Bernarbé Rojas Velásquez
Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bernarbé Rojas Velásquez
Actuaciones
- Principal
MESA III A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso comunicado 29171, por el cual se le devolvieron los autos originales del recurso de revisión 418/2018 y del expediente 415/2016, que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IIIA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de garantías, este expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, devuélvase al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca el original del expediente 415/2016, diversas copias certificadas de este último, y el original del expediente de recurso de revisión 418/2018, que dicha responsable remitió como apoyo a su informe; se solicita acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 841/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes común del Tribunal de Justicia Administrativa, BERNABÉ ROJAS VELÁSQUEZ, solicitó, vía amparo Directo, la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, al que reclamó la resolución de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, deducida del expediente en revisión número 418/2018, por medio de la cual se confirma el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente número 415/2016, del índice de la primera sala unitaria del mencionado tribuna, que tuvo por cumplida la sentencia. Actos que la parte quejosa estimó violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de once de septiembre de dos mil diecinueve (foja 3), el Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, donde se radicó la demanda, por estimar no ser legalmente para conocer de ella, la remitió con sus anexos a la Oficina de correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, correspondiendo, por razón de turno, conocer de dicha instancia, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 23), se avocó a su conocimiento; registró con el número 841/2019; no se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable por haberse acompañado a la demanda, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le compete, y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se celebró en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio. De la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de Revisión número 418/2018, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, donde confirma la resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciocho dictada por la primera sala unitaria del mencionado tribunal, en la que refiere el peticionario del amparo, se tuvo por cumplida la sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable reconoció la existencia del acto reclamado (fojas 5 y 6). CUARTO. Improcedencia. Antes que nada, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analizarán las causas de improcedencia, ya por haber sido opuestas por las partes, o bien se adviertan de oficio, pues su estudio, además de ser de orden público, es preferente. En el presente asunto se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de la Materia, pues la resolución que se tilda de inconstitucional no es la última en el procedimiento de ejecución de la sentencia. En efecto, dichos numerales al texto señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.] De los numerales anteriores, se interpreta, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos diferentes a la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pero que se encuentren contemplados en la ley o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, por otra, en contrasentido, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de Tribunales Judiciales, Administrativos y Agrarios o del Trabajo que sean realizados fuera de juicio o después de concluido; empero tratándose de actos de ejecución de sentencia, la procedencia del juicio se limita al reclamo de la última resolución, entendiéndose por esta como la resolución que aprueba o reconoce el total cumplimiento de lo sentenciado o bien, la declaratoria sobre la imposibilidad material o jurídica para darla por cumplida, o las que ordenan el archivo definitivo del sumario. Ahora, de la lectura de las constancias del sumario del juicio natural se desprende lo siguiente Que ante la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado, se radicó el expediente número 415/2016, con motivo de la demanda promovida por BERNABÉ ROJAS VELÁSQUEZ, en que demandó al Coordinador General de Transporte del Estado de Oaxaca, -en la actualidad Secretario de Vialidad y Transporte-, Secretario de Seguridad pública del Estado de Oaxaca, Director de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca y Comisionado de la Policía Estatal Preventiva, diversas prestaciones, a saber: Al primero, la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta de la petición de fecha ocho de enero de dos mil nueve, por medio de la cual solicitó la renovación del acuerdo de concesión 5095 de veintiséis de marzo de dos mil cuatro, que le autoriza la explotación del servicio público de alquiler (taxi) en la población de San Andrés Yutatio, Tezoatlán de Segura y Luna. La nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta a la petición de fecha veinticinco de septiembre de dos mil siete, y veintiocho de abril de dos mil nueve, para que se le entregara la boleta o formato de certeza jurídica que convalide el acuerdo de concesión mencionado, alta en papel seguridad, el oficio para emplazamiento y el oficio de publicación en el periódico oficial del Estado. Mientras que al Secretario de Seguridad Pública, al Director de Tránsito y Vialidad del Estado y al Comisionado de la Policía Estatal Preventiva demanda las órdenes que hayan dictado para detenerme y desposeerlo del vehículo de su propiedad marca Nissan, modelo dos mil cuatro, con el que presta el servicio público de alquiler, amparado en el acuerdo de concesión número 5095 de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro, que dice le fue expedido por el Gobernador del Estado (fojas 2 a 14 del cuaderno de pruebas 1/3). En auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (foja 1) se dio inicio al procedimiento, que culminó con sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 193 a 197 1/3), en que por una parte, respecto de los actos atribuidos al Secretario de Seguridad pública al Director de Tránsito y Vialidad del Estado y al Comisionado de la Policía Estatal Preventiva, sobreseyó en el juicio, y, por otra, respecto de los actos demandados al Coordinador General de Transporte en el Estado, hoy, Secretario de Vialidad y Transporte, determinó declarar la invalidez de la negativa ficta, en cuyo caso, la autoridad demandada debería resolver conforme a derecho las peticiones del administrado, actor. No conforme con dicha determinación, el actor, aquí quejoso, interpuso recurso de revisión que correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos miembros que la conforman, fallaron por resolución de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en que se determinó modificar la sentencia de primer grado, como sigue: ".por las narradas circunstancias procede MODIFICAR la sentencia recurrida y declarar LA NULIDAD DE LA RESOLUCION NEGATIVA FICTA recaída a los escritos de veinticinco de septiembre de dos mil siete y veintiocho de abril de dos mil nueve, únicamente en lo que atañe al otorgamiento de la expedición de certeza jurídica, orden de emplacamiento y oficio para la publicación del acuerdo de concesión número 5095 a nombre de BERNABE ROJAS VELAZQUEZ, con el que presta el servicio público de alquiler (taxi) en la población de San Andrés Yutatio, Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca y en consecuencia, se orden a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, que proceda a otorgar los documentos referidos. Asimismo, procede declarar la NULIDAD DE LA RESOLUCION NEGATIVA FICTA recaída al escrito de ocho de enero de dos mil nueve, a efecto de que el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado, en ejercicio de su facultad conferida en el artículo 95 bis, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada, una vez agotados los requisitos establecidos en la Ley de Tránsito Reformada para la procedencia de la renovación de la concesión de transporte, normatividad legal vigente al momento de la presentación del escrito de petición, en libertad de jurisdicción resuelva de manera fundada y motivada su procede o no la renovación del acuerdo de concesión 5095, de fecha 26 veintiséis de marzo de 2004 dos mil cuatro, solicitado por el actor (foja 214 vuelta 1/3). Claro que, esta última consideración se sustenta en el hecho de que la renovación de la concesión número 5095, se hizo de manera previa a su vencimiento (foja 214 1/3). En su cumplimiento, la demandada Secretaria de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, remitió a la Sala Unitaria de primera instancia, conocedora del asunto, los oficios datados el dieciocho de junio y la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, en los que, con el primero, requiere al peticionario se presente a las instalaciones de la dirección jurídica con el original del título de concesión, y se le haga entrega de los documentos denominados de certeza jurídica, orden de emplacamientoy oficio para la publicación, y con la segunda, determina: "Ahora bien, del análisis al acuerdo de concesión 5095 de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro, se advierte que éste tenía vigencia de cinco años, los que transcurrieron a partir de la fecha de su expedición hasta el veintiséis de marzo de dos mil nueve, por lo que el acuerdo de referencia caducó de pleno derecho, al encontrarse vencido el plazo de la concesión, conforme a lo establecido en el artículo 25, fracción III de la Ley de Tránsito reformada. En consecuencia NO HA LUGAR A RENOVAR el acuerdo de concesión 5095 de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro otorgado a favor de BERNABÉ ROJAS VELÁSQUEZ, para que prestara el Servicio público de alquiler (taxi) en la población de San Andrés Yutatio, Huajuapan de León, Oaxaca. Previa vista que se dio al actor, según auto de seis de julio de dos mil dieciocho (foja 221 1/3), por diverso de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó lo siguiente: ".se tiene al actor contestando la vista que se le mandó dar por auto que antecede oponiéndose a que se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, al respecto debe decirse que no asiste la razón al actor en virtud de que el sentido de la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecisiete fue para el efecto de que la autoridad demandada resolviera conforme a derecho la petición del administrado de acuerdo a sus facultades discrecionales que le concede el artículo 40 fracción IV así como Tercero y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al haberse pronunciado la autoridad demandada en su acuerdo de dieciocho de junio del presente año en el sentido de no ha lugar a acordar favorablemente la petición del actor de ocho de enero de dos mil nueve, lo procedente es tener por cumplida la sentencia de primera instancia de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, no así por lo que respecta a la resolución de segunda instancia. [lo remarcado no es de origen] Ahora bien, visto el Segundo oficio de cuenta, se tiene a la autoridad demandada manifestando que las copias certificadas del acuerdo de concesión 5095 le fueron remitidas incompletas por parte de la actuaria adscrita mediante oficio TJAO/1aSU/1192/2018, solicitando se le remitan dichas copias, por ello como lo solicita la autoridad demandada se ordena a la Actuaria adscrita dé el debido cumplimiento al auto de seis de julio del año en curso, exhortándola para que en lo subsecuente ponga más atención en el desempeño de sus funciones, ya que con sus omisiones retrasa la secuela del procedimiento que redunda en perjuicio del administrado, asimismo, se ordena a la autoridad demandada Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca (ahora Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca) dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir del momento en que quede legalmente notificada cumpla con la Sentencia de la Sala Superior de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, es decir, sin mayores requisitos entregue al actor el documento denominado certeza jurídica, orden de