Bertha Alicia Díaz Espino
Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Bertha Alicia Díaz Espino
- Juzgado Tercero Letrado En Materia Civil, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Torreón, Coahuila, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la fianza, que dice, se exhibió dentro del incidente de suspensión en que se actúa. Acuerdo. En atención a su contenido, dígasele a dicha promovente que no ha lugar acordar favorable su petición en razón de que en la presente incidencia no exhibió garantía alguna, en tanto que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Torreón, Coahuila, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. (Firmado electrónicamente) Licenciado Jorge Trejo Veloz. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable Juzgado Tercero Letrado Civil en el Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, Bertha Alicia Díaz Espino, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitaliza: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Recepción. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, el Juez Tercero Letrado Civil en el Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo directo en comento y ordenó el emplazamiento del tercero interesado y la remisión de la misma al Tribunal Colegiado correspondiente. Incompetencia legal. Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró carecer de competencia legal por razón de la vía, por lo que declinó competencia en favor de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad. Posteriormente, por razón de turno, la demanda de amparo correspondió al conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, y por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, y previa aclaración, el dos de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 782/2022-III, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente, se aperturó el incidente de suspensión, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 52 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta y, tiene ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La orden de embargo emitida por el Juez Tercero Letrado en Materia Civil de Torreón, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 428/2022 de su índice, sobre sus bienes muebles e inmueble, respecto de los cuales aduce ser propietaria. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues al rendir su informe justificado reconocieron expresamente su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los actos se encuentra corroborada con las documentales que en copia certificada fueron allegadas por las autoridades responsables Juez y Actuarios del Juzgado Tercero Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, relativas al juicio ejecutivo mercantil 428/2022, de su índice, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Lo anterior con fundamento en el referido numeral y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, no será necesario el estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, dado que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." El precepto 61 fracción XII, transcrito señala que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se traten de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Ciertamente tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, por así desprende de la interpretación del propio artículo 107 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 5, en su párrafo quinto, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Lo anterior, pues debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, como en el caso, necesariamente se requiere la impetrante cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sirve de apoyo la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro digital 2003067, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Así como también la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 690, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, con registro digital 2012364, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, la quejosa Bertha Alicia Díaz Espino, comparece en su carácter de tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil 428/2022, del que reclama la orden de embargo emitida por el Juez Tercero Letrado en Materia Civil de Torreón, con residencia en esta ciudad, sobre sus bienes muebles e inmueble, respecto de los cuales aduce ser propietaria. Ciertamente, con las constancias que obran en autos respecto del aludido juicio natural, las cuales ya fueron valoradas previamente por este juzgado en párrafos que anteceden, se patentiza que la quejosa es tercera extraña al juicio de origen, por virtud de que no figura como parte actora ni demandada, ya que dicho procedimiento fue promovido por el licenciado Damian Alejandro Aldaz Vázquez, en su carácter de endosatario en procuración de la personal moral denominada Compañía Comercial Cimaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Norma Alicia Fabela Díaz, en su carácter de deudora principal. Igualmente, se aprecia que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable decretó auto de exequendo, con mandamiento en forma a fin de que en el acto de la diligencia se requiera a la parte demandada el pago de lo reclamado y en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes de su propiedad que sean suficientes para garantizar el adeudo, debiendo poner en depósito los mismos en persona que nombre el actor. Asimismo, se advierte de autos que la mencionada diligencia se llevó a cabo el tres de marzo de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en Avenida Presidente Carranza número 610-Bis colonia La Amistad en esta ciudad; en la cual se embargaron diversos bienes muebles para garantizar las prestaciones reclamadas. Bajo esta óptica, si la parte quejosa adujó que el domicilio en donde se pretende ejecutar la orden en cuestión es de su propiedad y posesión y los bienes muebles que se ubican en el mismo son de su propiedad o copropiedad, estuvo obligada durante el procedimiento de amparo a demostrar fehacientemente que es titular de ese derecho de posesión que dice tener y que al momento en que se emitió la orden reclamada, se afectó su prerrogativa, sin embargo no ofreció pruebas, que acreditaran el mismo. En las relatadas circunstancias, si la parte quejosa no ofreció pruebas con el objeto de acreditar que el domicilio en donde se pretende realizar la orden de embargo reclamada sea de su exclusivo dominio y posesión; esto es, que la impetrante es la única poseedora de dicho domicilio y que en el mismo no vive la parte demandada del juicio natural, así como que los bienes muebles que se ubican en su interior sean de su propiedad o posesión; por consiguiente, es inobjetable concluir que el acto reclamado por sí mismo, no lesiona los intereses jurídicos del impetrante de amparo. Lo anterior, pues al ostentarse como persona extraña al juicio de origen y reclamar de este la orden para embargar bienes en el domicilio del que dice es de su posesión, la quejosa indefectiblemente estuvo obligada a probar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, así como demostrar que en dicho domicilio es el único que vive y habita en el mismo; lo que es de indicarse que no justificó pues con las documentales exhibidas para tal efecto no lo justifica. