Berenice García Chavez
Expediente 2880/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2880/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2019
Partes del expediente
- Berenice García Chavez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los oficios signados por la apoderada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Director General de Recursos Financieros de dicha Secretaría, quien en atención a los requerimientos efectuado en autos, manifiesta las gestiones que están llevando a cabo para dicho efecto, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes; asimismo hágase del conocimiento que continua el apercibimiento decretado en autos hasta en tanto quede cumplido dicho fallo. Así mismo por medio del cual anexa el diverso oficio SSC/OM/DGAO/017551/2019, en el cual de conformidad con la planilla de liquidación por el monto liquido por el monto liquido de $56,932.89 (cincuenta y seis mil novecientos treinta y dos pesos 89/100 moneda nacional) por concepto de pago de liquidaciones por haberes caídos de lo anterior este órgano jurisdiccional toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, y atendiendo a lo manifestado en el escrito que se provee, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo vigente, REQUIÉRASE, al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, en su carácter de vinculada, solicite el Visto Bueno a la Dirección General de Recursos Financieros de la suficiencia presupuestal a favor del quejoso por la cantidad previamente descrita. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 1ª./J.97/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Septiembre de 2011, Tomo XXXIV, página 134, con rubro: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DE LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES LOCAL PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES OTORGUE SU VISTO BUENO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES." Apercibido que de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al: 1) Secretaría de Finanzas del Gobierno de Distrito Federal, como superior jerárquico del Director General de Asuntos Jurídicos, ambos del Gobierno de la Ciudad de México. Para que dentro del término de tres días acrediten ante este Juzgado, haber ordenado al personal bajo su mando el cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibidos que de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Prevéngase a las autoridades directamente obligadas y a sus superiores jerárquicos que de mostrar una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el diverso 193 de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para que elabore el proyecto de separación del cargo para los efectos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. No obstante, entérese a las autoridades, que aun cuando dejen sus respectivos puestos, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional y 193 de la citada legislación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido al Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, autoridad responsable y al Consejo de Administración de la Comisión del Agua en el Estado de Veracruz, en su carácter de superior jerárquico, en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, para lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución dictada en el amparo en revisión 271/2019 de su índice resolvió: "PRIMERO. CONFIRMA la resolución controvertida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a xxxxxxxxxxxxx, en términos de la sentencia sujeta a revisión. NOTIFÍQUESE;." Así las cosas, del análisis del último considerando de la sentencia dictada por este juzgador, se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "Séptimo. Efectos del amparo. En atención a lo razonado en el considerando que antecede, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a **********, para el efecto de que la autoridad responsable realice el pago de: Los adeudos por montos históricos y financieros por la cantidad de **********(********** M.N.). / Los gastos financieros que se generen conforme a la cláusula cuarta del convenio de reconocimiento de adeudo y pago en parcialidades de seis de febrero de dos mil quince." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las siguientes autoridades Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, autoridad responsable y al Consejo de Administración de la Comisión del Agua en el Estado de Veracruz, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atento su contenido infórmese que deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III del punto Vigésimo del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XVI y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada, conservándose además de la resolución interlocutoria respectiva la diversa emitida por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca relativo al recurso de revisión R.A.(I) 94/2019 de su índice, por la que confirmó y concedió la suspensión de que se trata. Ahora bien, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, vista la certificación de cuenta, con apoyo en el punto Décimo Primero, último párrafo, del referido Acuerdo General Conjunto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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