Bernardo Rodríguez Mendieta
Expediente 143/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Bernardo Rodríguez Mendieta
Actuaciones
- Principal
... se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este expediente como concluido...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve demanda de amparo contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 143/2018 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1 y 6 de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA De los artículos indicados, se advierte que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos que resulte de la Ley de Amparo y que puede promoverse contra leyes o actos emitidos por la autoridad que violen los derechos fundamentales, siempre y cuando la parte que solicite el amparo resulte perjudicada con el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de derechos. De ahí que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de que el quejoso es titular del derecho que dice le están violentando, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes. Asimismo de la interpretación sistemática de los artículos 127 y 128 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, es posible advertir que la obligación de los Magistrados, Jueces o Secretarios de excusarse del conocimiento de un asunto no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; en ese sentido el orden jurídico únicamente otorga al particular una mera facultad de solicitar a un juzgador que en su caso se excuse para conocer de un asunto, por existir alguna causa de impedimento. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil ** del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual se determinó que no procedía a calificar de legal la excusa planteada por el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, relativa al expediente 141/2016 en el cual la parte quejosa es demandada. CONCLUSIÓN Por lo tanto, el amparo que promueve la parte quejosa es improcedente, debido a que en el caso el acto reclamado es la resolución que determinó que no procedía a calificar de legal la excusa planteada por el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, debido a que se trata de un procedimiento con naturaleza propia, a través del cual no se genera derecho alguno a favor de los promoventes. Asimismo, la excusa planteada por el servidor público no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que el orden jurídico objetivo otorgue al particular la facultad de solicitar a un juzgador que se excuse para conocer de un asunto, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Por lo tanto, el promovente carece de legitimación para promover el juicio de amparo en contra de la resolución emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Novena Época Registro: 176129 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 1/2006 Página: 1120 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. Época: Décima Época Registro: 2010369 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.II.A. J/2 A (10a.) Página: 2357 QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia. Máxime que el acto reclamado no se considera una violación de imposible reparación debido a que el artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo establece como violación procesal que se estudia en amparo directo cuando se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 224,883 Tesis aislada Materia(s): Civil, Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990 Tesis: Página: 439 ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento. Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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