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia clave 1a./J. 123/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023, que reza: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo, XV, Febrero de 2002, página 5 que al rubro dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Ahora bien, se dice que la quejosa no justificó su interés jurídico para acudir al amparo, pues exhibió una impresión en copia simple del estado de cuenta, al parecer, del impuesto predial, respecto del bien inmueble descrito con clave catastral 024-073-021-000, respecto del predio ubicado en Prolongación Presidente Carranza 610, colonia La Amistad, así como la documental consistente en el recibo de servicio expedido por el Sistema Nacional de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila; sin embargo, se estima que dichas documentales no son aptas para acreditar su interés jurídico, en razón de que no son idóneas, ya que no con dichas documentales, lo único que acredita es tener un contrato con dicha empresa municipal por el servicio de agua potable. En efecto, las documentales con las que pretende acreditar la parte quejosa presuntivamente su interés suspensional, no son idóneas, ya que no acredita ser propietaria o poseedora del bien inmueble que defiende o respecto de los bienes muebles que se ubican en dicho domicilio, o que tenga algún derecho sobre los mismos, ya que por un lado, la documental consistente en el estado de cuenta, al parecer, del impuesto predial, respecto del bien inmueble descrito con clave catastral 024-073-021-000, respecto del predio ubicado en Prolongación Presidente Carranza 610, colonia La Amistad, la misma fue exhibida en copia simple por lo que carece de valor probatorio pleno, incapaz por sí sola de producir certeza, aunado al hecho de que no se encuentra adminiculada o concatenada con otro elemento probatorio que pueda formar convicción en quien esto resuelve respecto del derecho aquí reclamado, o bien, que presuntivamente se advierta algún dato objetivo en ese sentido. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213, tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Por otro lado, de igual manera respecto de la diversa documental consistente en el recibo de pago expedido por el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón-Matamoros, Coahuila, se estima que no es apta para acreditar su interés jurídico, por no ser idónea, ya que no con dicha documental, lo único que acredita es tener un contrato con dicha empresa municipal por el servicio de agua potable; no así, ser propietaria del bien inmueble que defienden o de los bienes muebles que se ubican en su interior. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 3a./J. 14/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiocho, Tomo XIII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época registro digital 206598, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o., de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos." Además de ello, resultaba necesario que se robusteciera con otros medios de convicción, sin que así se hubiere realizado. Sin que se soslaye que la parte quejosa ofreciera como prueba de su intensión, la prueba testimonial a cargo de tres personas, puesto dicha probanza se desechó en auto de dos de junio de dos mil veintidós, dado que no cumplió con los requisitos que para su ofrecimiento establece el numeral 119 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, en lo conducente, el criterio visible en la tesis XIV.3o.3 K, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX. Marzo de 1999. Página: 1392, registro digital 194372, de contenido siguiente: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio". Así como la jurisprudencia 3ª. 18., sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 13-15, enero-marzo de 1989, página 45, octava época, con número de registro 820040, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En ese sentido, se reitera, las referidas documentales resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio; pues dicho interés, para la promoción del presente juicio de amparo, debe estar demostrado fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Apoya a lo anterior, la tesis III.1o.A.25 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, editada en la página cuatrocientos uno, Tomo VI, Julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." En ese orden de ideas, la solicitud que realiza la quejosa en el presente juicio deviene improcedente al no haber justificado tener un derecho jurídicamente tutelado por la ley que se vea afectado por la actuación de las autoridades que señaló como responsables, pues no debe soslayarse que tal interés, debe ser probado plenamente y no inferirse con base en presunciones; en tal sentido, carece de interés jurídico para reclamarla en esta instancia conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, lo correcto es estimar que la falta de interés jurídico, hace improcedente el presente juicio de garantías, lo que motiva su sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; en tal sentido, lo conducente es SOBRESEER el presente juicio de garantías. Sobreseimiento en el juicio que debe hacerse extensivo en relación al acto reclamado de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, Tomo 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 239008, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Reserva notificación. Finalmente, en atención a que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, hágase la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los razonamientos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a cuatro de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en el presente juicio. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las once horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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