Bernardo Domínguez Cereceres
Expediente 992/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Bernardo Domínguez Cereceres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual devuelve el presente juicio y remite la resolución donde declaró infundada la queja contra el proveído que desechó la demanda. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías por actualizarse una causal de improcedencia. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 24 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, ÚLTIMO PROVEÍDO QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda que promueve ., contra actos del Juez Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 14 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 992/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la legislación en cita establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues conforme al diverso numeral 62 de la ley en cita, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. El quejoso reclama el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno emitido en la controversia de arrendamiento inmobiliario 197/2021 del índice del Juez Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México donde señaló el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de ley. III. El juicio es improcedente, pues el reclamo no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos del quejoso, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, así como el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio biinstancial para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Así, el contenido del artículo 107 de la legislación de la materia define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la jurisprudencia P./J. 37/20145 derivada de la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la 5 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como lo señala la referida jurisprudencia, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que fueron generados con una normativa que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo. En el particular, el reclamo de la parte quejosa es el auto que señaló una fecha lejana para la celebración de audiencia de ley; actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en el curso natural del juicio, y por ello no afecta en forma alguna los derechos sustantivos constitucionales de la parte quejosa, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. Incluso, bajo el contexto expuesto, cabe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente se emita en ese asunto, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." No obsta a lo anterior, que el peticionario alegue un retardo en la impartición de justicia, pues conforme a los elementos aportados, no se observa una "abierta dilación" o "paralización total" del procedimiento; términos que deben entenderse cuando el camino judicial se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevar: causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, pues el artículo 9597 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México señala como plazo para la celebración de la audiencia de ley de cuarenta a cincuenta días posteriores a la fecha del auto 7 Artículo 959.- Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado de ella a la parte demandada, señalando el juez en el auto de admisión, fecha para la celebración de la audiencia de ley, que deberá fijarse entre los 40 y 50 días posteriores a la fecha del auto de admisión de la demanda. lo cierto es que deben considerarse los fines de semana, días inhábiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y los correspondientes a su periodo vacacional. Además, con motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19, el nueve de junio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 5-19/2020, donde entre otras cosas autorizó la reanudación de las actividades en Salas y Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del uno de julio de dos mil veinte, y específicamente en sus condiciones 3, 4 y 5, señaló: "3.- ACTIVIDADES A PUERTA ABIERTA. Con el fin de reducir la concentración de personas, el primer día de labores, las Salas y Juzgados nones comenzarán la atención al público con puertas abiertas; el mismo día, los pares desarrollarán sus actividades a puerta cerrada. Al día siguiente, se invertirá el proceso, las Salas y Juzgados pares tendrán atención al público a puertas abiertas y las nones a puerta cerrada; continuando en forma sucesiva y alternada hasta que concluya la vigencia del presente acuerdo. En los días de atención a puerta abierta, los órganos jurisdiccionales laborarán normalmente, con excepción de la entrega de billetes de depósito y entrega de documentos base de la acción, que se realizará cuando se labore a puerta cerrada, y la recepción de comparecencias por alimentos, que se llevará a cabo todos los días y horas laborables. 4.- ACTIVIDADES A PUERTA CERRADA. Los días que las actividades se realicen a puerta cerrada, los órganos jurisdiccionales se dedicarán a desarrollar el trabajo judicial sin atención al público, salvo las audiencias de los juzgados civiles y 2 familiares de proceso oral, la entrega de billetes de depósito y de documentos base previamente autorizada, así como la atención de las comparecencias de alimentos y algún otro caso excepcional que, a juicio de la o el titular, considere necesario para no afectar irreparablemente la defensa de las partes, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, por violencia de género o, cuando alguna de las partes, se encuentre en condiciones de vulnerabilidad. 5.- TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES. Los términos y plazos procesales correrán normalmente. Si se vencieren cuando el órgano jurisdiccional se encuentre laborando a puerta cerrada, deberá de presentar su promoción, escrito o libelo ante la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados, después del horario de labores de los órganos jurisdiccionales." Posteriormente, el cinco de agosto del mismo año emitió el Acuerdo Volante V-31/2020, donde sostuvo: "[.] En las relatadas circunstancias, con el fin de generar condiciones de seguridad y tranquilidad en el ejercicio de los derechos procesales de las y los justiciables, este órgano colegiado determina: PRIMERO. Autorizar, con efectos a partir del seis de agosto de dos mil veinte y hasta en tanto se emita pronunciamiento por parte del H. Consejo, la suspensión de términos procesales en las Salas Civiles y Familiares, Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Proceso Oral, así como en los Juzgados Civiles de Cuantía Menor, única y exclusivamente, en los días en que, los citados órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad de México, laboran y desarrollan sus actividades a puerta cerrada; en el entendido que, en los días que se labore a puerta abierta, los términos procesales correrán de forma normal. - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo, se precisa que aún y cuando no correrán términos en los días que se labore a puerta cerrada en las Salas y Juzgados aludidos, los mismos continuarán trabajando en horario laboral, para desarrollar las actividades correspondientes a puerta cerrada, de conformidad con lo señalado mediante acuerdo plenario 5- 19/2020, emitido en sesión de fecha nueve de junio de dos mil veinte. - [.]" Como se advierte, la contabilización de los términos procesales actualmente se rige conforme a la normativa creada por el Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México, atendiendo al periodo de contingencia en que se encuentra nuestro país desde el año dos mil veinte, debe considerarse que las autoridades laboran un día a puerta abierta, con atención a público, y otro a puerta cerrada. Aunado a lo anterior, constituye un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales han reanudado sus labores, que se suspendieron con motivo de la contingencia generada por el virus covid-19, empero, dadas las condiciones extraordinarias para brindar el servicio público, la actividad judicial ha tenido una carga importante de trabajo, conforme a lo cual, una demora como la alegada por el peticionario, no puede considerarse como una abierta dilación o paralización total del procedimiento. En tales condiciones y dada la naturaleza intraprocesal de la determinación reclamada, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y lo conducente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos; lo anterior en términos de la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de quienes autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. En términos del numeral 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ., contra actos del Juez Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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