Berenice Viramontes Luna
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Berenice Viramontes Luna
- Ivaniha Yoselin Prado Fontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Integración de oficio. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que remite el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, y en atención a lo solicitado, se ordena remitir a la brevedad, el escrito de demanda original registrado por este juzgado mediante folio 2564, por tanto se ordena su desglose previa copia certificada que se deje en autos para constancia. Notifíquese por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, negó el amparo solicitado y donde este juzgado se declaró incompetente para resolver en relación con uno de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Remitir por incompetencia. Toda vez que en la sentencia constitucional, este juzgado se declaró incompetente para resolver el presente juicio de amparo en relación con uno de los actos reclamados y en virtud de que ésta se encuentra firme, se ordena escindir el escrito de demanda y remitir las constancias necesarias para que el órgano plenario competente determine lo conducente. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables y a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado rendido por la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación; así como la instrumental y presuncional anunciadas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 210/2022 PC-I-C; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado, Berenice Viramontes Luna, solicitó la protección constitucional, contra los actos reclamados a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, con residencia en ciudad. Radicación y admisión. El doce de mayo de la anualidad que transcurre, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le corresponde y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Estudio de la competencia de los actos reclamados. Incompetencia. Este juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer en relación con un de los actos señalado en la demanda de amparo, consistente en un auto que pone fin al juicio de origen, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: En efecto, en el particular Berenice Viramontes Luna, promueve demanda de amparo, contra el acto reclamado a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, de quien reclama el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2469/2021, en el que la autoridad responsable tuvo por exhibido el convenio de transacción judicial celebrado por las partes y lo elevó a categoría de cosa juzgada, determinación que puso fin a la mencionada contienda mercantil. De lo anterior, se colige que el acto reclamado se hace consistir en una resolución que pone fin al proceso de origen, resultando competente el Tribunal Colegiado correspondiente, para conocer de la resolución impugnada. En efecto, los invocados preceptos 170, fracción I de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. (.)" De la transcripción del artículo anterior, en la parte que interesa, se advierte que en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio procede el amparo directo; asimismo, se entiende por sentencias definitivas o laudos aquéllas que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que le pongan fin, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía al caso, la jurisprudencia 2a./J.87/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." (No. de Registro: 194715, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página: 56). Así como las diversas tesis I.1o.C.58 C y XIX.2o.34 L que son del tenor literal siguiente: "CONVENIO. EL AUTO QUE LO APRUEBA Y DA POR CONCLUIDO EL JUICIO ELEVANDOLO A LA CATEGORIA DE COSA JUZGADA, ES ANALIZABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto en que se aprueba un convenio celebrado entre las partes y establece la obligación a su cargo de estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de sentencia ejecutoriada, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, sin decidir el juicio en lo principal, pero que sin embargo lo da por concluido, no admite más recurso que el de responsabilidad, por lo que en su contra es procedente el amparo directo en términos de los artículos 44 y 46, último párrafo, en relación con el 158, todos de la Ley de Amparo." (No. de Registro: 213439, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, página: 296). "AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CASO EN QUE PROCEDE, POR RECLAMARSE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y NO UN LAUDO (ARTÍCULOS 46 Y 158 DE LA LEY DE AMPARO). Tratándose de un auto dictado por la Junta laboral, que eleva a la categoría de laudo consentido y ejecutoriado un convenio de esa materia, ordenándose el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, es claro que dicha resolución, aun cuando no resuelve el fondo del negocio, sí pone fin al juicio; por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 46, párrafo final y 158 de la Ley de Amparo." (No. de Registro: 188444, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página: 488). Conclusión de incompetencia. En consecuencia, respecto del acto en estudio, se declara que en el caso concreto este juzgado de Distrito carece de competencia, sin que sea procedente en el presente apartado ordenar escindir y remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, en turno, hasta en tanto, se realice el estudio de los diversos actos reclamados a fin de determinar con posterioridad a ello, si se surte el supuesto de competencia escalonada. