Bernalda Coazozon Palma

Expediente 1222/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1222/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Bernalda Coazozon Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el dos de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente es clasificado como destruible, en un plazo de tres años, como lo establece el Acuerdo General de referencia en su artículo 20, fracción IV. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción III y 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, contra actos de Verónica Carolina Cataño González, en su carácter de Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en este Partido Judicial de Tijuana, con sede en esta ciudad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 1222/2023-E. Desechamiento de demanda. Ahora, como cuestión previa, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, quien aquí resuelve estima, que el presente juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento con relación a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. El citado artículo de la Ley de Amparo precisa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ( .)" Del precepto reproducido se advierte que la instancia constitucional es improcedente, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuando la ley que lo rige, conceda algún recurso o medio de defensa idóneo para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Ahora, la suspensión condicional del proceso es una de las salidas alternas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendente a reparar el daño ocasionado por el hecho delictivo, y que el imputado se someta a alguna de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, a fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de la víctima u ofendido, y que, de cumplirse a cabalidad, su consecuencia será la extinción de la acción penal. En el presente caso, el acto reclamado consistente en lo siguiente: "La resolución que emitió la LICENCIADA VERÓNICA CAROLINA CATAÑO GONZÁLEZ, en su carácter de Juez de Control del Poder Judicial de Tijuana, Baja California, México, mediante audiencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, donde autorizó la suspensión del procedimiento planteada por la defensa del imputado de nombre MISAEL ALEJANDRO SALAZAR MENDEZ, a pesar de la oposición fundada de mi asesor jurídico e donde se manifestó que el juez debía de aplicar lo establecido dentro del artículo 34 del código penal para el presente estado a la fecha en que ocurrieron los hechos que hoy en día se investiga que es el 05 de marzo del 2021., en cuya resolución resolvió que es procedente autorizar la suspensión del procedimiento propuesta por el abogado del imputado". Ahora, en relación con los recursos que proceden contra los autos emitidos por la juez responsable, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (.)". Del citado precepto se advierte claramente que son apelables las resoluciones emitidas por el Juez de Control, entre otras, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Dicho recurso, para su interposición, tramitación y resolución, se encuentra regulado en los diversos 471 a 484 del citado ordenamiento legal, que establecen, en lo que aquí importa, que contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. Asimismo, que una vez integrado el recurso se remitirá al Tribunal de Alzada, el cual se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso y, seguido el procedimiento, dictará sentencia, en la que conforme al numeral 479, confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió impugnar la resolución de que se duele, a través del recurso de apelación indicado, pues, atendiendo a su calidad de ofendida, se encuentra legitimado y obligado a hacerlo. Además, el artículo 459 del Código Nacional para Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad." Del precepto que antecede, se desprende la posibilidad de la víctima u ofendido para interponer alguno de los recursos previstos en la aludida legislación (revocación o apelación), en relación a algunos supuestos; esto es, se establece la legitimación de la víctima u ofendido para impugnar aquellas resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma, circunstancia que también se actualiza en el caso, pues en la resolución de cuatro de septiembre del año en curso, la juez de control al decretar la suspensión condicional del proceso al imputado, y darle uso de la voz a los asesores de la ofendida, éstos le manifestaron que no estaban de acuerdo porque no se ajustaba a lo que dice la aquí quejosa, le corresponde por el pago de la reparación del daño; por tanto, esta juzgadora considera que la aquí parte quejosa (ofendida en la causa penal de origen), se encuentra legitimada para promover el medio ordinario de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que no se está en alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Lo mismo se debe decir con respecto a las excepciones contenidas en los incisos c) y d), de la multicitada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque al impetrante del presente juicio de derechos, no se le puede considerar como persona extraña al procedimiento penal acusatorio en cuestión, al ostentar la calidad de ofendida; ni se combate a través del presente juicio de amparo el auto de vinculación a proceso. Luego, al no surtirse ningún supuesto de excepción, es inconcuso que la quejosa estaba constreñido a agotar el medio ordinario de defensa idóneo -recurso de apelación- que pudiera revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, previo a instar en esta vía constitucional. En tales circunstancias, al actualizarse la referida causa de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda promovida por ********************. Señalamiento de domicilio y autorizado. Téngase como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a los profesionistas ********************, ********************y ********************, ya que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el registro en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, se tiene a la quejosa autorizado en términos del numeral 24 de la ley de la materia, a ********************,********************;********************y********************. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.

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