Bertha Isabel Iñiguez Martínez

Expediente 2120/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2120/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad
  • Bertha Isabel Iñiguez Martínez
  • Mauricio David Palma Barra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    dieciocho de enero de dos mil veintitrés1276En dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza de Distrito con el oficio registrado con el número de folio 1276. CONSTE. Tepic, Nayarit, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vías de cumplimiento. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector, de donde se advierte que solicita se requiriera a la parte quejosa para que proporcionara diversa documentación; en consecuencia, téngase en vías de cumplimiento a la ejecutoria. Requerimiento a parte quejosa. De conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda ante la citada autoridad responsable y le entregue la documentación solicitada o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Apercibimiento. Apercibida que de ser omisa a lo anterior, se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo, por falta de interés en la procuración de cumplir con lo solicitado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta que autoriza y da fe. Marco.Alberto

  2. Principal

    veinte de diciembre de dos mil veintidós32025En veinte de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza de Distrito con el oficio registrado bajo el número de folio 32025 y anexos. Conste. Tepic, Nayarit, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe comunicado. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de dos mil veintidós, emitida dentro del Recurso de Revisión 883/2022 y los autos originales del juicio de amparo 1078/2022. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia, que quedó intocada la desestimación de la causa de improcedencia, asimismo CONFIRMÓ la sentencia recurrida, misma que, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Mario Álvarez Ibarra, contra los actos del Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó a partir del escrito en que se interpuso el recurso de revisión. Requerimiento. En ese tenor, atendiendo a la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el veintinueve de julio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General y Comité, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Maria Guadalupe Montoya Villa, que autoriza y da fe. Angélica**

  3. Principal

    diecinueve de diciembre de dos mil veintidós31929En diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio con número de registro 31929. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Director Jurídico Contenciosos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que remitió a la Dirección de Recaudación de Ingresos de dicha dependencia, los datos necesarios a efecto de que éste realice la transferencia bancaria a la parte quejosa; en consecuencia, agréguese a sus autos el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba la misiva correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, es decir: En el ámbito de su competencia, desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos declarados inconstitucionales y devuelva la cantidad derivada de la aplicación de éstos debidamente actualizada. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, que autoriza y da fe. urg

