Bertha Alicia Bonilla Miranda
Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertha Alicia Bonilla Miranda
- Bertha Alicia Bonilla Miranda y Otros.
- Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el juicio, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURABLE. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Juicio de Amparo 951/2021 Como obra en la certificación secretarial que antecede se desprende que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión en el presente juicio de amparo. No ha lugar a devolver tomo de pruebas. Por otro lado, no ha lugar a devolver el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, toda vez que en autos del juicio de amparo 1186/2021 se tuvo por ofrecida dicha documental y se ordenó poner a la vista al momento de resolverse; lo anterior, constituye un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 951/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El trece de octubre de dos mil veintiuno, Bertha Alicia Bonilla Miranda, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad (fojas 1-11). En la misma, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda, ordenando registrarla con el número 951/2021 (fojas 12-20). Previo los trámites de ley, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia constitucional, quedando el juicio en estado de resolución (fojas 36-37). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad residente en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje: - La interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 867/2013. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable manifestó ser cierto el acto que se le reclama (foja 28). Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas consistentes en el original del expediente 867/2013, documentales a la que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Es preciso señalar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, al formular alegatos, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado (fojas 31-33). Empero, tal pedimento se desestima, en virtud de que la existencia del acto reclamado quedó demostrada en los términos precisados en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo. Teniendo en cuenta que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio constitucional debe analizarse de oficio, se advierte que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni esta juzgadora observa una en forma oficiosa, por lo que se debe emprender el estudio del fondo de este asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil trece, ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Bertha Alicia Bonilla Miranda, por su propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social y otros, la actualización de la pensión de jubilación por cesantía; y en ampliación de demanda, prestaciones accesorias (fojas 1-19 y 46-47 del tomo de pruebas). Seguido el curso del procedimiento, el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la responsable emitió laudo en el que se declararon procedentes las acciones intentadas por la parte actora, y se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de las diferencias que resulten de la correcta cuantificación de la pensión de cesantía que disfruta la actora, a partir del cuatro de noviembre de dos mil doce, ordenando la apertura del incidente de liquidación; y al diverso codemandado Gobierno del Estado de Michoacán, a pagar los constitutivos que resulten de la correcta cuantificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la pensión de cesantía que disfruta la actora (fojas 136-140 del tomo de pruebas). Inconforme con tal determinación, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió demanda de amparo directo (fojas 144-160 del tomo de pruebas); empero, el amparo solicitado fue negado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 212/2018 (fojas 199-224 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, la ahora quejosa solicitó el inicio del trámite del incidente de ejecución de laudo (fojas 228-231 del tomo de pruebas); petición que fue obsequiada por la responsable en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 232 del tomo de pruebas). El cuatro de julio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia incidental (fojas 269-270 del tomo de pruebas) y el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se emitió resolución interlocutoria, en la que se declaró procedente el incidente y se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago de la cantidad de $830,301.03 (ochocientos treinta mil trescientos un pesos con ochenta y tres centavos), salvo error aritmético, sin perjuicio de las diferencias que se sigan venciendo hasta su total liquidación, por concepto de las diferencias a la pensión de cesantía que viene disfrutando la actora; y se concedió un término de setenta y dos horas para su cumplimiento (fojas 271-275). Esta última determinación es la que combate la quejosa en este juicio de amparo, cuyos motivos de disenso, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, son en una parte fundados pero inoperantes; e infundados en otra, como se expondrá a continuación. En efecto, el incidente de liquidación de laudo respectivo sólo tiene como finalidad determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio en el primero punto de condena, con el propósito de perfeccionar el laudo en detalles que no se pudieron dilucidar y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución y no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la laudo, conforme a lo dispuesto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de origen, pues de lo contrario se atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, al existir discrepancias entre la decisión del juzgador sobre las prestaciones deducidas por las partes y lo cuantificado en el incidente para su posterior ejecución. Cobran aplicación en el caso los siguientes criterios jurisprudenciales: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." "INCIDENTE DE LIQUIDACION. DEBE CONCRETARSE A LOS TERMINOS DEL LAUDO. De la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene claramente que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos." Conviene resaltar además, que en el laudo expresamente se reconoció lo siguiente: a) Que la Ley del Seguro Social aplicable es la de 1973; b) A la actora se le otorgó una pensión de cesantía el diecisiete de enero de dos mil seis; c) La asegurada tuvo un salario diario de $483.84 (cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos) diarios, del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa, al veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos, a partir del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, hasta la fecha de su baja, once de marzo de dos mil dos; y d) En virtud de que se declaró procedente la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada, la condena a la correcta cuantificación deberá emplearse únicamente a partir del cuatro de noviembre de dos mil doce. En ese sentido, habiéndose decretado en el laudo la legislación aplicable al caso, el salario diario percibido durante la cotización de la trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los periodos sujetos a cuantificación, la resolución interlocutoria debe ajustarse a esos términos, a fin de no rebasar o cambiar los puntos de condena. Ahora, en la Ley del Seguro Social de 1973, los artículos 171 y 167 prevén la manera en que se calcula la pensión de cesantía de edad avanzada; dichos numerales disponen lo siguiente: "ARTICULO 171.- Al asegurado que reúna las condiciones para al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, le corresponde una pensión cuya cuantía se le calculará de acuerdo con la siguiente tabla: Cuantía de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión Años cumplidos en la de vejez que le hubiera fecha en que se adquiere correspondido al el derecho a recibir la asegurado de haber pensión alcanzado 65 años 60 75% 61 80% 62 85% 63 90% 64 95% Se aumentará un año a los cumplidos cuando la edad los exceda en seis meses." "ARTICULO 167.- Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización. La cuantía básica y los incrementos serán calculados conforme a la siguiente tabla: PORCENTAJE DE LOS SALARIOS GRUPO DE SALARIO EN VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL D.F. Hasta CUANTÍA BÁSICA % INCREMENTO ANUAL % 1 80.00 0.563 DE 1.01 A 1.25 77.11 0.814 DE 1.26 A 1.50 58.18 1.178 DE 1.51 A 1.75 49.23 1.430 DE 1.76 A 2.00 42.67 1.615 DE 2.01 A 2.25 37.65 1.756 DE 2.26 A 2.50 33.68 1.868 DE 2.51 A 2.75 30.48 1.958 DE 2.76 A 3.00 27.83 2.033 DE 3.01 A 3.25 25.60 2.096 DE 3.26 A 3.50 23.70 2.149 DE 3.51 A 3.75 22.07 2.195 DE 3.76 A 4.00 20.65 2.235 DE 4.01 A 4.25 19.39 2.271 DE 4.26 A 4.50 18.29 2.302 DE 4.51 A 4.75 17.30 2.330 DE 4.76 A 5.00 16.41 2.355 DE 5.01 A 5.25 15.61 2.377 DE 5.26 A 5.50 14.88 2.398 DE 5.51 A 5.75 14.22 2.416 DE 5.76 A 6.00 13.62 2.433 DE 6.01 Y HASTA EL LÍMITE SUPERIOR ESTABLECIDO. 13.00 2.450 Para los etectos (sic) de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas señaladas se tomarán las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión por invalidez o por muerte. El salario diario que resulte se expresará en veces el Salario Mínimo General para el Distrito Federal vigente en la fecha en que el asegurado se pensione, a fin de determinar el grupo de la tabla que antecede en que el propio asegurado se encuentre. Los porcentajes para calcular la cuantía básica, así como los incrementos anuales se aplicarán al salario promedio diario mencionado. El derecho al incremento anual se adquiere por cado cincuenta y dos semanas más de cotización. Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones del año, se calcularán en la siguiente forma: a) Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cincuenta por ciento del incremento anual. b) Con más de veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cien por ciento del incremento anual. El Instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban." Es importante precisar que la tabla contemplada en el segundo de los preceptos transcritos no coincide con la versión a la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación para la difusión del texto legal, sino con la que fue aprobada por el Congreso de la Unión; lo anterior, debido a que la que finalmente fue publicada contiene un error en la correspondencia de los porcentajes con la categoría correspondiente, y la norma que debe aplicarse es la que realmente fue aprobada por el Congreso de la Unión, ubicando los porcentajes en el grupo de salario correspondiente a partir de la corrección del primero de ellos, en los términos indicados, por lo que la que se reprodujo fue la tabla con la correspondencia correcta. Se invoca como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto: "PENSIONES DE INVALIDEZ Y VEJEZ. PARA CALCULAR EL MONTO DE SU CUANTÍA BÁSICA E INCREMENTOS ANUALES, DEBE APLICARSE LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 167 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, COMO FUE APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y NO COMO FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 167 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, en su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece una tabla para el cálculo de la cuantía básica y los incrementos anuales de las pensiones de invalidez y vejez