Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes

Expediente 850/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
850/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por último, se ordena hacer la devolución del disco óptico que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal adjuntó a su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo número II-850/2019, promovido por Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, por propio derecho y con el carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, quien demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra un acto del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPRO. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, y turnado en esa misma fecha a este juzgado, Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, por propio derecho y con el carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a). Ordenadora y Ejecutora.- Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, en el expediente de impugnación 89/2019. b). Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Primera de la Unidad de Atención y Determinación Morelia, Estado de Michoacán, Lic. Martha Karen Contreras Limón, carpeta de investigación FED/MICH/MIL/0000947/2019. IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye el inconstitucional auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, misma que desechó el recurso, por falta de legitimación. (.)" En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. PREVENCIÓN. En auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, tuvo por recibido el escrito de demanda; se formó el expediente y se registró bajo el número II-850/2019; en ese mismo auto se previno al promovente a fin de que bajo protesta de decir verdad aclarara su demanda en los siguientes términos: Manifestara si insistía en señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Primera de la Unidad de Atención y Determinación con sede en esta ciudad, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado; Narrara de manera cronológica, sucinta y ordenada los antecedentes del acto reclamado, en específico los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación dentro de la cual se dictó la resolución recurrida a través del recurso de apelación, cuyo desechamiento constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional; Acompañara copias de su escrito aclaratorio, suficientes para correr traslado a todas las partes. En cumplimiento a la prevención realizada, el impetrante presentó el seis de agosto del año en curso, escrito aclaratorio en el que bajo protesta de decir verdad manifestó, por una parte, que se abstenía de señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Primera de la Unidad de Atención y Determinación con sede en esta ciudad; asimismo, narró de manera cronológica y sucinta los antecedentes de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000947/2019; y, finalmente, adjuntó las copias de su escrito aclaratorio suficientes para correr traslado con las mismas a las demás partes. CUARTO.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo su diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades residen dentro de la circunscripción territorial en donde este juzgado tiene jurisdicción. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, así como de las demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, por lo que su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En esa medida, se atiende al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. Conforme a lo expuesto, se desprende que el acto reclamado materia de la presente instancia constitucional, lo constituye: La resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro de la audiencia de impugnación a las determinaciones de la Agente del Ministerio Público número 89/2019 de su índice, a través de la cual desechó el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de procedimientos Penales, interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la del acuerdo de veintitrés de abril del año en curso dentro de la carpeta de investigación número FED/MICH/MLM/0000947/2019, por considerar que éste carece de legitimación en el proceso. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el resumen por escrito de la audiencia de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público número 89/2019, celebrada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, así como el registro de audio y video de dicha audiencia, contenido en disco óptico. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". De igual manera, cobra aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. QUINTO. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En razón de la naturaleza jurídica del acto combatido dentro de la audiencia de impugnación 89/2019, la demanda de garantías debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna excepción al mismo. Ahora bien, del acto reclamado consistente en la resolución dictada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dentro de la audiencia pública desahogada dentro de la impugnación citada en el párrafo anterior la cual fue notificada en esa misma audiencia, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en su carácter de Juez de Control; por lo que al no existir dato alguno que permita establecer lo contrario, la instancia se estima oportuna ya que la demanda fue presentada el veinticinco de julio siguiente. