Berenice Marroquin Becerril
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Berenice Marroquin Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual se registró con el número 192/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ********************mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención.****************************************Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, informada mediante oficio 1646/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 183, fracción I, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, nueve horas con treinta y siete minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 994/2022, sin la comparecencia de las partes. Ahora bien, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 994/2022, promovido por Berenice Marroquín Becerril; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, Berenice Marroquín Becerril, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; Subsecretaría de Administración; Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; Departamento de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; todos con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero, 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 994/2022; en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Una vez que fueron rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado dio vista a la parte quejosa con dichos informes, y le requirió para el efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el acuerdo administrativo de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, por el que se estableció la forma de pago a la quejosa Berenice Marroquín Becerril, de la compensación económica mensual equivalente a 5.14 veces un salario mínimo burocrático vigente, mismo que se aumentaría de acuerdo al porcentaje en que se incremente dicho salario. Por lo que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado el cinco de enero del año en curso, solicitó la ampliación de demanda, por lo que ve al Director de lo Contencioso, adscrito a la Dirección General Jurídica, Encargada de la Defesa de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus unidades Administrativas; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo como consta del acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron verificativo dentro del territorio en el que ese juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La omisión de tracto sucesivo, a partir del primero de enero del año dos mil veintiuno, hasta las mensualidades que se sigan generando hasta la ejecución de la sentencia de amparo, del cumplimiento del decreto número 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual se le concedió una compensación económica complementaria a su jubilación que le otorgó Pensiones Civiles del Estado, la cual sería incrementada en la misma proporción del aumento del salario mínimo general. El acuerdo administrativo de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco. Tercero. Inexistencia del acto. El Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, ya que señala que no es la autoridad que debía pagar la compensación económica complementaria decretada por el Congreso del Estado. Circunstancia que se corrobora con las constancias que al efecto exhibió la responsable como complemento a su informe justificado, a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Lo anterior es así, ya que de las constancias se advierte que en el decreto legislativo 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en sus artículos primero y segundo, se concedió una compensación económica complementaria a la jubilación que le otorgó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, a la aquí quejosa Berenice Marroquín Becerril, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, la cual sería cubierta por la Tesorería General del Estado, a partir del día primero de abril de ese año (1995), misma que aumentaría de acuerdo al porcentaje en que se incrementara el salario mínimo. Esto es, si bien es verdad que dicha autoridad fue la autoridad que otorgó la jubilación correspondiente a la quejosa, dicha autoridad no fue la encargada de cubrir la compensación que reclama; de ahí que se advierte la inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad responsable. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado resulta inexistente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del motivo de reclamo citados en el presente considerando Cuarto. Certeza de los actos. El Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica encargada de la defensa de la Secretaria de Fianzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus Unidades Administrativas por sí y en representación de las siguientes autoridades responsables Secretaría de Fianzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; Subsecretaría de Administración; Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; Departamento de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; negaron la existencia del acto reclamado. No obstante dicha negativa, la misma queda desvirtuada con las constancias que anexaron las autoridades responsables a su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. De igual forma se desvirtúa con el decreto legislativo 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dado que en sus artículos primero y segundo, se advierte que la compensación económica complementaria concedida a la jubilación que le otorgó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, a la aquí quejosa Berenice Marroquín Becerril, sería cubierta por la Tesorería General del Estado, a partir del día primero de abril de ese año (1995), misma que aumentaría de acuerdo al porcentaje en que se incrementara el salario mínimo. Cabe señalar que la Ley Orgánica de la Administracion Publica del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en el año de mil novecientos noventa y cinco, señala como Tesorería General del Estado, la encargada de intervenir en todas