Bertha Estela Martínez Miranda

Expediente 670/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
670/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Bertha Estela Martínez Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto, así como el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en el presente juicio de amparo. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el medio de impugnación, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 228/2021-VII-C En veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la Recaudación de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para que el Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 13 al 17, y 52, fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa las cantidades que erogó, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2021-144864 y 2021-144866, fechados el ocho de febrero de dos mil veintiuno, por los conceptos de inscripción de un contrato de compraventa de inmueble y otro de crédito hipotecario. 3. Devuelva a la parte quejosa las cantidades totales que erogó por el Impuesto para el Fomento de la Educación, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenidas en los recibos de pago con números de transacción 2021-144864 y 2021-144866, fechados el ocho de febrero de dos mil veintiuno. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. El veinte de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Recaudación de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 2021-144864 y 2021-144866, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 24042, por la cantidad de $10,072.81 (diez mil setenta y dos pesos 81/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de trece de mayo del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 2021-144864 y 2021-144866, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con la parte quejosa, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por la promovente Bertha Estela Martínez Miranda, mediante el cual desahoga la prevención contenida en el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós; por lo cual se le tiene por dando cumplimiento al auto aclaratorio de demanda. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Al respecto procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente. El citado precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Pues bien, fijado lo anterior, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se explica. El marco normativo establece lo siguiente: De la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)." De la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Coahuila: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de las leyes aplicables; (.)". De la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza: "Artículo 2. Procede el juicio contencioso administrativo previsto por la presente Ley contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. (.)". El marco normativo que índica la citada causal, contempla el requisito de definitividad como presupuesto procesal del juicio de amparo, esto es, que de existir algún recurso sencillo y efectivo que tenga como propósito nulificar o modificar el acto reclamado, se acuda primero a aquella sede ordinaria previo a promover el juicio de amparo; condicionado ello a que aquél medio de impugnación no establezca mayores requisitos para la suspensión que el medio extraordinario de defensa; asimismo, que el juicio contencioso administrativo, es procedente contra resoluciones que requieren la exigencia de una obligación fiscal o fijan su base para su liquidación. En la especie, la quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad que señaló como responsable reclamo la SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA (04) CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE 144/2021-IV". Consecuentemente, sí la quejosa reclama la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Cuarto Unitario Municipal, con residencia en esta ciudad, en los autos del expediente 144/2021-IV, formado con motivo del recurso de inconformidad presentado por la propia quejosa en contra de la infracción de tránsito con número de folio V-460542, que le fue impuesta el día ocho de noviembre de dos mil veintiuno; acto reclamado al anterior contra el cual es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por su contenido, se comparte el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1695, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, AUN CUANDO EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PREVEA EL RECURSO DE REVOCACIÓN COMO VÍA PARA COMBATIRLOS, EN VIRTUD DE QUE ÉSTE ES OPTATIVO. El artículo 11, fracción IV, y párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece, esencialmente, que ese órgano colegiado conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones I a III, entendiéndose como resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativo. Por su parte, los artículos 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación, señalan respectivamente, que el recurso de revocación procederá contra el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley y que su interposición será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bajo este contexto legal es incuestionable que contra el mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago y embargo, procede el recurso de revocación, y si en dichos preceptos también se establece que el referido recurso es de interposición optativa, nada impide al contribuyente acudir directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En ese orden de ideas, se destaca que el juicio de nulidad no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión, tal y como lo establecen los artículos 51 y 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 51.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde el momento en que la demanda sea turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada; asimismo la admitirá, prevendrá o en los siguientes casos la desechará: (.)" "Artículo 60.