Berenice Vargas Salgado

Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
729/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Berenice Vargas Salgado
  • Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.********************CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil veintiuno. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA Vista la razón actuarial levantada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, de las que se advierte la imposibilidad que tuvo para la notificar a los terceros interesados la sentencia con engrose de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, como de la certificación que antecede se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados ******************** y********************, en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, a la fecha ha concluido sin que lo hubieren hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita, por ende, notifíquesele la sentencia dictada en autos así y practíquese las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto hagan la designación correspondiente, lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista a los terceros interesados ******************** y******************** la sentencia con engrose de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DOS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO MEDIANTE LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSE MIGUEL SALCEDO MALDONADO Y A LA PERSONA MORAL DENOMINADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 729/2020-VII, promovido por Berenice Vargas Salgado, por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día por Berenice Vargas Salgado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: El acto reclamado se deduce del juicio ordinario laboral radicado bajo el número de expediente 5A-3125/2015, que promovió JOSÉ MIGUEL SALCEDO MALDONADO frente a Universidad Tecnológica de Morelia, tramitado ante la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, el que por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, previa prevención, la admitió a trámite; se formó el expediente, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo La omisión de llamar a juicio laboral a la parte quejosa en su calidad de tercera interesada dentro del juicio laboral 5A-3125/2015, del índice de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, toda vez que al rendir su informe con justificación, respecto de la demanda de amparo, aceptó la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Antecedentes. Al respecto se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. En escrito presentado el treinta de octubre de dos mil quince, los apoderados de, José Miguel Salcedo Maldonado, demandaron en la vía laboral a la persona moral denominada Universidad Tecnológica de Morelia, de quien reclamó entre otras cuestiones la reinstalación en el empleo de profesor asociado "C". 2. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda ordenándose el emplazamiento a la parte demandada, lo que aconteció el dos de diciembre de dos mil quince. 3. Por auto de once de febrero de do mil dieciséis, se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda, haciendo del conocimiento que el último puesto que desempeñó el allá actor, fue el de Técnico Académico adscrito al área de gastronomía. 4. El quince de agosto de dos mil diecinueve, la Junta responsable dictó laudo, condenando a la parte demandada a reinstalar al actor con la categoría de Técnico Académico. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". No se analizarán los conceptos de violación, toda vez que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el primer párrafo de la fracción l, del artículo 5 de la misma ley dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vinculan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los preceptos legales trascritos se destaca que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que, si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Ahora, en relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Por consiguiente, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la esfera jurídica de la parte quejosa, y no ser así, se actualiza la causa de improcedencia apuntada. En ese sentido, de los antecedentes anotados en el considerando cuarto se desprende que la parte actora en el juicio de origen, en su escrito inicial demandó, entre otras prestaciones, la reinstalación de su trabajo, y el quince de agosto de dos mil diecinueve, la responsable determinó condenar a la Universidad Tecnológica de Morelia, a reinstalar al actor en la categoría de técnico académico. Ahora, la quejosa reclama que el juicio laboral de origen se llevó a sus espaldas, sin haberle dado la oportunidad de defensa, violando su garantía de audiencia, porque fue contratada por la Universidad Tecnológica de Morelia como técnico Académico adscrito a la carrera de gastronomía, en principio por tiempo determinado y posteriormente, al haber cumplido con las condiciones establecidas por la normatividad de la institución, le fue otorgado contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Para acreditar tal extremo, la quejosa acompañó a su demanda de amparo copia fotostática simple del oficio número UTM/JUR/062/2020 de cinco de noviembre de dos mil veinte, signado por la abogada general de la Universidad Tecnológica de Morelia, dirigido a la técnico académico Berenice Vargas Salgado, por medio del cual se le hace saber que de conformidad con el laudo pronunciado por la Junta Local número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del juicio ordinario laboral 5A3125/2015, promovido por José Miguel Salcedo Maldonado, el nueve de octubre de dos mil veinte a las trece horas tendría verificativo la reinstalación del referido trabajador en el puesto que desempeñaba, por lo que debería entregar dicha plaza. Asimismo acompañó copia fotostática simple del contrato por tiempo determinado de trabajo, y del diverso contrato por tiempo indeterminado. Sin embargo, las anteriores constancias no resultan ser prueba idónea en este asunto para acreditar de manera plena su interés jurídico. Lo anterior es así, porque la quejosa arguye que se le vulnera en su perjuicio la garantía de audiencia, puesto que ostenta el carácter de parte interesada dentro del juicio de origen, al ocupar la plaza en la que se pretende reinstalar al actor en el juicio de origen. En consecuencia, era necesario que la peticionaria demostrara plenamente que le asiste un interés jurídico en el juicio de origen, lo cual no realizó, porque las documentales que acompañó a su escrito de demanda si bien tienden a acreditar que se encontraba ocupando el puesto en el que se pretende reinstalar al actor del juicio de origen, dado que así se advierte de las precisiones que en ese sentido se anotaron en el oficio que le fue dirigido por la abogada general de la Universidad Tecnológica de Morelia, es el caso que como ya se dijo, esa constancia fue exhibida en copia fotostática simple, al igual que los contratos individuales de trabajo. De ahí que si bien a dichos documentos se les otorga el valor probatorio que les conceden los artículos 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, es el caso que por tratarse de copias simples, esos documentos por sí solos no son suficientes para acreditar la existencia del interés jurídico alegado, habida cuenta que esos documentos constituyen una reproducción fotostática, que al no estar adminiculada con otros datos de prueba, carecen de valor probatorio suficiente para el fin pretendido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 185215 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 71/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Enero de 2003, página 33 Tipo: Jurisprudencia "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste. Contradicción de tesis 44/2002-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y las sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 30 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Tesis de jurisprudencia 71/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de octubre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas". Luego, si la quejosa tomó como base de su interés jurídico para reclamar los actos descritos vía amparo indirecto, que le asiste el carácter de tercero interesada en el juicio de origen, resulta evidente que para que sus conceptos de violación fueran analizados debió demostrar con pruebas suficientes que efectivamente se desempeñaba en la misma plaza en que se pretende reinstalar al actor en el juicio de origen, pero al no hacerlo así, resulta improcedente este juicio constitucional al no lograr acreditar el interés jurídico que dijo tener para solicitar la protección federal. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la jurisprudencia que dice: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen LXI, página 119. Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coagraviados. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 13, página 123. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 14, página 63. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coagraviados. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen 21, página 49. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibson de Corvera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen 21, página 49. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Municipio de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, toda vez que no se controvirtieron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 209878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/338 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, página 69 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 306/89. Guadalupe Montaño Cahuatzi. 31 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 310/89. Leovigildo Sánchez Espinoza y otra. 26 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 373/89. Severiano Víctor Manuel Batalla González. 17 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 276/89. Samuel Mateo Olvera Ramírez. 17 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 161/94. Leobardo Rosas Pérez. 28 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera Vázquez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Berenice Vargas Salgado, respecto del acto reclamado a las responsables, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe

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