las operaciones en que el Estado haga uso del crédito público y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados, así como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los fondos públicos del Gobierno del Estado; ahora Secretaría de Finanzas y Administración Pública como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo vigente. Asimismo, se desvirtúa el informe que rinde respecto a la ampliación de demanda, por lo que ve al acuerdo administrativo de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, signado por la otrora Oficial Mayor del Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, el cual está vinculado al Decreto número 18, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha cuatro de mayo de dos mil novecientos noventa y cinco. Pues de las mismas constancias, se advierte el acuerdo administrativo de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el que se acuerda otorgar a Berenice Marroquín Becerril, una compensación económica mensual equivalente a 5.14 veces un salario mínimo burocrático vigente, misma que se aumentara de acuerdo al porcentaje en que se incremente dicho salario. Por tanto, se tiene como cierto el acto atribuido a las citadas autoridades responsables. Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, al no haberse actualizado la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables Secretaría de Fianzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; Subsecretaría de Administración; Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; y, Departamento de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración, y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Análisis de fondo. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Análisis del acto reclamado consistente en el acuerdo administrativo de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco. Resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, por lo siguiente: En principio cabe citar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en su artículo 34, 60, fracción I, 61, fracción I y 65 (vigente en la época que se emitió el acuerdo impugnado 1995), que dicen: "Artículo 34.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. El primer nombre corresponde a las resoluciones que versen sobre materia de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo; el segundo, a las que sean solo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas. Las resoluciones administrativas del Congreso tendrán el carácter de acuerdos." "Artículo 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I.- Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; (. . .)" "Artículo 61.- El Gobernador del Estado no podrá: I.- Negarse a promulgar y publicar las leyes y decretos de la Legislatura; (. . .)" "Artículo 65.- La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios." Nuestra Constitución Estatal, establece que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto, el primer nombre corresponde a las resoluciones que versen sobre materia de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo; el segundo, a las que sean solo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas. Estas resoluciones administrativas del Congreso tendrán el carácter de acuerdos. Que entre otras, una de las facultades y obligaciones del Gobernador es promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; y que no podrá negarse a promulgar y publicar las leyes y decretos de la Legislatura. La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (vigente en el año de mil novecientos noventa y cinco), en su artículo 27, fracción XVI, que dispone: "ARTÍCULO 27.- A la Oficialía Mayor le corresponde la atención y despacho de los siguientes asuntos: (. . .) XVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes o que le asigne el Gobernador del Estado. " Dicho precepto legal, permite que el Oficial Mayor pueda actuar en diversidad de diligencias, con la simple designación del Gobernador del Estado. Ahora, debemos precisar la diferencia entre un decreto y un acuerdo administrativo, y el primero es un tipo de acto administrativo, de contenido generalmente reglamentario, que proviene de la decisión de una autoridad en una materia de su competencia, y que por lo tanto se impone de manera vertical. En otras palabras, se trata de una decisión, disposición o mandamiento proveniente de un poder constituido, que debe acatarse dentro de los términos en que las leyes contenidas en la Constitución de lo establezcan. La palabra decreto proviene del latín decretum, y era un término usual en las sociedades feudales o aristocráticas, donde la palabra del monarca tenía rango de ley. Por ejemplo, un decreto real o real cédula eran documentos habilitantes para desempeñar ciertos oficios o adueñarse de ciertos bienes en América colonial, cuando era controlada política y económicamente desde Europa. Por otro lado, los decretos pueden contener elementos generales (decisión) o individuales (disposición). Dependiendo de ello sentarán las reglas para el derecho general (abstractas, impersonales) o normas particulares (decretos). Generalmente, los decretos provienen en una democracia del poder ejecutivo, y están sujetos a revisión por parte de los otros poderes, conforme a lo que esté establecido en la Ley. A diferencia de los decretos, las leyes requieren un debate previo. Los decretos suelen provenir del poder ejecutivo (no exclusivamente), mientras que las leyes son fruto de la legislación. Los decretos nacen de cierto sentido de la necesidad y urgencia, mientras que las segundas del consenso y el debate. Si bien existen decretos que poseen carácter de ley (Decretos-Ley), en general ningún decreto puede contravenir las leyes constitucionales, o al menos no sin antes haber sido otorgado algún tipo de poder especial al ejecutivo por parte del legislativo, siendo ello avalado por el poder judicial. De modo que, para que un decreto adquiera el rango de ley y su cumplimiento sea obligatorio, deberá ser ratificado por