emplacamiento y oficio para la publicación respecto del acuerdo de concesión 5095 de veintiséis de marzo de dos mil cuatro, apercibiéndola que de no hacerlo como se le indica se le impondrá una multa .sin perjuicio de requerirlo por conducto de su Superior Jerárquico (Gobernador Constitucional del Estado) (foja 237 1/3). Inconforme con dicha decisión, el actor interpuso recurso de revisión, en cuyos agravios, cuestiona la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado (fojas 240 a 247 1/3), para no autorizar la renovación del acuerdo de concesión 5095, lejos de cuestionar, primero, que la resolución de primera instancia, fue modificada, y, por ende, procesalmente, los efectos de la nulidad se encuentran sujetos a la de segunda instancia, y segundo, que el acuerdo de cumplimiento del Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado, en que señala que no ha lugar a renovar la concesión 5095 de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro, porque ese acuerdo de concesión caducó de pleno derecho, en tanto su vigencia transcurrió del veintiséis de marzo de dos mil cuatro al veintiséis de marzo de dos mil nueve, se contrapone a la resolución de segunda instancia, en donde se señala que le asiste al actor el derecho de haber hecho la solicitud de renovación del acurdo de concesión, por haberla hecho de manera previa a su vencimiento. Así las cosas, radicado el recurso de revisión en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con el número 0418/2018, el seis de junio de dos mil diecinueve (fojas 29 a 36 3/3), se confirmó el acuerdo recurrido, mismo que constituye el acto reclamado; pero, no la última resolución con que culmine el procedimiento administrativo donde se encuentra radicado el expediente del que derivan los actos reclamados, pues se encuentra pendiente, según lo expone la sala unitaria, el cumplimiento de la resolución de segunda instancia. En esa consideración, como el acuerdo reclamado, por las razones expuestas, no es la última resolución con la que concluya el juicio, pues, siendo que ésta debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce expresamente el cumplimiento total de lo sentenciado, o que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo que en el caso no acontece; entonces, lo procedente es sobreseer el presente juicio de conformidad en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la Tesis PC.I.L. J/50 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 2020323, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda. QUINTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por BERNARBÉ ROJAS VELÁSQUEZ, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma la licenciada ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEÓN, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa ante el Secretario licenciado Ramiro García Simón, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
- Principal
MESA III A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual transcribe el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el amparo directo 603/2019, por ese tribunal, en el cual dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto; asimismo, remite el original del expediente 415/2016, diversas copias certificadas de este último, expediente de recurso de revisión 418/2018, de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca; así como un expediente de amparo directo número 603/2019, mismo que inicia con la numeración dos y termina en el dieciséis, el cual contiene informe justificado de la responsable; escrito original de recurso de revisión, con sello de recibido; original de la demanda de amparo directo con certificación de la responsable; notificación al quejoso; notificación por oficio a las autoridades en su carácter de terceros interesados Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca (actualmente Secretaría de Movilidad) y Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca. En consecuencia, téngase por recibido el oficio y anexos de referencia, acúsese el recibo correspondiente e infórmese al tribunal colegiado, que este juzgado acepta la competencia legal para conocer del referido asunto. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por BERNABÉ ROJAS VELÁSQUEZ, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 841/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. ..., se admite a trámite. Tramítese el presente juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, además de que no se actualiza ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo. En el caso no es necesario, solicitar informe justificado a la responsable, dado que ya obra en autos, así como tampoco emplazara a la parte tercera interesad, dado que ya se realizó. Se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia (que establece, entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables), se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando únicamente para ese efecto a las personas que para ello menciona. A efecto de facilitar el manejo de las actuaciones, con los expedientes que remitió la autoridad responsable, fórmense los cuadernos de pruebas correspondiente, en tres tomos, por separado, los cuales no formarán parte del expediente electrónico, pero estarán a disposición de las partes para su consulta, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, rectificación y cancelación de ellos, así como manifestar su oposición de hacerse públicas las sentencias ejecutorias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, señálese a las partes, el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a que se publiquen sus nombres y datos personales; en la inteligencia que la falta de oposición expresa, conlleva su aceptación para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Berenice Rodriguez Barrera1096/2021
- Berenice Santiago Venegas191/2018
- Bernabe Brizuela Meraz64/2019
- Bernabe Contreras Albañil1217/2019
- BERNABE ROJAS VELASQUEZ y Otros.118/2022
- Bernando Sanchez Morales841/2018
- Bernarda Juarez Hernandez391/2020
- Bernarda Marcial Cruz505/2017
- Bernardina Hernandez Martinez456/2013
- Bernardino Acevedo Martinez344/2021
- Bernardino Rasgado Matus585/2020
- Bernardo Alcocer Crespo166/2021