que se solicita, pues de concederse se estaría otorgando efectos restitutorios mismos que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo.
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