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio respecto de los diversos actos reclamados al abordado en el párrafo que antecede, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, incisos b) y c), de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos cuya ejecución tienen lugar dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, los siguientes: La determinación de tres de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 2469/2021del índice de la autoridad responsable. La notificación del auto de cuatro de febrero del año que transcurre, efectuada a la parte demandada de juicio ejecutivo mercantil 2469/2021 -aquí quejosa-. La falta o ilegal emplazamiento de Berenice Viramontes Luna al juicio de origen. Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, por así haberlo declarado al rendir su informe justificado, sin que obste el hecho de que la la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo hubiese realizado tal afirmación sin particularizar cada uno de los actos reclamados, pues refiere sostener la legalidad de cada una de las actuaciones que obran en el juicio de origen, lo que permite concluir que alude a la totalidad de los actos por esta vía combatidos; máxime que la certeza de los mismos se corrobora con las constancias que remitió, de las cuales se advierten los actos impugnados. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causas de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En la especie, respecto del acto precisado bajo inciso b) -notificación del auto de cuatro de febrero del año que transcurre- se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra el acto que se combate existe un medio de defensa ordinario que debió agotar la parte quejosa previo a la promoción del juicio constitucional. A fin de sustentar la afirmación anterior, es oportuno destacar el contenido del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Del precepto legal transcrito se advierte en lo que aquí interesa que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama éste debe ser agotado sin distinción alguna, previo al juicio de amparo. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. Efectivamente, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de un Tribunal Judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Ahora bien, de lo anterior se advierte que contra el acto reclamado en estudio, existe un medio de defensa que debió agotar la parte quejosa previo a la promoción del presente sumario, el cual consiste en el incidente de nulidad previsto por el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de lo anterior, es de indicarse que si bien este último ordenamiento legal no regula la institución de la nulidad ya referida, por lo que se considera aplicable la figura de nulidad prevista en el invocado código adjetivo civil en mención que al efecto establece: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Del anterior numeral inserto, se infiere la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones con motivo de que se hayan incumplido alguna de las formalidades esenciales respecto de las notificaciones correspondientes al procedimiento y que por ende, se deje sin defensa a la parte interesada De suerte tal que resulta inconcuso que al no haberse promovido el medio ordinario de referencia el impetrante de garantías no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para apoyar las anteriores aseveraciones, se invoca, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 447, localizable en las páginas 297 y 298, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los Tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así mismo, cobra aplicación al caso en concreto, la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 307, Tomo XIII, correspondiente al mes de febrero, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." De igual manera sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia1a./J. 68/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Página 1047, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad". En virtud de lo anterior, se colige que el referido incidente tiene incluso, el alcance de examinar la forma en la que la notificación cuestionada fue ordenada por el juez responsable. En ese sentido, si la parte quejosa, previo a acudir a esta instancia constitucional, no promovió el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, contra el acto precisado en el inciso b), es indudable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que el incidente de nulidad procede contra notificaciones que no se hubieren practicado en la forma establecida por la propia ley, pues al reclamarse en el juicio de origen notificaciones irregulares o su omisión, es claro que resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser la legislación que regula el procedimiento, de manera supletoria en atención al acto impugnado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia aludida. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, registro 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el acto reclamado; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante aclarar, que no es impedimento para arribar a la conclusión que se expone, el hecho de que la parte quejosa reclame como acto diverso, la falta o ilegal emplazamiento y por ende, se ostente como tercero extraño por equiparación, ya que dicho acto será analizado en los apartados subsecuentes, y en caso de concederse la protección constitucional, dejaría sin efectos el presente acto, por tanto no es dable considerar actualizada la hipótesis de excepción al principio de definitividad contenida en el inciso c) de la fracción y numeral citados en el párrafo que antecede. Se precisa que a causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones vertidas para controvertir el acto