Bernardo Aguilar Ramírez
Expediente 678/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Bernardo Aguilar Ramírez
Actuaciones
- Principal
P 678/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Bernardo Aguilar Ramírez interpusiera recurso de queja contra la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, por la cual se desechó su demanda de amparo; no obstante la notificación por lista, previo aviso, de veinte del mes en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo. En virtud que en resolución de trece de este mes se desechó la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, fracción II, y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo. Conforme al artículo 20, fracción II, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Documento a disposición. De la certificación de cuenta se advierte que en este expediente obra un acuse de la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés dirigida al expediente familiar 113/2011 -que la parte quejosa anexó a la demanda de amparo-; por tanto, con fundamento en el artículo 20, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha constancia; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. 6. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y 2º que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 678/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el once de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el doce siguiente, promovida por Bernardo Aguilar Ramírez, por propio derecho, contra una omisión del juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico con el registro 678/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; además, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Para tales efectos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del mismo, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser, precisamente, la falta de respuesta a una petición sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Así, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a), cuyo rubro y texto es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Expuesto lo anterior, del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión del juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de acordar la promoción que presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente 113/2011. En ese sentido, la causa de improcedencia a la que se hizo referencia en párrafos precedentes se actualiza porque este juicio de amparo se promueve contra una omisión de acordar una promoción que implica la prosecución dentro de un procedimiento jurisdiccional, sin que, al menos por ahora, se advierta del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento ni menos su paralización total. En efecto, el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca prevé que los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente. Entonces, de acuerdo al único antecedente expuesto por la parte quejosa, la promoción de que se trata se presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, de ahí que la autoridad responsable tenía hasta el treinta y uno de ese mes para emitir el acuerdo relativo; ello, tomando en consideración que es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintitrés fueron inhábiles por corresponder a sábado y domingo. De modo que entre el uno de junio de dos mil veintitrés -día siguiente a aquél en que feneció el plazo de la responsable para emitir el acuerdo correspondiente- y el once de julio de dos mil veintitrés -fecha en que se presentó la demanda de amparo- solo han transcurrido veintiocho días hábiles (sin contar sábados y domingos). Sin que, a juicio de este órgano jurisdiccional, ese plazo de veintiocho días hábiles constituya una "abierta dilación" o "paralización del procedimiento" que haga procedente el juicio de amparo. Ello, tomando en consideración que la parte quejosa únicamente se limitó a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que: ".MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023, PRESENTADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DEL JUZGADO RIMERO (SIC) FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, QUE TIENE SU DOMICILIO BIEN CONOCIDO EL DISTRITO JUDICIAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA, EN EL QUE SE ACTÚA DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 113/2011. EN EL CUAL PRESENTE MI ESCRITO SIN QUE HASTA LA FECHA HAYA RECAÍDO ACUERDO ALGUNO." Como se ve, no proporciona mayor información sobre los antecedentes del procedimiento jurisdiccional del que deriva la omisión reclamada, ni de la etapa en la que se encuentra actualmente, tampoco qué carácter le asiste en ese procedimiento o si ya compareció ante la autoridad responsable a solicitar la atención de su ocurso. De modo que, con base en la única información proporcionada por la parte quejosa, se concluye que, por ahora, la afectación que reclama en la demanda de amparo es meramente de carácter procesal, y no sustantiva; en consecuencia, no reclama un acto que sea de imposible reparación, por no producir una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso. En apoyo a lo anteriormente expuesto, se invoca el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis de jurisprudencia III.3o.T.J/3 (10a), registro 2013301, de rubro: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA". Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Bernardo Aguilar Ramírez, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Máxime que si la autoridad responsable no abandona su conducta omisiva, la parte quejosa está en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo cuando así lo estime oportuno. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su demanda; y por autorizados para ese efecto, a las personas que refiere. 