Bernardo Armas Botello
Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bernardo Armas Botello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de septiembre del año en curso por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio, y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente único de suspensión es susceptible de ser conservable, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un disco compacto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 64/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de que se encuentra debidamente integrado y de que guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al juez con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación y hace constar que las demás partes no los hicieron valer. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación formulando sus alegatos y a las demás partes se les declara precluido el derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés (fojas 2-7), ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Bernardo Armas Botello, Raymundo Armas Gómez y Jesús Raymundo Armas Botello, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 64/2023, se admitió mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés (fojas 36-37) se determinó que tenía el carácter de tercera interesada Robertina Castrejón Gómez y se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo. En el propio auto se ordenó emplazar a los Agentes del Ministerio Público que intervinieron en la solicitud de orden de aprehensión. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y al Fiscal General del Estado de Michoacán, es: La orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal 1419/2022, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de Gerardo Lara Castrejón; y, su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, así como el Fiscal General del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 27 y 30) adujeron que no era cierto el acto reclamado por lo que hace al quejoso Jesús Raymundo Armas Botello, toda vez que el Ministerio Público desistió de la solicitud de orden de aprehensión. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado por el quejoso Jesús Raymundo Armas Botello, atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, y Fiscal General del Estado de Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo, únicamente por lo que hace a dicho quejoso. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 227634, la cual es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia; así como el Fiscal General del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 27 y 30), por lo que hace a los quejosos Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez. Certeza que se corrobora con el disco compacto que remitió adjunto a su informe el Juez responsable que contiene la audiencia privada de orden de aprehensión celebrada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, el que dado su carácter de documental pública tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que los quejosos no demostraron encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditaron una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que los quejosos son parte dentro de la causa penal de origen, y se les dictó orden de aprehensión en su contra, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, en relación con el acto reclamado que se considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere la representante social adscrita, sino de una orden de aprehensión y su ejecución. Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los promoventes del amparo hicieron valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso -por las razones que se precisarán más adelante- sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar a los quejosos los perjudica o no les es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado, no transgrede los derechos fundamentales de los quejosos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación se estima necesario referir que en audiencia privada de treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público, solicitó al juez responsable librara orden de aprehensión en contra de los quejosos Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez, por el hecho que la ley establece como delito de homicidio calificado en agravio de Gerardo Lara Castrejón por el siguiente hecho: ". El día veinticuatro de diciembre del año dos mil veintidós, alrededor de las 10:55 horas la víctima Gerardo Lara Castrejón llegó a las instalaciones de la empresa "Jocars" la cual se ubica en la carretera conocida como la cuesta de las novias como referencia en la salida de la cabecera municipal