reclamado a la autoridad responsable, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no alguna causa de improcedencia planteada, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las jurisprudencias, sin número y 2a./J. 54/98, ambas emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.". En ese orden e ideas, es menester destacar que lo determinado, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se hayan dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción y a la judicial, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene en su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable", ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga en su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por otro lado, en virtud de que ninguna parte hizo valer diversa causa de sobreseimiento o improcedencia, y este juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna otra de las previstas en el numeral 61 y 63 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." (No. de Registro: 205800, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1991, Tomo VII, página: 60). Conceptos de violación y estudio de la litis Constitucional Previo a entrar al estudio jurídico, conviene precisar que en relación con el acto reclamado precisado en el incisos a del apartado III, en el presente asunto se resolverá conforme a estricto derecho, ya que a consideración del que suscribe no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el numeral 79 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación con el diverso acto acotado en el inciso c), su estudio se abordará desde la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, por reclamarse el emplazamiento en el juicio de origen, conforme a la jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". (No. de Registro: 190656, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Tomo XII, página: 22). Asentado lo anterior, se procede a estudiar la litis constitucional planteada. Ahora si bien no se transcriben los conceptos de violación, se tienen por insertos en aras de economía procesal, toda vez que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (No. de Registro: 164618, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, página: 830). En sus conceptos de violación dirigidos a controvertir el acto reclamado a), consistente en el auto de exequendo de tres de enero de dos mil veintidós dictado por la juez responsable en el juicio mercantil de origen, la quejosa Berenice Viramontes Luna se limita a esgrimir de manera dogmática que el auto de radicación no se encuentra ajustado a derecho porque el documento fundatorio de la acción -cambiaria directa- ejercida en la procedimiento comercial de origen, no cumple con los requisitos previstos por el ordinal 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dicho motivo de disenso es inoperante, al ser analizado bajo el principio de estricto derecho. En efecto, es menester aclarar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de Distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. En ese sentido la impetrante es omisa en combatir directamente la actuación de la juez responsables, derivadas del controvertido de origen, donde con motivo de la presentación de la demanda en contra de la solicitante de amparo, en la vía de privilegio, se admitió la demanda promovida en su contra y se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que fuera requerida del pago y en su defecto se les embargaran bienes de su propiedad. De ahí que, omite exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la juez responsable para actuar en el sentido en que lo hizo, a razón de que el concepto de violación carece de una exposición razonada del porqué el auto reclamado es inconstitucional, ya que prescinde de señalar los motivos por los que lo considera de tal manera, limitándose a citar diversas tesis y ejecutorias. Como se dijo, si bien no es menester que la expresión del concepto de violación se realice con determinada formalidad o solemnidad, sí resulta indispensable que se expresen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, señalándose con claridad cuál es la lesión o agravio que estima le causa las determinaciones impugnadas, así como los motivos que lo originan, para que éstos puedan ser analizados en la sentencia. Por consiguiente, las consideraciones expuestas por la quejosa no van dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad del acto precisado en el considerativo III, incisos a), del presente fallo. Resultan aplicables por analogía las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Así como la jurisprudencia XXI.1o. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994, página 75, Octava Época, materia Civil, con registro 210339, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, el concepto de violación debe consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, o porque se aplicó sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al caso." Consecuentemente, ante lo inoperante del concepto de violación reseñado y al no estar en alguna de las hipótesis en la que la queja deficiente deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Berenice Viramontes Luna respecto del acto precisado bajo inciso a). Sin que al respecto, sea factible emitir pronunciamiento alguno en torno a la aplicabilidad al caso concreto de las diversas tesis citadas por la parte quejosa, en virtud del impedimento técnico que acaeció respecto del análisis del citado acto. Al respecto es importante invocar la tesis VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), que taxativamente refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." (No. de Registro: 