Benjamín David Ruiz Ramos
Expediente 918/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Benjamín David Ruiz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración, En su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, se ordena la devolución del disco DVD, que anexó a su informe justificado el Juez responsable; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el término concedido a las terceras interesadas Shirla Ivonne Bernal Zafra y Alma Edith Zafra Ruiz, en proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, sin que hayan dado cumplimiento a lo solicitado; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminadas en dicho auto, por lo que se ordena realizarle las notificaciones mediante lista de acuerdos, aún las de carácter personal. En atención a lo anterior se ordena notificarle a las terceras interesadas Shirla Ivonne Bernal Zafra y Alma Edith Zafra Ruiz, la sentencia dictada en el presente asunto mediante lista de acuerdos. Por otra parte, agréguese el oficio que suscribe el Juez responsable; en atención a su contenido, se le tiene informando que se suspendió el trámite del proceso hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Inserción de sentencia....se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, en contra del acto reclamado a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por su probable participación en el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar en agravio de Shirla Ivonne Bernal Zafra, y de lesiones en perjuicio de Alma Edith Zafra Ruiz, así como en contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la causa penal 728/2019, ni en contra del acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social número 1. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
previo aviso... Número de expediente: 918/2019 Acuerdo: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 918/2019; y: R E S U L T A N D O : PRIMERO. BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, por su propio derecho, mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, y Director del Centro de Reinserción Social número 1 (Cereso 1), consistentes en: el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 728/2019, así como la resolución que decreta como medida cautelar la prisión preventiva, y su ejecución; actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde al Representante Social de la Federación adscrito, emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. La juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y el Director del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha juez como justificación del mismo, como lo es un disco digital versátil DVD, el cual adquiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". TERCERO. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultan infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, conviene tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado, los cuales son: 1. El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se verificó la audiencia de calificación de la detención del imputado BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, la cual se estimó legal, y en la misma data, se verificó la audiencia de comunicación de imputación en su contra por su probable participación en el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar en agravio de Shirla Ivonne Bernal Zafra, y de lesiones en perjuicio de Alma Edith Zafra Ruiz. 2. En la referida audiencia, el imputado se reservó su derecho a declarar, acto seguido el Agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado respecto del citado hecho delictivo, en atención a ello BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, se acogió al plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, y al finalizar el mismo la juez responsable determinó decretar auto de vinculación a proceso por su probable intervención, como autor material, en el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar previsto en el artículo 404, 404 Bis fracciones I y II, y sancionado por el diverso 405, y lesiones, previsto en el numeral 271, y sancionado por el 272 primera parte, todos del Código Penal del Estado. Ahora bien, los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso se encuentran establecidos en el artículo 19 primer párrafo, constitucional, que dispone: "Artículo 19.Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Por su parte, los ordinales 311, 312, 313 y 316, fracciones III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Artículo 312. Oportunidad para declarar. Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. . III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De los preceptos en mención se pone de manifiesto los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, a saber: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sólo a través del cumplimiento de esas exigencias se podrá justificar la emisión de un auto de vinculación a proceso. En el caso, el primer requisito se colmó, pues el Agente del Ministerio Publico formuló la imputación de mérito, en audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (minuto 31:12-38:10 del segundo video de la primer carpeta del DVD). Asimismo, está satisfecho el segundo de los requisitos, pues del disco DVD se aprecia que en dicha data, la juez de control le hizo saber al imputado su derecho a declarar o reservarse el mismo, a lo cual manifestó no ser su deseo declarar (minuto 38:13-38:43 ídem). Por cuanto hace al tercer requisito para la emisión de un auto de vinculación a proceso, se tiene que del estudio detallado de los registros audio y video de la audiencia vinculatoria, y sobre la base que la presente resolución se dictó al tenor del artículo 19 constitucional, se estima colmado y, por ende, el auto de vinculación a