BERNARDETTE JEANNE COURREGELONGUE BACA y Otros.
Expediente 348/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- BERNARDETTE JEANNE COURREGELONGUE BACA y Otros.
- Bernardette Jeanne Courregelongue Baca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 348/2023, promovido por ****(identidad protegida), contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó llamar al tercero interesado, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita intervino, se emplazó al tercero interesado; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un juicio del orden familiar seguido ante un órgano jurisdiccional con sede la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. Los quejosos reclaman la sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés dictada en el toca ... del índice de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicha sentencia confirmó el auto de dos de junio de dos mil veintidós emitido por el Juez Segundo de la misma especialidad y residencia dentro del incidente de modificación y cambio al régimen visitas y convivencias, deducido de la controversia ..., en que se hizo prevalecer la alerta migratoria ordenada en autos para que sus hijos no salgan del país. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por las responsables, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El ocho de junio de dos mil veintiuno, ... promovió incidente de modificación de convenio, para cambiar el régimen de visitas y convivencias. El asunto se admitió ante el juzgado responsable por auto de diez de dicho mes y año. II. Durante el trámite la mandataria de la parte actora solicitó lo siguiente: "Que por medio del presente escrito y tomando en consideración que los menores de edad de nombres ... y ..., ambos de apellidos ..., cuentan con pasaportes y visas, además de la nacionalidad Francesa, y derivado de las amenazas que le ha hecho la señora ... a mi representado, referente a sus hijos de quitarle la patria potestad, además de alienar a los impúberes en contra de su padre, mi cliente tiene el temor fundado de que la madre de los niños quiera llevárselos fuera del país para residir de primera instancia en Francia, ahora tiene esposo Argentino así que en cualquier momento puede sustraerlos del país. Por lo anteriormente narrado, le pido a su Señoría gire instrucciones a la secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que se impida la salida del País de los menores de edad de nombres ... y J..., ambos de apellidos ...." A esta petición recayó el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, solicitando a la promovente la clave única de registro poblacional de los infantes. III. El veintiséis de noviembre siguiente se tuvo a la promovente presentado la información solicitada y al efecto se decretó la medida en los siguientes términos: ".tomando en consideración que la parte actora incidental por conducto de su mandataria judicial manifiesta tener el temor fundado de que sus menores hijos sean sustraídos del país sin autorización con lo cual se correría el riesgo de dejar el presente incidente sin materia en perjuicio del interés superior de los mismos, en consecuencia, gírese oficio al INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN para requerirle que dentro del ámbito de sus competencias gire apreciables instrucciones para que inscriba una alerta migratoria para que impida la salida del país por cualquiera de sus aduanas y fronteras a los menores ." IV. El siete de marzo de dos mil veintidós se emplazó a la demandada y aquí quejosa; y el quince siguiente dio contestación a la incidencia en su contra, a lo que recayó el auto de veintitrés de dicho mes y año. V. El tres de mayo de dos mil veintidós, la mandataria de la parte demandada solicitó la cancelación o levantamiento de la alerta migratoria, alegando que la medida carece de razón; que nunca se le dio vista con ésta; y que es falso que pretenda abandonar el país, puesto que aquí viven. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós se dio vista a la actora con esta manifestación, por el término de tres días. El dos de junio se decretó la extemporaneidad en el desahogo de la vista relativa ordenada por parte del actor; y se acordó: ".sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado por cuanto hace a levantar la alerta migratoria que indica porque no se desprende que se den los extremos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, considerando que la misma fue dictada como medida provisional, aunado a que el proveído de fecha veintiséis de noviembre se encuentra firme y surtiendo sus plenos efectos legales.". VI. Contra dicha determinación, la demandada interpuso recurso de apelación, resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el veinte de febrero de dos mil veintitrés dentro del toca ..., confirmando la decisión primigenia. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. En esencia, la quejosa sostiene que la sentencia reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales por un deficiente análisis de las constancias de autos, pues la providencia carece de razones objetivas para prevalecer, porque se basa en un supuesto temor fundado sin algún refuerzo probatorio, pues éste nunca se demostró. Además, cuando se decretó nunca se examinó si era necesaria y proporcional, respetando el derecho de doble nacionalidad que tienen los hijos de los colitigantes. La medida no debió dictarse solo porque el actor afirme que se le quitaría la patria potestad y que la nueva pareja de la demandada sea de nacionalidad argentina. Además, es equivocado hacer prevalecer la medida porque ésta nunca se le notificó y no tuvo conocimiento de la misma al momento del emplazamiento. Al soslayar la situación, la Sala violenta los derechos de los quejosos, al hacer prevalecer una medida sin justificación. Decisión: Son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII de mayo de 2006, página 167, en materia civil, con registro 175053, cuyo rubro y texto es: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." En efecto, a criterio del suscrito juzgador, el acto reclamado violenta los derechos fundamentales de los infantes quejosos por dos cuestiones: La primera es que abordar el problema jurídico a la luz de un parámetro ordinario de preclusión, implica que se pasó por alto que las providencias son mutables, lo cual guarda mayor relevancia en aquellas que se toman en materia familiar; y la segunda es que la Sala, aun cuando reafirma que es necesario que prevalezca la providencia, omitió justificar plenamente su postura. Para confirmar la decisión del juez local, la Alzada sostuvo lo siguiente para desestimar los agravios: Desde que fue llamada a juicio. y dar contestación a la demanda, la recurrente tuvo a disposición los autos para apelar, entre ellos, el de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; y al no haberlo hecho, el auto está firme y surtiendo efectos. La alerta migratoria debe prevalecer, pues fue dictada como medida preventiva para que los hijos no sean sustraídos del país sin consentimiento del padre, ante el temor de las amenazas proferidas por su contraria. Si bien el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles le concede al juez la facultad de variar sus determinaciones, para que ello ocurra es necesario que exista causa fundada; y en el caso es un hecho notorio que ante la problemática entre los padres, la autoridad debe actuar de oficio para proteger a los miembros de la familia; para lo cual invocó el principio pro persona. La restricción de salir del país no es absoluta, pues solo opera ante la falta de autorización del progenitor, dado que ambos conservan la patria potestad. Tales razones son insuficientes para hacer prevalecer la alerta migratoria. Ello es así, porque a criterio del suscrito la preclusión impugnativa no es una razón óptima para desestimar los agravios de la inconforme, en tanto que al ser una medida provisional la alerta migratoria, ello implica que no es una decisión inmodificable; lo cual atiende a lo previsto en los artículos 94 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establecen: "ARTICULO 94. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la definitiva. [.] ARTICULO 941. El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. [.]" Como se ve, las resoluciones judiciales con el carácter de provisionales, como son por su naturaleza las providencias precautorias, resultan susceptibles de modificación, lo cual puede incluso ser examinado de oficio por parte de las autoridades en los casos del orden familiar, precisamente para proteger los intereses de todos los implicados. Lo cual demuestra que el hecho de que no se haya impugnado la decisión que impuso la alerta migratoria no es una razón suficiente para hacerla prevalecer, sino que es necesario por parte de la autoridad un análisis exhaustivo y profundo para determinar si la medida restrictiva puede prevalecer o no, pues las medidas solo pueden prevalecer si existen elementos objetivos que así lo justifiquen. Al respecto se invoca la tesis I.3o.C.397 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, que dispone: "MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL JUEZ DEBE DECRETARLAS PARA PROTEGER A LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA (CUALQUIERA QUE ÉSTA SEA: HOMOPARENTAL, HETEROPARENTAL, MONOPARENTAL), CON BASE EN ELEMENTOS OBJETIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo al artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el Juez de lo familiar está facultado para intervenir oficiosamente en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, cuestiones relacionadas con violencia familiar, o controversias que versen sobre alimentos. Por ello, tiene el deber de decretar las medidas precautorias que tiendan a proteger a los miembros de una familia, con base en elementos objetivos que a veces se logran con las