Bernardo Rafael Castillo Medina

Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
993/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Bernardo Rafael Castillo Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de septiembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente del presidente y actuario adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual dan cumplimiento a lo requerido en auto de veinticuatro de julio del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las documentales que anexa a su oficio, la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Al respecto, es aplicable en lo que interesa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 1081, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Sobreseimiento fuera de audiencia por cesación de efectos. Del análisis del informe justificado que rinden el presidente y actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora; así como, de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: De la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora: Los acuerdos de veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictados dentro del Juicio laboral 2207/2016 JE1, en los que señaló hora y fechas para el desahogo de diversas probanzas ofrecidas por las partes; a saber: Las nueve horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora; Las nueve horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba testimonial número 1, ofrecida por la parte demandada; y, Las nueve horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba testimonial número 2, ofertada por la parte demandada. Del actuario notificador adscrito a la Junta responsable: La omisión de notificar a los testigos propuestos por la demandada. Luego, el presidente de la junta responsable, así como el actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado, negaron los actos que se les atribuye, sin embargo, aducen haber regularizado el procedimiento, pues menciona que por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, señaló dentro de los términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, nuevas horas y fechas para llevar a cabo el desahogo de las diversas probanzas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen 2207/2016 JE1. Asimismo, comisionó al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la notificación correspondiente. Se hace la acotación, que si bien, el auto fue impreso con fecha anterior -cinco de junio de dos mil veintitrés-; lo cierto es, que este se dictó el cinco de julio del año que transcurre, pues del mismo se advierte que fue publicado en lista de acuerdos el seis de julio de dos mil veintitrés. Posteriormente, en cumplimiento a ello, el actuario adscrito a la Junta responsable, mediante notificación personal de seis y siete de julio del año en curso, notificó a las partes actora y demandada, el contenido del proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés; y, mediante diversas razones actuariales, hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo la notificación de diversos testigos, al resultar inciertos los domicilios de los atestes. Posteriormente, mediante proveído de ocho de agosto del año en curso, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación correspondiente a los testigos ofrecidos por la parte demandada, se le impuso a ésta la carga procesal de presentar a dichos atestes, apercibido que de no hacerlo se le tendría por desierta dicha probanza. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba, por una parte en la fecha lejana para el desahogo de las pruebas testimoniales; y por otra, la omisión de realizar las gestiones necesarias para notificar a las partes y testigos señalados por los oferentes de la prueba testimonial, dicha afectación, quedo superada, con el citado auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen; así como de las diversas gestiones realizadas por el actuario adscrito a la Junta responsable; y, por el auto de ocho de agosto del año que transcurre, en el que le impone la carga a la parte demandada de presentar a sus atestes, al resultar inciertos los domicilios; resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de las responsables volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Por consiguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por el acto que a este apartado refiere. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada a las diez horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.********************1. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado, suscrito por el presidente y titular y, actuaria adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. ********************Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta en su informe; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. ********************Requerimiento de constancias. Ahora, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables señaladas en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado la situación jurídica que guardan las razones actuariales de diez de julio de dos mil veintitrés; asimismo, se requiere para efecto de que remita las notificaciones realizadas a los testigos de nombre:********************José Manuel Valenzuela Dessens.********************Diana María Bustamante Coronado.********************Gabriel Noé Badachí Maríñez.********************Además, acompañe las constancias respectivas derivadas de la misma, toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. ********************Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización.******************** Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: ********************"PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". ********************2. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.********************3. Escrito. Agréguese a los autos sin mayor determinación el escrito suscrito por la parte quejosa, mediante el cual solicita el diferimiento de la audiencia constitucional, toda vez que en párrafos anteriores se proveyó lo conducente.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.********************MI

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de junio de dos mil veintitrés. I. Estado procesal. De la certificación que antecede y estado de los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante sentencia de once de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran lo siguiente: "a) Se deje insubsistente el procedimiento administrativo SON-O-0017-24-09-15, en el cual se emitió la resolución contenida en el oficio BOO.803.02.7.-0401 y, se autorizó la transmisión de derechos total y definitiva y prórroga del título de concesión 02SON100876/09APOC07, a favor de la sociedad "Desarrollos La Jolla", sociedad anónima de capital variable; b) Como consecuencia de lo anterior, se cancele el registro del título de concesión 02SON100876/09AMDA16, otorgado a la sociedad "Desarrollos La Jolla", sociedad anónima de capital variable; c) Se otorgue a Felipe Silvestre Elizalde la garantía de audiencia en lo que atañe al procedimiento administrativo SON-O- 0017-24-09- 15, en el cual se solicitó la autorización de la transmisión de derechos total y definitiva y prórroga del título de concesión 02SON100876/09APOC07, a favor de la sociedad "Desarrollos La Jolla", sociedad anónima de capital variable ; y, d) Una vez que se dé cumplimiento a lo anterior, emita una determinación con plenitud de jurisdicción conforme a sus atribuciones, lo que deberá acreditar con las constancias relativas." Posteriormente, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y en consecuencia, se requirió a las responsables por el cumplimiento del fallo constitucional. III. Cumplimiento de ejecutoria. Previos requerimientos, en oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diez de abril de dos mil veintitrés, el gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica, en representación de la gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Ciudad de México, remitió constancias de las que se advierte, en lo medular, que las responsables realizaron las siguientes acciones: Se declaró extinto el título de concesión 02SON100876/09AMDA16, otorgado a la sociedad "Desarrollos La Jolla", sociedad anónima de capital variable, en cumplimiento a lo ordenado mediante resolución de oficio B00.80302.7-027, dictada en veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por la directora de Administración de Agua del Organismo Cuenca Noroeste. El veinticinco de enero del presente año, se inscribió en el Libro Electrónico de la Comisión Nacional del Agua LUCD01, en el registro 35529, así como en la correspondiente hoja de registro 1, la inmatriculación del título 851941 a favor de Felipe Silvestre Elizalde y Juan Silvestre Elizalde. En relación con el cumplimiento de la ejecutoria, mediante acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a los quejosos para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. IV. Calificativo de cumplimiento de ejecutoria. Por las consideraciones vertidas, se considera que la sentencia de amparo ha sido cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. V. Capturas. En esa virtud, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , archívese este asunto como concluido, consérvese íntegramente el expediente; asimismo, transfiérase el mismo una vez que se cumplan tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte que el expediente. VIII. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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