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. La Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita aduce que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por carecer el aquí quejoso de legitimación para acudir al juicio de amparo; lo anterior, al no haber acreditado dicho presupuesto procesal en forma fehaciente respecto del acto o situación jurídica que le causa agravio, pues su calidad de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, no le confiere facultades para representar ante los órganos jurisdiccionales libelo alguno, además de no tener carácter para representar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien en todo sufrió la afectación con el hecho materia de investigación, y mucho menos acreditó el carácter de víctima y ofendido. No obstante, no es factible analizar la causa de improcedencia propuesta, porque implicaría examinar cuestionamientos inmersos en el fondo del asunto, esto es, determinar si el aquí quejoso, quien se ostentó ante la autoridad responsable con el carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se encuentra legitimado para representar en el proceso a quien hubiese resultado afectado con motivo de los hechos materia de la investigación, lo cual debe ser analizado al resolver la litis planteada. Apoya lo anterior, la tesis del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 187973 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 2002 Materia(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Página: 5 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, lo que procede es entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A manera de preámbulo, es necesario precisar que en este juicio de amparo opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado emana de la determinación tomada por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con relación a un medio de impugnación que el aquí quejoso interpuso dentro de la carpeta de investigación de origen, dentro de la cual se ostenta como víctima; sin embargo, dicha figura se aplicará siempre y cuando le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede estudiar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O IMPUGNANTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o impugnante en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Previo al análisis de los conceptos de violación, se estima necesario traer a colación los antecedentes del acto reclamado, para lo cual, primeramente se hará una transcripción de los antecedentes relativos a la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/947/2019, que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad narró en su escrito aclaratorio de la siguiente manera: "1.- En fecha 13 de diciembre de 2017, recibí tesis jurisprudenciales por parte del Secretario General de Conciliación y Asuntos Individuales, en relación a los requerimientos que se realicen a la institución de crédito. 2.- En fecha 06 de febrero de dos mil dieciocho, se recibió un oficio, por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que informó el proceso de integración de las cuentas del instituto a la Tesorería de la Federación; por lo que las cuentas son inembargables. 3.- En fecha 07 de febrero de 2018, se giró oficio al área de control procesal, para recibir asesoría, respecto al anterior oficio. 4.- Aproximadamente en el mes de marzo, por el personal de control procesal, se recibió la sugerencia, ya que cada una de las Juntas Especiales que conforman la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, gozan de plena autonomía e independencia y de acuerdo con el artículo 616 de la Ley Federal del Trabajo, entre sus obligaciones y facultades se encuentran las de resolver los conflictos laborales sometidos a su consideración, atendiendo al principio de imparcialidad en la impartición de justicia, ya que en el ejercicio de su función jurisdiccional, solamente están sometidas a la ley de la materia. Asimismo, cabe precisar que en el Sistema de Derecho Mexicano, los actos de autoridad que emiten las Juntas Especiales, son sujetos de un control Constitucional a través del Juicio de Amparo; lo que implica que para el caso de que alguna de las partes estimara ilegales las actuaciones o el laudo dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, tienen salvaguardado su derecho para hacerlo valer en la vía y ante la autoridad de Amparo, tal y como se infiere de los artículos 848 de la Ley Federal del Trabajo, 107 y 170 de la Ley de Amparo Vigente. 5.- Atendiendo la sugerencia del área de control procesal, se les hizo del Conocimiento a los actuarios que el citado instituto promovió un oficio en el que informaba que sus cuentas estaban en proceso de integración a las cuentas de la Tesorería de la Federación; por lo que se solicitó Ia consulta al órgano interno y control procesal, y sugirieron una leyenda para incorporar en las diligencias, misma que a la letra dice: "... De conformidad con el artículo 951 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, se traba formal embargo en la cuenta ** hasta por la cantidad de $**, salvo que exista impedimento jurídico para tal efecto, se da cuenta al Presidente ejecutor, para los efectos legales a que haya lugar.." y en el oficio que expida el Presidente se sugiere la leyenda, que a la letra dice: "Se solicita a la institución bancaria informe si existe algún impedimento jurídico, para que se ponga a disposición del Actor la cantidad de dinero embargada...". 6.- En fecha 05 de julio de 2018, aproximadamente a las 14 horas, el actuario PAUL BAUTISTA DOMÍNGUEZ, realizó diligencia de requerimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del juicio laboral 1411/2011, en la que se aprecia que el apoderado de la parte actora, LIC. ARMANDO EFRAIN ÁNGELES GONZÁLEZ, alteró la referida acta en lo conducente: "...FIRMO BAJO PROTESTA: --- en virtud que el Actuario, SE NEGÓ A TRASLADARSE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA PARA FORMALIZAR EL EMBARGO, POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE...". 7.- En fecha 11 de julio de 2018, se dio cuenta con citado juicio laboral; por lo que el suscrito, impuso la amonestación, al Lic. Armando Efraín Ángeles González. 8.