pruebas que son solicitadas por el juzgador. Esto es así, puesto que el conocimiento de la verdad material y que ésta coincida con la verdad jurídica, resulta importante en materia familiar; de ahí que el juzgador pueda solicitar toda la información con la que pueda hacerse de mayores elementos para una correcta impartición de justicia. Lo anterior, aunado a que, por ejemplo, en materia de alimentos, una vez decretada la necesidad de los mismos, no surte efectos la devolución de lo ya determinado como pensión; de ahí la importancia de que se demuestre de manera certera la necesidad justa y correcta de la prestación alimentaria, esto para evitar que el deudor sea condenado a pensiones de manera indebida." Cabe precisar que la necesidad de emprender un estudio frontal sobre la prevalencia de las medidas descansa sobre la base de que éstas restringen los derechos de los hijos de las partes, aun menores de edad, dentro de un asunto del orden familiar, donde los poderes y facultades de las personas juzgadoras se potencializan para evitar agravar tensiones entre los colitigantes y fomentarles un acceso más amplio a la justicia. Lo anterior se apoya en la tesis I.3o.C.850 C de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010. Materia(s): Civil. Página: 2986, que dispone: "DERECHO DE FAMILIA. SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de lo familiar puede intervenir de oficio e incluso debe suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, dentro de las controversias sometidas a su potestad, en las que se afecte a la familia, pues la intención del legislador fue la de ir más allá del principio "da mihi factum dabo tibi ius" (dame los hechos que yo te daré el derecho), toda vez que no sólo debe subsanarse la imprecisión en la cita de los preceptos legales, sino que se debe evitar una inadecuada defensa que pudiera afectar a la familia, sin que con ello se pretenda variar la esencia de lo pretendido por las partes, habida cuenta que lo que se busca es interpretarlo, entenderlo y perfeccionarlo en la medida de lo legalmente posible, pues el objeto de la figura de la suplencia en los planteamientos de derecho, es subsanar o sustituir a las partes en el juicio, con el afán de resolver el conflicto en la forma que más beneficie o menos afecte a los miembros de la familia." Sin que pase inadvertido que la Sala invocó en su decisión el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y el principio pro persona; sin embargo estos fundamentos no son óptimos para justificar la confirmación en los términos en que se hizo. Ello, porque el ordinal citado lo que regula es la separación de cuerpos que es una providencia distinta; y se afirma esto porque esa disposición está contemplada en el capítulo III del título quinto de dicho código, respectivamente denominados "CAPITULO III. Separación de personas como acto prejudicial" y "TITULO QUINTO. Actos prejudiciales", por lo que no es exactamente aplicable a la alerta migratoria, que es una medida restrictiva de la movilidad hacia el extranjero y no de la salida de la casa de algún colitigante por riesgos de violencia. Mientras que el principio pro homine a lo que sirve es a la función judicial de selección de normas a aplicarse a una decisión, a fin de crear escenarios benéficos o menos lesivos; no para decidir si una providencia se mantiene o no, máxime que la Sala no refirió si había disposiciones en tensión que ameritaran seleccionar una norma más benéfica para los justiciables. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES." Ahora bien, al existir condiciones para que la Sala aborde la necesidad de hacer o no prevalecer la medida restrictiva al tránsito extranjero, ésta debe ejercer su función de manera que cumpla con los extremos de fundamentación y motivación, atendiendo desde luego al interés superior de los infantes. Por lo cual, al abordar la cuestión que se le ha planteado, debe asumir un análisis minucioso donde determine si el alegado temor fundado, efectivamente tiene esa calidad; y si tiene bases para hacerlo verosímil, puesto que una revisión a la decisión reclamada pone de manifiesto que no hubo relación de pruebas para tal fin; sin que sea suficiente el solo hecho de que los hijos de las partes tienen doble nacionalidad; o que la madre tiene una pareja de otra nacionalidad, pues ello implicaría resolver con base en una categoría sospechosa [la nacionalidad], e incluso haría cuestionable si la decisión se toma por el hecho de que la demandada tenga una nueva pareja; y por lo que hace a las supuestas amenazas, no bastaría afirmar su existencia, pues tendría que haber indicios de ello para poderlos adminicular con otros factores a fin de justificar la decisión sobre la providencia, ya que como tal, es indispensable que satisfaga los requisitos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Al respecto, se cita la tesis I.4o.C.79 C (10a.), Undécima Época, en Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5040, que