Berlain Fonseca Zea

Expediente 1626/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1626/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Berlain Fonseca Zea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de tres de julio del presente año, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de dieciocho de julio del presente año, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a catorce de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito; se le tiene acusando recibo del diverso con el que se remitieron el cuaderno principal relativo al juicio de amparo en que se actúa, así como original y copia del escrito de expresión de agravios, con motivo del recurso de revisión interpuesto e informa que lo admitió. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa solicita se requiera a las autoridades responsables el desbloqueo del buzón tributario. En ese sentido, mediante interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva en los términos y para el efecto siguiente: ".En cuanto a la suspensión solicitada existe la jurisprudencia 2ª./J. 2/2015 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1760, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria." De la transcripción anterior se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 148 y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y por tanto, la (s) disposición (es) reclamada (s) no surta (n) sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del asunto del que deriva este incidente de suspensión." Al respecto, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica y para efectos de precisar el cumplimiento que debe dar la autoridad fiscal a la medida cautelar otorgada, se señala que, tal como se desprende del texto y el contexto de la resolución interloculoria de referencia, el alcance y efecto relativo consiste en eximir a la quejosa de ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; así como también, de que la autoridad hacendaria se abstenga de notificar a la parte quejosa cualquier acto o resolución administrativa por conducto del Buzón Tributario. En el entendido de que el referido medio de comunicación denominado buzón tributario quedará habilitado para todas aquellas otras operaciones diversas a la precisada con antelación, que realiza la quejosa, es decir, que la suspensión concedida no implica la inhabilitación total de dicho buzón, ya que no es ese el efecto ni alcance determinado. Se precisa que la suspensión otorgada no implica que el citado medio de comunicación deba suspenderse totalmente por la autoridad, ya que deberá quedar habilitado a efecto de que, de optar por ese medio, la quejosa pueda realizar otras operaciones, tales como presentar promociones, solicitudes, avisos y consultar su situación fiscal, casos en los que la autoridad podrá dar respuesta o solución por el mismo medio o vía electrónica. Sin que pueda considerarse que el otorgamiento de la medida solicitada implique que los contribuyentes queden relevados de la obligación de llevar los registros contables de manera electrónica, ni que la autoridad exactora esté impedida para ejercer sus facultades de comprobación o verificación, siempre y cuando sea por un medio distinto a la vía electrónica. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida. Apercibida de que de no dar cumplimiento al requerimiento que antecede dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero siguiente. Notifíquese.

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