en cuya columna: "Grupo de salario en veces el salario mínimo general para el D.F.", en su primer renglón: "Hasta 1", omitió establecer los valores correspondientes respecto de las columnas "cuantía básica" e "incremento anual", en tanto que en tales apartados únicamente indicó el signo porcentual "%"; lo que se estima incorrecto, porque del proceso legislativo de la referida norma se advierte que la intención del legislador fue asignar los valores de "80.00%" y "0.563%", respectivamente, al referido renglón y así sucesivamente a cada uno de los grupos de salario previstos; error del que derivó que los montos respectivos se desplazaran hacia abajo, de manera que se establecieran porcentajes que no corresponden a cada uno de los grupos de salario. Por tanto, en la realización del referido cálculo, debe aplicarse la norma realmente aprobada por el Congreso de la Unión, ubicando los porcentajes en el grupo de salario correspondiente a partir de la corrección del primero de ellos, en los términos indicados." Conforme al primero de los numerales en cita, el monto de la pensión de cesantía en edad avanzada equivale al porcentaje visible en la tabla prevista en ese numeral, que correspondería al beneficiario según su edad al momento de solicitar la pensión, en relación al monto que se obtendría por la diversa pensión por vejez. El segundo de los ordinales transcritos señala la metodología para determinar el monto de la pensión por vejez. En ese sentido, para determinar el monto de la pensión por cesantía, es necesario primero hacer el cálculo de la de vejez, y a ese monto aplicar el porcentaje previsto en la tabla contemplada en el artículo 171, conforme al rango de edad de quien lo solicita. Así, el numeral 167 refiere que para efectos de la cuantificación relativa a la pensión por vejez, deberán determinarse dos componentes: a) el monto de la cuantía básica anual, y b) el porcentaje de los incrementos anuales, en caso de tener derecho a los mismos. Para ello, se debe establecer cuál es el salario diario, porque una vez que se conozca cual es éste, se estará en aptitud de fijar los porcentajes relativos. En el entendido que el salario diario será aquel que corresponda al promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Es en este punto donde se puede presentar la circunstancia de que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, exceda el límite establecido en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social; empero, ello no es obstáculo para poder establecer un salario que sirva para efectos de realizar la debida cuantificación, porque para esa situación, se deberá de tomar el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la jubilación, el cual deberá factorizarse por diez veces para obtener el salario promedio. Una vez que se conoce el salario diario, el mismo se debe expresar en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, con la finalidad de ubicarlo en la tabla del artículo 167 de la anterior Ley del Seguro Social, y saber qué porcentaje corresponderá de cuantía básica y cuanto de incremento anual. Para ello, cabe hacer una división entre el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización y el salario mínimo general para el Distrito Federal; es decir: Salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización / salario mínimo general para el Distrito Federal al momento de la jubilación = ubicación en la tabla de porcentajes. El resultado de esa operación bastará para ubicarlo en la primer columna denominada "GRUPO DE SALARIO EN VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL D.F.". Conocido y ubicado el porcentaje, tanto de la cuantía básica como del incremento anual, basta aplicarlos al salario promedio diario. Empero, también se debe establecer si el actor tiene derecho a algún incremento anual. Para poder determinar cuántos incrementos anuales le corresponden a un jubilado, se deben restar 500 semanas al número de semanas reconocidas al asegurado, conforme al primer párrafo del artículo 167, de la anterior Ley del Seguro Social; es decir: Semanas reconocidas al asegurado - 500 = total semanas reconocidas. Una vez que se sabe cuál es el número de semanas reconocidas, se debe de dividir entre 52 (semanas de un año). Materializando lo anterior, sería: Semanas reconocidas / 52 = número de incrementos anuales. El resultado que se obtenga, será el número de incrementos anuales a los que se tenga derecho. Puede darse la circunstancia de que el resultado de la anterior operación, tenga fracciones de año o semanas, es decir, 23.11, 25.45 o 23.79. Esas fracciones servirán para poder establecer si se tiene derecho a alguno de los incrementos a la cuantía básica, establecidos en el inciso a) y b), del multireferido artículo 167. La forma en la que se materializan esas fracciones de año en semanas, es mediante una simple multiplicación, la fracción de año por 52 (semanas de un año); es decir: Fracción de año x 52 = semanas de cotización (artículo 167, incisos a) y b) de la anterior Ley del Seguro Social). De esta forma se obtiene una cantidad cierta de semanas reconocidas como resultado de esas fracciones de año, y poder establecer si se tiene derecho a algún incremento a la cuantía básica de los que se establecen en los incisos a) y b), del numeral que se analiza. Es aplicable al caso el siguiente criterio: "PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL. Conforme al contenido de dicho numeral, la cuantía básica anual de la pensión, así como el porcentaje de incrementos anuales se deben aplicar al salario que corresponda al promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, siempre y cuando no exceda el límite establecido en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, el cual deberá expresarse en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, para poder saber qué porcentaje corresponderá de cuantía básica y cuánto de incremento anual; ello mediante una división, es decir, salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización / salario mínimo general para el Distrito Federal al momento de la jubilación= ubicación en la tabla de porcentajes. También se debe establecer si el actor tiene derecho a algún incremento anual, y para poder determinar cuántos incrementos anuales le corresponden a un jubilado, basta restar 500 semanas al número de semanas reconocidas; materializado lo anterior, se obtendría la siguiente fórmula: Semanas reconocidas al asegurado - 500 semanas = total semanas; una vez que se sabe cuál es el número de semanas reconocidas, se debe dividir entre 52 (semanas de un año), para obtener el número de incrementos anuales, es decir: Semanas reconocidas / 52= número de incrementos anuales. Puede darse la circunstancia de que el resultado de la anterior operación, tenga fracciones de año o semanas, es decir, 23.11; 25.45; o, 23.79, esas fracciones servirán para poder establecer si se tiene derecho a alguno de los incrementos a la cuantía básica establecidos en los incisos a) y b), del referido artículo 167, y la forma en la que se materializan esas fracciones de año en semanas, es mediante una simple multiplicación, es decir, la fracción de año por 52 (semanas que tiene un año)= semanas de cotización [artículo 167, incisos a) y b) de la anterior Ley del Seguro Social]. Así, para obtener el monto que corresponda al porcentaje de cuantía básica, al salario diario se le debe aplicar el 13%, es decir, salario diario promedio de las últimas 250 semanas de cotización + 13%= cuantía básica diaria, materializando lo que correspondería mensualmente, bastaría factorizar de la siguiente manera: Cuantía básica diaria x 30= cantidad mensual. Por otra parte, para obtener lo relativo al incremento anual, únicamente hay que aplicarle al salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización el porcentaje del incremento anual, así como el número de incrementos anuales a los que tenga derecho, y de una interpretación sistemática del aludido artículo 167, este Tribunal Colegiado, estima que el número de incrementos anuales, se deben incorporar al porcentaje de incremento anual de la siguiente forma: Porcentaje de incremento anual (tercera columna de la tabla del artículo 167) x número de incrementos anuales= porcentaje total de incremento anual, razón por la cual, para obtener lo relativo al incremento anual diario, sería en todo caso: Salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización + porcentaje del incremento anual (ya con el número de incrementos) = incremento anual diario. Y para obtener lo que le correspondería en forma mensual, bastaría con multiplicarlo por 30 (días del mes), es decir, incremento anual diario x 30= incrementos anuales mensuales. Al resultado de esa operación deberá sumarse lo que haya resultado de cuantía básica, más el porcentaje de ayuda asistencial (en caso de que así hubiera procedido), para obtener la pensión mensual que corresponda." En el caso, el laudo declaró que la asegurada tuvo un salario diario de cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($483.43), del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa, al veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos ($1,177.32), a partir del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve y hasta la fecha de su baja, once de marzo de dos mil dos, por lo que a partir de estos montos y fechas debe obtenerse el salario diario promediado en las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Debiendo tomarse en cuenta además que las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas por la quejosa, abarcaron del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y siete, al diez de marzo de dos mil dos, toda vez que el once de marzo siguiente fue dada de baja, de acuerdo con lo declarado en el laudo. Dentro de dicho periodo, del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, al veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve, es decir, durante las primeras noventa y un semanas de cotización, la trabajadora percibió un salario diario de cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($483.34); asimismo, del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve y hasta el día anterior a la fecha de su baja, diez de marzo de dos mil dos, es decir, durante ciento cincuenta y nueve semanas, la trabajadora percibió un salario diario de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos ($1,177.32). Convertidos dichos plazos semanales a días, se obtiene que la quejosa gozó de un salario diario de cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($483.34) durante seiscientos treinta y siete días -correspondientes a las primeras noventa y un semanas de cotización-; y de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos ($1,177.32), durante mil ciento trece días (equivalentes a las ciento cincuenta y nueve semanas restantes). Por tanto, para obtener salario diario promedio durante dicho periodo, se debe: a) multiplicar el salario diario de $483.34 por los seiscientos treinta y siete días en que los percibió; y los $1,177.32, por los mil ciento trece días que le corresponden a las fechas en que ese monto correspondió a sus percepciones diarias; b) sumar el resultado de ambas ecuaciones, y; c) dividir el producto en mil setecientos cincuenta días -correspondientes a las doscientas cincuenta semanas de cotización-, obteniéndose así un salario diario promedio de novecientos veinticuatro pesos con setenta y un centavos ($924.71). Cantidad que es similar a la que propone la quejosa en su concepto de violación segundo ($922.84); diferencia que se explica porque el cálculo de la quejosa tomó como inicio de las doscientas cincuenta semanas de cotización, el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete, siendo lo correcto el veintisiete de mayo siguiente. De cualquier manera, esta cantidad, sea la obtenida por la suscrita o la propuesta por la impetrante, debe reducirse al tope o límite superior establecido en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, que a la letra establece: "ARTICULO 33.- Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del Artículo 35. Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." Por tanto, el salario diario promedio salario diario promedio de novecientos veinticuatro pesos con setenta y un centavos ($924.71), debe reducirse al límite superior, equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal; en el entendido a que debe atenderse a la época en que se otorgó la pensión, que fue cuando se cumplieron los requisitos para tener derecho a percibirla. Es orientador el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)]. De una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sostenido en la tesis aislada III.4o.T.47 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, página 1606, con número de registro digital: 2017470, de título y subtítulo: "SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DEROGADA).", en el cual se consideró que era de mayor beneficio para los trabajadores considerar el salario mínimo vigente en la fecha en que se modifica la pensión; pues de un nuevo estudio se advierte que si en un juicio laboral se reclamó el ajuste de la pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, por tener derecho a un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización superior al que sirvió de base para cuantificar originalmente la pensión otorgada y esto se prueba, se deben aplicar el párrafo segundo del artículo 33 y el artículo 167 de la Ley del Seguro Social derogada, así como considerar el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), vigente al momento en que fue otorgada la pensión original y no el que rija en la fecha en que se dicte el laudo. Lo anterior obedece a que debe atenderse a la época en que se otorgó la pensión, que fue cuando se cumplieron los requisitos para tener derecho a percibirla. Además, considerar una anualidad diferente trastocaría los derechos de los asegurados, al reducir los recursos del instituto, quebrantando los principios de solidaridad y financiamiento que rigen al sistema de seguridad social, porque la fecha en que el asegurado cumplió con los requisitos establecidos en la ley es un dato objetivo, que no cambia, ni está sujeto a interpretación, lo que genera certeza jurídica." Por lo que en virtud de que en el laudo se reconoció que la fecha del otorgamiento de la pensión por viudez fue el diecisiete de enero de dos mil seis; debe tomarse como parámetro el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en ese año. Al respecto, en el dos mil seis, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció como salario vigente general para la zona geográfica "A" (que incluyó al Distrito Federal en ese año), la cantidad de $48.67 (cuarenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos). De modo que el salario diario promedio de la trabajadora, de debe reducirse al de diez veces el salario vigente general de $48.67, es decir, $486.70 (cuatrocientos ochenta y seis pesos con setenta centavos). El resultado de esta operación permite ubicar el ingreso de la asegurada en la primera columna denominada "GRUPO DE SALARIO EN VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL D.F.", de la tabla prevista en el artículo 167 en análisis, ubicándose en el caso concreto, en el último rango, que va de 6.01 al límite superior. En consecuencia, en el caso concreto corresponde aplicar el porcentaje del 13% de cuantía básica; y 2.450% de incremento anual. Por otro lado, el propio tercer párrafo del citado numeral 167, sostiene que este porcentaje debe ser aplicado a la cuantía básica anual; por lo que en el caso concreto, el salario diario, que consiste en $486.70, debe ser multiplicado por 365, y a ese resultado debe aplicarse el 13%. Por tanto, al aplicarse la ecuación en cita, se obtiene una cuantía básica de veintitrés mil noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($23,093.91). Para el caso de los incrementos anuales, ese derecho, en términos de los párrafos primero y quinto del artículo 167 en estudio, se obtiene por cada cincuenta y dos semanas contadas a partir de las quinientas semanas de cotización. En consecuencia, si el certificado de derechos visible en la foja 7 del tomo de pruebas, señala que la quejosa cotizó 1,382 semanas ante el Seguro Social, a esa cantidad debe restarse 500, para obtener un resultado de 882 semanas. A esa última cantidad debe añadirse un derecho de incremento anual por cada cincuenta y dos semanas, y en caso de existir fracciones de año, en caso de tratarse de trece a veintiséis semanas reconocidas, se tiene derecho al cincuenta por ciento del incremento anual; y si se trata de más de veintiséis semanas reconocidas, se tiene derecho al cien por ciento del incremento anual. Lo anterior como está previsto en los párrafos sexto, séptimo e incisos a) y b) del ordinal 167 en cita. En consecuencia, esas 882 semanas excedentes de las 500 a partir de las cuales se tiene derecho al incremento salarial, deben dividirse en 52, obteniendo un resultado de 16.96, es decir, dieciséis incrementos semanales, y una fracción de año. Además, al tratarse de más de veintiséis semanas reconocidas, nos encontramos en el supuesto previsto en el inciso b) del ordinal 167, por lo que esta fracción de año debe equivaler a otro cien por ciento del incremento anual. Es decir, 17 incrementos anuales. La cuantificación empleada en este fallo, tanto para la cuantía básica como para los incrementos anuales, contrasta con la realizada por la responsable, toda vez que en su resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, tomó como plazo para calcular el salario de cotización, del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete al cinco de marzo de dos mil dos. Sin embargo, lo anterior se desapega del procedimiento de cálculo previsto en el marco legal aplicable, en virtud de que ambas fechas abarcan un período de doscientas sesenta y una semanas, es decir, un plazo distinto al de doscientas cincuenta semanas normado en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973; y además la última fecha que empleó en su cálculo -cinco de marzo de dos mil dos-, no corresponde al último día anterior a la fecha de su baja, toda vez que en el laudo se declaró que la trabajadora fue dada de baja el once de marzo de dos mil dos. Además, al calcular los incrementos anuales, únicamente consideró 16.96 incrementos anuales, cuando lo correcto es que ese número debió redondearlo a 17 incrementos semanales, en términos del inciso b), del numeral 167 de la Ley del Seguro Social de 1973. Concluido lo anterior, son fundados los conceptos de violación primero y segundo, esgrimidos por la parte quejosa, pues en los mismos esencialmente aduce que la responsable incurrió en defectos de motivación al cometer errores en su procedimiento de cálculo. No obstante, el mismo argumento es inoperante, toda vez que de concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta se apegue adecuadamente al procedimiento de cálculo, para llegar al mismo resultado obtenido en esta sentencia, se obtendría una cuantía básica de veintitrés mil noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($23,093.91), como se vio en párrafos que anteceden es decir, un monto menor al que ya fue aprobado en su favor en la resolución interlocutoria. Se afirma de dicha manera, en virtud de que si bien el monto obtenido la Junta para el salario diario promedio, que afirma corresponde a $650.73, no fue acorde con el procedimiento de cálculo previsto en los citado numerales 167 y 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, toda vez que erróneamente refirió es resultado de un salario diario promedio entre un período de doscientas sesenta y una semanas, dicha cantidad es superior a la de $486.70, que obtendría en caso de ajustarse adecuadamente al procedimiento previsto en el marco normativo. En ese sentido, la Junta responsable benefició a la parte quejosa al obtener el referido salario promedio de $650.73, sin reducirlo al límite superior previsto en el numeral 33 de la Ley del Seguro Social de 1973. Cantidad que además procedió a multiplicar por 365 (días correspondientes a un año); aplicando al resultado el 13%, obteniendo como resultado $30,877.13 (treinta mil ochocientos setenta y siete pesos con trece centavos); monto superior al de veintitrés mil noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($23,093.91), obtenido en este fallo. Estos montos además sirvieron de base para el resto de los cálculos empleados en la resolución, pues cada incremento anual lo cuantificó en $5,819.15 (cinco mil ochocientos diecinueve pesos con quince centavos), monto que obtuvo al multiplicar el salario promedio de $650.73, por 365 (los días correspondientes a un año), y a ese resultado aplicó el 2.450%, es decir el porcentaje para el incremento anual previsto en el rango que le correspondió en la tabla prevista en el numeral 167 de la Ley del Seguro Social de 1973. Asimismo, pese a que en el laudo nada se dijo de la cuantificación de un nuevo monto por concepto de asignaciones familiares -figura legal autónoma y distinta a las de las pensiones por cesantía o vejez- la responsable procedió a cuantificar dicho concepto, y añadirlo a la condena, tomando además como base un salario diario promedio superior al límite previsto en el diverso numeral 33 de la ley en comento, rebasando así los puntos de condena en el laudo. Lo anterior se determina con apego a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDAS ASISTENCIALES. SU PAGO ES AUTÓNOMO A LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA), CUANDO SU MONTO SE CALCULE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO (ARTÍCULOS 164, 166 Y 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997). Los artículos 164 y 166 citados prevén que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederán a los distintos posibles beneficiarios del pensionado, como su esposa o concubina (15% de la cuantía de la pensión); los hijos menores de 16 años (10%); sus padres si dependieran económicamente de él (10%); entre otros, o en su defecto, si el estado físico del pensionado requiera ineludiblemente que lo asista otra persona de manera permanente o continua (hasta del 20% de la pensión). Por su parte, el artículo 168 mencionado establece que la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). En consecuencia, si la pensión a pagar por esos conceptos se determinó con base en la cuantía del salario mínimo, entonces no podrá considerarse que dichas asignaciones se encuentren incluidas en el monto de esa cantidad, pues si bien es cierto que para su procedencia es necesario el otorgamiento de una pensión, también lo es que las asignaciones son autónomas de las pensiones. En estas condiciones, el porcentaje que corresponda por las asignaciones indicadas debe aplicarse sobre el salario mínimo que sirve de