dispone: "ALERTA MIGRATORIA SOBRE MENORES. REQUISITOS PARA SU DECISIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA CAUTELAR. La interpretación sistemática de la normativa nacional y convencional sobre protección a los derechos humanos, particularmente el de libertad de tránsito; derechos sustantivos de los menores, específicamente su interés superior, a la integración familiar, de visita, descanso y esparcimiento; el derecho al debido proceso; el derecho adjetivo de procurar la opinión del niño en los procesos judiciales que le atañen y de sustracción internacional de menores conduce a estimar que sin desconocer que en materia familiar el juzgador está facultado para intervenir de oficio, especialmente tratándose de menores, la alerta migratoria sobre ellos sólo puede ser decretada en esos asuntos, de oficio o a petición de parte, en casos extraordinarios, siempre que se reúnan los requisitos que se enlistan. Primero, que a partir de una cognición expeditiva, objetiva e integradora de todos los datos directos e indirectos de la causa, disponibles hasta el momento, queden cumplidas las condiciones elementales de toda providencia precautoria, esto es, la buena apariencia de un derecho y el peligro en la demora. Segundo, la demostración de esos presupuestos debe superar un estándar de valoración preliminar más riguroso al de otros casos, por tratarse de un acto procesal irruptor, grave y excepcional, en donde, además, se ven comprometidos derechos de los niños. Tercero, el operador jurídico debe constatar exhaustivamente, en un acto de suma responsabilidad, que el mandamiento cautelar es idóneo, necesario y proporcional para el fin buscado, y que en el ejercicio de ese examen se han considerado todos los derechos reconocidos en la normativa que puedan quedar inactivos con la medida, tanto los de incidencia general como los de atención más específica según la situación particular de los involucrados, verbigracia, el respeto a la doble nacionalidad o a la convivencia con la familia ampliada residente en distinto país. Cuarto, el tratamiento del resultado de los anteriores puntos debe manejarse con la sensibilidad que ameritan los casos que afectan a menores y con la experiencia exigible al juzgador. Si la consecuencia es la imposición de la medida, podrá modularse en su ámbito temporal o para efectos, en uso del arbitrio judicial. Si el resultante es negarla, el Juez debe quedar expectante a cualquier dato indicativo surgido durante el proceso, que amerite la actividad cautelar, incluso de plano, si se surten los requisitos antes mencionados. Mientras tanto, podrá imponer, desde el inicio, controles idóneos y proporcionales para asegurar la realización de los derechos de movilidad y visita, como autorizar los itinerarios de viaje, los respectivos enlaces de comunicación con el niño, y verificar su acatamiento, a fin de evitar que algún padre pueda frustrar deliberadamente la realización de esos derechos. Estas precauciones es prudente adoptarlas para evitar la posible sustracción ilegal del menor, acerca de lo cual deberá apercibirse al padre solicitante del traslado." Por lo expuesto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Sala responsable: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y b) Dicte otra en la que, atento a lo expuesto en esta sentencia, determine si existen o no razones para que subsista la providencia; y solo para el caso de hacerla prevalecer, deberá motivar plenamente su postura, apoyada en los elementos que objetivamente justifiquen un potencial riesgo de sustracción del país. La protección constitucional se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora; dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******(identidad protegida), contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ...z, Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
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En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 348/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) El emplazamiento de la parte tercera interesada; C) Los oficios donde las autoridades responsables rindieron su informe justificado. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al efecto, se acuerda: Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos, en el que las partes no los formularon y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita sí intervino; por lo que, se cierra el presente periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, que firman el Juez en unión del Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 348/2023, promovido por ****(identidad protegida), contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. La demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó llamar al tercero interesado, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita intervino, se emplazó al tercero interesado; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un juicio del orden familiar seguido ante un órgano jurisdiccional con sede la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. Los quejosos reclaman la sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés dictada en el toca ... del índice de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicha sentencia confirmó el auto de dos de junio de dos mil veintidós emitido por el Juez Segundo de la misma especialidad y residencia dentro del incidente de modificación y cambio al régimen visitas y convivencias, deducido de la controversia ..., en que se hizo prevalecer la alerta migratoria ordenada en autos para que sus hijos no salgan del país. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por las responsables, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El ocho de junio de dos mil veintiuno, ... promovió incidente de modificación de convenio, para cambiar el régimen de visitas y convivencias. El asunto se admitió ante el juzgado responsable por auto de diez de dicho mes y año. II. Durante el trámite la mandataria de la parte actora solicitó lo siguiente: "Que por medio del presente escrito y tomando en consideración que los menores de edad de nombres ... y ..., ambos de apellidos ..., cuentan con pasaportes y visas, además de la nacionalidad Francesa, y derivado de las amenazas que le ha hecho la señora ... a mi representado, referente a sus hijos de quitarle la patria potestad, además de alienar a los impúberes en contra de su padre, mi cliente tiene el temor fundado de que la madre de los niños quiera llevárselos fuera del país para residir de primera instancia en Francia, ahora tiene esposo Argentino así que en cualquier momento puede sustraerlos del país. Por lo anteriormente narrado, le pido a su Señoría gire instrucciones a la secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que se impida la salida del País de los menores de edad de nombres ... y J..., ambos de apellidos ...." A esta petición recayó el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, solicitando a la promovente la clave única de registro poblacional de los infantes. III. El veintiséis de noviembre siguiente se tuvo a la promovente presentado la información solicitada y al efecto se decretó la medida en los siguientes términos: ".tomando en consideración que la parte actora incidental por conducto de su mandataria judicial manifiesta tener el temor fundado de que sus menores hijos sean sustraídos del país sin autorización con lo cual se correría el riesgo de dejar el presente incidente sin materia en perjuicio del interés superior de los mismos, en consecuencia, gírese oficio al INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN para requerirle que dentro del ámbito de sus competencias gire apreciables instrucciones para que inscriba una alerta migratoria para que impida la salida del país por cualquiera de sus aduanas y fronteras a los menores ." IV. El siete de marzo de dos mil veintidós se emplazó a la demandada y aquí quejosa; y el quince siguiente dio contestación a la incidencia en su contra, a lo que recayó el auto de veintitrés de dicho mes y año. V. El tres de mayo de dos mil veintidós, la mandataria de la parte demandada solicitó la cancelación o levantamiento de la alerta migratoria, alegando que la medida carece de razón; que nunca se le dio vista con ésta; y que es falso que pretenda abandonar el país, puesto que aquí viven. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós se dio vista a la actora con esta manifestación, por el término de tres días. El dos de junio se decretó la extemporaneidad en el desahogo de la vista relativa ordenada por parte del actor; y se acordó: ".sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado por cuanto hace a levantar la alerta migratoria que indica porque no se desprende que se den los extremos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, considerando que la misma fue dictada como medida provisional, aunado a que el proveído de fecha veintiséis de noviembre se encuentra firme y surtiendo sus plenos efectos legales.". VI. Contra dicha determinación, la demandada interpuso recurso de apelación, resuelto por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el veinte de febrero de dos mil veintitrés dentro del toca ..., confirmando la decisión primigenia. Esta sentencia constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. En esencia, la quejosa sostiene que la sentencia reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales por un deficiente análisis de las constancias de autos, pues la providencia carece de razones objetivas para prevalecer, porque se basa en un supuesto temor fundado sin algún refuerzo probatorio, pues éste nunca se demostró. Además, cuando se decretó nunca se examinó si era necesaria y proporcional, respetando el derecho de doble nacionalidad que tienen los hijos de los colitigantes. La medida no debió dictarse solo porque el actor afirme