- Cabe precisar que el U. ARMANDO EFRAÍN ÁNGELES GONZÁLEZ, impugnó le citada medida disciplinaria, mediante el amparo 706/2018, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, mismo que por acuerdo de 28 de agosto de 2018, tuvo por no presentada la demanda de garantías, misma que declaró firme el 19 de septiembre de 2018, y remitiendo su archivo el 20 de septiembre de 2018. 9.- Por lo que al haber quedado firme el acta disciplinaria de fecha 11 de julio de 2018 mismo que ordena dar vista al Ministerio Público Federal, en el Estado de Michoacán, por la posible comisión de un delito, por la alteración de constancias judiciales. Por otra parte, de un acto diverso, se describen los antecedentes de diversos hechos, por la posible comisión de un delito: 1.- En fecha 14 de enero de 2019, se recibió promoción de los LIC. RIGOBERTO CADENAS TOVAR Y ARMANDO EFRAÍN ÁNGELES GONZÁLEZ, al que anexaron denuncia y/o queja en contra del suscrito, firmada el 6 de diciembre de 2018, por diversos litigantes, de la que se advierten datos falsos respecto a mi persona, así como agresiones, en mi carácter de autoridad. A la que se pone a su disposición en las instalaciones de ésta autoridad laboral. 2.- En fecha 14 de enero de 2019, el LIC. ESAÚL OROZCO TORRES, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia que presentaron los referidos denunciados, en virtud de que el firmó otro escrito y el que exhibieron contiene datos falsos. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. 3.- En fecha 15 de enero de 2019, la LIC. MARÍA GUADALUPE TAPIA LOEZA, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia presentada por citados licenciados, al no estar de acuerdo en su contenido. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. 4.- En fecha 17 de enero de 2019, el ELIEL GARCÍA SANTANA, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia presentada por citados licenciados, al no estar de acuerdo en su contenido. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. 5.- En fecha 07 de febrero de 2019 la LIC. AMALIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia presentada por citados licenciados, al no estar de acuerdo en su contenido. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. 6.- En fecha 07 de febrero de 2019; el LIC. RICARDO MARTÍNEZ OCHOA, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia presentada por citados licenciados, al no estar de acuerdo en su contenido. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. 7.- En fecha 13 de febrero de 2019, el LIC. JUAN ISIDRO PÉREZ SERRANO, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia presentada por citados licenciados, al no estar de acuerdo en su contenido. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. 8.- En fecha 13 de febrero de 2019, el LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES CRUZ, manifestó que es su deseo desistirse de la denuncia presentada por citados licenciados, al no estar de acuerdo en su contenido. Actuación, que se pone a su disposición en las instalaciones de esta autoridad laboral. Por los hechos descritos con anterioridad, el suscrito, presentó denuncia correspondiente, presentada el 01 de marzo de 2019, mediante oficio 130/190/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, denuncia, que le recayó la CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/MICH/MLM/0000947/2019. Dentro de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/MICH/MLM/0000947/2019, mediante acuerdo de fecha 23 de abril de 2019, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Primera de la Unidad de ATENCIÓN y Determinación con sede en esta ciudad, determinó, el su resolutivo PRIMERO.- La Agente del Ministerio Público Federal, considera procedente en el presente asunto ejercer LA FACULTAD DE ABSTENERSE DE INVESTIGAR dentro de la presente Carpeta de Investigación FED/MICH/MLM/0000947/2019, instruida en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por su participación o comisión en el hecho denunciado por el C. Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, por los hechos mencionados en el considerando que antecede; ya que de constancias se considera actualizada la hipótesis contenida en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inconforme con la resolución antes citada, interpuse recurso de impugnación, ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; por lo que mediante proveído de fecha 24 de mayo de 2019, se admitió a trámite, señalando audiencia, para el 04 de julio de 2019.". Luego, para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una síntesis de la reproducción del disco compacto donde consta el registro de audio y video de la audiencia de donde emana la determinación reclamada, audiencia desahogada por la autoridad responsable el cuatro de julio de dos mil diecinueve, donde se advierten las intervenciones de las partes que tienen relación con la presente litis constitucional, entre las que destacan por su relevancia las siguientes: Inicio de la audiencia. A las once horas con veinticuatro minutos del cuatro de julio de dos mil diecinueve, dio inicio la audiencia de impugnación a las determinaciones del Agente del Ministerio Público Federal 89/2019 solicitada por el impugnante Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes; diligencia en la que el Juez previo a la manifestación de que no se contaba con público, identificó a las partes presentes, siendo éstas, además de la Auxiliar de Sala, la Fiscal de la Federación, así como el impugnante, quien adujo ostentarse como víctima u ofendido; asimismo dijo ser su propio representante a fin de no dilatar el procedimiento. Por lo anterior, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional Apartado "C" y 109, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un derecho de la víctima, el contar con un asesor jurídico que la represente, el Juez solicitó al impugnante exhibiera su cédula profesional, y al manifestar este último que no la traía consigo, determinó decretar un receso a efecto de