de Villa Madero, Michoacán, hacia la tenencia de Acaten con una piedra en la mano y se dirigió a la oficina donde se encontraba Jesús Raymundo Armas Botello e intentó agredirlo con la piedra que llevaba, en ese momento el personal que labora en dicha empresa se percató de las intenciones de Gerardo Lara Castrejón, evitaron la agresión y lo corrieron de las instalaciones, derivado de esto el investigado Jesús Raymundo Armas Botello le llamó por teléfono a los diversos investigados Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez y les indicó que se fueran rápido porque Gerardo lo quería agredir y que eso no se iba a quedar así, motivo por el cual Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez a bordo de una camioneta pickup color blanca, de redilas con tablas, se dirigen a las instalaciones de la empresa y al ir circulando por la carretera conocida como la cuesta visualizaron a la víctima Gerardo Lara Castrejón caminando sobre la carretera quien al percatarse de su presencia se echó a correr por lo cual los investigados Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez, descendieron del vehículo y lo comenzaron a perseguir dándole alcance a la víctima dentro de un predio de grandes dimensiones en donde en un momento determinado le infirieron heridas con un objeto punzante las cuales le ocasionaron la muerte debido a hemorragia profusa interna debido a laceración de pulmón derecho e hilio pulmonar consecutivo a herida penetrante de tórax ocasionada por instrumento punzante." Ahora bien, el delito de homicidio calificado se encuentra contenido en los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b) y III, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 117. Homicidio simple. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión. Siempre que una mujer sea víctima de homicidio se aplicaraì (sic) la perspectiva de género en la conducción de investigaciones e integración de carpetas de investigación, servicios periciales y procesos judiciales, a fin de determinar el tipo penal aplicable al caso y, en su caso, el concurso de delitos; las omisiones o acciones de los servidores públicos que resulten contrarias a lo dispuesto en el presente párrafo constituirán un delito contra la administración de justicia y se sancionarán conforme a ese tipo penal contenido en este Código. Para aplicar la perspectiva de género se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a las normas oficiales mexicanas en materia de violencia y protección a las mujeres". "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: a) Cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al sujeto pasivo y éste no se encuentra armado; b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;." ". III. Existe alevosía cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quería hacer." De los anteriores artículos se puede apreciar que los elementos del delito de homicidio son los siguientes: Una vida humana previamente existente; Supresión de esa vida; y Que la supresión se deba a una intencionalidad delictiva. Ahora, para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez penal, se llega a la conclusión de que el mandamiento de captura reclamado, reúne los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a saber: El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Ello además, tomando en consideración que el hecho delictivo aconteció en Villa Madero, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región Morelia, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado [minuto 46:46 ]. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, toda vez que como lo refirió el juez y de lo expuesto por la agente del ministerio público en la audiencia respectiva, existe noticia criminal de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, en la que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios recibió una llamada telefónica por parte del Policía Ministerial Rafael González Santoyo en la que le hacen saber que en el camino a Acaten, lugar conocido como la cuesta de las novias, del municipio de Villa Madero, Michoacán, se encontraba una persona del sexo masculino, sin vida. Asimismo, porque la carpeta de investigación integrada contra Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez, fue por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122, y 135 fracción I, inciso b), y III, del Código Penal de Michoacán, con pena privativa de libertad de veinte a cincuenta años de prisión. El requisito relativo a que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se cumplen. Lo anterior es así ya que para llegar a la conclusión de dictar la orden de aprehensión reclamada el juez responsable tomó en cuenta los siguientes datos de prueba expuestos en audiencia privada: 1.