- La suspensión podrá ser solicitada por el actor en cualquier etapa del juicio, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones del orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio del predio, al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con el desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros". Aunado a lo anterior, la parte quejosa tampoco se ubica en otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que reconoce el principio de definitividad en el juicio de amparo, habida cuenta de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el acto reclamado, porque de todas maneras al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Bajo esa circunstancia, aun cuando los argumentos expuestos por la parte quejosa hagan énfasis sobre violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado el propio contenido del acto que combate en esta instancia, obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que la parte quejosa puede ser oída con la amplitud respecto de los derechos y principios que persigue. Ahora, cabe destacar que no se advierte que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, para que sea procedente el presente juicio. Elementos de razón con los que se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Análogamente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.108/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, página 220, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA. Si bien es cierto que el citado Tribunal sólo tiene competencia expresa para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas mencionadas en el artículo 11 de la ley orgánica que lo regula, también lo es que conforme al diverso 202, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra ordenamientos que establezcan normas o instrucciones de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente, lo que procesalmente implica que la legalidad de ese tipo de actos -disposiciones de observancia general inferiores a los reglamentos del Presidente de la República- sí puede ser materia de análisis de la sentencia que se emita en un juicio de esa índole, cuando el gobernado que lo promueve sufrió en su perjuicio la aplicación concreta de aquéllos, ya sea en la resolución definitiva impugnada o en el procedimiento que le precedió, conclusión que atiende a la garantía de justicia pronta y completa contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, además, se basa en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Norma Fundamental, conforme al cual la finalidad del establecimiento de ese Tribunal fue dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública federal, siempre y cuando los vicios que se atribuyan a dichas reglas sean de legalidad, es decir, impliquen confrontarlas con alguna norma superior a ellas pero inferior a la Constitución Federal. En ese tenor, la circunstancia de que una regla general administrativa no pueda ser impugnada en forma destacada en un juicio contencioso administrativo, sólo implica que en la demanda que se enderece en contra de la resolución en la que fue aplicada no sea factible señalarla como resolución impugnada, ni al órgano del Estado que la emitió como autoridad demandada, por lo que en dicho escrito el actor se limitará a plasmar los conceptos de impugnación en los que desarrolle los argumentos para demostrar por qué la respectiva regla general no se emitió con apego a lo dispuesto en el acto formalmente legislativo o formalmente reglamentario -cláusula habilitante- que regula su expedición, y el referido Tribunal se limitará a estudiar esos conceptos en la parte considerativa de su sentencia por lo que, en caso de resultar fundados, precisará en qué términos afectan la validez de la resolución impugnada en forma destacada, sin que la ilegalidad de la regla general respectiva se refleje en los puntos resolutivos del fallo correspondiente." Así, previo a promover juicio de amparo indirecto contra el citado acto reclamado, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 2º de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como medio ordinario de defensa; ya que desde el once de octubre de dos mil diecisiete, se encontraba en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, en atención a lo dispuesto en el cuarto transitorio de su ley orgánica. En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX del citado ordenamiento legal. Asimismo, no es inadvertido el hecho de que el acto reclamado pudiera ocasionar perjuicios a la quejosa de imposible reparación; sin embargo, dicha circunstancia no lo exime de agotar los medios ordinarios de defensa previo a la promoción del amparo. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 8, del libro 55, tomo I, del mes de junio de 2018, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte promovente debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, lo procedente con fundamento en los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Determinación que se asume en cumplimiento al principio de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá ser desvirtuado y además, porque se permitirá que la impetrante de amparo acuda ante la instancia correspondiente a defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita" Finalmente, en cuanto a que la suspensión del juicio de nulidad no otorga mayores requisitos que la Ley de Amparo para su otorgamiento, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 651/2019, en sesión plenaria de veinte de febrero de dos mil veinte, se pronunció a ese respecto. Notificación personal. Para ese efecto la actuaría deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con las partes, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando el equipamiento proporcionado para ello, inclusive dispensándose que las partes estampen su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore de que habló con ellos y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluido, desde luego, el correo electrónico, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada de ello, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del citado virus. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del que se advierte que mediante proveído de veinte de enero del año que transcurre, se tuvo a la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, aceptando el returno planteado por este órgano jurisdiccional, el que registro con el juicio de número de amparo 649/2021. Remisión de promoción. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, remítase al juez homologo, el informe previo rendido por la autoridad responsable denominada Encargado de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila, a efecto de que se sirva acordar lo que en derecho corresponda, solicitándose el acuse de recibo. Notifíquese.

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