160604, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2011, Tomo 5, página: 3552). Por otro lado, en relación con el acto c), consistente en la falta o ilegal emplazamiento, la quejosa argumenta substancialmente que se vulneró su derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 Constitucional, en virtud que no fue emplazada a los autos del juicio ejecutivo mercantil 2469/2021 del índice de la juez responsable, pues no obstante que obra en autos un convenio de transacción judicial que se elevó a categoría de cosa juzgada, refiere que la firma plasmada en él, no fue plasmada de su puño y letra. Dichos motivos de disenso son infundados. Se explica. Previo al estudio del presente asunto, es menester tener presente que dentro de las violaciones procesales, la relativa al llamamiento al juicio constituye la de mayor grado, en virtud de que es el primer acto por medio del cual el demandado en el juicio conocerá las prestaciones que se le reclaman, por lo que el realizado de manera contraria a las disposiciones civiles procesales, significa la violación procesal de mayor magnitud, ya que imposibilita jurídica y materialmente al demandado para contestar el escrito de demanda y oponer las excepciones y defensas a su alcance, además de que se le coarta el derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones, así como contradecir las pruebas rendidas por la parte actora, además de otros actos dentro del proceso, como son el formular alegatos y el derecho a enterarse de manera oportuna de la sentencia que recaiga al juicio. Ahora bien, en sus motivos de disenso, el quejoso aduce esencialmente que se vulneró su derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 Constitucional, en virtud de que no fue emplazada. En efecto, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14.- (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". En el precepto en cita se establece el derecho fundamental de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. El debido respeto al derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que debe satisfacer el proceso para otorgar al posible afectado, por el acto privativo, la oportunidad de la defensa de sus derechos. Así, de no cumplirse esas condiciones fundamentales se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia, que no es otro que el de evitar la indefensión del afectado con el acto de autoridad. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el respeto al derecho de audiencia, implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que garanticen una oportuna y adecuada defensa preliminar al acto de privación, misma que consiste en la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias, a fin de que el particular que se pudiera ver afectado, esté en posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas que a su derecho correspondan, a lo que deberá sobrevenir el dictado de una resolución que resuelva la cuestión controvertida. Lo anterior, se desprende del contenido de la jurisprudencia P./J. 47/95, cuyo rubro y texto son del tenor literal: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." (No. de Registro: 200234, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1995, Tomo II, página: 133). Ahora, sobre el derecho de audiencia previa consagrado en el artículo 14 Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en reiteradas ocasiones su contenido y alcance. Sustancialmente ha sostenido que para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, pues no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Determinó que en efecto existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva; y que respecto de estos actos no rige el derecho de previa audiencia. Entonces, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute como acto de privación, en los términos del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. De esta forma, concluyó el Máximo Tribunal, que el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo, exige el respeto a la garantía de audiencia previa, cuando se trate de actos que en definitiva priven de sus bienes o derechos; en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos, que sólo los restrinjan provisionalmente, estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución (debida fundamentación y motivación). Dicho criterio se encuentra plasmado en la tesis jurisprudencial P./J. 40/96, que textualmente dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." (No. de Registro: 200080, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1996, Tomo IV, página: 5). Ahora, resulta pertinente destacar que el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, es un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 2469/2021 del índice de la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, con sede en esta ciudad; en ese tenor, debe precisarse que el emplazamiento cuya ilegalidad reclama la parte quejosa al emanar de un juicio ejecutivo mercantil, se rige conforme al Código de Comercio vigente, luego, en el artículo 1392 del Código de Comercio establece que, presentada la demanda ejecutiva mercantil, se dictará un auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se procederá al embargo de acuerdo a las reglas previstas en ese numeral y los cánones 1393, 1394, 1395 y 1396 de dicho cuerpo normativo. Ahora, es importante destacar, que si bien es cierto, en el juicio de origen, no obra emplazamiento formal realizado a la parte demandada -aquí quejosa-, también es cierto, que como lo afirmó la impetrante, de las constancias allegadas al sumario respecto del expediente natural, se advierte la existencia de un convenio de transacción judicial, celebrado entre Pánfilo López Pérez y Berenice Viramontes Luna-aquí quejosa-, el