- Constancia de noticia criminal de veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós recibida por el agente del ministerio público de la unidad de homicidios por parte de la policía ministerial mediante el cual recibió una llamada telefónica en la que le hacen del conocimiento que en el camino al lugar conocido como la cuesta de las novias del municipio de Villa Madero, Michoacán, se encuentra una persona sin vida. 2.- Informe policial de veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, en la que se advierte recibió la noticia criminal vía radio, donde le indican que en el camino a Acaten, lugar conocido como la cuesta de las novias, del municipio de Villa Madero, Michoacán, se encontraba una persona del sexo masculino fallecido. Por lo que se trasladó al lugar ese mismo día. 3.- Levantamiento de cadáver que realiza el perito oficial de veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, de la que se desprende que se constituyó en el lugar de los hechos donde localizó un cadáver que presenta diversas lesiones, unas de ellas producidas por herida penetrante a tórax por instrumento punzante. 4.- Necropsia médico legal realizada por la perito oficial el veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, en la que se determinó que el cadáver presentaba diversas lesiones, y concluyó que la causa que determinó la muerte se debió a una hemorragia profusa interna, debido a laceración de pulmón derecho ocasionada por instrumento punzante. 5.- Dictámenes en materia de química forense realizados por perito oficial el veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, en los que se encontró la presencia de metabolismo de marihuana y anfetaminas. 6.- Reconocimiento de cadáver de quién en vida respondía al nombre de Gerardo Lara Castrejón, de veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, por Robertina Castrejón Gómez y José de Jesús Lara Castrejón en cuanto madre y hermano de la víctima, respectivamente, quienes manifiestan que al momento de su muerte contaba con la edad de veinticinco años de edad, originario y vecino de Villa Madero, Michoacán. 7.- Entrevista de Gilberto Castrejón Lara de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que es hermano de la víctima, que trabaja como velador en una empresa que se dedica a la renta de maquinaria pesada que se ubica a bordo de la carretera conocida como la cuesta de las novias, como referencia en la salida de la cabecera municipal de Villa Madero, hacia la tenencia de Acaten, que ese día, aproximadamente a las 10:55 horas se encontraba trabajando en la citada empresa, cuando llegó su hermano Gerardo caminando, entró a la empresa con una con una piedra en la mano y se dirigió hacia la oficina donde se encontraba Jesús Raymundo Armas Botello, queriéndolo agredir, sin saber por qué motivo pero como se encontraban unos trabajadores cerca de él intervinieron y lograron calmar a su hermano, y lo sacaron de la empresa, que enseguida escuchó que Jesús Raymundo realizó una llamada y logró escuchar que decía "este Gerardo me quiere agredir con una piedra vengan rápido porque esto no se va a quedar así", que siendo aproximadamente las 11:00 horas, ve que su hermano se retira de la empresa caminando, y como a los diez minutos llegó una persona de nombre Benito quién es proveedor de dicha empresa y le dijo que sobre la carretera de la cuesta de las novias a la altura de donde se encontraba un viaje de piedra, una camioneta pickup, color blanco, de redilas con tablas, y con rines blancos, estaba siguiendo a su hermano Gerardo, que él y su otro hermano de nombre Miguel quién también trabaja en la misma empresa, se fueron a buscar a su hermano Gerardo, que Miguel se fue por un atajo y el entrevistado se fue por la carretera, que cuando él llegó a la altura de donde se encontraba ese viaje de piedra que le había dicho el señor Benito vio la camioneta pickup, modelo viejito, color blanco, con rines blancos, la cual conoce y sabe que es de un señor del mismo pueblo de Villa Madero que se llama Bernardo Armas Botello, y que junto con el ve al señor Raymundo Armas Gómez hermano y padre, respectivamente de Jesús Raymundo Armas Botello, que estas dos personas venían cruzando el alambrado del predio del señor Gabriel Suárez y que al verlo, estas personas rápidamente se bajaron del terreno de terracería, se subieron a la camioneta blanca de redilas y arrancaron con dirección a la empresa, enseguida de esto llegó su hermano Miguel y le preguntó que si había encontrado a Gerardo y éste le respondió que solo había visto la camioneta pickup blanca y que de lado de la cerca entre la