Bertha Edith Luis Ángel
Expediente 937/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Bertha Edith Luis Ángel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL 937/2023 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas con tres minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo *********, como se ordenó en acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y demás constancias de autos. Asimismo, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo procedente al dictarse el fallo correspondiente. ETAPA PROBATORIA. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que las partes ofrecieron las pruebas, siguientes: A) La parte quejosa: Copia simple de la credencial para votar de *********** expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor. Copia certificada de la factura con folio ***********, relativa al vehículo de motor marca ************, línea ************, modelo **********, tipo **********, clave vehícular *********** y número de serie ************. Acta de infracción ********* de dos de junio de dos mil veintitrés, firmada por el policía Vial del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca. B) Las autoridades responsables, 1) Ayuntamiento, 2) Presidente Municipal, 3) Policía Vial, 4) Tesorero Municipal y 5) director de Seguridad Pública y Vialidad todas del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca: Copia certificada del expediente administrativo de *********, relativo a la infracción, aseguramiento y liberación de su unidad de motor. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. C) El magistrado titular de la Primera Sala Unitaria Mixta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, a solicitud de este juzgado, remitió: Copia certificada de diversas constancias del juicio de nulidad ********** (tomo I). Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas documentales, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas por las autoridades responsables, se tienen por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente, no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K; del rubro : "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que ninguna de las parte los formuló; por ello, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto para resolver el juicio de amparo *********; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el doce de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en la misma fecha al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo e incompetencia por razón de conocimiento previo. En auto de doce de junio de dos mil veintitrés el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca registró la demanda de amparo con el expediente ***********; negó la suspensión de oficio en los términos que ahí consta; admitió a trámite la demanda de amparo; dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de treinta de junio de este año, el citado juzgado tuvo como autoridad inexistente al "ENCARGADO DEL SERVICIO DE GRÚAS Y CORRALÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA". En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés el citado Juzgado determinó declinar competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por conocimiento previo. TERCERO. Aceptación de competencia, convalidación de actuaciones y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dos de octubre del año en curso este Juzgado aceptó la competencia declinada, registró la demanda con el expediente ************, convalidó las actuaciones del juicio de amparo *********, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013; en tanto que los actos reclamados son de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio de amparo, se arriba a la conclusión de que la parte quejosa reclama: Del 1) Ayuntamiento, 2) Presidente Municipal, 3) director de Seguridad Pública y Vialidad y 4) Policía Vial todas del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca: a) La desposesión y/o aseguramiento del vehículo de motor marca Chevrolet, línea *********, modelo ********, tipo *********, serie **********. b) La orden de cobro de la infracción impuesta por la devolución del citado vehículo de motor. c) La inconstitucionalidad de los artículos 189, fracciones IV y V, y 195, fracciones I, II, III del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca. d) El cobro de la grúa por el arrastre del citado vehículo; así como el pago por la permanencia en el encierro. Del 4) Policía Vial del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca: e) El acta de infracción con folio ******* de dos de junio de dos mil veintitrés. 5) Tesorero Municipal del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca: f) El cobro de la infracción impuesta. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la síndica Municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, en representación de las autoridades responsables, 1) Ayuntamiento, 2) Presidente Municipal, 3) Policía Vial, 4) Tesorero Municipal, y 5) director de Seguridad Pública y Vialidad, todas del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, aceptó la existencia de los actos que se les reclama, por ello se tiene por cierto. Aunado que la existencia del reglamento, resulta indiscutible, cuya existencia no está sujeta a prueba, como lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, del texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, contra los actos reclamados consistentes en: a) La desposesión y/o aseguramiento del vehículo de motor marca Chevrolet, línea *********, modelo **********, tipo **********, serie *********. b) La orden de cobro de la infracción impuesta por la devolución del citado vehículo de motor. c) El cobro de la grúa por el arrastre del citado vehículo; así como, el pago por la permanencia en el encierro. d) El acta de infracción con folio ********* de dos de junio de dos mil veintitrés. e) El cobro de la infracción impuesta. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa promovió contra los citados actos, juicio de nulidad. En efecto, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. En ese sentido, cabe decir que los recursos, dice el jurista Eduardo Pallares, son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución, sea esta judicial o administrativa. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causa de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los requisitos siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido a trámite al momento y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, diciembre de 2000, tomo XII, registro 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicita amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio d amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama: a) La desposesión y/o aseguramiento del vehículo de motor marca Chevrolet, línea **********, modelo **********, tipo ********, serie *************. b) La orden de cobro de la infracción impuesta por la por la devolución del citado vehículo de motor. c) El cobro de la grúa por el arrastre del citado vehículo; así como, el pago por la permanencia en el encierro. d) El acta de infracción con folio ************* de dos de junio de dos mil veintitrés. e) El cobro de la infracción. Y de las constancias remitidas por el magistrado titular de la Primera Sala Unitaria Mixta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio de