Bernardo Rodríguez Mendieta

Expediente 873/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
873/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Bernardo Rodríguez Mendieta

Actuaciones

  1. Principal

    El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad devuelve el juicio de amparo 873/2017 del índice de este juzgado de Distrito y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el expediente 187/2017 de la que se advierte que se declaró infundada la queja interpuesta en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo; acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de Amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    En atención al contenido del escrito signado por la parte quejosa con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 párrafo primero y 101 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 27 a 29), dictado en este juicio de amparo, por lo tanto, remítase el original del escrito que contiene la expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de defensa; asimismo, se anexa la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal que por razón de turno corresponda conocer del asunto; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias. Con fundamento en el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente al Tribunal relativo en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO; asimismo, no ha lugar a requerir a las partes para que indiquen las constancias necesarias para la integración del testimonio correspondiente, debido a que: 1) El auto que se combate por el recurso de queja es el desechamiento de la demanda y 2) Se envían los autos originales de este juicio de amparo; por tal motivo, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE,EL ACUERDO QUE DICE: Bernardo Rodríguez Mendieta y otro promueven demanda de amparo contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 873/2017 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano la demanda de amparo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma ley. El artículo 107, fracción V, establece que el juicio de amparo indirecto procederá en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. La interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, únicamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta en grado predominante o superior algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecten de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales, aun cuando no obtenga una sentencia favorable, tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 1203/2017 del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil diecisiete emitida en el incidente de falsedad de documentos y la nulidad de firmas promovido en el juicio ordinario civil 2494/2015/VIII, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Cabe destacar que de los antecedentes del acto reclamado se observa que el procedimiento ordinario civil se encuentra en trámite. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y característica procesal, no constituye un acto de imposible reparación, pues no implica que el aquí quejoso vaya a obtener una resolución desfavorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, porque los tribunales de justicia tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuran o no sus elementos y de causarle algún perjuicio, éste se manifestará hasta que la autoridad señalada como responsable, emita la resolución correspondiente. Máxime que el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo prevé que la resolución que deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, es una violación procesal que puede combatirse al atacar la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 224,883 Tesis aislada Materia s:Civil, Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte 2, Julio a Diciembre de 1990 Tesis: Página: 439 ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS. La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento. Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Vargas Ortega y Flor de Dalia Martínez Molina debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y se autoriza únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos al profesionista restante debido a que no cuenta con cédula profesional registrada en ese sistema. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Como lo solicita la parte promovente con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, desglósense y devuélvansele la documental a que hace referencia; asimismo, déjese en su lugar la certificación correspondiente. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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