que se le quitaría la patria potestad y que la nueva pareja de la demandada sea de nacionalidad argentina. Además, es equivocado hacer prevalecer la medida porque ésta nunca se le notificó y no tuvo conocimiento de la misma al momento del emplazamiento. Al soslayar la situación, la Sala violenta los derechos de los quejosos, al hacer prevalecer una medida sin justificación. Decisión: Son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII de mayo de 2006, página 167, en materia civil, con registro 175053, cuyo rubro y texto es: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." En efecto, a criterio del suscrito juzgador, el acto reclamado violenta los derechos fundamentales de los infantes quejosos por dos cuestiones: La primera es que abordar el problema jurídico a la luz de un parámetro ordinario de preclusión, implica que se pasó por alto que las providencias son mutables, lo cual guarda mayor relevancia en aquellas que se toman en materia familiar; y la segunda es que la Sala, aun cuando reafirma que es necesario que prevalezca la providencia, omitió justificar plenamente su postura. Para confirmar la decisión del juez local, la Alzada sostuvo lo siguiente para desestimar los agravios: Desde que fue llamada a juicio. y dar contestación a la demanda, la recurrente tuvo a disposición los autos para apelar, entre ellos, el de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; y al no haberlo hecho, el auto está firme y surtiendo efectos. La alerta migratoria debe prevalecer, pues fue dictada como medida preventiva para que los hijos no sean sustraídos del país sin consentimiento del padre, ante el temor de las amenazas proferidas por su contraria. Si bien el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles le concede al juez la facultad de variar sus determinaciones, para que ello ocurra es necesario que exista causa fundada; y en el caso es un hecho notorio que ante la problemática entre los padres, la autoridad debe actuar de oficio para proteger a los miembros de la familia; para lo cual invocó el principio pro persona. La restricción de salir del país no es absoluta, pues solo opera ante la falta de autorización del progenitor, dado que ambos conservan la patria potestad. Tales razones son insuficientes para hacer prevalecer la alerta migratoria. Ello es así, porque a criterio del suscrito la preclusión impugnativa no es una razón óptima para desestimar los agravios de la inconforme, en tanto que al ser una medida provisional la alerta migratoria, ello implica que no es una decisión inmodificable; lo cual atiende a lo previsto en los artículos 94 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establecen: "ARTICULO 94. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la definitiva. [.] ARTICULO 941. El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. [.]" Como se ve, las resoluciones judiciales con el carácter de provisionales, como son por su naturaleza las providencias precautorias, resultan susceptibles de modificación, lo cual puede incluso ser examinado de oficio por parte de las autoridades en los casos del orden familiar, precisamente para proteger los intereses de todos los implicados. Lo cual demuestra que el hecho de que no se haya impugnado la decisión que impuso la alerta migratoria no es una razón suficiente para hacerla prevalecer, sino que es necesario por parte de la autoridad un análisis exhaustivo y profundo para determinar si la medida restrictiva puede prevalecer o no, pues las medidas solo pueden prevalecer si existen elementos objetivos que así lo justifiquen. Al respecto se invoca la tesis I.3o.C.397 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, que dispone: "MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL JUEZ DEBE DECRETARLAS PARA PROTEGER A LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA (CUALQUIERA QUE ÉSTA SEA: HOMOPARENTAL, HETEROPARENTAL, MONOPARENTAL), CON BASE EN ELEMENTOS OBJETIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo al artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el Juez de lo familiar está facultado para intervenir oficiosamente en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, cuestiones relacionadas con violencia familiar, o controversias que versen sobre alimentos. Por ello, tiene el deber de decretar las medidas precautorias que tiendan a proteger a los miembros de una familia, con base en elementos objetivos que a veces se logran con las pruebas que son solicitadas por el juzgador. Esto es así, puesto que el conocimiento de la verdad material y que ésta coincida con la verdad jurídica, resulta importante en materia familiar; de ahí que el juzgador pueda solicitar toda la información con la que pueda hacerse de mayores elementos para una correcta impartición de justicia. Lo anterior, aunado a que, por ejemplo, en materia de alimentos, una vez decretada la necesidad de los mismos, no surte efectos la devolución de lo ya determinado como