base para el pago de la pensión y sumarse a su monto." No se inadvierte que, contrastando con lo anterior, la responsable decretó en favor de la parte quejosa la cantidad de 16.96 incrementos anuales, cantidad menor a la correcta, es decir, de 17, en virtud de que los incisos a) y b) del artículo167 de la Ley del Seguro Social de 1973 no admiten que las fracciones de incrementos se expresen en decimales, toda vez dichos incisos únicamente permiten redondeos en un cincuenta por ciento o en una unidad adicional de incrementos anuales, respectivamente. Sin embargo, el margen de diferencia -de 0.04- es considerablemente menor al que existe entre los montos de salario diario promedio y cuantía básica obtenidos por la Junta y esta Juzgadora en el presente fallo; por lo que de cualquier manera los cálculos empleados por la responsable benefician a la quejosa. En conclusión, pese a que asiste la razón a la parte quejosa, en el sentido de que la Junta responsable se apartó del procedimiento de cálculo de la pensión correspondiente, el acto reclamado benefició a la asegurada, toda vez que: Determinó en su favor un salario diario promedio superior al límite superior previsto en la ley; y, Añadió a su cálculo las asignaciones familiares, pese a no haber sido materia de condena en el laudo, rebasando así su contenino. De modo que, de otorgarse el amparo solicitado para obligar a la responsable a apegarse adecuadamente a los lineamientos de cálculo de la pensión previsto en el marco normativo aplicable, se agravaría la situación jurídica a la quejosa, toda vez que el nuevo cálculo implicaría un monto menor al que fue aprobado en la resolución interlocutoria; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación de la quejosa pese a ser fundados, una vez suplidos en su deficiencia. Como apoyo a lo anterior se citan los siguientes criterios: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL FALLO RECLAMADO Y SE DICTE UNO NUEVO, NO PUEDE AGRAVAR OBJETIVAMENTE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, AL SUPRIMIR ASPECTOS FAVORABLES OBTENIDOS EN AQUÉL. Si el quejoso, con la finalidad de obtener mayores beneficios, promueve amparo directo contra una sentencia definitiva en la cual obtuvo una resolución favorable, y el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio constitucional, concede la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que se deje insubsistente el fallo reclamado y se dicte uno nuevo, la autoridad responsable, al cumplir esa ejecutoria, no podrá agravar objetivamente la situación jurídica del quejoso al suprimir aspectos favorables obtenidos en la primera resolución, en atención al principio non reformatio in peius, conforme al cual no es posible privar a quien intenta un medio de defensa de los beneficios adquiridos en el fallo impugnado." "AMPARO. NO SE DEBE AGRAVAR LA SITUACION DEL QUEJOSO. El Juez constitucional no puede sustituirse al Juez natural para la apreciación de los elementos de convicción que obran en el proceso, para agravar la situación jurídica del quejoso." Por otro lado, en su concepto de violación tercero, la parte quejosa se dedica a explicar el procedimiento de cálculo para obtener el monto de la pensión, circunstancia que se estima fue debidamente abordada con antelación; y en el último párrafo de ese mismo concepto, en esencia refiere que al cálculo correspondiente no debe aplicarse el límite superior previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973. Argumento que es infundado, en virtud de que como se explicó en párrafos que anteceden, la responsable sí cuantificó un monto por concepto de salario diario promedio y cuantía básica por encima del límite superior previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, con lo que benefició a la parte quejosa. Lo cual contrastó con los criterios actuales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, pues ésta consideró que el límite superior debe aplicarse al momento de realizar el cálculo de la cuantía básica. Como puede observarse en la jurisprudencia que dice: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO. El precepto referido establece que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, y en su párrafo segundo, en relación con el seguro de cesantía en edad avanzada, entre otros, el legislador facilitó un esquema tasado en salarios mínimos y fijó el límite superior equivalente a 10 veces el general vigente en el Distrito Federal. Ahora bien, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se excepcionara en esos términos, no releva a la autoridad laboral de respetar dicho límite superior, pues basta con que al oponer sus excepciones y defensas, aquél se ajuste a lo dispuesto en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de manera que si al contestar la demanda controvierte precisamente las fechas o cantidades materia del ajuste pretendido por el actor, respalda sus argumentos con ciertas operaciones aritméticas y acompaña las pruebas que a su juicio son aptas para desvirtuar el reclamo, tal proceder es aceptable y justifica la postura defensiva que le asiste en la relación jurídico procesal y, por ende, con esos elementos, en armonía con el restante caudal probatorio, la autoridad laboral está en condiciones de resolver el contradictorio, con apego al artículo 842 de la citada ley. Además, el tema de fondo está vinculado a un derecho de seguridad social, por lo que no puede variarse la manera en que han de cubrirse las prestaciones descritas en la Ley del Seguro Social, pues su artículo 33 es expreso en cuanto al límite superior, lo que indica que se trata de una disposición de orden público y de observancia obligatoria." Postura que además fue reiterada en la diversa jurisprudencia publicada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AUNQUE EN UNA RESOLUCIÓN PREVIA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR ERROR, NO LA HAYA CONSIDERADO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE TRANSGRESIÓN A DERECHOS ADQUIRIDOS NI AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre si al resolver respecto de la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que al resolverse sobre la correcta cuantificación de una pensión por cesantía en edad avanzada debe atenderse al tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo hubiere hecho por error, sin que ello implique una violación a los derechos adquiridos y al principio de irretroactividad de la ley. Justificación: Lo anterior es así, porque el monto que se fija como cuota pensionaria, no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, puesto que no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto; sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad. De modo que cuando en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, el Instituto, por un error, cuantificó el monto de la pensión sin atender al tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, supuesto en el cual válidamente puede realizar el ajuste correspondiente, sin que ello implique la transgresión a derechos adquiridos ni al principio de irretroactividad de la ley." Sin que pase inadvertido que esta última jurisprudencia derivó de la contradicción de tesis 90/2021, en la que contendió el criterio "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA RECTIFICACIÓN DE SU MONTO CORRECTO NO DEBE ATENDERSE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA.", que citó la parte quejosa en el concepto de violación que se estudia, por tanto el criterio en el que sustentó su argumento quedó superado. Por otro lado, en su cuarto concepto, la impetrante sostiene que la Junta debió establecer un importe líquido en la resolución, por concepto de actualización de la pensión a que tiene derecho, sin que se hubiera hecho. Planteamiento que es infundado, toda vez que contrario a lo que indica, específicamente en la foja 273 del tomo de pruebas, la responsable estableció un nuevo monto de pensión mensual por $9,312.83 (nueve mil trescientos doce pesos con ochenta y tres centavos). Cantidad a la que procedió a aplicar la diferencia con la pensión que refirió se le estaba otorgando, ($3,366.23), obteniendo un resultado de $5,946.60 (cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos), y además procedió a actualizar dichas cantidades para los años posteriores a partir de dos mil doce. En su último concepto de violación, se duele que en la resolución la responsable se haya referido a la quejosa como Bertha Alicia Bonilla y no por su nombre completo, Bertha Alicia Bonilla Miranda. Empero, la suscrita considera que no lesiona los derechos fundamentales de la quejosa, pues la anterior circunstancia únicamente evidencia un error mecanográfico al no incluir el segundo apellido de la actora, sin que lo anterior implique el desconocimiento de los derechos que obtuvo con motivo de la emisión del laudo y la resolución reclamada. Lo anterior en virtud que la lectura de la resolución no permite llegar a interpretación distinta a que la beneficiaria de su contenido es Bertha Alicia Bonilla Miranda, pues es esta última quien tiene el carácter de actora en el procedimiento de origen, y es la beneficiaria de los puntos de condena establecidos en el laudo, documento donde se asentó correctamente el nombre de la quejosa. Sin que pase por alto que la propia quejosa, por conducto de sus entonces representantes, se ostentó con el nombre de Bertha Alicia Bonilla, es decir, sin su segundo apellido, en su escrito inicial de demanda en el procedimiento de origen (foja 1 del tomo de pruebas). Además, el resultando primero y el considerando tercero de la resolución interlocutoria sí expresan el nombre completo de la quejosa. Circunstancias que evidencian que la omisión de su apellido en algunos segmentos de la resolución reclamada no le ocasiona perjuicio. Lo anterior, aunado a que las autoridades jurisdiccionales han evolucionado su manera de interpretar la norma procesal, en el sentido de que los formalismos excesivos no deben ser antepuestos al derecho humano de tutela judicial efectiva, por lo que por regla general no deben privilegiarse éstos sobre aquéllos, a menos que se observe un menoscabo material y tangible a los derechos fundamentales de los participantes en el procedimiento. Como apoyo se invoca la siguiente jurisprudencia: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas." En consecuencia, dado que no prosperaron los conceptos de violación, incluso suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Bertha Alicia Bonilla Miranda, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy nueve de febrero de dos mil veintidós, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN SÍNTESIS DICEN: V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 951/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El trece de octubre de dos mil veintiuno, Bertha Alicia Bonilla Miranda, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad (fojas 1-11). En la misma, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda, ordenando registrarla con el número 951/2021 (fojas 12-20). Previo los trámites de ley, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia constitucional, quedando el juicio en estado de resolución (fojas 36-37). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridad residente en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje: - La interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 867/2013. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable manifestó ser cierto el acto que se le reclama (foja 28). Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas consistentes en el original del expediente 867/2013, documentales a la que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Es preciso señalar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, al formular alegatos, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado (fojas 31-33). Empero, tal pedimento se desestima, en virtud de que la existencia del acto reclamado quedó demostrada en los términos precisados en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo. Teniendo en cuenta que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio constitucional debe analizarse de oficio, se advierte que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni esta juzgadora observa una en forma oficiosa, por lo que se debe emprender el estudio del fondo de este asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil trece, ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Bertha Alicia Bonilla Miranda, por su propio derecho, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social y otros, la actualización de la pensión de jubilación por cesantía; y en ampliación de demanda, prestaciones accesorias (fojas 1-19 y 46-47 del tomo de pruebas). Seguido el curso del procedimiento, el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la responsable emitió laudo en el que se declararon procedentes las acciones intentadas por la parte actora, y se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de las diferencias que resulten de la correcta cuantificación de la pensión de cesantía que disfruta la actora, a partir del cuatro de noviembre de dos mil doce, ordenando la apertura del incidente de liquidación; y al diverso codemandado Gobierno del Estado de Michoacán, a pagar los constitutivos que resulten de la correcta cuantificación que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la pensión de cesantía que disfruta la actora (fojas 136-140 del tomo de pruebas). Inconforme con tal determinación, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió demanda de amparo directo (fojas 144-160 del tomo de pruebas); empero, el amparo solicitado fue negado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente 212/2018 (fojas 199-224 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, la ahora quejosa solicitó el inicio del trámite del incidente de ejecución de laudo (fojas 228-231 del tomo de pruebas); petición que fue obsequiada por la responsable en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (foja 232 del tomo de pruebas). El cuatro de julio de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia incidental (fojas 269-270 del tomo de pruebas) y el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se emitió resolución interlocutoria, en la que se declaró procedente el incidente y se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago de la cantidad de $830,301.03 (ochocientos treinta mil trescientos un pesos con ochenta y tres centavos), salvo error aritmético, sin perjuicio de las diferencias que se sigan venciendo hasta su total liquidación, por concepto de las diferencias a la pensión de cesantía que viene disfrutando la actora; y se concedió un término de setenta y dos horas para su cumplimiento (fojas 271-275). Esta última determinación es la que combate la quejosa en este juicio de amparo, cuyos motivos de disenso, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, son en una parte fundados pero inoperantes; e infundados en otra, como se expondrá a continuación. En efecto, el incidente de liquidación de laudo respectivo sólo tiene como finalidad determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio en el primero punto de condena, con el propósito de perfeccionar el laudo en detalles que no se pudieron dilucidar y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución y no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la laudo, conforme a lo dispuesto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de origen, pues de lo contrario se atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, al existir discrepancias entre la decisión del juzgador sobre las prestaciones deducidas por las partes y lo cuantificado en el incidente para su posterior ejecución. Cobran aplicación en el caso los siguientes criterios jurisprudenciales: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." "INCIDENTE DE LIQUIDACION. DEBE CONCRETARSE A LOS TERMINOS DEL LAUDO. De la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene claramente que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos." Conviene resaltar además, que en el laudo expresamente se reconoció lo siguiente: a) Que la Ley del Seguro Social aplicable es la de 1973; b) A la actora se le otorgó una pensión de cesantía el diecisiete de enero de dos mil seis; c) La asegurada tuvo un salario diario de $483.84 (cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos) diarios, del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa, al veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos, a partir del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, hasta la fecha de su baja, once de marzo de dos mil dos; y d) En virtud de que se declaró procedente la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada, la condena a la correcta cuantificación deberá emplearse únicamente a partir del cuatro de noviembre de dos mil doce. En ese sentido, habiéndose decretado en el laudo la legislación aplicable al caso, el salario diario percibido durante la cotización de la trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los periodos sujetos a cuantificación, la resolución interlocutoria debe ajustarse a esos términos, a fin de no rebasar o cambiar los puntos de condena. Ahora, en la Ley del Seguro Social de 1973, los artículos 171 y 167 prevén la manera en que se calcula la pensión de cesantía de edad avanzada; dichos numerales disponen lo siguiente: "ARTICULO 171.- Al asegurado que reúna las condiciones para al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, le corresponde una pensión cuya cuantía se le calculará de acuerdo con la siguiente tabla: Cuantía de la pensión expresada en % de la cuantía de la pensión Años cumplidos en la de vejez que le hubiera fecha en que se adquiere correspondido al el derecho a recibir la asegurado de haber pensión alcanzado 65 años 60 75% 61 80% 62 85% 63 90% 64 95% Se aumentará un año a los cumplidos cuando la edad los exceda en seis meses." "ARTICULO 167.- Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización. La cuantía básica y los incrementos serán calculados conforme a la siguiente tabla: PORCENTAJE DE LOS SALARIOS GRUPO DE SALARIO EN VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL D.F. Hasta CUANTÍA BÁSICA % INCREMENTO ANUAL % 1 80.00 0.563 DE 1.01 A 1.25 77.11 0.814 DE 1.26 A 1.50 58.18 1.178 DE 1.51 A 1.75 49.23 1.430 DE 1.76 A 2.00 42.67 1.615 DE 2.01 A 2.25 37.65 1.756 DE 2.26 A 2.50 33.68 1.868 DE 2.51 A 2.75 30.48 1.958 DE 2.76 A 3.00 27.83 2.033 DE 3.01 A 3.25 25.60 2.096 DE 3.26 A 3.50 23.70 2.149 DE 3.51 A 3.75 22.07 2.195 DE 3.76 A 4.00 20.65 2.235 DE 4.01 A 4.25 19.39 2.271 DE 4.26 A 4.50 18.29 2.302 DE 4.51 A 4.75 17.30 2.330 DE 4.76 A 5.00 16.41 2.355 DE 5.01 A 5.25 15.61 2.377 DE 5.26 A 5.50 14.88 2.398 DE 5.51 A 5.75 14.22 2.416 DE 5.76 A 6.00 13.62 2.433 DE 6.01 Y HASTA EL LÍMITE SUPERIOR ESTABLECIDO. 13.00 2.450 Para los etectos (sic) de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas señaladas se tomarán las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión por invalidez o por muerte. El salario diario que resulte se expresará en veces el Salario Mínimo General para el Distrito Federal vigente en la fecha en que el asegurado se pensione, a fin de determinar el grupo de la tabla que antecede en que el propio asegurado se encuentre. Los porcentajes para calcular la cuantía básica, así como los incrementos anuales se aplicarán al salario promedio diario mencionado. El derecho al incremento anual se adquiere por cado cincuenta y dos semanas más de cotización. Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones del año, se calcularán en la siguiente forma: a) Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cincuenta por ciento del incremento anual. b) Con más de veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cien por ciento del incremento anual. El Instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban." Es importante precisar que la tabla contemplada en el segundo de los preceptos transcritos no coincide con la versión a la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación para la difusión del texto legal, sino con la que fue aprobada por el Congreso de la Unión; lo anterior, debido a que la que finalmente fue publicada contiene un error en la correspondencia de los porcentajes con la categoría correspondiente, y la norma que debe aplicarse es la que realmente fue aprobada por el Congreso de la Unión, ubicando los porcentajes en el grupo de salario correspondiente a partir de la corrección del primero de ellos, en los términos indicados, por lo que la que se reprodujo fue la tabla con la correspondencia correcta. Se invoca como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto: "PENSIONES DE INVALIDEZ Y VEJEZ. PARA CALCULAR EL MONTO DE SU CUANTÍA BÁSICA E INCREMENTOS ANUALES, DEBE APLICARSE LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 167 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, COMO FUE APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y NO COMO FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 167 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, en su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece una tabla para el cálculo de la cuantía básica y los incrementos anuales de las pensiones de invalidez y vejez en cuya columna: "Grupo de salario en veces el salario mínimo general para el D.F.", en su primer renglón: "Hasta 1", omitió establecer los valores correspondientes respecto de las columnas "cuantía básica" e "incremento anual", en tanto que en tales apartados únicamente indicó el signo porcentual "%"; lo que se estima incorrecto, porque del proceso legislativo de la referida norma se advierte que la intención del legislador fue asignar los valores de "80.00%" y "0.563%", respectivamente, al referido renglón y así sucesivamente a cada uno de los grupos de salario previstos; error del que derivó que los montos respectivos se desplazaran hacia abajo, de manera que se establecieran porcentajes que no corresponden a cada uno de los grupos de salario. Por tanto, en la realización del referido cálculo, debe aplicarse la norma realmente aprobada por el Congreso de la Unión, ubicando los porcentajes en el grupo de salario correspondiente a partir de la corrección del primero de ellos, en los términos indicados." Conforme al primero de los numerales en cita, el monto de la pensión de cesantía en edad avanzada equivale al porcentaje visible en la tabla prevista en ese numeral, que correspondería al beneficiario según su edad al momento de solicitar la pensión, en relación al monto que se obtendría por la diversa pensión por vejez. El segundo de los ordinales transcritos señala la metodología para determinar el monto de la pensión por vejez. En ese sentido, para determinar el monto de la pensión por cesantía, es necesario primero hacer el cálculo