el legislativo, y que este poder es el encargado de la administración de las leyes de una nación. Entonces: las leyes son las normas de cumplimiento obligatorio según el pacto social mismo, o sea, son las normas del Estado para funcionar en toda situación. Los decretos, en cambio, son decisiones puntuales que se toman para enfrentar un cierto problema y que pueden o no alcanzar el rango de ley. Los decretos se clasifican de acuerdo a su contenido y su relación de conformidad o discordancia con las leyes, de la siguiente manera: Cuando un decreto crea normas jurídicas generales, que se aplican a distintos casos por igual, estamos en presencia de un reglamento. Cuando, por el contrario, da origen a normas individuales que aplican a una ocasión puntual, estamos en presencia de decretos simples o actos administrativos individuales. Cuando un decreto modifica una ley de manera permanente, estamos en la presencia de un decreto-ley. Por lo anterior, se puede decir que un decreto es un tipo de acto administrativo, de contenido generalmente reglamentario, que proviene de la decisión de una autoridad en una materia de su competencia, y que por lo tanto se impone de manera vertical. Luego, al reclamarse la omisión de tracto sucesivo, a partir del primero de enero del año dos mil veintiuno, hasta las mensualidades que se sigan generando hasta la ejecución de la sentencia de amparo, del cumplimiento del decreto número 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual se le concedió una compensación económica complementaria a su jubilación que le otorgó Pensiones Civiles del Estado, la cual sería incrementada en la misma proporción del aumento del salario mínimo; estamos en presencia de un decreto simple o acto administrativo individual, ya que este dio origen a normas individuales que aplican a una ocasión puntual. Asimismo, el acuerdo es una decisión u orden de la autoridad, en este caso el Poder Ejecutivo, que usualmente resulta en una resolución unilateral de naturaleza reglamentaria. Éste podrá ser suscrito por las autoridades superiores para llevar a cabo una determinada operación, que puede ir desde un pago, etc, o alguna disposición tomada sobre algún asunto por tribunal, órgano de la administración o persona, y tiene un carácter administrativo. Este tipo de documentos no necesitan la aprobación ni control del Poder Legislativo, debido a su naturaleza, ya que sólo comprende a las dependencias de la Administración Pública. De este modo, cobra más sentido por qué el entonces Oficial Mayor tenía competencia para emitir el acuerdo de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, ya que si bien es cierto, la Constitución del Estado, señala que todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios; también lo es, que bastaba la firma del Oficial Mayor, para la emisión de dicho acuerdo, pues el mismo depende del ejecutivo, y solo fue un acuerdo donde se especifica que la compensación económica mensual equivalente a 5.14 veces un salario mínimo burocrático vigente, misma que se aumentaría de acuerdo al porcentaje en que se incremente dicho salario. Análisis del acto reclamado, consistente en la omisión de tracto sucesivo, a partir del primero de enero del año dos mil veintiuno, hasta las mensualidades que se sigan generando hasta la ejecución de la sentencia de amparo, del cumplimiento del decreto número 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual se le concedió una compensación económica complementaria a su jubilación que le otorgó Pensiones Civiles del Estado, la cual sería incrementada en la misma proporción del aumento del salario mínimo general. En efecto, mediante decreto legislativo 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en sus artículos primero y segundo se determinó: ". . .ARTICULO PRIMERO. Se concede una compensación económica complementaria a la jubilación que le otorge la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, a la C. Berenice Marroquín Becerril. ARTICULO SEGUNDO. La compensación será por la cantidad de N$4,000.00 (Cuatro mil nuevos pesos 00/100, M.N;), mensuales, misma que cubrirá la Tesorería General del Estado, a partir del día 1º de abril del presente año, la que se aumentará de acuerdo al porcentaje en que se incremente el salario mínimo. . ." Asimismo, mediante acuerdo Administrativo de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, se estableció lo siguiente: ". . .A C U E R D O A D M I N I S T R A T I V O. CONTADOR PÚBLICO JAIME OSEGUERA HERRARA, OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XVI DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 148 EXPEDIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO CON FECHA 23 DE MARZO DE 1995. A C U E R D A. OTORGA A LA C. BERENICE MARROQUÍN BECERRIL, UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA MENSUAL EQUIVALENTE A 5.14 VECES UN SALARIO MÍNIMO BUROCRÁTICO VIGENTE, MISMA QUE SE AUMENTARA DE ACUERDO AL PORCENTAJE EN QUE SE INCREMENTE DICHO SALARIO. EL PRESENTE ADQUIERE VIGENCIA A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE 1995 Y ES DADO A CONOCER EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LOS 13 TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. . ." Como se puede observar, del decreto y acuerdo administrativo antes transcrito y visibles en fojas 25 y 56 vuelta, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se concedió una compensación económica complementaria a la jubilación que le fue otorgada a la quejosa Berenice Marroquín Becerril, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, la cual sería por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil nuevos pesos 00/100, M.N;), mensuales, misma que cubrirá la entonces Tesorería General del Estado, a partir del día uno de abril del citado año, y sería aumentado de acuerdo al porcentaje en que se incremente el salario mínimo. Pero mediante acuerdo administrativo de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, se especifica que el salario mínimo a que se refiere el decreto 148 expedido por el Congreso del Estado de Michoacán, es el equivalente a 5.14 (cinco punto catorce) veces el salario mínimo burocrático. Por lo que si bies verdad el decreto 148, solo señala que el aumento que sufriría la compensación económica complementaria de la jubilación otorgada a la aquí quejosa, sería al salario mínimo, sin especificar qué tipo de salario, ello fue detallado en el acuerdo administrativo aludido. Bajo ese contexto, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios vigente en el momento en que se emitió el acto, establecía: "ARTICULO 1o. La presente es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación." "ARTICULO 2o. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley se entiende establecida, para los efectos legales, entre los trabajadores de base al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos e instituciones, a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley." "ARTICULO 26. El salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados." "ARTICULO 27. El salario será uniforme para cada una de las categorías de trabajadores y será fijado en los Presupuestos de Egresos respectivos." "ARTICULO 42. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular del Poder o entidad respectiva de las señaladas en el artículo 1o. de esta Ley y el sindicato mayoritario, correspondiente y a solicitud de éste se revisarán cada dos años." De los preceptos antes transcritos, se puede obtener que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. Que el salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados; el cual será uniforme para cada una de las categorías de trabajadores y será fijado en los Presupuestos de Egresos respectivos. Asimismo, que las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular del Poder o entidad respectiva de las señaladas en el artículo 1o. de esa Ley y el sindicato mayoritario, correspondiente y a solicitud de éste se revisarán cada dos años. Luego, para calcular el monto de las cantidades que correspondan por jubilación o pensión, se tomará en cuenta el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones, según lo previsto en el artículo 56 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán vigente en esa época (publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el ocho de mayo de dos mil novecientos ochenta). Por lo que no es verdad como lo afirma la parte quejosa, que la compensación de que se trata, se debía pagar conforme a las actualizaciones del salario mínimo general, montos diversos a los sufridos por el salario mínimo profesional y burocrático. Luego, como lo refieren las autoridades responsables, la compensación otorgada a la quejosa, se ha pagado conforme a la actualización que ha sufrido el salario mínimo burocrático, pero no se ha omitido su pago, pues le fue aplicada la actualización del 3.5% (tres punto cinco por ciento) en el año de dos mil veintiuno, en la primera quincena de junio de dicho año, quedando en la cantidad de $17,949.19 (diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), quincenalmente, que al mes da una suma de $35,898.38 (treinta y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos 38/100 M.N.), esto conforme el resultado de multiplicar el sueldo base mínimo burocrático en su categoría 00103 por la cantidad de $6,984.12 (seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N.). Para el año dos mil veintidós, sufrió una actualización en la segunda quincena de septiembre de 3.5% (tres punto cinco por ciento) de acuerdo al aumento que se tuvo al sueldo base, quedando la cantidad de $18,577.40 (dieciocho mil quinientos setenta y siete pesos 40/100 M.N.), y al mes dando como resultado la cantidad de $37,154.80 (treinta y siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.). Por todo lo anterior, se puede constatar que no le resulta razón a la parte quejosa, en el sentido de que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimento con el decreto legislativo 148, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dado que si se ha pagado la compensación económica complementaria que le fue otorgada desde el año de mil novecientos noventa y cinco, pero conforme a las actualizaciones que ha sufrido el sueldo burocrático, tal y como se determinó el acuerdo administrativo antes aludido; de ahí lo infundado de los conceptos de violación. Ahora cabe agregar, que la quejosa solo reclama la omisión de las actualizaciones de dicha compensación económica a partir de enero de dos mil veintiuno, y como se dejó asentado en párrafos anteriores, desde que le fue otorgada dicha compensación (mil novecientos noventa y cinco), se especificó que sería conforme a las actualizaciones que se dieran al salario mínimo burocrático, por lo que de haber estado inconforme con dicha determinación, debió haber recurrido el acuerdo administrativo de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, ya que en él se especifica que el salario mínimo a que se refiere el decreto 148 expedido por el Congreso del Estado de Michoacán, es el equivalente a 5.14 (cinco punto catorce) veces el salario mínimo burocrático. En las relatadas condiciones, al resultar infundado el conceptos de violación de la quejosa, y al no encontrar queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Berenice Marroquín Becerril, contra los actos reclamados a la Secretaría de Fianzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; Subsecretaría de Administración; Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; Departamento de Nóminas de la Dirección de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración; Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; y, Director de lo Contencioso, adscrito a la Dirección General Jurídica, Encargada de la Defesa de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus unidades Administrativas; descritos en el considerando segundo de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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