5. Medios de comunicación no procesal. No es procedente tener a la parte quejosa señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona para recibir notificaciones, en razón que la Ley de Amparo no faculta esos medios de comunicación como una forma de realizar notificaciones en los juicios de amparo. No obstante, se tienen dichos canales como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVIOS. PRAL 678/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el once de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el doce siguiente, promovida por ****, por propio derecho, contra una omisión del juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico con el registro 678/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; además, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Para tales efectos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del mismo, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser, precisamente, la falta de respuesta a una petición sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Así, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a), cuyo rubro y texto es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Expuesto lo anterior, del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión del juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de acordar la promoción que presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente 113/2011. En ese sentido, la causa de improcedencia a la que se hizo referencia en párrafos precedentes se actualiza porque este juicio de amparo se promueve contra una omisión de acordar una promoción que implica la prosecución dentro de un procedimiento jurisdiccional, sin que, al menos por ahora, se advierta del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento ni menos su paralización total. En efecto, el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca prevé que los decretos y los autos deben dictarse dentro de tres días después del último trámite, o de la promoción correspondiente. Entonces, de acuerdo al único antecedente expuesto por la parte quejosa, la promoción de que se trata se presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, de ahí que la autoridad responsable tenía hasta el treinta y uno de ese mes para emitir el acuerdo relativo; ello, tomando en consideración que es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintitrés fueron inhábiles por corresponder a sábado y domingo. De modo que entre el uno de junio de dos mil veintitrés -día siguiente a aquél en que feneció el plazo de la responsable para emitir el acuerdo correspondiente- y el once de julio de dos mil veintitrés -fecha en que se presentó la demanda de amparo- solo han transcurrido veintiocho días hábiles (sin contar sábados y domingos). Sin que, a juicio de este órgano jurisdiccional, ese plazo de veintiocho días hábiles constituya una "abierta dilación" o "paralización del procedimiento" que haga procedente el juicio de amparo. Ello, tomando en consideración que la parte quejosa únicamente se limitó a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que: ".MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023, PRESENTADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DEL JUZGADO RIMERO (SIC) FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, QUE TIENE SU DOMICILIO BIEN CONOCIDO EL DISTRITO JUDICIAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA, EN EL QUE SE ACTÚA DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 113/2011. EN EL CUAL PRESENTE MI ESCRITO SIN QUE HASTA LA FECHA HAYA RECAÍDO ACUERDO ALGUNO." Como se ve, no proporciona mayor información sobre los antecedentes del procedimiento jurisdiccional del que deriva la omisión reclamada, ni de la etapa en la que se encuentra actualmente, tampoco qué carácter le asiste en ese procedimiento o si ya compareció ante la autoridad responsable a solicitar la atención de su ocurso. De modo que, con base en la única información proporcionada por la parte quejosa, se concluye que, por ahora, la afectación que reclama en la demanda de amparo es meramente de carácter procesal, y no sustantiva; en consecuencia, no reclama un acto que sea de imposible reparación, por no producir una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso. En apoyo a lo anteriormente expuesto, se invoca el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis de jurisprudencia III.3o.T.J/3 (10a), registro 2013301, de rubro: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA". Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Bernardo Aguilar Ramírez, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Máxime que si la autoridad responsable no abandona su conducta omisiva, la parte quejosa está en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo cuando así lo estime oportuno. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su demanda; y por autorizados para ese efecto, a las personas que refiere. 5. Medios de comunicación no procesal. No es procedente tener a la parte quejosa señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona para recibir notificaciones, en razón que la Ley de Amparo no faculta esos medios de comunicación como una forma de realizar notificaciones en los juicios de amparo. No obstante, se tienen dichos canales como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Bernarda Marcial Cruz487/2017
- Bernardina Jimenez Cruz933/2022
- Bernardino Blas Martínez1091/2021
- Bernardino Daniel Nibra Morales1012/2017
- Bernardino Gómez Aparicio45/2022
- Bernardino Sánchez Bautista1250/2022
- Bernardo Bautista Flores661/2017
- Bernardo Domínguez Jiménez36/2021
- Bernardo Herrera Lázaro284/2018
- Bersaín Nucamendi Bautista304/2022
- Bersayn Solorza Castillo585/2023
- Bertha Edith Luis Ángel937/2023