de la de vejez, y a ese monto aplicar el porcentaje previsto en la tabla contemplada en el artículo 171, conforme al rango de edad de quien lo solicita. Así, el numeral 167 refiere que para efectos de la cuantificación relativa a la pensión por vejez, deberán determinarse dos componentes: a) el monto de la cuantía básica anual, y b) el porcentaje de los incrementos anuales, en caso de tener derecho a los mismos. Para ello, se debe establecer cuál es el salario diario, porque una vez que se conozca cual es éste, se estará en aptitud de fijar los porcentajes relativos. En el entendido que el salario diario será aquel que corresponda al promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Es en este punto donde se puede presentar la circunstancia de que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, exceda el límite establecido en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social; empero, ello no es obstáculo para poder establecer un salario que sirva para efectos de realizar la debida cuantificación, porque para esa situación, se deberá de tomar el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la jubilación, el cual deberá factorizarse por diez veces para obtener el salario promedio. Una vez que se conoce el salario diario, el mismo se debe expresar en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, con la finalidad de ubicarlo en la tabla del artículo 167 de la anterior Ley del Seguro Social, y saber qué porcentaje corresponderá de cuantía básica y cuanto de incremento anual. Para ello, cabe hacer una división entre el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización y el salario mínimo general para el Distrito Federal; es decir: Salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización / salario mínimo general para el Distrito Federal al momento de la jubilación = ubicación en la tabla de porcentajes. El resultado de esa operación bastará para ubicarlo en la primer columna denominada "GRUPO DE SALARIO EN VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL D.F.". Conocido y ubicado el porcentaje, tanto de la cuantía básica como del incremento anual, basta aplicarlos al salario promedio diario. Empero, también se debe establecer si el actor tiene derecho a algún incremento anual. Para poder determinar cuántos incrementos anuales le corresponden a un jubilado, se deben restar 500 semanas al número de semanas reconocidas al asegurado, conforme al primer párrafo del artículo 167, de la anterior Ley del Seguro Social; es decir: Semanas reconocidas al asegurado - 500 = total semanas reconocidas. Una vez que se sabe cuál es el número de semanas reconocidas, se debe de dividir entre 52 (semanas de un año). Materializando lo anterior, sería: Semanas reconocidas / 52 = número de incrementos anuales. El resultado que se obtenga, será el número de incrementos anuales a los que se tenga derecho. Puede darse la circunstancia de que el resultado de la anterior operación, tenga fracciones de año o semanas, es decir, 23.11, 25.45 o 23.79. Esas fracciones servirán para poder establecer si se tiene derecho a alguno de los incrementos a la cuantía básica, establecidos en el inciso a) y b), del multireferido artículo 167. La forma en la que se materializan esas fracciones de año en semanas, es mediante una simple multiplicación, la fracción de año por 52 (semanas de un año); es decir: Fracción de año x 52 = semanas de cotización (artículo 167, incisos a) y b) de la anterior Ley del Seguro Social). De esta forma se obtiene una cantidad cierta de semanas reconocidas como resultado de esas fracciones de año, y poder establecer si se tiene derecho a algún incremento a la cuantía básica de los que se establecen en los incisos a) y b), del numeral que se analiza. Es aplicable al caso el siguiente criterio: "PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL. Conforme al contenido de dicho numeral, la cuantía básica anual de la pensión, así como el porcentaje de incrementos anuales se deben aplicar al salario que corresponda al promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, siempre y cuando no exceda el límite establecido en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, el cual deberá expresarse en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, para poder saber qué porcentaje corresponderá de cuantía básica y cuánto de incremento anual; ello mediante una división, es decir, salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización / salario mínimo general para el Distrito Federal al momento de la jubilación= ubicación en la tabla de porcentajes. También se debe establecer si el actor tiene derecho a algún incremento anual, y para poder determinar cuántos incrementos anuales le corresponden a un jubilado, basta restar 500 semanas al número de semanas reconocidas; materializado lo anterior, se obtendría la siguiente fórmula: Semanas reconocidas al asegurado - 500 semanas = total semanas; una vez que se sabe cuál es el número de semanas reconocidas, se debe dividir entre 52 (semanas de un año), para obtener el número de incrementos anuales, es decir: Semanas reconocidas / 52= número de incrementos anuales. Puede darse la circunstancia de que el resultado de la anterior operación, tenga fracciones de año o semanas, es decir, 23.11; 25.45; o, 23.79, esas fracciones servirán para poder establecer si se tiene derecho a alguno de los incrementos a la cuantía básica establecidos en los incisos a) y b), del referido artículo 167, y la forma en la que se materializan esas fracciones de año en semanas, es mediante una simple multiplicación, es decir, la fracción de año por 52 (semanas que tiene un año)= semanas de cotización [artículo 167, incisos a) y b) de la anterior Ley del Seguro Social]. Así, para obtener el monto que corresponda al porcentaje de cuantía básica, al salario diario se le debe aplicar el 13%, es decir, salario diario promedio de las últimas 250 semanas de cotización + 13%= cuantía básica diaria, materializando lo que correspondería mensualmente, bastaría factorizar de la siguiente manera: Cuantía básica diaria x 30= cantidad mensual. Por otra parte, para obtener lo relativo al incremento anual, únicamente hay que aplicarle al salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización el porcentaje del incremento anual, así como el número de incrementos anuales a los que tenga derecho, y de una interpretación sistemática del aludido artículo 167, este Tribunal Colegiado, estima que el número de incrementos anuales, se deben incorporar al porcentaje de incremento anual de la siguiente forma: Porcentaje de incremento anual (tercera columna de la tabla del artículo 167) x número de incrementos anuales= porcentaje total de incremento anual, razón por la cual, para obtener lo relativo al incremento anual diario, sería en todo caso: Salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización + porcentaje del incremento anual (ya con el número de incrementos) = incremento anual diario. Y para obtener lo que le correspondería en forma mensual, bastaría con multiplicarlo por 30 (días del mes), es decir, incremento anual diario x 30= incrementos anuales mensuales. Al resultado de esa operación deberá sumarse lo que haya resultado de cuantía básica, más el porcentaje de ayuda asistencial (en caso de que así hubiera procedido), para obtener la pensión mensual que corresponda." En el caso, el laudo declaró que la asegurada tuvo un salario diario de cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($483.43), del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa, al veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve; y de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos ($1,177.32), a partir del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve y hasta la fecha de su baja, once de marzo de dos mil dos, por lo que a partir de estos montos y fechas debe obtenerse el salario diario promediado en las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Debiendo tomarse en cuenta además que las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas por la quejosa, abarcaron del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y siete, al diez de marzo de dos mil dos, toda vez que el once de marzo siguiente fue dada de baja, de acuerdo con lo declarado en el laudo. Dentro de dicho periodo, del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, al veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y nueve, es decir, durante las primeras noventa y un semanas de cotización, la trabajadora percibió un salario diario de cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($483.34); asimismo, del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve y hasta el día anterior a la fecha de su baja, diez de marzo de dos mil dos, es decir, durante ciento cincuenta y nueve semanas, la trabajadora percibió un salario diario de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos ($1,177.32). Convertidos dichos plazos semanales a días, se obtiene que la quejosa gozó de un salario diario de cuatrocientos ochenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($483.34) durante seiscientos treinta y siete días -correspondientes a las primeras noventa y un semanas de cotización-; y de mil ciento setenta y siete pesos con treinta y dos centavos ($1,177.32), durante mil ciento trece días (equivalentes a las ciento cincuenta y nueve semanas restantes). Por tanto, para obtener salario diario promedio durante dicho periodo, se debe: a) multiplicar el salario diario de $483.34 por los seiscientos treinta y siete días en que los percibió; y los $1,177.32, por los mil ciento trece días que le corresponden a las fechas en que ese monto correspondió a sus percepciones diarias; b) sumar el resultado de ambas ecuaciones, y; c) dividir el producto en mil setecientos cincuenta días -correspondientes a las doscientas cincuenta semanas de cotización-, obteniéndose así un salario diario promedio de novecientos veinticuatro pesos con setenta y un centavos ($924.71). Cantidad que es similar a la que propone la quejosa en su concepto de violación segundo ($922.84); diferencia que se explica porque el cálculo de la quejosa tomó como inicio de las doscientas cincuenta semanas de cotización, el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete, siendo lo correcto el veintisiete de mayo siguiente. De cualquier manera, esta cantidad, sea la obtenida por la suscrita o la propuesta por la impetrante, debe reducirse al tope o límite superior establecido en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, que a la letra establece: "ARTICULO 33.- Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del Artículo 35. Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." Por tanto, el salario diario promedio salario diario promedio de novecientos veinticuatro pesos con setenta y un centavos ($924.71), debe reducirse al límite superior, equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal; en el entendido a que debe atenderse a la época en que se otorgó la pensión, que fue cuando se cumplieron los requisitos para tener derecho a percibirla. Es orientador el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. CUANDO SE AJUSTE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DEBE CONSIDERARSE EL LÍMITE SUPERIOR DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) AL MOMENTO EN QUE FUE OTORGADA [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA III.4o.T.47 L (10a.)]