Benjamín Palacios Oropeza
Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Benjamín Palacios Oropeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el tres de mayo del año en curso, en el conflicto competencial 16/2022, de su índice, de la que se advierte dicho Tribunal resolvió lo siguiente: PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en este Municipio y el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en esa Ciudad. SEGUNDO. Se declara competente al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con Residencia en esa Ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por Benjamín Palacios Oropeza, contra la orden de aprehensión y/o reaprehensión y su ejecución. TERCERO. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 103/2022, al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a cuyo favor se fincó la competencia, haciéndolo del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para los efectos a que haya lugar. Lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I, inciso c) comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias), por lo tanto: a) Es susceptible de destrucción el presente expediente. b) Deberá conservarse por seis meses en el archivo de este órgano Jurisdiccional. c) Transcurrido dicho plazo dentro los siguientes treinta días, este órgano jurisdiccional destruirá este expediente. d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que le fue remitido el cuaderno relativo al juicio de amparo 103/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre este Juzgado de Distrito y el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; e informa que dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto, y admitió a trámite el mismo, radicándolo bajo el número 16/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintiuno de febrero pasado, del que se advierte dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada a su favor; sin que haya lugar a proveer respecto de su contenido, toda vez que por auto de veinticuatro de febrero del presente año se proveyó al respecto, Por otra parte, téngasele remitiendo los autos originales del juicio de amparo 172/2022 de su índice, formado con motivo de la declinatoria de incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; por tanto glósense dichas constancias al presente cuaderno de antecedentes en que se actúa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta que contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual transcribe el acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo 172/2022, y devuelve las constancias del juicio constitucional 103/2022, de este índice, por estimar que ese órgano judicial no debe conocer del asunto, estableciendo como argumentos esenciales los siguientes: "En efecto, este operador jurídico considera que en este asunto no se debe aceptar la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Para ilustrar lo anterior, es oportuno citar el artículo 48, de la Ley de Amparo, el cual reza lo siguiente: "Articulo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez. de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El numeral transcrito establece que cuando un órgano jurisdiccional considere carecer de competencia, remitirá de plano la demanda de amparo a aquellos órganos jurisdiccionales que estimen son competentes, sin que aquél decida sobre la admisión o suspensión del acto reclamado, salvo que se traten de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Ahora, para que un Juez de Distrito considere que carece de competencia para conocer de un asunto, se debe pronunciar en relación a los siguientes puntos: Materia. Para considerar que se actualiza un supuesto de incompetencia en razón de materia, el juzgador debe analizar si el reclamo del quejoso atendiendo al objeto del litigio, de modo tal que si el juzgador conoce o se especializa únicamente respecto de alguna de las ramas del derecho sustantivo. Por ende, para considerar que un órgano carece de competencia para conocer de un asunto en razón de la materia, es porque la especialización del órgano jurisdiccional en cuestión, no es compatible con la naturaleza de los actos. Verbigracia, en caso de que el quejoso reclame una orden de aprehensión en vía de amparo, un juez especializado en materia de amparo civil, no podría conocer respecto de dicho acto, por lo que ordenaría remitir el asunto a uno especializado en materia de amparo penal. Territorio. Dicho criterio objetivo de competencia se distingue por establecer el ámbito espacial, en el cual un juzgador puede realizar su función jurisdiccional. Por ende, para determinar si un juez tiene o no competencia en razón del territorio, se debe verificar si el acto reclamado tiene ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Grado. Este criterio objetivo de competencia trata de la instancia en que debe ser conocido un asunto. Ejemplo, una demanda de amparo directo no puede ser materia de estudio de un Juez de Distrito, ya que la competencia para conocer de dicho asunto, corresponde de forma exclusiva a los Tribunales Colegiados de Circuito. Derivado de lo expuesto, se establece que la incompetencia de un órgano jurisdiccional acontece cuanto un juzgador se encuentre impedido para conocer de un asunto, debido a que en la Litis se actualiza alguno de los criterios objetivos que lo inhiban conocer del litigio. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. EL TURNO NO ES MATERIA DE. Para que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y pueda ser dirímido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 106 constitucional, es necesario que la negativa de las autoridades contendientes para conocer de un asunto, se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, es decir, que se trate de una cuestión de grado, territorio o materia para conocer de un asunto y no de cuestiones de mero trámite o turno, en virtud de que éste constituye sólo una forma de distribuir la labor judicial, consistente en un prorrateo de los expedientes entre varios tribunales que tienen igual circunscripción territorial de competencia, o tienen esta misma por razón de la materia o del grado; y en consecuencia, no puede ser considerado como un criterio que sustancie válidamente la relación jurídica procesal del conflicto, toda vez que la competencia se surte en cualesquiera de los tribunales colegiados de las mismas materia y circuito." Sobre la demanda de cuenta, se advierte