Bertha Ignacia Ramon Moran o Bertha Ramon Moran

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Bertha Ignacia Ramon Moran o Bertha Ramon Moran

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado veinticuatro de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual informa que se ordenó el archivo del expediente 374/2012 de su índice, como asunto total y definitivamente concluido, toda vez que la parte demandada, por conducto de su mandatario judicial, se desistió de la ejecución del incidente sobre capital y costas que promoviera, por lo que se ordenó levantar los embargos trabados mediante diligencia actuarial de quince de marzo del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    (AVISO)Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, comunica a este Órgano Jurisdiccional el contenido del proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo directo 146/2018 de la estadística de ese Tribunal, del cual se advierte que declaró la incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo que remite. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: a) Original del juicio de amparo directo 146/2018; b) Seis copias de la demanda de amparo; y c) Original del expediente 374/2012, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese orden, en acatamiento a lo ordenado por el citado Tribunal, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por*** o ***se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 333/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Ahora, la promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS: a).- De la autoridad responsable ordenadora se reclama la sentencia Interlocutoria de Primera Instancia de fecha doce de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada en los autos relativos del expediente 374/2012. b).- De la autoridad ejecutora se reclamó, el cumplimiento que otorguen a la resolución emitida por la ordenadora y ejecutora, con todas sus consecuencias legales, que se traducen sobre capital y costas." Esto es, la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de doce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del expediente 374/2012. Pues bien, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, conforme al planteamiento que a continuación se expone: El numeral en cita señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro del término legalmente establecido; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado, hecha al quejoso conforme a la ley que lo regule. Ahora, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 del citado ordenamiento, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: quince días, regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición; c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; e) Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, el acto reclamado en el presente juicio se ubica dentro de la regla general antes enunciada, en razón de que se hace consistir en la sentencia interlocutoria de doce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del expediente 374/2012. En ese contexto, para explicar por qué se actualiza la causa de improcedencia invocada con anterioridad, es necesario precisar que si bien la quejosa en su escrito de demanda señaló, bajo protesta de decir verdad, que se enteró de dicho acto de autoridad el dos de febrero de dos mil dieciocho, lo cierto es que de las constancias que integran el expediente 374/2012, del índice de la autoridad responsable se advierte que la quejosa fue notificada del acto reclamado (sentencia interlocutoria de doce de diciembre de dos mil diecisiete), desde el trece de diciembre de dos mil diecisiete, por lista de estrados. De esa manera, si la fecha en que se notificó a la aquí quejosa acto reclamado fue el trece de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda inició a partir del día siguiente al en que surtió efecto dicha notificación, según se advierte de la transcripción de dicho numeral: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo transcurrió quince de diciembre de dos mil diecisiete al veintidós de enero de dos mil dieciocho, conforme se ilustra en el cuadro... Luego, si la demanda constitucional se presentó el ocho de febrero de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, según se aprecia de la certificación secretarial que obra en la misma, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto a la fecha de presentación de la demanda, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17, de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , de paráfrasis: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página trescientos sesenta y cuatro, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, respecto del acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa manifestara en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que se enteró del acto reclamado de manera extrajudicial el dos de febrero de dos mil dieciocho, por conducto de un conocido que en el juzgado escuchó que un licenciado le iba a quitar los bienes de su propiedad, porque había ganado un juicio civil, sin embargo, como se advierte de sus propias manifestaciones, la promovente tenía conocimiento de incidente de liquidación de costas, pues como refirió en su escrito de demanda dio contestación a dicho incidente, lo que se corrobora de las constancias que integran el expediente 374/2012, en las que obra el escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones y documentos el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Fórmese el tomo de prueba I con el original del expediente 374/2012, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, agregando únicamente la carátula de este Juzgado de Distrito para su identificación y a fin de evitar que el presente expediente resulte de difícil manejo. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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