Bernangel García Calderón Ponce
Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Bernangel García Calderón Ponce
Actuaciones
- Principal
IV... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia.
- Principal
IV... Vista la demanda promovida por Bernangel..., por propio derecho, contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 715/2022-IV. Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. En principio, debe ponerse de manifiesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dentro de juicio que tienen una ejecución irreparable, entendiéndose por ellos cuando afectan materialmente, de modo directo e inmediato, derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero no en el caso en que solo afectan derechos procesales.... Es decir, que procede éste, solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente los producen de carácter formal o procesal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales. Cabe establecer que con la Ley de Amparo vigente, el criterio que sustentaba la ley abrogada, en el sentido de que los derechos adjetivos o procesales también podían considerarse como actos de imposible reparación cuando afectaran al quejoso en grado predominante y superior, en la actualidad ya no tiene aplicación alguna. Ello es así, porque la ley vigente es clara y terminante en establecer que los actos de imposible reparación sólo son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos o derechos humanos en forma directa (artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo). Luego, todo acto o derecho procesal que con anterioridad se haya calificado como de imposible reparación porque afectaba la defensa del quejoso en grado predominante y superior, dejó de ser aplicado en la actualidad, tanto es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al tema de personalidad resolvió en ese sentido. Ahora, el acto que reclama la parte quejosa consiste en: La interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, que ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular a Rosalía Trujillo Ibáñez, Sergio Arturo López Ortiz, así como al menor de iniciales M.T.I. De lo anterior se evidencia que, a criterio del suscrito, no se da la causa de procedencia del amparo establecida en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que únicamente se evidencia el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular a cargo de Rosalía Trujillo Ibáñez, Sergio Arturo López Ortiz, así como al menor de iniciales M.T.I. lo que no representa un acto definitivo, pues esa circunstancia no es en sí misma una sentencia definitiva en la que se determine la existencia de la paternidad, sino sólo el desahogo de una pericial, lo que hace improcedente el juicio de amparo que ahora se intenta, pues su desahogo no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no ser la parte quejosa a quien se le haya ordenado el desahogo de dicha prueba. Ello es así porque la Ley de Amparo vigente, establece un nuevo paradigma con relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en el artículo 107 fracción V, dispone qué se debe entender por actos de imposible reparación, es decir, que son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales; esto es, que sus consecuencias impidan de forma actual el ejercicio de un derecho y no una lesión de naturaleza formal. En ese sentido, se considera que el acto reclamado no constituye, para la parte quejosa, un acto de ejecución irreparable, en virtud de que supone una afectación estrictamente formal, con efectos intraprocesales, que incide únicamente dentro del procedimiento con vista a la obtención de una sentencia favorable que, de lograrse, los haría subsanables; por tanto, no produce una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de las partes -libertad personal, integridad, propiedad-, de modo que no se actualiza la procedencia de la demanda de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo requisito de procedibilidad se ciñe a que se trate de actos de juicio que tengan sobre las personas o las cosas efectos que sean de imposible reparación. Ciertamente, el acto aquí reclamado, puede combatirse como violación procesal en amparo uni-instancial, acorde a lo que establecen los artículos 34, 170 y 173, fracción XIX en relación con la III, de la Ley de la materia, de los cuales se colige que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo. Ello tiene razón, a virtud de que se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En esas condiciones, no sólo es legalmente posible, sino correcto, que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de las violaciones al procedimiento. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29, ambos de la legislación de la materia, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
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