que el Juez de Distrito que declina la competencia en favor de este órgano jurisdiccional, basa su criterio de incompetencia debido a que fue señalado por el quejoso como autoridad responsable, por lo que no le es factible conocer de ese asunto, ya que no puede poseer el carácter de autoridad responsable y juez al mismo tiempo. En razón de lo anterior, aquél operador jurídico consideró que la competencia le acudía al Juez de Distrito más cercano en la materia y jurisdicción del declinante, como en este caso lo fue, la ciudad de Puebla. No obstante lo anterior, se aprecia que la causa por la cual el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca estima carecer de competencia, no se basa en alguno de los criterios objetivos señalados con antelación (materia, territorio y grado). Ello es así, ya que de su determinación de incompetencia, el juez declinante adujo no poder conocer del juicio de amparo debido a que se le atribuye el carácter de responsable, circunstancia que a criterio de este operador jurídico, no representa un aspecto que determine la competencia legal de algún órgano judicial, ya que no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, sino que se trata de un caso de excepción a las reglas de competencia." Las consideraciones torales anteriormente transcritas, evidencian que el referido juzgado federal estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo. Al respecto, este órgano de control constitucional no comparte esas consideraciones, pues como se precisó en el acuerdo de dos de febrero del año en curso, la competencia legal para conocer del presente asunto, en el que los actos reclamados se atribuyeron a todos los jueces de Distrito de este circuito, recae en el juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y para acreditar esta postura jurídica, se estima conveniente transcribir el artículo 38 de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El citado numeral establece una regla de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito; de la que se desprende, será competente para conocer contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis que debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. En el caso, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, entre otras, a las siguientes: "(.) JUECES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA". En ese contexto, se estima actualizada la hipótesis prevista en el numeral 38 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en la medida de que todos los jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca se encuentran señalados como autoridades responsables. Ello es así, porque el artículo en comento constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 38 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los jueces de Distrito de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Así, tal disposición privilegia el conocimiento de un juicio de amparo atendiendo a la naturaleza de la autoridad responsable, en la especie, Juez de Distrito. Luego, cuando un juez de Distrito ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado ha de ejecutarse, al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, por ende, debe declinar su competencia en esos términos. Apoya las consideraciones expresadas, las jurisprudencias P./J. 44/2001 y 1a./J. 88/2006, que integraron el Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, del tenor: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Es preciso señalar que si bien las jurisprudencias citadas se emitieron durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, sin embargo, dichos criterios resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley abrogada, continuará en vigor en lo que se no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que se advierta oposición alguna al respecto. Por otra parte, resulta importante tener en cuenta lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Materia Común, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2022197, de rubro y texto: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." La anterior jurisprudencia emanó de la contradicción de tesis 95/2019 en el que el punto a dilucidar en ese asunto fue, si es posible declarar un impedimento presentado por el secretario en funciones de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro sujeto). De las consideraciones que sustentan la resolución de esa contradicción, destacan en lo que aquí interesa, las siguientes: Una de las bases para resolver sobre las cuestiones planteadas es precisamente el informe con justificación de la autoridad responsable; en ese sentido, de ser el mismo órgano quien deba rendirlo en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. En aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que, en principio, se debe declarar incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. En relación con la competencia subjetiva, de conformidad con los criterios de ese Alto Tribunal, la figura del impedimento, resulta ser el medio para examinar si el titular del órgano jurisdiccional es ajeno a la cuestión planteada o, si por el contrario, puede considerarse que se encuentra en riesgo de resolver con parcialidad, lo anterior, en aras de evitar que se ponga en tela de juicio el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Cuando se plantea un impedimento para conocer de un juicio de amparo indirecto cuyo acto fue emitido por el mismo órgano jurisdiccional, al que en principio le tocaría conocer del asunto, es válido considerar que existe una causa objetiva de riesgo de pérdida de parcialidad. Mientras que la vía procesal idónea para examinar si un órgano judicial es o no competente para conocer de un asunto, es precisamente, plantear una cuestión de competencia; la vía adecuada para cuestionar la incompetencia subjetiva, es el impedimento. Cuando el impedimento es planteado por las causas señaladas, por un secretario en funciones, conlleva una decisión vinculada con el órgano que representa y emitió el acto reclamado, en especial con los actos que deberá llevar a cabo, como es su defensa en el informe justificado o el cumplimiento de la suspensión que el mismo dicte, entre otros, lo que posteriormente sería incompatible con el análisis sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado. De ahí que, ya sea planteado como incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, o como