Benjamin Quiñonez Soto

Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Benjamin Quiñonez Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído dictado en dieciocho de mayo de dos mil veintidós (en el en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto). En tal virtud, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En términos del artículo décimo octavo, fracción b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Benjamín Quiñones Soto, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "SEXTO. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Como se anticipó, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: En el evento de que cuando sea requerida del cumplimiento del amparo no haya celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y entre la fecha programada para la misma y el requerimiento medien más de quince días hábiles, deje insubsistente esa fecha y señale una nueva para que la audiencia tenga lugar dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; y si señalada la nueva fecha la audiencia no se celebra, señale otra fecha para que la audiencia tenga lugar dentro del mismo plazo y así sucesivamente, hasta que se celebre por completo. En la hipótesis de que cuando sea requerida para el cumplimiento del amparo, medien menos de quince días entre tal requerimiento y la fecha que ya esté señalada para la audiencia, deje incólume tal fecha; pero si la misma no se lleva a cabo, señale otra para que tenga lugar dentro del plazo de quince días, y así sucesivamente, hasta que se celebre por completo la audiencia." Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, al no haber sido recurrida la sentencia dictada en el presente asunto, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito y registrado con el folio 5885, el diez de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector, del que se advierte lo siguiente: Por acuerdo dictado el tres de mayo del presente año, se dejó sin efectos el proveído de veinte de enero del presente año, en el que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia consistente en conciliación, demanda y excepciones; por lo que con fundamento en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, señala las quince horas del veintisiete de mayo de dos mil veintidós para la celebración de la referida audiencia. Para lo cual remitió copia con firma autógrafa del acuerdo dictado el tres de mayo de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 16/2022-3 de su índice y a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento al fallo protector, ya que mediante proveído dictado el tres de mayo de dos mil veintidós, procedió a dejar sin efectos el proveído de veinte de enero del año en curso (en el que se había señalado las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones), señalando las quince horas del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia respectiva y continuar con su tramitación hasta su celebración. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, mediante el cual informa que en cumplimiento a los requerimientos efectuados en autos, por acuerdo de tres de mayo del año en curso, dejó sin efectos el proveído de veinte de enero del presente año, en el que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia consistente en conciliación, demanda y excepciones; por lo que con fundamento en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, señala las quince horas del veintisiete de mayo de dos mil veintidós para la celebración de la referida audiencia. Atento a lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, corriéndoles traslado con el oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente a las partes y córraseles traslado con el oficio de cuenta y anexo que lo acompaña.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a Benjamín Quiñones Soto, contra actos que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Tijuana, destacada en el considerando quinto de la sentencia que nos ocupa y para los efectos precisados en el considerando sexto del fallo protector. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora, del estado que guardan los autos se obtiene que la concesión del amparo otorgado a la parte quejosa consistente en que la autoridad responsable realice lo siguiente: "SEXTO. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Como se anticipó, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: En el evento de que cuando sea requerida del cumplimiento del amparo no haya celebrado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y entre la fecha programada para la misma y el requerimiento medien más de quince días hábiles, deje insubsistente esa fecha y señale una nueva para que la audiencia tenga lugar dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; y si señalada la nueva fecha la audiencia no se celebra, señale otra fecha para que la audiencia tenga lugar dentro del mismo plazo y así sucesivamente, hasta que se celebre por completo. En la hipótesis de que cuando sea requerida para el cumplimiento del amparo, medien menos de quince días entre tal requerimiento y la fecha que ya esté señalada para la audiencia, deje incólume tal fecha; pero si la misma no se lleva a cabo, señale otra para que tenga lugar dentro del plazo de quince días, y así sucesivamente, hasta que se celebre por completo la audiencia. Sin que sea el caso, que los efectos del amparo se extiendan hasta la emisión de los actos de etapas subsecuentes; pues en atención a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del recurso de inconformidad 282/2013, en la que abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 45/2007, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR EL JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES SEÑALADAS EN LAS DEMANDAS DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" se determinaron los alcances por los que se otorgue la protección constitucional, los cuales, como en el caso, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos antes mencionados...." Debiendo remitir las constancias en copia certificada con las que así lo acredite. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así y sin causa justificada que lo acredite, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables requeridas que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese.

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