nulidad ********* (tomo I), a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden; se advierte que: I. ************ promovió juicio de nulidad contra los actos administrativos siguientes: 1) la infracción con folio ********** de dos de junio de dos mil veintitrés y 2) oficio de veinte de junio de dos mil veintitrés, en el cual se le hizo del conocimiento los conceptos y la cantidad que tenía que pagar para la devolución de su vehículo. Como se advierte de la imagen siguiente: II. El cinco de julio de dos mil veintitrés la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca admitió a trámite la demanda, y la registró con el expediente ***********, por reunirse los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. III. Mediante ocurso de catorce de agosto de dos mil veintitrés, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda. IV. En auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés la citada sala señaló las doce horas del siete de diciembre de este año, para la celebración de la audiencia final. Asimismo, de la copia certificada remitida por la síndica municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, se aprecia que: V. En auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de suspensión del expediente *********, la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades demandadas devolvieran a la aquí quejosa, de manera inmediata y sin costo alguno, su vehículo de motor que le fue retenido con motivo de la infracción con folio ********* de dos de junio de dos mil veintitrés; actos aquí reclamados. Por otra parte, el artículo 133, fracción I, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece: "Artículo 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley; (.)". De lo anterior, se advierte que el juicio de nulidad procede contra los actos administrativos emitidos por las autoridades municipales. En ese sentido, como la parte aquí quejosa promovió juicio de nulidad contra 1) la infracción con folio ********* de dos de junio de dos mil veintitrés, y el 2) oficio de veinte de junio de dos mil veintitrés, en el cual se le hizo del conocimiento los conceptos y la cantidad que tenía que pagar para la devolución de su vehículo y toda vez que con motivo de la infracción le fue asegurado su vehículo, y se le impuso una multa que tenía que pagar a efecto de que le fuera devuelto dicho vehículo; multa que comprende varios conceptos, entre ellos, el pago de arrastre con grúa. Es inconcuso que contra los referidos actos reclamados se actualiza la causa de estudio, dado que el juicio de nulidad tiene por objeto examinar la legalidad de los actos impugnados por la ahora quejosa, mismos que una vez analizados por la citada sala, podrá declarar la nulidad lisa y llana de dichos actos. Por ello, lo procedente es sobreseer en este juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, al resultar improcedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, es igualmente improcedente respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 189, fracciones IV y V, y 195, fracciones I, II, III, del Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca. Por ello, respecto de esos actos, también debe sobreseerse en el juicio. En efecto, si el amparo es improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada, como se dijo, también resulta improcedente contra la normatividad reclamada y, por tanto, debe sobreseerse en cuanto a ella, pues no se puede desvincular el estudio de las disposiciones objetadas del que concierne a su acto de aplicación; de modo tal que esa vinculación entre las normas, impide que pueda analizarse su constitucionalidad, sin considerar el acto en el que se haya aplicado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 221, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Constitucional, con registro electrónico 389674, de contenido siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Conforme al sentido de esta determinación, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, toda vez que al actualizarse una causa de improcedencia que conlleva al sobreseimiento del juicio impide entrar al estudio del fondo del asunto respecto de la citada normatividad; como así lo ilustra la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 70, octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, con registro digital 214593, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por tanto, al actualizare la causal de improcedencia analizada, lo procedente es, atento a lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este juicio, respecto de los citados actos. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 937/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por el magistrado titular de la Primera Sala Unitaria Mixta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, y anexos; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las constancias deducidas del juicio de nulidad 64/2023 de su estadística. En esas condiciones, dése vista a las partes con las referidas documentales, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en dicha prueba y manifiesten lo que a sus derechos convengan. Asimismo, téngasele informando su imposibilidad de remitir las constancias del cuaderno de suspensión, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto. 1.1. Tomo anexo. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar el tomo de prueba I, que queda disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondiente. 2. Autoridad informa. Se tiene a la autoridad oficiante informando lo relativo al cambio de denominación de la tercera Sala Unitaria a Primera Sala Unitaria Mixta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, así como la designación del magistrado titular de la Primera Sala Unitaria Mixta oficiante, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
INC. 351/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria del Tribunal Colegiado. Agréguense a los autos los oficios con firma electrónica del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con los que remite testimonio de la ejecutoria dictada el trece de octubre de este año, en el incidente de suspensión en revisión administrativo ********************, por la que declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por dicha parte procesal, contra la interlocutoria dictada el ********************, en la que se le negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, y devuelve el incidente de ´suspensión respectivo. a) Acúsese recibo. b) Tal circunstancia hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Archivo. Se reserva proveer lo relativo al archivo de este incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en relación con lo señalado en el apartado 3.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, aplicable conforme al artículo noveno transitorio del Acuerdo General citado, hasta en tanto se acuerde el archivo del expediente principal como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 584/2023 MESA 1* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que se encontraban señaladas las diez horas con once minutos del veintisiete de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las diez horas con once minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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- Bertha Vásquez Vicente1474/2022
- Bertín Vázquez González531/2019