BERNABE ROJAS VELASQUEZ y Otros.
Expediente 118/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- BERNABE ROJAS VELASQUEZ y Otros.
- Bernabe Rojas Velasquez
Actuaciones
- Principal
MESA IV "... Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto tres de febrero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; tres de febrero de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA. BERNABÉ ROJAS VELASQUEZ y GAMALIEL ROJAS BALDERAS, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. 2.- Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en Huajuapan de León, Oaxaca ACTO RECLAMADO. La medida de protección dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación ., de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 118/2022. DESECHAMIENTO. En la especie se ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, consistente en que la parte quejosa antes de promover el juicio de amparo, debe acudir ante el Juez de control a impugnar el acto reclamado; prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. (...) Para sustentar lo afirmado, es importante traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en la cual adujo lo siguiente: Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (...) Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho..." Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el estado de derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de Jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. "... "Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de Jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros Jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. "... "Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir Jueces de Control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial..." Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los Jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los Jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Para efectos del tópico que se analiza, cobra relevancia señalar que el Juez de Control debe ejercer control de legalidad de las determinaciones del Ministerio Público, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar; toda vez que, es la autoridad que está fáctica y jurídicamente más cercana a la investigación de lo tradicional, a fin de que se sujeten a reglas y el respeto a los derechos humanos. Aunado a lo anterior, se establece que de la directriz constitucional, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el Agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, pues todos realizan actos de investigación, ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], pues: 1) La investigación se judicializó [el Agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación], es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes [donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen], todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control [quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral], pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3º, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) La relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) Todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación como son: la cadena de custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito; así como el registro, custodia y disposición de los bienes asegurados, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria. Por su parte, el artículo 133, fracción I y el Capítulo III relativo a las medidas de protección y providencias precautorias del Código Nacional de Procedimiento Penales en su artículo 137, señala lo siguiente: "(...) Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia". En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial o complementaria, entre otras, las derivadas de la imposición de las medidas de protección, y en su caso podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Luego, el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, instituye que la Constitución es la ley fundamental o suprema, y niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior, y requiere que todo le sea inferior y esté de acuerdo con ella. En ese sentido, si como se dijo, el artículo 16 constitucional establece que el Juez de Control en el sistema penal acusatorio debe resolver en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas de protección, cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Y el legislador permanente estableció en la exposición de motivos que el Juez de Control debe conocer en general, de las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad; entonces, resulta inconcuso que la ahora quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante la aludida autoridad a plantear la ilegalidad que pretende hacer valer en sede constitucional. Esto, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Magna y atender a la naturaleza especial del sistema penal acusatorio. Además, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos, como son la imposición de alguna medida de protección, según lo establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control. Es por ello que, en el caso, SE SURTE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las determinaciones de la autoridad ministerial. En tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental, el cual señala: ¬ "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece". Por consiguiente el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control es la autoridad facultada para cancelar, ratificar o modificar la imposición de las medidas de protección en una carpeta de investigación; por lo que es claro, que en el nuevo paradigma Constitucional, la parte quejosa debe reclamar todo lo relacionado con la determinación que impone alguna medida de protección, ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución. ... Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ocasione una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, y 137, fracciones V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. ... DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a la persona que cita. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, como lo solicita el promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que solicite. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, . señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; tres de febrero de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA. BERNABÉ ROJAS VELASQUEZ y GAMALIEL ROJAS BALDERAS, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. 2.- Comandante Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en Huajuapan de León, Oaxaca ACTO RECLAMADO. La medida de protección dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación ., de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 118/2022. DESECHAMIENTO. En la especie se ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, consistente en que la parte quejosa antes de promover el juicio de amparo, debe acudir ante el Juez de control a impugnar el acto reclamado; prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. (...) Para sustentar lo afirmado, es importante traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en la cual adujo lo siguiente: Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (...) Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho..." Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el estado de derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de Jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. "... "Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de Jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros Jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. "... "Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir Jueces de Control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial..." Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los Jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los Jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Para efectos del tópico que se analiza, cobra relevancia señalar que el Juez de Control debe ejercer control de legalidad de las determinaciones del Ministerio Público, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar; toda vez que, es la autoridad que está fáctica y jurídicamente más cercana a la investigación de lo tradicional, a fin de que se sujeten a reglas y el respeto a los derechos humanos. Aunado a lo anterior, se establece que de la directriz constitucional, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el Agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, pues todos realizan actos de investigación, ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], pues: 1) La investigación se judicializó [el Agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación], es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes [donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen], todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control [quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral], pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3º, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) La relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) Todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación como son: la cadena de custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito; así como el registro, custodia y disposición de los bienes asegurados, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria. Por su parte, el artículo 133, fracción I y el Capítulo III relativo a las medidas de protección y providencias precautorias del Código Nacional de Procedimiento Penales en su artículo 137, señala lo siguiente: "(...) Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia". En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial o complementaria, entre otras, las derivadas de la imposición de las medidas de protección, y en su caso podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Luego, el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, instituye que la Constitución es la ley fundamental o suprema, y niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior, y requiere que todo le sea inferior y esté de acuerdo con ella. En ese sentido, si como se dijo, el artículo 16 constitucional establece que el Juez de Control en el sistema penal acusatorio debe resolver en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas de protección, cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Y el legislador permanente estableció en la exposición de motivos que el Juez de Control debe conocer en general, de las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad; entonces, resulta inconcuso que la ahora quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante la aludida autoridad a plantear la ilegalidad que pretende hacer valer en sede constitucional. Esto, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Magna y atender a la naturaleza especial del sistema penal acusatorio. Además, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos, como son la imposición de alguna medida de protección, según lo establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control. Es por ello que, en el caso, SE SURTE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las determinaciones de la autoridad ministerial. En tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental, el cual señala: ¬ "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece". Por consiguiente el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control es la autoridad facultada para cancelar, ratificar o modificar la imposición de las medidas de protección en una carpeta de investigación; por lo que es claro, que en el nuevo paradigma Constitucional, la parte quejosa debe reclamar todo lo relacionado con la determinación que impone alguna medida de protección, ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución. ... Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ocasione una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, y 137, fracciones V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. ... DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones y acuerdos a la persona que cita. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, como lo solicita el promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que solicite. PETICIÓN A LAS PARTES En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, . señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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