vegetación y árboles de pino estaban Bernardo Armas Botello y su padre Raymundo Armas Gómez, a quienes les preguntó por Gerardo y le dijeron que lo habían visto correr en dirección al puente, que se había metido por un portón negro, que por ese motivo se regresaron a la oficina del trabajo y al salir caminando hacia la empresa vieron nuevamente bajar la camioneta de Bernardo con su papá Raymundo; después siguieron buscando a su hermano con varios amigos con los que él se la pasaba pero que nadie daba razón, qué aproximadamente a las 16:00 horas se fue a buscarlo nuevamente por donde había visto que brincaron la cerca Bernardo y Raymundo, y a la altura de un pino vio a una persona tirada bocabajo, se acercó y vio que se trata de su hermano, quien ya no se movía, le avisó a su hermano Miguel y le dijo que en ese mismo lugar donde había encontrado a Gerardo muerto era donde había encontrado a Bernardo y a su papá Raymundo cuando este lo andaba buscando, que conoce perfectamente bien a Raymundo Armas Gómez porque vive en el mismo pueblo. 8.- Entrevista de Miguel Castrejón Lara de veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, en que refirió que es hermano de la víctima, que respecto a la muerte de su hermano el cual fue localizado en el predio de el señor Gabriel Suárez refiere que ese día se encontraba trabajando y que aproximadamente a las 10:50 vio llegar a su hermano Gerardo a la empresa con una piedra en la mano, se dirigió directamente hacia el interior de las oficinas queriendo agredir a Jesús Raymundo pero que éste logró cerrar la oficina y que entre varios trabajadores que se percataron de esta situación calmaron a su hermano Gerardo y lo sacaron de la empresa, luego vio que Jesús Raymundo realizó una llamada sin saber a quién, que su hermano se retiró por la parte de atrás de la empresa por un atajo hacia la cuesta de las novias, con rumbo al predio de don Gabriel, que como a los diez minutos llegó un proveedor de la empresa de nombre Benito quien le dijo que en la carretera conocida como la cuesta de las novias, a la altura de donde está un viaje de piedras había visto a su hermano Gerardo corriendo con un tenis en la mano y gritando que los de la camioneta blanca lo querían matar, que incluso a su hermano se le había caído un celular y en ese momento se los entregó; que platicando con su hermano Gilberto se fueron ambos por diferente dirección a buscar a su hermano Gerardo, él se fue por el cerro hasta salir a la carretera la cuesta de las novias, que al salir a donde se encontraba un viaje de piedra observó estacionada a la orilla de la carretera y enfrente del predio de don Gabriel una camioneta blanca, de redilas, viejita, con rines blancos, y que cuando volteó en dirección al predio antes mencionado, por dentro de la cerca de alambre de púas donde hay vegetación y árboles de pino, vio a Raymundo Armas Gómez y su hijo Bernardo Armas Botello, que los notó muy nerviosos, en cuanto vieron que se acercaba, que les preguntó si habían visto a su hermano Gerardo y Raymundo le contestó que sí, que iba corriendo y se había metido por un portón negro; que posteriormente se fue con rumbo a donde le habían dicho a buscar a su hermano pero no lo encontró, regresó al mismo lugar donde había visto a estas personas pero ya se habían ido, que ahí estaba su hermano Gilberto y que le preguntó por Raymundo Bernardo y le dijo que los había visto cuando iban cruzando la cerca que limita el predio de don Gabriel y se habían ido a bordo de la camioneta blanca de redilas, con rumbo a la empresa, que decidieron regresar a la empresa y que en el trayecto vieron bajar la camioneta conducida por Bernardo y Raymundo; y que siendo aproximadamente las 16:00 horas se pusieron a buscarlo en el lugar donde habían visto a Raymundo y Bernardo, que cuando llegó a ese lugar se encontró a su hermano Gilberto que estaba del otro lado de la cerca en el interior del predio de Gabriel donde había visto antes a Bernardo y Raymundo, enseguida su hermano le dijo que ahí estaba Gerardo tirado que no respiraba, que no reaccionaba que de inmediato dieron aviso a la policía. 9.