primero en su carácter de endosatario en procuración de Ivanhina Yoselin Prado Fontes -aquí tercera interesada- y la segunda en su calidad de deudora, instrumento contractual que cuenta con ratificación de firmas ante el titular de la Notaria Pública ciento uno, con ejercicio y residencia en esta ciudad, efectuado el diecisiete de enero de dos mil veintidós. Lo que se estima, es en un medio para que la solicitante de amparo, razonablemente hubiese podido tener conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado ante el cual se ventila y el nombre de quien le demanda, lo que le permitiría preparar actos que a su interés convinieren a través de los medios y recursos ordinarios, acto que en todo caso será materia de escrutinio constitucional en este apartado. En ese contexto, a fin de realizar el análisis respectivo, es conveniente citar del referido concierto de voluntades, en lo que interesa lo siguiente: "EXPEDIENTE NO 2469/2021 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL IVANIHA YOSELIN PRADO FONTES VS. BERENICE VIRAMONTE LUNA C. JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL P R E S E N T E.- PANFILO LOPEZ PEREZ(sic) con el carácter de parte actora y BERENICE VIRAMONTES LUNA señalando en términos del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora el correo electrónico NICE.LUNA.DDA@GMAIL.COM en el cual deberán hacerse las notificaciones durante la vigencia de la contingencia sanitaria, personalidad que tenemos debidamente acreditada y reconocida en autos del expediente cuyo número al rubro se indica, ante Usted con el debido respeto comparecemos para exponer: Que mediante el presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1051, 1052 y 1053 del Código de Comercio, venimos a celebrar ante su señoría CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL para dar por terminada la controversia judicial que se ventila en el juicio que nos ocupa, solicitando su aprobación, declarando en su oportunidad que el presente convenio se eleve a calidad de sentencia ejecutoriada, mismo que se regirá al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: (.) C L A U S U L A S(sic): (.) TERCERA.- Declara BERENICE VIRAMONTES LUNA, que es la persona demandada y mediante el presente convenio se da por emplazada en el juicio ejecutivo mercantil tramitado ante este juzgado de lo mercantil bajo el número de expediente que al rubro se indica, manifestando que recibe copias de traslado de la demanda principal, auto de radicación en forma de cedula(sic), copia del documento base de la acción consistente en un pagare(sic) con su respectivo endoso y copia del presente convenio; manifestando además que reconoce el adeudo por el que fue demandado." De lo anterior, se advierte que dicha cláusula, Berenice Viramontes Luna declaró ser la persona demandada en el juicio ejecutivo mercantil 2469/2021 del índice de la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, asimismo que se ostentó como sabedora de dicho procedimiento al haber recibido las copias de traslado consistentes en demanda principal, cédula con transcripción del auto de radicación, copia del documento fundatorio de la acción -pagaré- con sus endosos y del aludido convenio de transacción judicial. De dicha documental se colige que la quejosa no cuenta con el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio de origen pues genera convicción de que la solicitante del amparo tuvo conocimiento de la existencia del juicio mercantil de origen desde el diecisiete de enero pasado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa en su escrito de demanda manifestó que no había suscrito el multicitado convenio, sin embargo, al haberse ratificado las firmas que lo calzan ante la fe del notario ciento uno con ejercicio y residencia en esta ciudad, en inconcuso que existe una presunción legal de que la firma que calza el referido convenio de transacción judicial, es de la quejosa, tal como lo asentó el referido fedatario. A fin de sustentar lo anterior es conveniente citar los siguientes numerales de la Ley del Notariado del Estado de Sonora: "ARTICULO 1o.- La función notarial es de orden público, en el Estado de Sonora; su ejercicio corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, quien por delegación la encomienda a profesionales del derecho, en virtud de la patente de notario que para tal efecto les otorga. (.) ARTICULO 5o.- El notario es un licenciado en derecho investido de fe pública, autorizado para autenticar conforme a la ley, los actos y los hechos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad; es el encargado de recibir, interpretar y dar forma legal o voluntaria a los actos jurídicos, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad. ARTICULO 6o.- El notario en el ejercicio de su función, asesorará jurídicamente a los comparecientes, les aconsejará los medios jurídicos más adecuados para el logro de sus fines lícitos, preparará los documentos necesarios para el otorgamiento, redactará el instrumento y les explicará el valor y las consecuencias legales de los actos y hechos que se otorguen o sucedan ante su fe; tomará las firmas ante él mismo, reproducirá y conservará el instrumento original. ARTICULO 7o.- Como titular de la función de autenticación, el notario, a solicitud de parte interesada, hace constar bajo su fe, la veracidad de lo que ve, oye o percibe por sus sentidos y la certeza y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento redactado por él. (.) ARTICULO 67.