Bernabe Camargo González
Expediente 1115/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Bernabe Camargo González
Actuaciones
- Principal
III... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción.
- Principal
III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga las prevenciones formuladas el seis del mes en curso. Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, con relación al 107 fracción IV, del propio ordenamiento, como a continuación se verá Del artículo citado en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En el particular, la parte quejosa reclama la interlocutoria de once de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México en el expediente..., en el que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra el diverso de treinta y uno de julio del año en curso, en la cual objetó de falsa la actuación asentada en la diligencia así como la orden de acceso dada a Gustavo Mauricio...., Corredor Público, con el fin de realizar el avalúo correspondiente al inmueble embargado. Dicha actuación fue emitida en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil ...., donde el quejoso es parte demandada. En efecto, la actuación reclamada no puede considerarse como la última en el expediente de origen, pues es precisamente en ésta en la que la autoridad responsable da continuidad a la etapa de ejecución, gestionando el cumplimiento a la cosa juzgada, de lo que se concluye que en dicho acto no se emite pronunciamiento alguno respecto a si ello se encuentra o no cumplido, sino que únicamente se encuentra realizando gestiones para dar cumplimiento, por lo que el juicio de amparo indirecto no es la vía idónea para atacar el acto reclamado que señaló la parte quejosa. Además, el acto reclamado está directamente vinculado al cumplimiento de la sentencia definitiva; esto es, sin consignar alguna circunstancia sustantiva ajena a la cosa juzgada de las que excepcionalmente hacen procedente el juicio de amparo biinstancial en la etapa de ejecución, como lo son, por ejemplo, apercibimientos graves; la imposición de multas o que impliquen afectaciones a la libertad personal, entre otros análogos; tampoco es un acto que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia que impida, obstaculice o retrase dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia advertidas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 aplicado a contrario sensu, de la citada ley, se desecha de plano la demanda.
- Principal
III... Agréguese la comparecencia de cuenta, a través de la cual el quejoso ratifica el escrito de demanda; en atención a su contenido, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto desahogue la totalidad de los requerimientos formulados en autos o bien fenezca el plazo concedido.
- Principal
III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Bernabé ...., por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1115/2023-III. Previo a realizar algún pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo, establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte promovente para que aclare su demanda. En ese orden, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito aclare su demanda en los términos citados a continuación: 1. Se presente en este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de reconocer como suya la firma plasmada en el ocurso de cuenta. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, es un hecho notorio para este juzgador que las firmas plasmadas en la presente demanda difieren ostensiblemente de las estampadas en el escrito que dio origen al juicio de amparo 762/2023-III, de este índice; y si bien es verdad que el suscrito no es perito en caligrafía o en grafoscopía, también es que, ante la evidente diferencia entre éstas se puede concluir que para detectar esa circunstancia no se requiere de tales conocimientos. Máxime que debe existir absoluta seguridad de que quien interpone el juicio de amparo suscribe la petición respectiva, pues de lo contario se incumpliría con el requisito previsto por el numeral 6 de la Ley de Amparo. En abundamiento, es necesario distinguir entre dos figuras distintas: ratificación y reconocimiento; la primera constituye un acto jurídico a través del cual se confirma un acto nulo, con el objetivo de otorgarle validez, ello de conformidad con el artículo 1802 del Código Civil Federal, que en la parte conducente establece: "Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte...", de lo que se advierte que dicha figura es distinta del reconocimiento, pues éste último es un acto expreso o implícito en virtud del cual el autor jurídico del documento le otorga autenticidad, sea espontánea o por citación judicial; busca que exista certeza sobre el origen del documento y sobre su autor. Por tanto, existe una diferencia sustancial entre ratificación y reconocimiento, porque la primera busca la validación de actos nulos; en cambio, la segunda tiene como fin otorgar autenticidad a un documento, al cerciorarse de que éste procede del autor indicado en él. Así, el reconocimiento de una firma sólo puede ser efectuado por quien la estampó. Por ello, se previene al promovente para que se presente ante este órgano judicial a fin de que reconozca la firma que calzan en el escrito de demanda para tener la certeza de que quien la plasmó efectivamente fue el quejoso. 2. Bajo protesta de decir verdad relate de forma cronológica y sucinta, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; es decir, todos aquellos relativos al procedimiento jurisdiccional del que emana, en virtud de que varios de los que narra no tienen secuencia. Lo anterior pues en el capítulo denominado acto reclamado refiere como tal violaciones en las que estima incurrió la autoridad responsable Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México cuando dictó la sentencia interlocutoria de once de agosto del año en curso dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 108/2017, por el que se inadmitió un recurso de apelación; pero, también refiere la resolución de treinta y uno de julio del mismo año en la cual objetó de falsa la actuación asentada en la diligencia así como el orden de acceso dado a Gustavo Mauricio Gánez Imaz, Corredor Público, con el fin de realizar el avalúo correspondiente al inmueble embargado. No obstante, en forma posterior indica que derivado de una pericial en evaluación que se está desahogando en el juicio, se le están privando de sus derechos y se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, debe precisar el número correcto del expediente del cual emanan los actos reclamados, pues en la demanda refiere el 108/2017 y 149/2016; hecho lo anterior, precise el estado procesal del dicho juicio. Además, debe transcribir íntegramente el contenido de los autos o resoluciones de los cuales derivan los actos reclamados, en su caso, exhiba copia simple de las mismas. 3. Bajo protesta de decir verdad y apercibido en términos del artículo 261 de la ley de la materia, debe precisar la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de los actos que por esta vía se reclaman. 4. Exhiba cuatro copias del escrito con el que desahogue la prevención, para correr traslado a cada una de las partes y que serán distribuidas de la siguiente manera; una para la autoridad responsable, una para tramitar el incidente de suspensión respectivo, una para el agente del Ministerio Público de la Federación, y una para el tercero interesado. Todo lo anterior, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto de la demanda tal y como está planteada y no irrogar perjuicio a ninguna de las partes. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del numeral 114 de la ley en la materia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario JUAN ROGELIO FONSECA, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los citados numerales, en relación a los diversos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica al usuario aludido, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la citada norma, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, no ha lugar acordar de conformidad el domicilio que indica, toda vez que las notificaciones personales se le practicarán vía electrónica, por así solicitarlo, aunado a que en la Ley de Amparo, no establece la posibilidad de señalar más de un lugar para tal efecto. Finalmente, se toma conocimiento de los correos electrónicos que proporciona para entablar comunicaciones no procesales. Se autoriza a Juan Rogelio ..., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a Felipe ..., únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, última parte, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, en razón de que no se acredita que se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado, ni se allegó su número de cédula profesional a fin de corroborar que cuenta con el registro respectivo, pues el nombre resulta insuficiente dada la homonimia que pudiera presentarse; por lo que una vez que realice lo anterior se acordará lo conducente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
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