pensión; de ahí la importancia de que se demuestre de manera certera la necesidad justa y correcta de la prestación alimentaria, esto para evitar que el deudor sea condenado a pensiones de manera indebida." Cabe precisar que la necesidad de emprender un estudio frontal sobre la prevalencia de las medidas descansa sobre la base de que éstas restringen los derechos de los hijos de las partes, aun menores de edad, dentro de un asunto del orden familiar, donde los poderes y facultades de las personas juzgadoras se potencializan para evitar agravar tensiones entre los colitigantes y fomentarles un acceso más amplio a la justicia. Lo anterior se apoya en la tesis I.3o.C.850 C de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010. Materia(s): Civil. Página: 2986, que dispone: "DERECHO DE FAMILIA. SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez de lo familiar puede intervenir de oficio e incluso debe suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, dentro de las controversias sometidas a su potestad, en las que se afecte a la familia, pues la intención del legislador fue la de ir más allá del principio "da mihi factum dabo tibi ius" (dame los hechos que yo te daré el derecho), toda vez que no sólo debe subsanarse la imprecisión en la cita de los preceptos legales, sino que se debe evitar una inadecuada defensa que pudiera afectar a la familia, sin que con ello se pretenda variar la esencia de lo pretendido por las partes, habida cuenta que lo que se busca es interpretarlo, entenderlo y perfeccionarlo en la medida de lo legalmente posible, pues el objeto de la figura de la suplencia en los planteamientos de derecho, es subsanar o sustituir a las partes en el juicio, con el afán de resolver el conflicto en la forma que más beneficie o menos afecte a los miembros de la familia." Sin que pase inadvertido que la Sala invocó en su decisión el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y el principio pro persona; sin embargo estos fundamentos no son óptimos para justificar la confirmación en los términos en que se hizo. Ello, porque el ordinal citado lo que regula es la separación de cuerpos que es una providencia distinta; y se afirma esto porque esa disposición está contemplada en el capítulo III del título quinto de dicho código, respectivamente denominados "CAPITULO III. Separación de personas como acto prejudicial" y "TITULO QUINTO. Actos prejudiciales", por lo que no es exactamente aplicable a la alerta migratoria, que es una medida restrictiva de la movilidad hacia el extranjero y no de la salida de la casa de algún colitigante por riesgos de violencia. Mientras que el principio pro homine a lo que sirve es a la función judicial de selección de normas a aplicarse a una decisión, a fin de crear escenarios benéficos o menos lesivos; no para decidir si una providencia se mantiene o no, máxime que la Sala no refirió si había disposiciones en tensión que ameritaran seleccionar una norma más benéfica para los justiciables. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES." Ahora bien, al existir condiciones para que la Sala aborde la necesidad de hacer o no prevalecer la medida restrictiva al tránsito extranjero, ésta debe ejercer su función de manera que cumpla con los extremos de fundamentación y motivación, atendiendo desde luego al interés superior de los infantes. Por lo cual, al abordar la cuestión que se le ha planteado, debe asumir un análisis minucioso donde determine si el alegado temor fundado, efectivamente tiene esa calidad; y si tiene bases para hacerlo verosímil, puesto que una revisión a la decisión reclamada pone de manifiesto que no hubo relación de pruebas para tal fin; sin que sea suficiente el solo hecho de que los hijos de las partes tienen doble nacionalidad; o que la madre tiene una pareja de otra nacionalidad, pues ello implicaría resolver con base en una categoría sospechosa [la nacionalidad], e incluso haría cuestionable si la decisión se toma por el hecho de que la demandada tenga una nueva pareja; y por lo que hace a las supuestas amenazas, no bastaría afirmar su existencia, pues tendría que haber indicios de ello para poderlos adminicular con otros factores a fin de justificar la decisión sobre la providencia, ya que como tal, es indispensable que satisfaga los requisitos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Al respecto, se cita la tesis I.4o.C.79 C (10a.), Undécima Época, en Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5040, que dispone: "ALERTA MIGRATORIA SOBRE MENORES. REQUISITOS PARA SU DECISIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA CAUTELAR. La interpretación sistemática de la normativa nacional y convencional sobre protección a los derechos humanos, particularmente el de libertad de tránsito; derechos sustantivos de los menores, específicamente su interés superior, a la integración familiar, de visita, descanso y esparcimiento; el derecho al debido proceso; el derecho