- Cuando se trate de reconocimiento de firmas o de firmar un documento ante notario, éste hará constar que ante él se reconocieron, o en su caso, se pusieron las firmas y que se aseguró de la identidad de la persona que las puso. En el caso de reconocimiento de firmas de personas que representen a otra, el notario hará constar, en su caso, que se aseguró de la legal constitución de la persona moral de que se trate y de las facultades de representación suficientes para el acto en que se firma. (.) ARTICULO 77.- Las escrituras, actas y sus testimonios, probarán que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura, que se hicieron las declaraciones o se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y, que éste observó las formalidades legales correspondientes, mientras no fuere declarada su falsedad por sentencia ejecutoria dictada por el juez competente." De la porción normativa trasunta se obtiene que: El notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe. El notario cuenta con la facultad legal para que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas o escrituras públicas que redacte. La función encomendada deberá ejercerla de manera personal. Los actos, declaraciones o hechos de los que haya dado fe el notario se tendrán por probados, salvo que exista declaración de falsedad en su contra. De lo anterior se colige que el ejercicio de la fe notarial redunda en la actividad externada por el notario mediante la cual otorga autenticidad a las declaraciones y manifestaciones de la voluntad que son emitidas ante él y da plena fe de los hechos que percibe en el ejercicio de su función. En esa tónica, en el caso en concreto, es inconcuso que la ratificación de firmas del convenio de transacción judicial celebrado entre las partes del juicio mercantil ejecutivo 2469/2021 genera certeza y convicción de quién resuelve, que fue voluntad de los contrayentes su celebración, asimismo que las firmas que lo calzan fueron plasmadas del puño y letra de los participantes, pues no existe prueba en contrario que lo desvirtúe. En efecto, la quejosa no aportó pruebas que sustentaran lo afirmado en su escrito de demanda, en el sentido de que no fue su voluntad celebrar el convenio de transacción judicial, pues la firma que aparece en él como suya, no proviene de su puño y letra. En ese sentido es importante señalar que en el asunto en estudio, en virtud de que la parte quejosa se ostenta como tercer extraña al juicio de origen, no encuentra la limitación probatoria contenida en el artículo 75 de la Ley de Amparo que en lo que interesa dice: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. (.)" Dicho arábigo establece en su primer párrafo que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad. Por otro lado, su segundo párrafo precisa que, no obstante lo dispuesto en el primero, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En efecto, el primer párrafo de dicho numeral contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a las partes involucradas en el acto de autoridad al exigir que en el amparo, el acto sea apreciado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no es posible admitir ni se tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante ella. Asimismo, dicha regla cuenta con una excepción, misma que se encuentra contenida en su segundo párrafo, ya que permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad opera, cuando el gobernado no haya tenido ocasión para ofrecerla ante la responsable, lo que en el caso concreto acontece, al haberse ostentado la quejosa como ajena al procedimiento del que dimana el acto reclamado examinado. Dichas consideraciones fueron sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 415/2015, y plasmadas en la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), la cual dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." (No. de Registro: 2013966, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página: 1396). En ese contexto, la solicitante de amparo, al no proporcionar medio de convicción alguno que sustentara lo afirmado en su escrito de demanda, y por ende, desvirtuara la presunción legal que la Ley del Notariado del Estado de Sonora le otorga a las actuaciones de los fedatarios públicos, no permite arribar a conclusión diversa a la ya señalada; pues se insiste, debió atender dicha carga procesal, pues este juzgador se encuentra imposibilitado para recabar oficiosamente las pruebas que no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable, conforme lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 75 de la legislación en cita, máxime que el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo. Por tanto ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse en relación con la falta de emplazamiento, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal. Competencia escalonada Como se precisó en el estudio de la competencia plasmado en el apartado II de la presente resolución, se tuvo como acto reclamado destacado, el auto de tres de febrero de dos mil veintidós dictado por la juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, dentro del juicio ejecutivo mercantil 2469/2021. En el que se elevó a categoría de cosa juzgada el convenio de transacción judicial celebrado por las partes -aquí quejosa y tercera interesada- La anterior circunstancia implica que este juzgado de Distrito, deba seguir los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 70/2010 integrada por modificación, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de cómo se debe proceder cuando en un mismo juicio de amparo, se reclamen actos que afecten a personas extrañas a juicio y sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Ello es así, pues como se ha evidenciado en el transcurso de la presente sentencia, la impetrante de amparo, reclamó simultáneamente la falta de emplazamiento-inciso c)-, auto de radicación-inciso a)- y la notificación de la determinación de la que este