Bertha Irma Mendoza Martinez
Expediente 999/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bertha Irma Mendoza Martinez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio remitido en línea por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió el juicio de amparo número 999/2019-II.2 de este índice, promovido por ***, así como las copias de la demanda relativas al mismo. Asimismo, hace del conocimiento de este órgano de control constitucional que el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, aceptó la competencia planteada y admitió a trámite la demanda de amparo registrándola bajo el número J.A. 831/2019 de su índice. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE. Por último, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Finalmente, en atención a que se le remita la constancia del emplazamiento del tercero interesado Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con residencia en Mexicali, Baja California, dígasele que no es factible acceder a su solicitud, en virtud de que a la fecha en que se pronuncia el presente proveído no obra en el cuaderno de antecedentes el acuse con el que se ordenó emplazamiento del tercero en cita. Lo cual se ordena hacer del conocimiento de la autoridad oficiante (en línea); para los fines legales conducentes, conforme al párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise) utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto. Ello, como lo disponen los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal.
- Principal
INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio firmado por el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el informe justificado que a su parte corresponde, sin perjuicio de hace relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa consistentes en el original del juicio contencioso administrativo número ****, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. TOMO DE PRUEBAS. Debido al volumen de las constancias remitidas, con las mismas, se ordena formar un tomo de pruebas para mejor manejo del presente expediente, en cuerda por separado. Ahora bien, del informe de cuenta y del escrito inicial de demanda, se advierte que este juzgado de distrito es legalmente incompetente para conocer de la misma, por los motivos que se expondrán en el presente proveído. Es de resaltarse que la quejosa ***, bajo protesta de decir verdad, precisa que su domicilio particular actual es el ubicado en ***; afirmación que se corrobora con las documentales que acompañó a su demanda, esto es copia de su credencial de elector y de la factura expedida a su nombre, por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. En su escrito de demanda, se obtiene que la nombrada quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se reclama de la autoridad responsable la Resolución dictada dentro del Acuerdo de fecha 29 (así) de Septiembre del 2019, y notificado de manera personal en fecha 01 de octubre del 2019, dictado dentro del expediente en que se actúa del índice de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Agregando en relación con el citado acto, que: Es el caso, que con el fin de cumplir con lo ordenado dentro de la sentencia, la parte demandada emitió un oficio informando sobre el correcto cumplimiento a la sentencia, mismo que la Sala informa en que procede a verificar el cumplimiento de la sentencia y da por cumplida esta sin antes estudiar minuciosamente si fue cumplida en atención a la sentencia de mérito. Determinación que considero violatoria de mis derechos y garantías individuales, así como a los principios de seguridad y certeza jurídica, razón por la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia a fin de que mis derechos no se vean violentados por una errónea determinación, la cual debería tener como principal función salvaguardar los derechos del gobernado y evitar violaciones flagrantes a sus derechos, en el presente caso, sin realizar un profundo análisis de lo que se combate en la queja, toda vez a simple vista puede verse el error de la demandada al emitir oficio de cumplimiento, manifiesta los mismos argumentos, teniendo una deficiente revisión de la manera en la cual la autoridad demanda cumplió con la sentencia antes mencionada (foja 2 vuelta y 3 frente). Y del informe rendido por el magistrado de la sala responsable en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve (no 29 como aduce), dentro del expediente número *** de su índice, emitió la resolución de la queja interpuesta por la parte actora, frente al cumplimiento de sentencia, cuyo resolutivo es el siguiente: I. RESULTÓ PROCEDENTE PERO INFUNDADA LA QUEJA INTERPUESTA POR LA PARTE ACTORA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL PRESENTA FALLO; En tanto que en la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente número *** de la Sala responsable (fojas 277-297 del tomo de pruebas), entre otras cosas, se declaró la nulidad de los actos impugnados para el efecto de que la autoridad demandada, procediera a la correcta determinación y pago de las diferencias derivadas correspondientes, computados a partir de la fecha del otorgamiento de suspensión, con exclusión de los montos de las diferencias vencidas, cuya acción este prescrita a la fecha de regularización de la resolución. Precisado lo anterior, se determina como se apuntó inicialmente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto al acto reclamado antes señalado. Lo anterior, atento a las consideraciones siguientes: Ello atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las bases legales para la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan ante ellos; el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, el suscrito estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este juzgado para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, como se precisó párrafos más arriba, el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve (y no 29 como se aduce), dentro del expediente *** del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato; que resolvió el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida en ese procedimiento; decisión que al declarar infundado dicho medio de defensa, tiene como consecuencia que se ejecute en sus términos la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, que recayó en el juicio de donde deriva el acto reclamado; es decir, que se liquide a la quejosa las diferencias que por incremento en su pensión le determinó la autoridad demandada. Lo que aunado, al hecho de que la quejosa Bertha Irma Mendoza Martínez tiene su domicilio en Avenida Mexicali número 670, colonia Fovissste I, Ensenada Baja California, C.P. 