impedimento, el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. En el presente caso, conforme a la certificación realizada por el secretario adscrito a este juzgado, se advierte que no existe alguna causa penal instruida en contra del quejoso en la que se haya emitido algún acto restrictivo de su libertad; por tanto, jurídicamente no se podría plantear un impedimento para conocer del presente asunto en razón de que es inexistente el acto atribuido al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, pues el suscrito no se ubicaría en el supuesto de incompetencia subjetiva. Sirve de apoyo a la consideración expuesta, la jurisprudencia del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, número de registro digital 2022546, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 946, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido." Por tanto, se insiste, este órgano jurisdiccional no cuenta con facultades para resolver en la instancia, pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, conforme a las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis a las que se ha hecho mención. En otro contexto, este juzgado tampoco está en aptitud de prevenir al quejoso para que aclare cuál es el acto que le atribuye a este juzgado federal, en razón de que de la lectura de la demanda de amparo se advierte claramente que el acto que combate en esta vía constitucional es alguna orden de aprehensión o reaprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Tampoco se podría desechar la demanda de amparo parcialmente por cuanto hace a los actos atribuidos a este órgano jurisdiccional, en razón de que se contravendría el principio que no se puede ser juez y parte. Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, no aceptó la competencia declinada, apoyando sus argumentos en la ejecutoria de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el conflicto competencial 82/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo de este Circuito, con residencia en esta población. Además que con apoyo en la misma ejecutoria concluyó que el razonamiento invocado por este juzgado para declinar la competencia a su favor, a su criterio, no representa un aspecto que determine la competencia legal de algún órgano jurisdiccional, ya que no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, sino que se trata de un caso de excepción a las reglas de competencia. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional las sentencias y resoluciones que se publican en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno del Más Alto Tribunal del país, con número de registro digital 2017123, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de epígrafe y sinopsis: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De la consulta hecha al referido sistema se puede advertir que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta ciudad, ha resuelto diversos asuntos en los que se plantean conflictos competenciales suscitados entre jueces de amparo, en los que se señalan como autoridades responsables a todos los jueces de distrito una ciudad, incluido aquél ante el que se presenta la demanda o le fue turnada. Las ejecutorias correspondientes a esos asuntos son los siguientes: 1.- CONFLICTO COMPETENCIAL 78/2021, suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, resuelto en sesión ordinaria virtual de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. 2.- CONFLICTO COMPETENCIAL 61/2021, suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, resuelto en sesión ordinaria virtual de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 3.- CONFLICTO COMPETENCIAL 46/2021, suscitado entre el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca y el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, resuelto en sesión ordinaria virtual de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 4.- CONFLICTO COMPETENCIAL 36/2021, suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, resuelto en sesión ordinaria virtual de uno de julio de dos mil veintiuno; y, 5.- CONFLICTO COMPETENCIAL 09/2020, suscitado entre el Juez Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos y el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, resuelto en sesión ordinaria virtual de veintidós de abril de dos mil veintiuno. En esos asuntos, el referido tribunal colegiado de circuito resolvió el conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito y determinó a que juzgado en específico recaía competencia para conocer de la correspondiente demanda de amparo. Las cinco ejecutorias y demás que obran en el aludido sistema pueden generar que se actualice la hipótesis normativa prevista en el artículo 224 de la Ley de Amparo, en el sentido de crear jurisprudencia por reiteración de criterios conforme a los requisitos correspondientes y, por ende, resultaría obligatoria para este órgano de control constitucional conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 217, párrafo tercero, del citado ordenamiento legal. Cabe destacar que en el Decimotercer Circuito que comprende el Estado de Oaxaca, existen dos tribunales colegiados especializados en materia Penal y de Trabajo, por lo que si uno de ellos considera que no se suscita algún conflicto de competencia por el hecho de que se señale como autoridad responsable en la demanda de amparo a todos los jueces de distrito de esta entidad federativa, incluso aquel ante el que le correspondió conocer de la demanda de amparo; genera incertidumbre jurídica en este órgano de control constitucional respecto de cuál es la pauta a seguir conforme a los lineamientos y resoluciones que emiten los órganos colegiados competentes para ello, lo que incluso puede generar una contradicción de criterios. En las relatadas consideraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al punto quinto, fracción II, y Décimo, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se remite este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este circuito, en turno, con la finalidad de que si tiene a bien, resuelva el conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal (señalado como autoridad responsable) y el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Por otra parte, con transcripción de este acuerdo, se ordena acusar recibido al juzgado de Distrito oficiante. Finalmente, resulta innecesario crear cuaderno de antecedentes porque ya se creó con anterioridad. NOTIFÍQUESE.
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