Bernardino Piedras Dominguez

Expediente 1585/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1585/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Bernardino Piedras Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad, deducido del recurso de revisión 36/2018, derivado del presente juicio, mediante el cual informa que causó estado el auto que desechó de plano el recurso de revisión de que se trata; acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en comento. Hágase saber lo anterior al promovente de amparo y realícense las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y que, por tanto, es susceptible de destrucción. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio 607/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio 2262/2018 del índice de este Juzgado Federal e informa que desecha de plano por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia el recurso de revisión interpuesto por Bernardino Piedras Domínguez, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado. Notifíquese

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales siguientes el escrito de cuenta; en atención a su contenido, téngase al quejoso Bernardino Piedras Domínguez, interponiendo recurso de revisión contra el auto de cuatro de enero del año en curso. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la determinación aludida; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surtas sus efectos legales el escrito signado por Bernardino Piedras Domínguez, por propio derecho, por el que desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El promovente Bernardino Piedras Domínguez, como se advierte del escrito inicial de demanda, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y el acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. "Señalo como autoridad responsable Ordenadora a los H. Magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. Como autoridad Ejecutora la Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia en este Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y la Actuario adscrita a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo.". ACTO RECLAMADO: "La resolución de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dentro del Toca Civil y Familiar 408/2016, emitido por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en la cual declara Improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones promovido por el suscrito dentro de la Toca antes citada, dictado por los Magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por prescripción de la misma.". Asimismo, de los anexos que adjunta al escrito de aclaración de demanda, que obra en copia simple la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 408/2016, del índice de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; asimismo, se advierte que la misma fue notificada a la parte quejosa el nueve de noviembre del mismo año. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda y del aclaratorio de la misma, así como de las constancias que anexó, de las que se desprende que si bien la parte quejosa señaló como acto reclamado: "La resolución de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dentro del Toca Civil y Familiar 408/2016, emitido por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado", también lo es, que la resolución reclamada en el citado toca civil se emitió el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, la cual se advierte le fue notificada el nueve de noviembre del mismo año; como se advierte del anexo en mención el cual si bien obra en copia simple, este Juzgador le confiere valor probatorio en términos del artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. SEGUNDO. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 17 y 18, todos ellos de la Ley de Amparo, que estatuyen: En efecto, el artículo 61, fracción XIV, establece: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, siendo solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso [.]". De la interpretación, sistemática del precepto invocado, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de derechos es improcedente en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos actos en contra de los cuales no se interponga la demanda de amparo dentro del término de quince días. Conforme a la intelección del artículo en mención, el término para promover la demanda de derechos es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. En virtud de lo anterior, se advierte que el término de quince días, con que contaba el promovente para presentar la demanda de derechos en contra del acto que reclama mediante esta vía, inició a partir del once de noviembre de dos mil dieciséis, feneciendo dicho término el uno de diciembre del mismo año. Lo anterior es así, ya que el quejoso acude reclamando, "La resolución de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, dentro del Toca Civil y Familiar 408/2016, emitido por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado", sin embargo, como ya se precisó de lo manifestado en su escrito aclaratorio de demanda, se advierte que la resolución reclamada en el citado toca civil se emitió el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, la cual se advierte fue notificada el nueve de noviembre del mismo año. Asimismo, se advierte que la demanda de derechos fue presentada hasta el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, dicha presentación resulta extemporánea; y como ya se dijo, de escrito aclaratorio de demanda y del anexo que adjunta, se advierte que la misma le fue notificada le nueve de noviembre de dos mil dieciséis, y por consecuencia, fue tácitamente consentido el acto reclamado por el quejoso. Siendo aplicable a lo anterior, la tesis publicada