juzgado determinó carecer de competencia para conocer-inciso b)-, así como el propio auto tres de febrero de dos mil veintidós, determinación que no puede ser estudiada por un juzgado de Distrito, puesto que el artículo 107 Constitucional, establece que le corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito. Al efecto, en la parte conducente el numeral 107 de nuestra Carta Magna, señala: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)." Como muestra la disposición reproducida, corresponde al juez de Distrito conocer de actos que afecten a personas extrañas a juicio, dentro de cuyo concepto se comprende a quienes no fueron emplazados correctamente; y, al Tribunal Colegiado de Circuito, cuando se reclaman sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Al respecto, cabe señalar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado, que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. Asimismo, la función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, es la medida de su jurisdicción, lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos que es competente. Se afirma lo anterior, toda vez que, de la interpretación sistemática de los artículos 107 constitucional y 170 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas, o durante el procedimiento, y afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, la propia ley de la materia establece que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 70/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Por tanto, el legislador federal condicionó la procedencia del juicio de amparo uniinstancial a que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, laudo o resolución que decida el juicio en lo principal o le pongan fin, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea por violaciones acaecidas durante la secuela procesal que afecten las defensas del quejoso y que hubieren trascendido al sentido del fallo, o bien, ocurridas durante el dictado de la propia determinación; asimismo, se reservó la competencia para resolver de tales juicios a los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, si en el presente caso, la parte quejosa reclama de manera destacada, y no en vía de consecuencia, el auto mediante el cual la autoridad responsable elevó a categoría de cosa juzgada el convenio de transacción judicial exhibido en la contienda mercantil de origen, es inconcuso que este juzgado de Distrito, no es competente para estudiar la constitucionalidad del mismo, sino que corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Aunado a lo anterior, no es factible aseverar que el hecho de que pudiese existir un medio o recurso ordinario que agotar contra la citada resolución sea impedimento para proceder conforme a lo expuesto, toda vez que a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, la definitividad de los actos para efectos del juicio de amparo directo ha sido abordado jurisprudencialmente por Nuestro Alto Tribunal ya no como una cuestión de competencia, si no de procedencia que le concierne dilucidar al tribunal de alzada. De lo anterior se advierte que, al tratarse de una resolución que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal de trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Carta Magna, no existe obstáculo para que un Tribunal Colegiado de Circuito, pueda conocer del laudo de referencia. En consecuencia, lo procedente es, escindir la demanda y remitir el asunto al tribunal colegiado correspondiente, para que asuma competencia y resuelva lo pertinente, en términos del numeral 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase y habilítese la vinculación electrónica del presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno. Decisión En las relatadas condiciones, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el acto reclamado en el inciso b); se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia con fundamento en el diverso ordinal 63 fracción V de la propia ley en cita, se sobresee en el presente juicio constitucional, respecto del aludido acto. Por otro lado, atento a las razones vertidas en el apartado VI en relación con los actos enlistados en los incisos a) y c), ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación formulados en su contra lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Berenice Viramontes Luna. Finalmente, en relación con el acto precisado en los apartados II y VII, se determina que este juzgado no es competente para analizar la constitucionalidad del mismo, por corresponder su estudio a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Berenice Viramontes Luna, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el apartado III, inciso b), por las razones expuestas en diverso V de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Berenice Viramontes Luna, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, señalados en los incisos a) y c) del considerando III, por las razones expuestas en el apartado VI de este fallo. Tercero. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal para resolver el presente asunto en relación con el acto señalado en el considerando II, por las razones precisadas en el diverso VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente se lleve a cabo la notificación encomendada en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós a la representación social federal de este órgano jurisdiccional. Comisiona actuario. Por tanto, comisiónese al actuario de la adscripción, a fin de que lleve a cabo la notificación de referencia. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación de este juzgado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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