Bertha Emilia Franco Lopez
Expediente 752/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bertha Emilia Franco Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de tres de octubre actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el término que le fuera concedido a la parte quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés correspondiera en relación a los actos realizados por la aquí responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que haya hecho manifestación alguna; por lo que este Juzgador Federal procede a pronunciarse con relación a dicho cumplimiento. Ahora bien, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado procede a emitir determinación en relación a los actos de ejecución de sentencia realizados por la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. De conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, es de invocarse la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, que en su literalidad dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se concedió a ***, el amparo y protección constitucional, fue para que la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, diera respuesta a la solicitud presentada el diez de marzo de dos mil diecisiete, cuya omisión se hizo consistir en el acto reclamado, así como para que dicha resolución fuera notificada a la solicitante. De las constancias que obran en autos, se advierte que mediante oficio registrado con el número 7409 (f. 56), la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional de Agua, en suplencia por ausencia del Director de dicha Comisión, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, remitió copia certificada del oficio número BOO.910.01.1/005478 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el que resolvió las solicitudes de transmisión de derechos total y definitiva por vía sucesoria y prórroga de vigencia, presentada el diez de marzo de dos mil diecisiete, respecto al Título de Concesión número 08GUA104106/12AMDL10, así como copia certificada del acta notificación efectuada al autorizado de la aquí quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Ahora bien, como ya se dijo, la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, diera respuesta por escrito a la solicitud número presentada por la peticionaria del amparo el diez de marzo de dos mil diecisiete, relativa al expediente GUA-L-0538-10-03-17, por lo que, al dar respuesta la autoridad responsable el veinticuatro de agosto del presente año, mediante oficio BOO.910.01.1/005478, se desprende que la autoridad en mención restituyó a la citada quejosa en el pleno goce de su garantía individual violada, dando así cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia ejecutoria decretada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido dice: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. As¡ cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, y además de conformidad con las constancias que integran el presente asunto, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en especial la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) la sentencia constitucional emitida el veinticinco de agosto del presente año, en la cual se decretó: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ***, por propio derecho, contra la omisión de dar respuesta a la solicitud realizada el diez de marzo de dos mil diecisiete, que resultó ser el acto reclamado al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en Celaya; por los razonamientos y para los efectos apuntados en el considerando tercero de esta resolución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. La concesión de la protección constitucional solicitada, fue para que la responsable de inmediato de respuesta congruente por escrito a la mencionada solicitud, y notifique personalmente el acuerdo o resolución que recaiga a la misma en el domicilio señalado para tal efecto. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que lo acrediten. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se le impondrá una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se ordena notificar y requerir al Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable antes señalada, para que en igual término, ordene a la autoridad responsable cumpla con la presente ejecutoria. En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden, en el término concedido, se le impondrá una multa en los términos señalados en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo; y además, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.
- Principal
En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ***, por su propio derecho; contra la omisión de dar respuesta a la solicitud realizada el diez de marzo de dos mil diecisiete, que resultó ser el acto reclamado al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en Celaya; por los razonamientos y para los efectos apuntados en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Visto el oficio de cuenta que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal en Materia de Amparo, mediante el cual presenta la Intervención Ministerial número 288/2017; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, téngasele por formulando el alegato de referencia, sin perjuicio de hacer relación en el momento de la audiencia constitucional.
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