Bernardita Doñu San Juan
Expediente 1304/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Bernardita Doñu San Juan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen al juicio 1304/2017-4, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
NOTIFIQUESE POR LISTA LA RESOLUCIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE DELAÑO EN CURSO A LA APRTE QUEJOSA "RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Bernardita Doñu Sanjuan, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra autoridad. Notifíquese personalmente."
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. A sus autos el escrito de cuenta. Visto su contenido, se tiene a la quejosa desahogando la prevención que se le hizo por auto de veintiséis de octubre del año en curso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La promovente Bernardita Doñu Sanjuan, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE. "Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo." ACTO RECLAMADO. "(.) resolución de fecha 21 veintiuno de septiembre de la presente anualidad dentro del Toca Civil 242/2017, emitido por la SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, así como su ejecución." SEGUNDO. Este órgano de control constitucional considera que la acción de amparo intentada, resulta notoriamente improcedente, toda vez que no tiene sobre el aquí quejoso una ejecución que sea de imposible reparación para los efectos del amparo indirecto, lo cual será examinado atento a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, última parte, que impone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En efecto, se llega a la conclusión anterior, atendiendo al contenido de los numerales 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,107 fracción V, 170 fracción I y 172 fracción V, estos tres últimos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. (.)" De las disposiciones mencionadas se advierte que el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, procede siempre que dichos actos causen un agravio de imposible reparación sobre las personas o las cosas. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J.24/92, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, sostuvo, en relación a la interpretación del artículo 114, fracción IV de la otrora Ley de Amparo, ahora 107, fracción V de la propia Ley, emitió el siguiente criterio: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen una ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Como se advierte de la anterior trascripción, producen ejecución irreparable, para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, aquellos actos que: Afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las personas, los cuales se encuentran protegidos por las garantías individuales, como son entre otros: la vida, integridad personal, propiedades, posesiones o derechos, etcétera; y, Por excepción, los que afectan derechos adjetivos, formales o procesales en grado predominantemente y superior. Ahora, en el caso a estudio, el promovente hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del toca civil 242/2017, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, así como su ejecución. La promovente en su ocurso, que desahoga la prevención hecha, precisa que la etapa procesal en la que se encuentra el juicio 1971/2013, es en la etapa probatoria; y, que el incidente de nulidad lo promovió en contra de todo lo actuado en dicho juicio, esto es, a partir del auto de veintiuno de marzo de dos mil catorce, por el que se sigue el asunto en forma de juicio, no obstante su oposición a las diligencias de información testimonial Ad perpetuam por Alfonso Quintil Doñu Baxcajay. Luego, para los efectos de amparo indirecto y atento a lo expuesto en líneas precedentes, resulta inconcuso en la especie que la determinación que ahora se reclama, por su propia naturaleza, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente, pues no se traduce en infracción de derechos sustantivos, sino en todo caso en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales o intraprocesales, por lo que la afectación que en todo caso pudiera sufrir la quejosa Bernardita Doñu Sanjuan, podrá subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses, pero de no ser así, sólo le afectaría en la medida en que esas violaciones trascendieran al sentido de un fallo adverso, supuesto en el que deberá impugnarlas a través del medio ordinario correspondiente en los agravios que haga valer contra la sentencia y de subsistir, en amparo directo que en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. En tales condiciones, si el acto reclamado es una resolución que por su naturaleza no constituye un acto de imposible reparación, además de que la misma entraña una violación a las leyes del procedimiento prevista en la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo vigente, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado este último, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa, consecuencia que no causan un gravamen irreparable ni constituye una violación en grado predominante y superior en contra del promovente. En consecuencia, se acredita la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la propia ley, interpretado este a contrario sentido. Deviene ilustrativo a todo lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 38/92, visible en la página 12, número 59, noviembre de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por Bernardita Doñu Sanjuan, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente; se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Bernardita Doñu Sanjuan, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra autoridad. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad; deducido del recurso de revisión 381/2017, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1054/2016-4, promovido por ***, por su propio derecho y envía copia certificada del testimonio de ejecutoria dictada el cinco de octubre del año en curso, el cual en sus resolutivos establece: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Ambrosio Rosado, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto de la sentencia que se revisa. Acúsese el recibo correspondiente, hágase saber lo anterior a las partes, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivados del presente juicio. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Hágase la devolución de las copias certificadas del expediente 177/2016 a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; mismas que enviara en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, para que informe el cumplimiento que haya dado al fallo de referencia, ello dentro del plazo de tres días siguientes al de la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente la Ciudad de México, al momento de la omisión sancionada, en términos de los numerales 238 y 258 del citado ordenamiento. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos importantes exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días, comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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