en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Cuarta Parte, LXXIX, Sexta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCIÓN DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dice: "El término para la interposición del amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama"; una primera interpretación del precepto consistiría en decir que el término empieza al día siguiente al en que materialmente se hizo la notificación, sin distinguir si fue personal, boletinada, por estrados o por otra cualquiera de las formas que establezca la ley que rija el acto que se reclame; otra interpretación se haría armonizando esa disposición con el artículo 24 de la misma ley que dice: "El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes: I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación....." y en tal supuesto, los quince días cuentan desde el día siguiente al en que conforme a la ley rectora del acto reclamado surta efectos la notificación de éste. El criterio mayoritario de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha decidido por lo primero y para ello ha tenido en consideración, fundamentalmente, las razones siguientes: Cada uno de estos artículos reglamenta actos diferentes entre sí y que por ende deben estar sujetos a reglas también distintas: el artículo 24 se refiere a los términos judiciales, es decir a los que se dan ya dentro del juicio; en cambio el 21 trata de un término prejudicial, puesto que aún no existe una demanda admitida, ni un juicio; es propiamente un plazo o tiempo de conocimiento del acto reclamado, y que según texto expreso de dicho artículo, se inicia al día siguiente de cuando se notificó al quejoso, el acto que reclame, y es de notarse que si el legislador hubiese querido que el cómputo se hiciera a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del acto, se tuviera, por hecha la notificación, porque ella había producido sus efectos, así lo habría expresado, ya que cuando ha querido que un término corra desde el día siguiente al en que surta efectos una notificación lo indica expresamente, como en el caso del artículo 24 citado; luego, en las razones expuestas se ve que la ley establece dos formas distintas de hacer los cómputos, según sean los términos de que se trate, prejudicial, a que se contrae el artículo 21, o judicial a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo. Tampoco es de admitir que la iniciación del plazo para interponer la demanda de garantías se supedite a las reglas relativas a como deben computarse los términos que las leyes procesales comunes establezcan, porque aquél es federal y, por tanto, estas leyes no pueden regirlo; y porque no habría firmeza y seguridad jurídica para computarlo, ya que los códigos de los Estados de la República no tienen igual norma para que surtan efectos las notificaciones, y ello daría lugar a que se introdujera desigualdad en la duración del plazo, pues según fuera el Estado de la República donde la demanda de amparo se formulara, tendría el quejoso para interponerla menos, o más de quince días a pesar de la disposición categórica del artículo 21 en estudio, que señala solo quince días y, naturalmente, hábiles; y precisamente para que esto sea así, es que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por Mayoría de tres votos, ha venido sosteniendo que esos quince días se deben empezar a contar a partir del día siguiente al en que fuere hecha materialmente la notificación del acto reclamado y cualquiera que haya sido la forma, de las admitidas por la ley del acto, en que se haya realizado." Asimismo, es aplicable la tesis publicada en la página 353, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216 Séptima Parte, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Así como, la tesis visible en la página 984, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Marzo de 2000, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO EN DONDE SE ESTIMA QUE EL EMPLAZAMIENTO SE PRACTICÓ EN FORMA IRREGULAR. Si la persona que pide amparo contra el emplazamiento que se le practicó y que estima irregular, tuvo pleno conocimiento del juicio en el cual se llevó a cabo el mismo, por haber presentado un escrito apersonándose así ante el Juez natural, es claro que conocía perfectamente el número del juicio seguido en su contra, el tipo de juicio de que se trataba, el carácter con que se le demandó y las prestaciones que le fueron reclamadas; por tanto, ante tales eventos, es evidente que a partir de que el citado demandado tuvo pleno conocimiento del juicio seguido en su contra y por lo tanto estuvo en aptitud legal de promover el correspondiente juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento de mérito, lo cual debió llevar a cabo a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo pleno conocimiento de dicho juicio instaurado en su contra y dentro del término de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo, es innegable que consintió las posibles irregularidades que pudiese tener dicho emplazamiento y sus consecuencias jurídicas." En las relatadas condiciones, al no interponerse la demanda de derechos, dentro del término de quince días, a que se refiere el numeral 17, de la Ley de Amparo, ni encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el diverso numeral 22 de nuestra Carta Magna, es decir no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro; por lo que es claro que la quejosa se conformó tácitamente con los actos reclamados, y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia analizada lo procedente es DESECHAR en el presente juicio por notoriamente improcedente. Por lo expuesto, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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