  4. Incidental

    dieciséis de diciembre de dos mil veintidósAUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Tepic, Nayarit, a NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente expediente, derivado del juicio de amparo indirecto número 2120/2022, promovido por Mauricio David Palma Barra y Bertha Isabel Iñiguez Martínez; en audiencia pública la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien actúa asistida del secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 138, fracción II, en relación con el 144 de la Ley de Amparo, declaró abierta la misma, procediéndose a celebrar la diligencia en comento en el expediente electrónico del presente juicio. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, acorde con el mencionado Acuerdo General; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico , A continuación, la secretaria hace relación de las constancias de autos, da cuenta con: Escrito de demanda, documentos anexos y escrito aclaratorio. Informe previo rendido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad. A lo anterior, la Jueza de Distrito, acuerda: con apoyo en el precepto 144 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de autos y por levantada la certificada de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, en términos del numeral 143, párrafo segundo, en relación con el 144 de la ley en cita, se da comienzo con el período probatorio, dentro del cual, se tienen por ofrecidas las que exhibió la parte quejosa; seguidamente, se cierra la etapa correspondiente y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los haya formulado y una vez hecho lo anterior, se da por concluida la fase respectiva y no habiendo alegato por parte del Fiscal la Federación adscrito, procede dictar la siguiente resolución. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 2120/2022 promovido Mauricio David Palma Barra y Bertha Isabel Iñiguez Martínez; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Mauricio David Palma Barra y Bertha Isabel Iñiguez Martínez, solicitaron la suspensión provisional y en su momento la definitiva contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1201/2021 del índice de la autoridad antes citada, donde se condenó a los quejosos al pago de la cantidad $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional). II. Por auto emitido el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se inició por separado el trámite del presente incidente, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo, se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental; asimismo, se concedió la suspensión provisional en los términos precisados en proveído de esa misma fecha; seguido el incidente por sus demás trámites legales, el día de hoy, se celebró la audiencia incidental con el resultado que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado. Por lo que, a las consecuencias el acto reclamado consistente la falta de emplazamiento de los quejosos al juicio ejecutivo mercantil 1201/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo previsto en los preceptos 128, fracciones I y II y 147 del ordenamiento legal en cita SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es, sin perjuicio de que se continúe con el procedimiento de origen, no se ejecute la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós a Mauricio David Palma Barra y Bertha Isabel Iñiguez Martínez respecto a cobro de la cantidad de $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional); hasta en tanto tenga conocimiento de que causó ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia seiscientos ocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible la página quinientos cincuenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuyo texto y rubro es: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." Sustenta a lo anterior por analogia, la Jurisprudencia 1ª./J. 4/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos quince, Tomo XXIX, Abril de dos mil nueve, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Máxime que al ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social que prevé el dispositivo 138 de la Ley de Amparo, el quejoso satisfizo los extremos previstos en la ley en cita, para que le sea concedida la suspensión en comento; ello aunado a que tiene interés en la subsistencia de la materia del acto reclamado. El anterior criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.". De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.". Garantía. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 136 y 139 de la ley de la materia, la suspensión otorgada surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes a partir de que quede notificada de la presente determinación, una garantía de $25,267.34 (veinticinco mil doscientos sesenta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional), para reparar los daños y perjuicios que con el otorgamiento de tal medida cautelar se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada. Lo anterior, toda vez que del escrito de demanda se advierte que la cantidad liquida dentro del juicio natural 1201/2021, de la estadística del juez aquí responsable, es de $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), según la cantidad a que fue condenado en sentencia. En consecuencia, a fin de fijar el monto de los posibles daños y perjuicios, debe estarse a lo determinado por nuestro Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 71/2014, consultable en la página 5 del Libro 14, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a enero de 2015, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 466, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas." (Subrayado añadido). También, por analogía, la Tesis XXX.3o.1 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, localizable en la página mil cuatrocientos cuarenta y seis, en el Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. FORMA DE CALCULAR EL MONTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO, CUANDO EXISTE CANTIDAD LÍQUIDA O ESTIMABLE EN DINERO. De conformidad con la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", cuando el acto reclamado consista en una condena líquida o estimable en dinero -es decir, cuando existe una cuantía determinada o determinable-, la autoridad competente, al fijar el monto de la caución y solamente para garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse con la concesión de la suspensión, deberá limitarse a calcular sobre el monto de la condena -tomando en cuenta la totalidad, esto es, la suerte principal y los intereses-; los daños deberán calcularse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ser el que refleja la pérdida del valor del dinero en el mercado; mientras que el cálculo de los perjuicios deberá hacerse conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), por