que el personal de la sala, indagara sobre la existencia de dicho documento. Posteriormente, siendo las doce horas con nueve minutos el Juez reanudó la audiencia y constató el registro de la cédula profesional del impugnante en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos Jurisdiccionales, así como su expedición por parte de la Secretaría de Educación Pública. Cuestionamiento del juez en torno al carácter con el que el impugnante comparece a la audiencia. Continuando con el desahogo de la audiencia, cuestionar el Juez responsable a Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, sobre el carácter con que se ostenta en la audiencia, éste refirió que comparece con el carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en representación de esta última en su calidad de parte ofendida. Finalidad de la diligencia y satisfacción de presupuestos procesales (oportunidad y legitimación de la víctima). El Juez hizo saber a las partes la finalidad de la audiencia de impugnación celebrada, a través de la lectura del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, al encontrarse inmersos en dicho precepto una serie de presupuestos procesales, concedió el uso de la voz a la representante social, quien adujo que el medio de impugnación fue interpuesto con oportunidad; asimismo, respecto a la legitimación, consideró que de los hechos denunciados en la carpeta de investigación, se desprendía que en cualquier caso a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, le correspondería el carácter de ofendida. Legitimación en torno a la representación y capacidad de actuar del impugnante en la audiencia. Al cuestionar a la Fiscal de la Federación en relación a la representación y capacidad de actuar de Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes en la audiencia, refirió que al momento de presentar su escrito de denuncia, éste adjuntó copia de un nombramiento como Presidente de la Junta aludida. Por otro lado, al cuestionar al impugnante en torno al carácter de representante de la víctima, éste manifestó que en términos de los artículos 606 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Especial se compone del "tripartismo", al encontrarse integrada por un representante del capital, uno del gobierno y otro del obrero, que en este último caso lo es el Presidente de la Junta Especial y como órgano autónomo és que en su carácter de representante del gobierno le corresponde defender a la institución, al carecer ésta última de una dirección jurídica; es por ello que al verse la Junta Especial, agraviada por hechos que se consideran como delitos, la propia Ley del Trabajo le ordena hacerlos del conocimiento del Ministerio Público. Razonamiento del Juez en torno a la legitimación. En torno a la manifestación vertida por el impugnante, estimó el Juez que al tratarse de un tema de legitimación ad procesum, era necesario establecer si el impugnante puede o no tener el carácter de representante de la víctima dentro del procedimiento penal. Al respecto, consideró el juzgador, que de conformidad con lo dispuesto por los artículo 616 y 617, de la Ley Federal del Trabajo, mismos que en su orden prevén las facultades y obligaciones de las Juntas Especiales, así como de las facultades y obligaciones del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la labor jurisdiccional que desempeña en materia de trabajo, la Junta Especial es autónoma; y que de acuerdo con el contenido de dichos preceptos, esa autonomía lo es respecto de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, el carácter de víctima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales (de cuyo contenido dio lectura), le resulta a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado; por lo anterior, estimó necesario establecer si la titularidad del bien jurídico lesionado corresponde a la Junta Especial. En ese tenor, consideró que al formar parte la Junta Especial, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el órgano jurisdiccional en su integridad lo constituye esta última y para el ejercicio de sus facultades y atribuciones se divide en una serie de órganos jurisdiccionales, entre ellos, las juntas Especiales, con competencia en determinadas circunscripciones territoriales; por lo que se trata de un tema de órgano jurisdiccional. Asimismo, sostuvo el juez responsable que pudiera ser que la Junta Especial en su función jurisdiccional, resintiera una afectación a su esfera patrimonial con motivo de alguna conducta delictiva; sin embargo, con la misma se afecta la función jurisdiccional en conjunto, al ser parte esta última, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; ello, considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artículo, 3, fracciones II y III y 10, ambos del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, El Tribunal Federal es uno solo, compuesto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se integra por una Junta y además por las Juntas Especiales. Partiendo de lo antes expuesto, a efecto de establecer la legitimación en el proceso, el juez responsable tomó en cuenta el contenido del artículo 7 de dicho reglamento, relativo a la integración de las Juntas Especiales, así como lo dispuesto por la fracción I, del diverso precepto 14, de la propia reglamentación, que señala que además de las facultades previstas en la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la Presidenta o Presidente de la Junta representar legalmente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante los órganos jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de otra naturaleza jurídica en los procedimientos de cualquier índole; facultades que podrán ser ejercidas por la Secretaria o Secretario General de Consultoría y Asuntos Jurídicos. Por otro lado, el juez responsable indicó que si bien el Capítulo Séptimo de la reglamentación de que se trata, en su artículo 