- Entrevista de Benito García Corona de fecha veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, en la cual señaló que el veinticuatro anterior, aproximadamente a las 10:45 horas llegó a la empresa de la que es proveedor y que aproximadamente a las 10:50 llegó un hermano de Gilberto a quien conoce como el Scooby, que solamente conoce de vista a su hermano quien se dirigió a las oficinas de la empresa con una piedra en la mano, entró directo a las oficinas queriendo agredir a personal que se encontraba dentro, pero varios trabajadores intervinieron y lo sacaron, que aproximadamente a las 11:00 horas, el hermano del Scooby se retiró, que una vez que él terminó de descargar su camioneta también se retiró de la empresa y aproximadamente a las 11:10 horas, cuando iba bajando por la carretera de la cuesta de las novias, vio que iba corriendo sobre la carretera en sentido contrario al de él, el hermano del Scooby, con unos tenis en la mano, gritando que los de la camioneta blanca lo querían matar, se le cayó un celular, y que se detuvo para recogerlo y siguió su camino, que al llegar al puente vio una camioneta blanca, de redilas, pickup, y rines blancos, que se estaba dando la vuelta rápidamente, por lo que Benito se regresó a la empresa para avisarle a sus hermanos, y al ir subiendo por la carretera de la cuesta de las novias, precisamente donde se encuentra un viaje de piedra, estaba ya estacionada la camioneta sobre la misma carretera, que minutos antes había visto seguir al hermano del Scooby, que no vio en la camioneta a nadie, que siguió su curso hasta llegar a la empresa, que entregó el celular a sus hermanos y les dijo lo que había visto; que esa misma noche se enteró que había aparecido muerto el hermano de Gilberto en ese lugar donde él vio estacionada la camioneta de redilas, color blanco. 10.- Pericial de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, realizada por perito oficial donde se posiciona en el en el lugar donde estaba el testigo Miguel Lara Castrejón, a las 13:55 horas, donde se determina que sí existe visibilidad y que no se encontró algún objeto o construcción intermedia que obstruya la misma, del lugar donde visualizó Miguel Lara Castrejón a Raymundo Armas Gómez y a su hijo Bernardo Armas Botello por dentro del predio que estaba cercado. 11.- Análisis de video de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, realizado por perito oficial, de la que se desprende que el material analizado corresponde al establecimiento comercial denominado "jocars proyectos y construcciones" ubicado en la carretera conocida como la cuesta de las novias sin número, de Madero, Michoacán, así como de otro establecimiento denominado "tropical bar", ubicado en la carretera conocida como la cuesta de las novias. 12.- Necropsia médico legal dónde se estableció que la víctima presentó diversa heridas, así como múltiples escoriaciones, estableciendo que la causa de la muerte del pasivo fue una hemorragia interna producida por objeto punzante. Al respecto el juez responsable al analizar estos datos de prueba llegó a la siguiente conclusión: [a partir del minuto 47:28 de la audiencia respectiva] ".analizada la información que ha sido propuesta por el investigador atendiendo a la objetividad y lealtad con que debe conducirse sin perjuicio de que en estos momentos se someta a la contraria me permito establecer de manera probable el hecho que pretenden cómo dar intervención a los investigados y porque a partir de las intervenciones policiales y de criminalística se da cuenta de que en un área abierta en el lugar referenciado se encontró el cuerpo sin vida de quién respondiera al nombre de Gerardo Lara Castrejón quien fuera posteriormente reconocido por su madre y hermano da cuenta la Perito de referencia que en efecto se advirtieron lesiones en la corporeidad de esta persona y encontró también como indicio un instrumento metálico que describió, concluye de que este es el lugar de los hechos y fue el original posterior al deceso de la víctima, también con la intervención de la médico María Arroyo quien da cuenta de tres heridas punzantes encontradas en la corporeidad de la víctima dieciséis escoriaciones y dos equimosis concluyendo como causa de la muerte aquella establecida en el cuadro factico y de la misma manera en la temporalidad que fue la materia de la imputación todos los cuáles deben ser tomados en cuenta pues se trata de servidores públicos que emiten en sus funciones y que dieron cuenta de la intervención que tuvieron en la investigación, y hasta este momento no advierto comprometida su idoneidad, también advierto objetividad en sus conclusiones para establecer que quien en vida respondiera al nombre de Gerardo Lara Castrejón murió en los términos indicados esto se debió al actuar y probablemente Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez, lo anterior es así pues se cuenta con la manifestación de Gilberto y Miguel ambos de apellidos Castrejón Lara hermanos de la víctima quienes dan cuenta de que trabajan en el mismo lugar donde este laboraba que previo a estos hechos el día veinticuatro de diciembre aproximadamente a las diez horas con cincuenta y cinco minutos su hermano el ahora fallecido llegó a este lugar con una piedra e intentó agredir a