Bernardo Jaimes Flores
Expediente 1206/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bernardo Jaimes Flores
- Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Morelia, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el siete de noviembre del año en curso, dentro del presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.UGA/EICL/cmep
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar al quejoso el proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por las razones a que se hace referencia en la misma. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 26 fracción III, de la Ley de Amparo, inciso a), se ordena que dicho proveído, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, le sean notificados por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto, señale nuevo domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese por medio de lista con efectos de notificación personal el proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa; y cúmplase. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Por este medio se notifica a parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar al quejoso el proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por las razones a que se hace referencia en la misma. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 26 fracción III, de la Ley de Amparo, inciso a), se ordena que dicho proveído, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, le sean notificados por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto, señale nuevo domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese por medio de lista con efectos de notificación personal el proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa; y cúmplase. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe. ------------------------------------------------- Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1206/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por********************en cuanto apoderado jurídico de ********************, se desprende que el acto reclamado lo es la determinación de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente laboral ********************, en la que declaró su incompetencia para substanciar y resolver la solicitud del registro sindical que dio origen al citado expediente, ordenando remitir los autos al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. Lo anterior se considera así, en virtud que para que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, resulta necesario que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepte. Ello implica que no basta la manifestación de la autoridad señalada como responsable, en el sentido de considerar que resulta incompetente, dado que para ello se requiere que la diversa autoridad a favor de la cual se declina la competencia coincida con el criterio y por ende se avoque al conocimiento del asunto asumiendo la jurisdicción planteada, dado que en caso contrario y no compartir el criterio, el asunto regresaría a la autoridad de origen y por consecuencia no existiría vulneración de los derechos de la parte quejosa. Tiene aplicación la jurisprudencia 17/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Agosto 2015, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Del criterio invocado se advierte que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo no debe ser interpretado de manera literal, sino que debe realizarse una interpretación sistemática en razón de las fases procesales que implica la declaración de incompetencia, y que en ese procedimiento se requiere por un lado la declinación de competencia y por otro que se asuma jurisdicción y avoque el conocimiento por parte de la autoridad a la cual se señala como competente. Es decir, es necesario que se complemente la fase procedimental para que el acto pudiera tener una afectación real y actual de la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que es dable concluir que el acto a reclamar en los casos de la fracción invocada es aquel mediante el cual la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (competencia por declinatoria) o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), y no antes como sucede en la especie. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, en aquellos casos en los que la competencia haya sido aceptada, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; por tanto y toda vez que como se advierte de la demanda de amparo y los anexos, el acto reclamado lo es la determinación de incompetencia decretada dentro del expediente de origen, por lo que no nos encontramos ante un acto contra el que proceda el juicio de amparo indirecto. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, en razón de que no acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1206/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por********************en cuanto apoderado jurídico de ********************, se desprende que el acto reclamado lo es la determinación de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente laboral ********************, en la que declaró su incompetencia para substanciar y resolver la solicitud del registro sindical que dio origen al citado expediente, ordenando remitir los autos al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. Lo anterior se considera así, en virtud que para que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, resulta necesario que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepte. Ello implica que no basta la manifestación de la autoridad señalada como responsable, en el sentido de considerar que resulta incompetente, dado que para ello se requiere que la diversa autoridad a favor de la cual se declina la competencia coincida con el criterio y por ende se avoque al conocimiento del asunto asumiendo la jurisdicción planteada, dado que en caso contrario y no compartir el criterio, el asunto regresaría a la autoridad de origen y por consecuencia no existiría vulneración de los derechos de la parte quejosa. Tiene aplicación la jurisprudencia 17/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Agosto 2015, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Del criterio invocado se advierte que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo no debe ser interpretado de manera literal, sino que debe realizarse una interpretación sistemática en razón de las fases procesales que implica la declaración de incompetencia, y que en ese procedimiento se requiere por un lado la declinación de competencia y por otro que se asuma jurisdicción y avoque el conocimiento por parte de la autoridad a la cual se señala como competente. Es decir, es necesario que se complemente la fase procedimental para que el acto pudiera tener una afectación real y actual de la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que es dable concluir que el acto a reclamar en los casos de la fracción invocada es aquel mediante el cual la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (competencia por declinatoria) o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), y no antes como sucede en la especie. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, en aquellos casos en los que la competencia haya sido aceptada, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; por tanto y toda vez que como se advierte de la demanda de amparo y los anexos, el acto reclamado lo es la determinación de incompetencia decretada dentro del expediente de origen, por lo que no nos encontramos ante un acto contra el que proceda el juicio de amparo indirecto. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, en razón de que no acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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