. De una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sostenido en la tesis aislada III.4o.T.47 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, página 1606, con número de registro digital: 2017470, de título y subtítulo: "SEGURO SOCIAL. SALARIO Y FECHA QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE OTORGA AQUÉL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 Y 273 DE LA LEY DE LA MATERIA DEROGADA).", en el cual se consideró que era de mayor beneficio para los trabajadores considerar el salario mínimo vigente en la fecha en que se modifica la pensión; pues de un nuevo estudio se advierte que si en un juicio laboral se reclamó el ajuste de la pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, por tener derecho a un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización superior al que sirvió de base para cuantificar originalmente la pensión otorgada y esto se prueba, se deben aplicar el párrafo segundo del artículo 33 y el artículo 167 de la Ley del Seguro Social derogada, así como considerar el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), vigente al momento en que fue otorgada la pensión original y no el que rija en la fecha en que se dicte el laudo. Lo anterior obedece a que debe atenderse a la época en que se otorgó la pensión, que fue cuando se cumplieron los requisitos para tener derecho a percibirla. Además, considerar una anualidad diferente trastocaría los derechos de los asegurados, al reducir los recursos del instituto, quebrantando los principios de solidaridad y financiamiento que rigen al sistema de seguridad social, porque la fecha en que el asegurado cumplió con los requisitos establecidos en la ley es un dato objetivo, que no cambia, ni está sujeto a interpretación, lo que genera certeza jurídica." Por lo que en virtud de que en el laudo se reconoció que la fecha del otorgamiento de la pensión por viudez fue el diecisiete de enero de dos mil seis; debe tomarse como parámetro el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en ese año. Al respecto, en el dos mil seis, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció como salario vigente general para la zona geográfica "A" (que incluyó al Distrito Federal en ese año), la cantidad de $48.67 (cuarenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos). De modo que el salario diario promedio de la trabajadora, de debe reducirse al de diez veces el salario vigente general de $48.67, es decir, $486.70 (cuatrocientos ochenta y seis pesos con setenta centavos). El resultado de esta operación permite ubicar el ingreso de la asegurada en la primera columna denominada "GRUPO DE SALARIO EN VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL D.F.", de la tabla prevista en el artículo 167 en análisis, ubicándose en el caso concreto, en el último rango, que va de 6.01 al límite superior. En consecuencia, en el caso concreto corresponde aplicar el porcentaje del 13% de cuantía básica; y 2.450% de incremento anual. Por otro lado, el propio tercer párrafo del citado numeral 167, sostiene que este porcentaje debe ser aplicado a la cuantía básica anual; por lo que en el caso concreto, el salario diario, que consiste en $486.70, debe ser multiplicado por 365, y a ese resultado debe aplicarse el 13%. Por tanto, al aplicarse la ecuación en cita, se obtiene una cuantía básica de veintitrés mil noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($23,093.91). Para el caso de los incrementos anuales, ese derecho, en términos de los párrafos primero y quinto del artículo 167 en estudio, se obtiene por cada cincuenta y dos semanas contadas a partir de las quinientas semanas de cotización. En consecuencia, si el certificado de derechos visible en la foja 7 del tomo de pruebas, señala que la quejosa cotizó 1,382 semanas ante el Seguro Social, a esa cantidad debe restarse 500, para obtener un resultado de 882 semanas. A esa última cantidad debe añadirse un derecho de incremento anual por cada cincuenta y dos semanas, y en caso de existir fracciones de año, en caso de tratarse de trece a veintiséis semanas reconocidas, se tiene derecho al cincuenta por ciento del incremento anual; y si se trata de más de veintiséis semanas reconocidas, se tiene derecho al cien por ciento del incremento anual. Lo anterior como está previsto en los párrafos sexto, séptimo e incisos a) y b) del ordinal 167 en cita. En consecuencia, esas 882 semanas excedentes de las 500 a partir de las cuales se tiene derecho al incremento salarial, deben dividirse en 52, obteniendo un resultado de 16.96, es decir, dieciséis incrementos semanales, y una fracción de año. Además, al tratarse de más de veintiséis semanas reconocidas, nos encontramos en el supuesto previsto en el inciso b) del ordinal 167, por lo que esta fracción de año debe equivaler a otro cien por ciento del incremento anual. Es decir, 17 incrementos anuales. La cuantificación empleada en este fallo, tanto para la cuantía básica como para los incrementos anuales, contrasta con la realizada por la responsable, toda vez que en su resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, tomó como plazo para calcular el salario de cotización, del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete al cinco de marzo de dos mil dos. Sin embargo, lo anterior se desapega del procedimiento de cálculo previsto en el marco legal aplicable, en virtud de que ambas fechas abarcan un período de doscientas sesenta y una semanas, es decir, un plazo distinto al de doscientas cincuenta semanas normado en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973; y además la última fecha que empleó en su cálculo -cinco de marzo de dos mil dos-, no corresponde al último día anterior a la fecha de su baja, toda vez que en el laudo se declaró que la trabajadora fue dada de baja el once de marzo de dos mil dos. Además, al calcular los incrementos anuales, únicamente consideró 16.96 incrementos anuales, cuando lo correcto es que ese número debió redondearlo a 17 incrementos semanales, en términos del inciso b), del numeral 167 de la Ley del Seguro Social de 1973. Concluido lo anterior, son fundados los conceptos de violación primero y segundo, esgrimidos por la parte quejosa, pues en los mismos esencialmente aduce que la responsable incurrió en defectos de motivación al cometer errores en su procedimiento de cálculo. No obstante, el mismo argumento es inoperante, toda vez que de concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta se apegue adecuadamente al procedimiento de cálculo, para llegar al mismo resultado obtenido en esta sentencia, se obtendría una cuantía básica de veintitrés mil noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($23,093.91), como se vio en párrafos que anteceden es decir, un monto menor al que ya fue aprobado en su favor en la resolución interlocutoria. Se afirma de dicha manera, en virtud de que si bien el monto obtenido la Junta para el salario diario promedio, que afirma corresponde a $650.73, no fue acorde con el procedimiento de cálculo previsto en los citado numerales 167 y 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, toda vez que erróneamente refirió es resultado de un salario diario promedio entre un período de doscientas sesenta y una semanas, dicha cantidad es superior a la de $486.70, que obtendría en caso de ajustarse adecuadamente al procedimiento previsto en el marco normativo. En ese sentido, la Junta responsable benefició a la parte quejosa al obtener el referido salario promedio de $650.73, sin reducirlo al límite superior previsto en el numeral 33 de la Ley del Seguro Social de 1973. Cantidad que además procedió a multiplicar por 365 (días correspondientes a un año); aplicando al resultado el 13%, obteniendo como resultado $30,877.13 (treinta mil ochocientos setenta y siete pesos con trece centavos); monto superior al de veintitrés mil noventa y tres pesos con noventa y un centavos ($23,093.91), obtenido en este fallo. Estos montos además sirvieron de base para el resto de los cálculos empleados en la resolución, pues cada incremento anual lo cuantificó en $5,819.15 (cinco mil ochocientos diecinueve pesos con quince centavos), monto que obtuvo al multiplicar el salario promedio de $650.73, por 365 (los días correspondientes a un año), y a ese resultado aplicó el 2.450%, es decir el porcentaje para el incremento anual previsto en el rango que le correspondió en la tabla prevista en el numeral 167 de la Ley del Seguro Social de 1973. Asimismo, pese a que en el laudo nada se dijo de la cuantificación de un nuevo monto por concepto de asignaciones familiares -figura legal autónoma y distinta a las de las pensiones por cesantía o vejez- la responsable procedió a cuantificar dicho concepto, y añadirlo a la condena, tomando además como base un salario diario promedio superior al límite previsto en el diverso numeral 33 de la ley en comento, rebasando así los puntos de condena en el laudo. Lo anterior se determina con apego a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDAS ASISTENCIALES. SU PAGO ES AUTÓNOMO A LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA), CUANDO SU MONTO SE CALCULE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO (ARTÍCULOS 164, 166 Y 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997). Los artículos 164 y 166 citados prevén que las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederán a los distintos posibles beneficiarios del pensionado, como su esposa o concubina (15% de la cuantía de la pensión); los hijos menores de 16 años (10%); sus padres si dependieran económicamente de él (10%); entre otros, o en su defecto, si el estado físico del pensionado requiera ineludiblemente que lo asista otra persona de manera permanente o continua (hasta del 20% de la pensión). Por su parte, el artículo 168 mencionado establece que la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). En consecuencia, si la pensión a pagar por esos conceptos se determinó con base en la cuantía del salario mínimo, entonces no podrá considerarse que dichas asignaciones se encuentren incluidas en el monto de esa cantidad, pues si bien es cierto que para su procedencia es necesario el otorgamiento de una pensión, también lo es que las asignaciones son autónomas de las pensiones. En estas condiciones, el porcentaje que corresponda por las asignaciones indicadas debe aplicarse sobre el salario mínimo que sirve de base para el pago de la pensión y sumarse a su monto." No se inadvierte que, contrastando con lo anterior, la responsable decretó en favor de la parte quejosa la cantidad de 16.96 incrementos anuales, cantidad menor a la correcta, es decir, de 17, en virtud de que los incisos a) y b) del artículo167 de la Ley del Seguro Social de 1973 no admiten que las fracciones de incrementos se expresen en decimales, toda vez dichos incisos únicamente permiten redondeos en un cincuenta por ciento o en una unidad adicional de incrementos anuales, respectivamente. Sin embargo, el margen de diferencia -de 0.04- es considerablemente menor al que existe entre los montos de salario diario promedio y cuantía básica obtenidos por la Junta y esta Juzgadora en el presente fallo; por lo que de cualquier manera los cálculos empleados por la responsable benefician a la quejosa. En conclusión, pese a que asiste la razón a la parte quejosa, en el sentido de que la Junta responsable se apartó del procedimiento de cálculo de la pensión correspondiente, el acto reclamado benefició a la