ser un indicador que, en términos generales, permite conocer que la cantidad que dejó de percibir, debió generar cierto rendimiento económico. Así, en un juicio ejecutivo mercantil en el que se condenó al actor a pagar gastos y costas, primeramente tiene que obtenerse el valor total del juicio, para poder determinar el artículo aplicable del Arancel de Abogados y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Aguascalientes, pues el resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a dicho valor será la base que servirá de referencia para hacer el cálculo de la garantía. Con esta base y sólo con el objeto de establecer el periodo de cálculo en la materia involucrada, se acudirá a la consulta que se haga al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), donde se obtiene el tiempo en el cual aproximadamente se tramita y resuelve un amparo directo en el circuito judicial en el que se presentó la demanda. Enseguida, con el propósito de cuantificar los daños, conforme al parámetro idóneo que lo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se sigue el procedimiento establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, esto es, se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Ahora, de conformidad con el artículo 44, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a dicho cociente se le resta la unidad, y así se obtiene el factor de ajuste que se aplica a la base para obtener el monto de los daños. Por su parte, los perjuicios se calculan tomando en cuenta la TIIE a veintiocho días publicada en la fecha en que se decide sobre la suspensión y la misma se aplica a la base. El resultado, por ser anual, se dividirá entre doce, que son los meses del año y se multiplicará por el número de meses que tardará en resolverse el amparo directo, según el dato del SISE. El producto de esta operación aritmética corresponde al monto de los perjuicios, que se suma al importe de los daños, para obtener la cantidad que la quejosa deberá exhibir por dichos conceptos, para que surta efectos la suspensión concedida, lo cual deberá garantizar en cualquiera de las formas que la ley establece." De los criterios jurisprudenciales aludidos, se desprende que nuestro máximo tribunal estableció que cuando la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida o estimable en dinero a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo del dinero fijado en la condena, durante el tiempo que tentativamente pueda tardar la resolución del juicio, el que se genera o demerita en función de la inflación en el país, razón por la cual para calcular los posibles daños, debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario reflejado a la fecha en que se decrete la garantía en el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. Mientras que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría la parte tercera interesada de tener a su disposición el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en ese plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, parámetro que se determina a través de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo anual, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, los daños deben cuantificarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y los perjuicios conforme a la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE). Con base en lo anterior y tomando en consideración la cantidad líquida que debe entregársele a la parte actora en el juicio natural, aquí tercera interesada asciende al monto de $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que para calcular los posibles daños que se pudieran ocasionar a ésta, con la suspensión del acto reclamado, se acude al Índice Nacional de Precios al Consumidor, fijado anualmente a razón del 7.28% (siete punto veintiocho por ciento), que dividido entre los doce meses del año, arroja un porcentaje mensual del 0.0060% (cero punto cero sesenta por ciento) y multiplicado por el importe de la mencionada condena da como resultado $3,192.00 (tres mil ciento noventa y dos pesos 18/100 moneda nacional) de depreciación mensual y multiplicado por 3.22 meses (tiempo probable en que se resolverá el juicio de amparo en este Juzgado, según la Dirección de Estadística Judicial), lo cual da como resultado la cantidad de $10,278.24 (diez mil doscientos setenta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), por concepto de daños que con la suspensión pueda ocasionarse al citado tercero interesada. Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". Mientras que, para calcular los perjuicios, se acude a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo anual, al dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda, que fue de 10.50%. Ahora, la cantidad líquida a entregar a la aquí parte tercera interesada se reitera, es de $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que se multiplica por 10.50% dando un total de $55,860.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), la cual corresponde al interés anual; cantidad que debe ser dividida entre doce meses, da $4,655.00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), monto que se multiplica por 3.22 meses, tiempo estimado en la dilación del juicio, lo cual arroja un resultado final de $14,989.10 (catorce mil novecientos ochenta y nueve pesos 10/100 Moneda Nacional), por concepto de perjuicios. Entonces, sumando las cantidades obtenidas por concepto de daños y perjuicios da un total de $25,267.34 (veinticinco mil doscientos sesenta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional); siendo esta cantidad la que se fija para que continúe surtiendo efectos la suspensión otorgada. En el entendido de que para la eficacia de la medida cautelar decretada, la parte solicitante del amparo debe exhibir la garantía determinada en los párrafos que anteceden, en billete de depósito, o bien, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de cinco días siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dejará de surtir efectos la suspensión decretada. Asimismo, para en el caso de que si la garantía se exhibe mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener la leyenda siguiente: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito". Esta medida suspensiva, no surtirá efectos si se está en presencia de actos consumados, provengan de autoridades distintas a las señaladas como responsables, se trate de actos posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo al que corresponden estos cuadernos incidentales o derive el acto reclamado del cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo. Así por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se CONCEDE a Mauricio David Palma Barra y Bertha Isabel Iñiguez Martínez, la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Male.

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