personal de este lugar de manera particular a Jesús Raymundo Armas Botello y que posteriormente tuvieron noticia por parte de Benito García Corona que había visto a su hermano al parecer ser perseguido por personas que iban a bordo de un vehículo automotor, una camioneta de redilas que se dieron a la tarea de buscarlo y señala el primero de ellos que llegó al sitio referenciado por Benito y encontró a las personas que conoce como Bernardo Armas Botello y Raymundo Armas Gómez y que éstos se encontraban precisamente en la camioneta con las características ya descritas, que posteriormente de ahí se retiraron y que llegó su hermano Miguel y se dieron a la tarea de continuar buscando a hermano Gerardo y lo encontraron sin vida en este lugar de ello también es coincidente Miguel Castrejón Lara quien incluso señala que previo a encontrarse de nueva cuenta con su hermano Gilberto en el sitio donde a la postre encontraron sin vida a Gerardo y pudo ver también a la persona de los investigados incluso vio que tiraron algo y que Raymundo le dijo que había visto a su hermano en la parte de abajo pero esto no ocurrió así. También tenemos las manifestaciones del propio Benito García Corona quien señala que se dio cuenta en principio de la agresión de quien tiene ahora la calidad de víctima porque se encontraba cerca del interior de las oficinas de este lugar donde trabaja proveyendo algunos insumos y posteriormente se retiró a eso de las once horas con diez minutos y al ir bajando por la carretera vio correr sobre la misma al hermano de quien el conoce como Scooby, que incluso llevaba un tenis en la mano que gritaba que los de la camioneta blanca lo querían matar, que pudo percatarse que en efecto un vehículo de esas características dio vuelta, que iba detrás de él por esto el hizo lo mismo ya que en el camino se le cayó un celular a la víctima que lo recogió y se lo llevó a sus hermanos y les contó lo ocurrido que previamente vio la camioneta estacionada en el punto donde a la postre fue encontrada sin vida a la víctima, y en la segunda ocasión en la que volvió también estaba ahí la camioneta no había nadie a bordo de la misma; estos datos se encuentran razonables toda vez que refieren circunstancias que percibieron de manera directa través de los sentidos no se advierte hasta este momento que pretendan perjudicar a la persona de los investigados a quienes además conocen resultando objetiva la manera en que tuvieron conocimiento de ellos y que si bien ninguno de estos puedes dar noticias del momento en que se establece por parte del ministerio público que los investigados lesionaron hasta privar de la vida a Gerardo Lara Castrejón lo cierto es que permiten conformar el indicio suficiente respecto a que en principio estas personas o la camioneta en la que los hermanos Castrejón Lara vieron que abordaron posteriormente los investigados vista previamente por Benito García Corona como aquella que seguía a la persona de la víctima que manifestaba que querían matarlo cuando iba corriendo por la carretera en el punto donde precisamente fue encontrada sin vida la víctima tanto Miguel como Gilberto ambos de apellidos Castrejón Lara vieron que los investigados se retiraban a bordo de esta unidad entonces si de acuerdo lo manifestado por cada uno estos se puede establecer que en ese punto en un lapso temporal muy cercano a que se privara de la vida a la víctima en los términos anteriormente indicados vio a la persona de los investigados se puede concluir de manera plausible que estos intervinieron en los hechos, es decir, las lesiones que ocasionaron el deceso de Gerardo Lara Castrejón estos constituyen lo que la ley señala como delito de homicidio previsto y sancionado en el artículo 117 del Código Penal del Estado Michoacán mismo que debe estimarse calificado conforme al diverso 135, fracción I, inciso b) del mismo cuerpo de leyes tomando en consideración la pluralidad de sujetos que intervinieron colocó en desventaja a la víctima. También se acredita esa calificativa establecida en la fracción III, del ordinal antes indicado toda vez que la dinámica nos permite establecer que en efecto se acechó a la víctima ya que previamente tanto Bernardo como Raymundo lo siguieron a bordo del vehículo hasta llegar al punto donde descendieron y posteriormente lo lesionaron de forma mortal." De lo transcrito se advierte que el juez tomó en consideración los datos de prueba expuestos por el ministerio público precisados con anterioridad, para determinar que el deceso de la víctima Gerardo Lara Castrejón, obedeció a tres heridas punzantes encontradas en la corporeidad de la víctima, dieciséis escoriaciones y dos equimosis, concluyendo como causa de