asegurada, toda vez que: Determinó en su favor un salario diario promedio superior al límite superior previsto en la ley; y, Añadió a su cálculo las asignaciones familiares, pese a no haber sido materia de condena en el laudo, rebasando así su contenino. De modo que, de otorgarse el amparo solicitado para obligar a la responsable a apegarse adecuadamente a los lineamientos de cálculo de la pensión previsto en el marco normativo aplicable, se agravaría la situación jurídica a la quejosa, toda vez que el nuevo cálculo implicaría un monto menor al que fue aprobado en la resolución interlocutoria; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación de la quejosa pese a ser fundados, una vez suplidos en su deficiencia. Como apoyo a lo anterior se citan los siguientes criterios: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL FALLO RECLAMADO Y SE DICTE UNO NUEVO, NO PUEDE AGRAVAR OBJETIVAMENTE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, AL SUPRIMIR ASPECTOS FAVORABLES OBTENIDOS EN AQUÉL. Si el quejoso, con la finalidad de obtener mayores beneficios, promueve amparo directo contra una sentencia definitiva en la cual obtuvo una resolución favorable, y el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio constitucional, concede la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que se deje insubsistente el fallo reclamado y se dicte uno nuevo, la autoridad responsable, al cumplir esa ejecutoria, no podrá agravar objetivamente la situación jurídica del quejoso al suprimir aspectos favorables obtenidos en la primera resolución, en atención al principio non reformatio in peius, conforme al cual no es posible privar a quien intenta un medio de defensa de los beneficios adquiridos en el fallo impugnado." "AMPARO. NO SE DEBE AGRAVAR LA SITUACION DEL QUEJOSO. El Juez constitucional no puede sustituirse al Juez natural para la apreciación de los elementos de convicción que obran en el proceso, para agravar la situación jurídica del quejoso." Por otro lado, en su concepto de violación tercero, la parte quejosa se dedica a explicar el procedimiento de cálculo para obtener el monto de la pensión, circunstancia que se estima fue debidamente abordada con antelación; y en el último párrafo de ese mismo concepto, en esencia refiere que al cálculo correspondiente no debe aplicarse el límite superior previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973. Argumento que es infundado, en virtud de que como se explicó en párrafos que anteceden, la responsable sí cuantificó un monto por concepto de salario diario promedio y cuantía básica por encima del límite superior previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, con lo que benefició a la parte quejosa. Lo cual contrastó con los criterios actuales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, pues ésta consideró que el límite superior debe aplicarse al momento de realizar el cálculo de la cuantía básica. Como puede observarse en la jurisprudencia que dice: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO. El precepto referido establece que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, y en su párrafo segundo, en relación con el seguro de cesantía en edad avanzada, entre otros, el legislador facilitó un esquema tasado en salarios mínimos y fijó el límite superior equivalente a 10 veces el general vigente en el Distrito Federal. Ahora bien, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se excepcionara en esos términos, no releva a la autoridad laboral de respetar dicho límite superior, pues basta con que al oponer sus excepciones y defensas, aquél se ajuste a lo dispuesto en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de manera que si al contestar la demanda controvierte precisamente las fechas o cantidades materia del ajuste pretendido por el actor, respalda sus argumentos con ciertas operaciones aritméticas y acompaña las pruebas que a su juicio son aptas para desvirtuar el reclamo, tal proceder es aceptable y justifica la postura defensiva que le asiste en la relación jurídico procesal y, por ende, con esos elementos, en armonía con el restante caudal probatorio, la autoridad laboral está en condiciones de resolver el contradictorio, con apego al artículo 842 de la citada ley. Además, el tema de fondo está vinculado a un derecho de seguridad social, por lo que no puede variarse la manera en que han de cubrirse las prestaciones descritas en la Ley del Seguro Social, pues su artículo 33 es expreso en cuanto al límite superior, lo que indica que se trata de una disposición de orden público y de observancia obligatoria." Postura que además fue reiterada en la diversa jurisprudencia publicada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AUNQUE EN UNA RESOLUCIÓN PREVIA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR ERROR, NO LA HAYA CONSIDERADO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE TRANSGRESIÓN A DERECHOS ADQUIRIDOS NI AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre si al resolver respecto de la correcta cuantificación de la pensión por cesantía en edad avanzada se aplica el tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, se vulneran o no derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley, dado que en la resolución primigenia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un error, otorgó la pensión sin atender dicha limitante. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que al resolverse sobre la correcta cuantificación de una pensión por cesantía en edad avanzada debe atenderse al tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo hubiere hecho por error, sin que ello implique una violación a los derechos adquiridos y al principio de irretroactividad de la ley. Justificación: Lo anterior es así, porque el monto que se fija como cuota pensionaria, no puede constituir un derecho adquirido para los asegurados, puesto que no implica la introducción de un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio jurídico de una persona, que no pueda afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto; sino que constituye una cantidad que la autoridad fija con base en los parámetros legales y la cual está sujeta a controvertirse en caso de inconformidad. De modo que cuando en la resolución primigenia de otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, el Instituto, por un error, cuantificó el monto de la pensión sin atender al tope máximo de 10 veces el salario mínimo general que regía en el entonces Distrito Federal, previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada, supuesto en el cual válidamente puede realizar el ajuste correspondiente, sin que ello implique la transgresión a derechos adquiridos ni al principio de irretroactividad de la ley." Sin que pase inadvertido que esta última jurisprudencia derivó de la contradicción de tesis 90/2021, en la que contendió el criterio "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. CUANDO SE RECLAMA LA RECTIFICACIÓN DE SU MONTO CORRECTO NO DEBE ATENDERSE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA.", que citó la parte quejosa en el concepto de violación que se estudia, por tanto el criterio en el que sustentó su argumento quedó superado. Por otro lado, en su cuarto concepto, la impetrante sostiene que la Junta debió establecer un importe líquido en la resolución, por concepto de actualización de la pensión a que tiene derecho, sin que se hubiera hecho. Planteamiento que es infundado, toda vez que contrario a lo que indica, específicamente en la foja 273 del tomo de pruebas, la responsable estableció un nuevo monto de pensión mensual por $9,312.83 (nueve mil trescientos doce pesos con ochenta y tres centavos). Cantidad a la que procedió a aplicar la diferencia con la pensión que refirió se le estaba otorgando, ($3,366.23), obteniendo un resultado de $5,946.60 (cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos con sesenta centavos), y además procedió a actualizar dichas cantidades para los años posteriores a partir de dos mil doce. En su último concepto de violación, se duele que en la resolución la responsable se haya referido a la quejosa como Bertha Alicia Bonilla y no por su nombre completo, Bertha Alicia Bonilla Miranda. Empero, la suscrita considera que no lesiona los derechos fundamentales de la quejosa, pues la anterior circunstancia únicamente evidencia un error mecanográfico al no incluir el segundo apellido de la actora, sin que lo anterior implique el desconocimiento de los derechos que obtuvo con motivo de la emisión del laudo y la resolución reclamada. Lo anterior en virtud que la lectura de la resolución no permite llegar a interpretación distinta a que la beneficiaria de su contenido es Bertha Alicia Bonilla Miranda, pues es esta última quien tiene el carácter de actora en el procedimiento de origen, y es la beneficiaria de los puntos de condena establecidos en el laudo, documento donde se asentó correctamente el nombre de la quejosa. Sin que pase por alto que la propia quejosa, por conducto de sus entonces representantes, se ostentó con el nombre de Bertha Alicia Bonilla, es decir, sin su segundo apellido, en su escrito inicial de demanda en el procedimiento de origen (foja 1 del tomo de pruebas). Además, el resultando primero y el considerando tercero de la resolución interlocutoria sí expresan el nombre completo de la quejosa. Circunstancias que evidencian que la omisión de su apellido en algunos segmentos de la resolución reclamada no le ocasiona perjuicio. Lo anterior, aunado a que las autoridades jurisdiccionales han evolucionado su manera de interpretar la norma procesal, en el sentido de que los formalismos excesivos no deben ser antepuestos al derecho humano de tutela judicial efectiva, por lo que por regla general no deben privilegiarse éstos sobre aquéllos, a menos que se observe un menoscabo material y tangible a los derechos fundamentales de los participantes en el procedimiento. Como apoyo se invoca la siguiente jurisprudencia: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas." En consecuencia, dado que no prosperaron los conceptos de violación, incluso suplidos en su deficiencia, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Bertha Alicia Bonilla Miranda, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy nueve de febrero de dos mil veintidós, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 951/2021, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto continuo, la secretaria hace constar que en los presentes autos obra: escrito de la demanda de amparo promovida por Bertha Alicia Bonilla Miranda, auto que la admitió a trámite y emplazamiento de la parte tercera interesada. Asimismo, se hace constar que obra agregado el informe justificado de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y da cuenta con los alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al juzgado. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe y por otorgada la intervención a la Representación Social adscrita. Abierto el periodo probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda y con la que la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: la secretaria hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló alegatos, sin que las demás partes realizara manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente: KATIA OROZCO ALFARO JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO
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