22, prevé diversas facultades y obligaciones que además de las que la propia Ley les confiere a las Presidentas o Presidentes de la Junta Especial, éstas son en materia jurisdiccional laboral, y precisamente entre dichas obligaciones se encuentra la contenida en la fracción IV de dicho precepto, que establece la obligación del Presidente de la Junta Especial de cuidar del buen funcionamiento de ésta, como lo es la denuncia de posibles hechos constitutivos de delito. Sin embargo el hecho de que una persona presente la denuncia, no significa que ésta, en automático, tenga el carácter de víctima y además el carácter de representante de aquella, ya que en términos del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al Presidente de la Junta Especial no se le confiere la facultad o la atribución de representar al Tribunal comprendido como un todo, y dentro de éste, a las Juntas Especiales para representarlas legalmente ante los órganos jurisdiccionales, como es el caso del órgano ante quien se interpuso en medio de impugnación. Luego, al tratarse la legitimación de un presupuesto procesal cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, concluyó el juez responsable que el licenciado Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, quien dentro de la audiencia se ostentó con el carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje no contaba con la calidad de representante de quien pudiese resultar en todo caso, afectado con el hecho materia de investigación, esto es, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque esa representación en términos del artículo 14, fracción I del Reglamento Interior de la propia Junta, le corresponde a su Presidente, quien la puede ejercer por conducto de la Secretaria o Secretario General de Consultoría y Asuntos Jurídicos, tan es así, que el propio impugnante refirió que la Junta Especial no cuenta con una especie de "minijurídico" para que pueda asistirlo en esa representación. Por ésta razón, al estimarse que el aquí quejoso Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, carecía de legitimación en el proceso para representar a la ofendida, se desechó el medio de impugnación. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, en su primer concepto de violación, aduce el quejoso que el acto reclamado es violatorio de garantías, ya que sin causa, fundamento o motivo se presentó un supuesto Notario, sin identificarse a causar actos de molestia al personal actuante de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, interrogándolos de manera ilegal, con preguntas insidiosas, sin saber qué autoridad calificó las preguntas como legales. Lo anterior resulta inatendible, pues el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye, como ya se dijo, la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, a través de la cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro de la audiencia de impugnación a las determinaciones de la Agente del Ministerio Público número 89/2019 desechó el medio de impugnación interpuesto por Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, sin que de su contenido se advierta la intervención de algún Notario Público. En su segundo concepto de violación el quejoso aduce en esencia, que el acto reclamado trasgrede sus derechos humanos y contraviene los alcances jurídicos insertados en el principio pro personae inmerso en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello, violentó sus derechos de seguridad jurídica, debido proceso legal, legalidad, tutela jurídica efectiva y derechos humanos de carácter patrimonial inherentes a su persona, consagrados tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo anterior, al haber desechado la autoridad responsable el medio de impugnación que de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hizo valer el impetrante en contra de la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en la que el Agente del Ministerio Público de la Federación dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/MIL/0000947/2019, determinó ejercer la facultad de abstenerse de investigar, por considerar que el impugnante, aquí quejoso carecía de legitimación para ello, pasando por alto que la legitimación deriva precisamente de la denuncia que en su carácter de víctima presentó ante la representación social. Lo anterior es infundado. Para estimarse de esa manera, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 20 Constitucional Apartado C, y 258 del Código nacional de Procedimientos Penales, mismos que en lo que aquí interesa dicen: "Artículo. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura de los preceptos trascritos, se desprende que para lo que al caso interesa, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que tiene como finalidad que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, y de estimar que su actuación fue ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Lo anterior encuentra sustento de la Jurisprudencia por contradicción 1a./J. 27/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Página: 945 "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Contradicción de tesis 233/2017. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18 de abril de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja 142/2016, sostuvo la tesis aislada I. 9o.P. 140 P (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECERSE EXPRESAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NI EN ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE, EL RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE INTERPONERSE EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2781, con número de registro digital: 2013932. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 38/2017, consideró que no hay recurso alguno que proceda contra las omisiones del Ministerio Público que se actualicen en la etapa de investigación, por lo que no hay necesidad de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo. Lo anterior, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece de forma expresa el recurso o medio de impugnación que debe interponerse contra dichas omisiones, de ahí que no exista medio de defensa al que se deba acudir antes de promover el juicio de amparo. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver las quejas 197/2016, 189/2016 y 252/2016, sostuvo la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), de título y subtítulo: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, página 2141, con número de registro digital: 2014279. Tesis de jurisprudencia 27/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora, no obstante el ser dicho medio de impugnación, el idóneo para combatir la determinación del Ministerio Público, en la que éste se abstenga de investigar posibles hechos delictuosos que se le hagan del conocimiento, el Juez responsable en audiencia pública celebrada el cuatro de julio de dos mil diecinueve determinó desecharlo, bajo los argumentos torales siguientes: Con la conducta delictiva denunciada, si bien se pudiera afectar la esfera patrimonial de la Junta Especial; al ser parte esta última de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con dicha conducta se afecta la función jurisdiccional del Tribunal en su conjunto; lo anterior, considerando que de conformidad con lo el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal es uno solo, compuesto por una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se integra con una Junta y además por las Juntas Especiales. Establecido lo anterior, quien en todo caso resintió la afectación con motivo de los hechos denunciados, lo fue la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo tanto, es a esta última a quien le resulta el carácter de ofendida y no a la Junta Especial. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, corresponde su Presidente el representar legalmente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante los órganos jurisdiccionales; facultad que podrá ser ejercida por el Secretario de Consultoría y Asuntos Jurídicos. Consecuentemente, al no contar la Junta Especial con un departamento jurídico que pueda representarlo ante los órganos jurisdiccionales, la autoridad responsable desechó el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso, por carecer de legitimación en el proceso, para representar los intereses de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en su calidad de ofendida con motivo de los posibles hechos delictuosos denunciados. Dicha determinación se estima ajustada a derecho por las razones siguientes: Del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido ya fue transcrito con antelación, conoce el Juez de Control, quien convocará a una audiencia para decidir en definitiva; audiencia a la que deberán comparecer la víctima u ofendido, el Ministerio Público y en su caso el imputado o su defensor; asimismo, dicho precepto establece que para el caso de que la víctima o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, faculta al Juez para declarar sin materia la impugnación. Como puede observarse, dicho precepto obliga al Juzgador a analizar si la persona que se ostenta como representante legal de la víctima, cuenta con legitimación procesal para acudir al órgano jurisdiccional, ya sea porque ostente como titular del derecho que se cuestionará o bien porque cuente con la representación legal del titular de ese derecho. Lo anterior encuentra sustento en los criterios que a continuación se citan: Época: Séptima Época Registro: 248443 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 199-204, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 99 LEGITIMACION "AD-CAUSAM" Y LEGITIMACION "AD-PROCESUM". La legitimación en el proceso y la legitimación en la causa son situaciones jurídicas distintas, toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener personalidad," legitimatio ad procesum", ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación "ad procesum", no a la legitimación ad causam. En consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcuso que se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio.". TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Época: Octava Época Registro: 212276 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Junio de 1994 Materia(s): Civil Tesis: II.2o.192 C Página: 597 "LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o del procedimiento respectivo. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionara en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación "ad causam" que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación "ad procesum" es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la "ad causam" lo es para que se pronuncie sentencia favorable. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Ahora, para sustentar su determinación, el Juez responsable citó el contenido del artículo 606 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el artículo 605. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales, fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial. (Las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República conforme al párrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, cuando así convenga a sus intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje." De la lectura del precepto transcrito se desprende que el funcionamiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se realiza en Pleno o en Juntas Especiales; éstas últimas serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando así lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, fijando para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, el lugar de su residencia y competencia territorial. De lo anterior se colige que las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje fueron creadas para extender las facultades y atribuciones de la Junta Federal a través del territorio nacional; por ello es que al afectarse la esfera patrimonial de la Junta Especial con motivo de alguna conducta delictiva, se estaría causando daño con la misma a la función jurisdiccional en conjunto, es decir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, del cual, como ya se dijo, forman parte las Juntas Especiales. Por ende, a quien en todo caso le resultaría el carácter de víctima con motivo de los posibles hechos delictuosos denunciados por el aquí quejoso, es a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, en torno a las facultades del Presidente de la Junta Federal de Conciliación, el Reglamento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en sus artículos 14, fracción I, y lo siguiente: "Artículo 14. Además de las facultades y obligaciones previstas en la Ley, corresponde a la Presidenta o Presidente de la Junta: I. Representar legalmente a la Junta ante los órganos jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de otra naturaleza jurídica en los procedimientos de cualquier índole. Estas facultades podrán ser ejercidas por la Secretaria o Secretario General de Consultoría y Asuntos Jurídicos; (.)" Respecto a las facultades y obligaciones del Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, los artículos 22 y 23 del citado Reglamento dicen: "Artículo 22. Además de las facultades y obligaciones que la Ley les confiere, corresponde a las Presidentas o Presidentes de Junta Especial: I. Conocer, resolver y vigilar los asuntos que se ventilen en la Junta Especial a su cargo, tomando las medidas necesarias para lograr la mayor economía de tiempo, concentración y sencillez del proceso, privilegiando la conciliación; II. Organizar y dirigir el procedimiento individual en la Junta Especial a su cargo, así como evaluar el desempeño del personal adscrito a la misma; III. Privilegiar la conciliación en los conflictos individuales de trabajo; IV. Cuidar del buen funcionamiento de la Junta Especial a su cargo; V. Tener bajo su cuidado y responsabilidad la caja de valores de la Junta Especial, debiendo mantener actualizados los controles y registros correspondientes, e informar a la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales respecto de los valores a su cargo, cuando así se le requiera; (ADICIONADA, D.O.F. 19 DE AGOSTO DE 2015) V Bis. Entregar al Fondo, invariablemente y en forma inmediata, los recursos económicos que sean consignados o depositados ante la Junta, previo acuerdo y certificación que obre en el expediente respectivo; VI. Proveer lo que legalmente proceda, para que los juicios individuales no queden inactivos, requiriendo a las partes para que continúen con el procedimiento, para evitar que opere la caducidad; VII. Supervisar que el personal jurídico a su cargo formule oportunamente los proyectos de acuerdos, resoluciones o proyectos de laudo, así como el engrose correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley; VIII. Reportar a la Presidenta o Presidente de la Junta, por conducto de la Secretaria o Secretario General de Conciliación y Asuntos Individuales, la inasistencia temporal o definitiva de las o los Representantes obreros y patronales, para los efectos legales de suplencia o sustitución definitiva; IX. Endosar los documentos del Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, S.N.C. o de cualquiera otra institución, según proceda, y previa determinación jurisdiccional; X. Rendir los informes respectivos en los juicios de amparo en que sean autoridad responsable, realizar los trámites y gestiones de ley, así como dar estricto y puntual cumplimiento a las ejecutorias y otras determinaciones que emitan los órganos jurisdiccionales de amparo; XI. Reportar a la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales las necesidades de personal, recursos materiales y tecnológicos, así como de servicios generales, que requiera la Junta Especial a su cargo; XII. Desahogar en forma oportuna las diligencias que se les encomienden por exhorto; incluidas aquellas que tengan relación con los asuntos de carácter colectivo; XIII. Opinar respecto de los proyectos de modelos y sistemas de evaluación del desempeño; XIV. Instrumentar y aplicar el sistema de evaluación de resultados de la Junta Especial a su cargo; XV. Verificar y supervisar el uso y actualización permanente de los sistemas informáticos, con los datos que corresponden a los procedimientos jurisdiccionales que se tramitan ante la Junta Especial a su cargo; XVI. Proponer los estándares a alcanzar por las o los Auxiliares Dictaminadores de la Junta Especial a su cargo; XVII. Cuidar del orden y disciplina del personal adscrito a la Junta Especial y comunicar a la Presidenta o Presidente de la Junta, los hechos que pudieran constituir causa de responsabilidad; XVIII. Cumplir con lo establecido en los manuales administrativos de organización y de procesos de la Junta, instructivos, lineamientos y cualquiera otra disposición que se expida para el funcionamiento de la Junta Especial; XIX. Cumplir y aprobar los procedimientos de evaluación de desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en la normativa respectiva, y XX. Rendir los informes de labores de la Junta Especial a su cargo, así como los reportes y notas informativas en temas de su competencia que le requieran las autoridades superiores. Artículo 23. Además de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, corresponde a las Presidentas o Presidentes de Junta Especial ubicadas en las entidades federativas: I. Levantar las actas inherentes a los convenios que ante las Juntas Especiales tengan lugar en asuntos de carácter colectivo, sin emitir declaración que los apruebe o desapruebe; y remitirlas a la Presidenta o Presidente de la Junta, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos; II. Remitir