la muerte aquella establecida en el cuadro factico, para determinar que Raymundo Armas Gómez y Bernardo Armas Botello cometieron el hecho que la ley establece como delito de homicidio calificado en agravio de Gerardo Lara Castrejón. Manifestó qué información obtuvo de cada uno de los datos de prueba para concluir que se había cometido el hecho atribuido a los quejosos y que existe la probabilidad que los imputados lo cometieron o participó en su comisión. La necesidad de cautela. Con relación a dicho requisito el juez señalado como responsable determinó la necesidad al tratarse de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y ya no encontrarse localizables en sus domicilios; y, Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Con relación a ello, adujo el juez que de los datos expuestos por la agente del ministerio público se podía establecer que aproximadamente a las once horas con diez minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, en las inmediaciones de un predio localizado sobre el lugar conocido como la Cuesta de las Novias, sobre la carretera que conduce a la comunidad de Acaten, en Villa Madero, Michoacán, los aquí quejosos, le infirieron heridas con un objeto punzante las cuales le ocasionaron la muerte a la víctima Gerardo Lara Castrejón, debido a una hemorragia profusa interna, con laceración de pulmón derecho e hilio pulmonar, consecutivo a herida penetrante de tórax, ocasionada por instrumento punzante; así, también quedaron acreditados los elementos del delito, ya que de los datos de prueba se logró advertir que minutos antes de que fuera privada de la vida la víctima, fue vista por varios testigos -vida humana previamente existente-; posteriormente la víctima fue encontrada sin vida en un predio -supresión de la vida-; y finalmente, de los hechos narrados por los atestes se aprecia una intencionalidad, en la que probablemente participaron los aquí quejosos. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por los quejosos la orden de aprehensión reclamada cumple con los lineamientos establecidos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, la orden de aprehensión reclamada no es violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no se advierte que se hayan violado los derechos humanos de los quejosos; como se estableció en párrafos anteriores la orden de aprehensión fue emitida por autoridad competente, se encuentra debidamente fundada y motivada, y se cumplieron los requisitos del artículo 16 Constitucional para su dictado. En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Fiscal General del Estado de Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Raymundo Armas Botello, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los actos precisados en el propio considerando. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raymundo Armas Gómez y Raymundo Armas Botello, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y al Fiscal General del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, por las razones establecidas en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado; lo anterior sin mayor pronunciamiento ya que del estado que guardan los autos se advierte que el mismo no tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio en el que se actúa. Ahora bien, del estado de autos se advierte mediante oficio 14981 de veintidós de agosto del año en curso, se ordenó emplazará al presente juicio a la citada autoridad, en su carácter de tercera interesada; misma que a la fecha ya fue emplazada tal como se advierte del acuse respectivo, lo anterior hágase de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del estado que guardan los autos, se advierte que el doce de julio del año en curso, se ordenó emplazar a los agentes ********************y ********************en las instalaciones del Juzgado de Control Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, sin que a la fecha obre constancia de ello; ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que los mismos pertenecen a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por tanto, se comisiona al (a la) actuario (a) adscrito(a) a este órgano jurisdiccional, a efecto de que tenga bien realizar el emplazamiento de los citados agentes del Ministerio Público de Federal, en las instalaciones de la Fiscalía General de Morelia, por medio de oficio con el auto de admisión inserto, (auto dictado el catorce de febrero del año en curso y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe), con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se le realizarán por la misma vía. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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