Bertha Leticia Ramírez Muñoz

Expediente 1288/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1288/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Bertha Leticia Ramírez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de cinco de diciembre del año en curso (fojas 93 a 96), dentro del plazo que prevé el dispositivo 98 de la legislación de la materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su arábigo 2°, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la ley en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del impedimento 5/2018, relativo al presente juicio de amparo indirecto 1288/2018. Ahora bien, de lo resuelto por el referido tribunal colegiado, se aprecia que decretó infundado el impedimento planteado por este juzgado federal para conocer del sumario constitucional 1288/2018, por ende, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; de igual manera, acúsese el recibo de estilo. En este orden de ideas, provéase lo que en derecho corresponda. Ahora, del análisis de la demanda de garantías de referencia, se advierte que la misma resulta ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual, literalmente dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del numeral 61 de la Ley de la materia, que dispone lo siguiente: *** Así, de la lectura del precepto legal y fracción antes transcritos, se logra discernir que para la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere de manera indefectible: a) Que la ley o el acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo. b) Que este juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de criterio y por no oponerse a las disposiciones de la Nueva Ley de Amparo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y ocho, Tomo XVI, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: *** En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la: -Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. -Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. -Coordinador Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit. -Director General Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. -Director de Pago Electrónico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. A las autoridades señaladas anteriormente, les reclama: De las tres primeras la separación del cargo profesional, así como la falta de derecho de audiencia y defensa y de las restantes la ejecución de la orden de separación, destitución o cambio de adscripción, así como la omisión de realizar los pagos de las prestaciones señaladas en el nombramiento de la directa quejosa. Por otra parte, teniéndose a la vista el diverso juicio de garantías 1274/2018 del índice de este Juzgado, se observa que Bertha Leticia Ramírez Muñoz, entre otros, por su propio derecho, señaló como autoridades responsables a la: -Secretaría de la Contraloría General del Estado. -Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. A las autoridades señaladas anteriormente, les reclama: -La falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, en el cual se resolvió la baja administrativa y destitución del cargo como servidor público y consecuentemente la cancelación de la base que ha desempeñado por más de seis meses. De las transcripciones anteriores y de la lectura íntegral de las demandas de garantías presentadas, tanto en el presente juicio 1288/2018, como en el diverso 1274/2018, se advierte que la parte quejosa reclama de las mismas autoridades responsables, los mismos actos reclamados. Así pues, se surte la causal de improcedencia en mención, habida consideración que es hecho notorio, que con anterioridad la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo indirecto, registrado bajo el número 1274/2018, del índice de este órgano de control constitucional, en el cual reclamó la falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, en el cual se resolvió la baja administrativa y destitución del cargo como servidor público y consecuentemente la cancelación de la base que ha desempeñado por más de seis meses, el que se desechó el siete de junio de dos mil dieciocho; sin embargo, este no ha quedado firme, ya que se interpuso contra dicha determinación recurso de queja, que por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, registrado bajo el número 337/2018; de donde se sigue, que los actos reclamados en ese juicio son los mismos que se señalaron en el presente juicio de amparo 1288/2018. Lo anterior, se corrobora del expediente electrónico del diverso juicio de amparo 1288/2018 que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); sin que resulte necesario agregar copia certificada de dichas actuaciones, toda vez que tratándose de expedientes tramitados ante el mismo órgano jurisdiccional, basta que al momento de resolver se tenga a la vista. Lo anterior se invoca como hecho notorio al tenor del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia vigente, por disposición expresa de su ordinal 2° y con sustento además en la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del Tomo XXV, Junio de dos mil siete, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que es aplicada por identidad de criterio y por no oponerse a las disposiciones de la Nueva Ley de Amparo, cuyo contenido literal siguiente:*** En efecto, del análisis comparativo realizado de las constancias referidas y del ocurso de garantías que motivó la formación del presente juicio 1288/2018, se logra conocer que los actos que en esta vía reclama la parte disconforme son los mismos por los que promovió el diverso 1274/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, el que se hace consistir, en la separación del cargo profesional, así como la falta de derecho de audiencia y defensa. Por otra parte, se ven acreditados el segundo y tercero de los requisitos antes aludidos, pues de acuerdo a las constancias referidas, el juicio de amparo 1274/2018, del índice de este juzgado, se encuentra en trámite, toda vez que mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías promovida por la aquí quejosa Bertha Leticia Ramírez Muñoz, entre otros; sin embargo, dicha determinación no ha quedado firme, pues se interpuso recurso de queja que por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, registrado bajo el número 337/2018; además, que en el presente juicio de garantías, existe identidad de parte quejosa, autoridades responsables y acto reclamado, respecto al multicitado juicio número 1274/2018. No es obstáculo a lo anterior que en el presente juicio de garantías la quejosa Bertha Leticia Ramírez Muñoz señalara también como acto reclamado la ejecución de la orden de separación, destitución o cambio de adscripción, así como la omisión de realizar los pagos de las prestaciones señaladas en el nombramiento de la directa quejosa, pues se advierte que ésta son solo consecuencias de los reclamados destacadamente, máxime que no son combatidos por vicios propios, ya que del líbelo constitucional no se advierte causa de pedir alguna, respecto de dichos actos; además, cabe distinguir que el presente asunto es de los considerados de estricto derecho. Por consiguiente, es evidente que se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción X, de Ley de Amparo vigente; y por ende, de conformidad con el artículo 113 de la citada Ley, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, en auto de veintiséis de abril de la presente anualidad, se le requirió a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que diera cumplimiento con el fallo protector, sin que a la fecha se haya efectuado dicho acatamiento, no obstante que transcurrió en exceso el plazo concedido para tal efecto, como se aprecia de la certificación de cuenta. Luego se tiene por recibido el escrito signado por ***********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en virtud del cual solicita se haga efectivo el apercibimiento a la responsable y se requiera de nueva cuenta por el cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de multa contenido en autos, en contra de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, equivalente a cien salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, ahora denominados Unidad de medida y actualización. Por lo tanto, de conformidad con el numeral 297, fracción II, de la Ley Adjetiva Civil, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio que le corresponda, informe los nombres completos, asimismo, el registro federal de contribuyentes y domicilios particulares, de los integrantes de la Junta responsable a efecto de poderlo remitir al ente recaudador. En consecuencia, una vez que se cuente con dicha información gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad y copia simple del presente proveído, a efecto de que por su conducto, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de la Materia, haga efectiva la aludida multa impuesta. Independientemente de lo anterior, con base en el mencionado dispositivo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición de su precepto 2º, en relación con el numeral 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que reciba el oficio respectivo, de cumplimiento al fallo protector. Asimismo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad ante señalada a dar cumplimiento con la ejecutoria de mérito, en la temporalidad indicada. Apercibidas dichas autoridades que en caso de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los dispositivos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se les hará efectiva una medida de apremio consistente en multa, por la cantidad de doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que las cuantías de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De otra parte, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, con las circunstancias advertidas, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, por conducto de su Presidente Árbitro, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta y documento que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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