de inmediato a la Presidenta o Presidente de la Junta, por conducto de la Secretaría Auxiliar de Amparos, los oficios, resoluciones y documentos diversos, que en su caso reciban de los órganos jurisdiccionales de amparo, en relación con procedimientos de naturaleza colectiva; III. Presentar a la Delegación Federal del Trabajo que corresponda, las solicitudes de abastecimiento, adquisición o contratación de bienes y servicios indispensables para la operación de la Junta Especial, de acuerdo al presupuesto de la misma y en coordinación con la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales, y IV. Mantener comunicación permanente con las áreas de la Coordinación General de Administración, para el planteamiento y atención de asuntos relacionados con presupuesto, recursos humanos, materiales, estadísticas y cumplimiento de metas.". De los arábigos transcritos se desprende que el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se encuentra facultado legalmente para representar a la junta ante los órganos jurisdiccionales; facultades que podrán ser ejercidas a través del Secretario General de Consultoría y Asuntos Jurídicos. Sin que entre las facultades del Presidente de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, establecidas en los artículos 22 y 23 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierta alguna que le permita representar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante los órganos jurisdiccionales. Por lo anterior, al estimarse que el carácter de víctima le corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por ser a ésta última a quien se afectó con motivo de los posibles hechos delictivos denunciados por el aquí quejoso Bernardo Emmanuel Mercado Soberales, quien bajo protesta de decir verdad indicó que son relativos a que diversos litigantes señalaron que no fue su voluntad suscribir una denuncia formulada en su contra -en lo personal-, y toda vez que en la audiencia combatida, éste se ostentó ante el juez responsable como representante de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, misma que forma parte de la Junta Federal, resulta inconcuso que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el impetrante interpuso en contra de la resolución a través de la cual la representación social se abstuvo de investigar los hechos que se le hicieron de su conocimiento, debía desecharse, pues tal representación, como ya quedó de manifiesto, le corresponde al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 14, fracción I, del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; facultad que también puede ejercer por conducto del Secretario General de Consultoría y Asuntos Jurídicos. Además, aun cuando se llegara a estimar que el carácter de víctima le corresponde al aquí quejoso en lo personal, tampoco podrá otorgarse la protección constitucional, pues el ahora promovente del amparo, no compareció ante el juez responsable como persona física a impugnar en lo personal la determinación de la fiscalía, sino que compareció en su carácter específico de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, de manera que en tal calidad tampoco tendría legitimación para impugnar la citada resolución. De ahí que se estime fundada y motivada la determinación del Juez responsable en audiencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve. Ahora, si bien es cierto que atento a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la propia Carta Magna y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas de la manera que más favorezca a las personas, el principio pro persona no conlleva, en modo alguno, que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ya que el mismo no es constitutivo de los derechos alegados ni da cabida a interpretaciones más favorables, cuando éstas no encuentran sustento en las reglas jurídicas aplicables. En apoyo a lo anterior, es de invocarse la jurisprudencia número 1ª./J. 104/2013 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Décima Época Registro: 2004748 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Página: 906 "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio del peticionario de amparo derechos fundamentales, aún supliendo la deficiencia de la queja en términos de la fracción III inciso b), del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple el requerimiento ordenado en proveído de seis de los actuales, asimismo informa que la Agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de la cual deriva el acto reclamado fue Martha Karen Contreras Limón. SE ORDENA EMPLAZAR A AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. En tal virtud, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso e) y 26, fracción II, inciso b), téngasele por reconocido el carácter en su calidad de autoridad tercera interesada, y asimismo emplácese a Martha Karen Contreras Limón, Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, mediante oficio que contenga inserto el presente proveído y como anexo copia simple de la demanda, a efecto que de estimarlo pertinente, comparezca a juicio a deducir sus derechos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene conocimiento de quién fue el fiscal que intervino en la audiencia en la que se desechó el medio de impugnación promovido por la parte quejosa, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. En tal virtud, requiérasele a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, informe quién fue el fiscal que intervino en la referida audiencia, lo anterior, en virtud de que en un momento dado podría recaer el carácter de tercero interesado en el presente juicio. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las once horas con diez minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve para su verificativo. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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