adjetivo de procurar la opinión del niño en los procesos judiciales que le atañen y de sustracción internacional de menores conduce a estimar que sin desconocer que en materia familiar el juzgador está facultado para intervenir de oficio, especialmente tratándose de menores, la alerta migratoria sobre ellos sólo puede ser decretada en esos asuntos, de oficio o a petición de parte, en casos extraordinarios, siempre que se reúnan los requisitos que se enlistan. Primero, que a partir de una cognición expeditiva, objetiva e integradora de todos los datos directos e indirectos de la causa, disponibles hasta el momento, queden cumplidas las condiciones elementales de toda providencia precautoria, esto es, la buena apariencia de un derecho y el peligro en la demora. Segundo, la demostración de esos presupuestos debe superar un estándar de valoración preliminar más riguroso al de otros casos, por tratarse de un acto procesal irruptor, grave y excepcional, en donde, además, se ven comprometidos derechos de los niños. Tercero, el operador jurídico debe constatar exhaustivamente, en un acto de suma responsabilidad, que el mandamiento cautelar es idóneo, necesario y proporcional para el fin buscado, y que en el ejercicio de ese examen se han considerado todos los derechos reconocidos en la normativa que puedan quedar inactivos con la medida, tanto los de incidencia general como los de atención más específica según la situación particular de los involucrados, verbigracia, el respeto a la doble nacionalidad o a la convivencia con la familia ampliada residente en distinto país. Cuarto, el tratamiento del resultado de los anteriores puntos debe manejarse con la sensibilidad que ameritan los casos que afectan a menores y con la experiencia exigible al juzgador. Si la consecuencia es la imposición de la medida, podrá modularse en su ámbito temporal o para efectos, en uso del arbitrio judicial. Si el resultante es negarla, el Juez debe quedar expectante a cualquier dato indicativo surgido durante el proceso, que amerite la actividad cautelar, incluso de plano, si se surten los requisitos antes mencionados. Mientras tanto, podrá imponer, desde el inicio, controles idóneos y proporcionales para asegurar la realización de los derechos de movilidad y visita, como autorizar los itinerarios de viaje, los respectivos enlaces de comunicación con el niño, y verificar su acatamiento, a fin de evitar que algún padre pueda frustrar deliberadamente la realización de esos derechos. Estas precauciones es prudente adoptarlas para evitar la posible sustracción ilegal del menor, acerca de lo cual deberá apercibirse al padre solicitante del traslado." Por lo expuesto, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Sala responsable: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y b) Dicte otra en la que, atento a lo expuesto en esta sentencia, determine si existen o no razones para que subsista la providencia; y solo para el caso de hacerla prevalecer, deberá motivar plenamente su postura, apoyada en los elementos que objetivamente justifiquen un potencial riesgo de sustracción del país. La protección constitucional se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora; dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******(identidad protegida), contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente ...z, Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo; hasta hoy, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se fijaron las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no fue posible celebrarla debido a que se suspendieron labores y términos judiciales de los órganos jurisdiccionales del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro los días dieciséis al veinticuatro de este mes y año, conforme los avisos correspondientes. En tales condiciones, ante la imposibilidad para celebrar la audiencia referida, se reprograma su desahogo para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo a lo anterior, se cita por sus consideraciones la tesis VII.2o.A.T.10 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de enero de 2000, novena época, en materia común, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA EN DÍA INHÁBIL. VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otra parte, agréguese el oficio del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número de orden 243/2023 y origen 237/2023 de este índice, en consecuencia, se tiene por emplazado al tercero interesado en el presente asunto. Dese de baja la comunicación mencionada y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. En ese orden de ideas y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término otorgado al tercero interesado ..., para señalar un domicilio procesal en esta ciudad, sin que lo hiciera; consecuentemente, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se efectúen por medio de lista. NOTIFÍQUESE.
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