22880; lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, así como a que dentro de la jurisdicción territorial asignada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en la ciudad de Ensenada, se obtiene que es en todo caso a un Juez de Distrito de dicha demarcación territorial a quien corresponde conocer de la presente demanda de amparo, porque como se apuntó, será dentro de su jurisdicción territorial, en la cual tiene ejecución y se va a seguir ejecutando el acto reclamado, por ser el lugar de pago de las aludidas deferencias. Consecuentemente, la competencia legal para conocer del amparo promovido contra la resolución dictada en esa queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la promovente; que es el lugar donde se ejecuta, trata de ejecutarse o se ejecutó el acto reclamado. Por su aplicación específica al caso que nos ocupa, se cita la jurisprudencia J/23 A emitida por el Pleno del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el uno de febrero de dos mil diecinueve, Materia Común, del tenor literal siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. En esas condiciones, aplicando las reglas antes citadas al caso concreto, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, resulta ser legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo en estudio, pues el acto que por esta vía se reclama, tiene ejecución en la ciudad de Ensenada, Baja California; y compete a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, conocer de la demanda de amparo. Por lo hasta aquí anotado es que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ***. En consecuencia, lo procedente es remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en turno, para que manifieste si acepta o no la competencia legal declinada y en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Conforme al artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos y fundamentos expresados en el presente proveído. SEGUNDO. Remítanse el presente Juicio de Amparo número 999/2019-II.2 del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en turno, así como el tomo de pruebas relativo al mismo, a efecto de que dentro del término legal manifieste si acepta o no el conocimiento del asunto, solicitándole que de no tener inconveniente remita el acuse de recibo condigno.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado al Magistrado de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, no obstante que ya obra el acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó, dado que del mismo se desprende que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117, primer párrafo de la Ley de Amparo, para que lo rinda. Aunado a que se desprende que no obra el acuse de recibo del diverso oficio número 15536/2019-II.2 de este índice, con el que se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Mexicali, Baja California, lo cual es necesario para la debida integración del presente asunto. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.
- Principal
DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 999/2019-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. TESIS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO. Como cuestión previa cabe hacer mención que las tesis que se invoquen en el presente proveído son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada ley, el cual establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendirlo, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la audiencia constitucional, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se les concede para rendir su informe justificado, remitan copia certificada legible de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo actual. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberán informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto, bajo el entendido que de no hacerlo, se hará efectiva en su contra la multa referida en el párrafo que antecede. REQUERIMIENTOS A LAS PARTES. De igual manera se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, de ser el caso a la autoridad que no lo haga se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCEROS INTERESADOS. Conforme lo establece el artículo 5°, fracción III, inciso b), se reconoce el carácter de tercera interesada al Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de Mexicali, Baja California. En consecuencia, se ordena su emplazamiento mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo que para tal efecto se anexa. PRUEBAS. Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que adjuntó a su demanda, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO, QUIENES PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común, bajo el rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). SIN INCIDENTE. No se tramita el incidente de suspensión, previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. SE LES PIDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERAS INTERESADAS QUE ACUSEN RECIBO ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE LES SEA SOLICITADO. Dado que resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, por tanto, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que únicamente acusen recibo cuando les sea solicitado en forma expresa (ya sea de manera escrita y/o vía telefónica). TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones personales, el ubicado en *** esta ciudad. Por lo que ve al correo electrónico que indica como ***, para el efecto de recibir notificaciones, dígasele que si es su deseo que se le notifique por esta vía, deberá proporcionar el correo electrónico que le haya sido asignado por el Portal de Servicios en Línea el Poder Judicial de la Federación, conforme lo establece el artículo 26, fracción IV, de la misma legislación, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a fin de que esta secretaria este en aptitud de verificarlo. Mientras tanto, deberá estarse al domicilio señalado en el párrafo que antecede para dicho efecto. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis y a ***, en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, por no obrar registrada su respectiva cédula en la nombrada base de datos, ni cumplir con lo establecido en el citado decreto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Bernardo Alfonso Buenrostro Bautista589/2022
- Bernardo Gonzalez Gomez543/2018
- Bernardo Guerrero Vazquez781/2016
- Berta Duran Rangel924/2021
- Bertha Duran Rodriguez653/2019
- Bertha Emilia Franco Lopez752/2017
- Bertha Irma Mendoza Martinez291/2019
- Betariz Guadalupe Mejia Palomino533/2021
- Betsabe Irais Aboytes Ibarra50/2017
- Betty Matilde Solis Worbist47/2023
- Bianca Jessica Paz Borunda228/2020
- Bianca Sarai Doñates Valencia923/2015