proceso reclamado, se ajustó a derecho y no irroga violación alguna a los derechos fundamentales en perjuicio del peticionario del amparo. Ello es así, pues del análisis de los datos de prueba expuestos por el representante social en la audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, como bien lo estimó la juez responsable, son aptos y suficientes hasta este momento, para tener por demostrado el hecho que la ley prevé como el delito de violencia familiar, pues consideró, en lo que interesa entre otros: El parte informativo de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, signado por los Policías Municipales de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, Maximiliano Juan López Pérez y Usiel de Jesús Zárate Martínez, quienes refirieron al ir circulando en una unidad de motor a la altura de la escuela primara "Basilio Rojas", de San Jacinto Amilpas, aproximadamente a las tres horas con cincuenta minutos de esa fecha, fueron abordados por una persona del sexo masculino, quien les dijo que en la Avenida Rio Chiquito, un hombre estaba agrediendo a una femenina, por lo que se dirigieron a ese lugar, donde se percataron que la mujer estaba de pie llorando con lesiones visibles en la frente y ojo izquierdo, refiriendo llamarse Shirla Ivonne Bernal Zafra; de igual forma, estaba otra mujer de nombre Alma Edith Zafra Ruiz, que también presentaba golpes en el rostro como la nariz y ojo derecho, que Shirla les dijo que su concubino Benjamín David Ruiz Ramos la había golpeado en ese lugar, pues la derribó al suelo y le dio de patadas, y que minutos antes le había dado un cabezazo a ella y a su mamá en su domicilio, motivo por el cual, procedieron a la detención de Benjamín David Ruiz Ramos (minuto 41:31- 44:00). La denuncia de la ofendida Shirla Ivonne Bernal Zafra, de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual manifestó vivir en concubinato con Benjamín David Ruiz Ramos, en el domicilio ubicado en Calle Hércules número veintidós casa diecisiete, fraccionamiento Bella Vista, Colonia Odisea en Santa María Atzompa, Oaxaca, con quien tiene una hija de nombre María José Ruiz Bernal, de un año edad, y que también vive con ellos su hijo de nombre Elías Chávez Bernal de ocho años de edad, de su anterior pareja, refiriendo que en diversas ocasiones la ha golpeado, que el quince de septiembre de dos mil diecinueve, para celebrar el día de la independencia hizo una reunión en su domicilio, a la cual asistió su mamá Alma Edith Zafra Ruiz, su hermano de nombre Gustavo y la pareja de su mamá de nombre Omar, que dicha reunión empezó a las siete de la noche; a las tres de la mañana cuando ya se disponía descansar, pues ya se habían ido los invitados, su hija María José se despertó, pues le tocaba su mamila, que al estar preparando el biberón, Benjamín David Ruiz Ramos, le empezó a decir que era una inútil, buena para nada y la empezó a empujar, por lo que se salió del cuarto, pero le continuaba diciendo pendeja, no sirves, que al intentar entrar nuevamente al cuarto, la jaló de los cabellos hacia las escaleras empujándola con la intención de tirarla, como sabía que ya estaba de vuelta su hermano le habló para que la ayudara y agarrara a la niña, cuando subió se dio cuenta que la tenía contra la pared y le apretaba el cuello con la mano izquierda, por lo que su hermano salió a buscar a su mamá, en eso Benjamín le dio un puñetazo con su mano izquierda en su brazo y costado derecho, en ese momento subió su mamá y Benjamín le lanzó un cabezazo que logró esquivar, pero aun así le tocó en la frente y ojo izquierdo, por lo que su mamá se puso en medio de los dos, pero Benjamín la agarró de la playera dándole un cabezazo en la cara y la empujó por las escaleras, y como su mamá se sujetó de él, los dos rodaron hasta el suelo, y una vez que se puso de pie Benjamín, continuó pegándole a su mamá con el puño cerrado de su mano derecha en la cara, que su hermano intentaba defender a su mamá, mientras lo empujaba, lo que lo enojó más, que en eso salió su hijo Elías y le decía a Benjamín, ya papito ya no le pegues a mi mamá, pero no entendía, por el contrario lo agarró de la pijama y lo aventó contra la sala, diciéndole que a sus hijos nadie los tocaba, logrando agarrarlo del cabello y se le fue encima, ante eso Benjamín salió de la casa hacía un lugar conocido como Rio Chiquito, siguiéndolo hasta el puente que divide Santa María Atzompa de San Jacinto Amilpas, donde Benjamín la enfrentó empujándola, cayendo al piso boca arriba, donde la pateó, cubriéndose con los brazos, por eso la pateó en las piernas, espalda y costado derecho, al tiempo que le decía que era una perra maldita que de él se iba a acordar, y le iba a dar donde más le duele que son sus hijos, y del miedo se orinó, pero al saber que le iba hacer algo a sus hijos se levantó y buscó algo con qué defenderse, encontrando un palo con el que le empezó a lanzar golpes para que ya no le pegara, pero Benjamín quería agarrarle la cara, pero con sus manos lo empujó y perdió el equilibrio y cayó al arroyo, en eso llegó Manuel, quien es amigo de la pareja de su mamá, interviniendo para que se tranquilizara, después llegó su mamá con dos policías, a quienes les narró lo sucedido (minuto 51:07-1:00:27). Certificado médico de lesiones de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, signado por la doctora Karina Pérez Luna, a favor de Shirla Ivonne Bernal Zafra, en el que una vez valorada dictaminó que presenta hematoma subgaleal con cinco centímetros de diámetro, con escoriación de dos centímetros de longitud en la región frontal del lado izquierdo, equimosis violeta de cinco por ocho centímetros bipartebral en ojo izquierdo, equimosis violácea de cuatro por tres centímetros, en tercio distal de brazo izquierdo; dos equimosis lineales de diez centímetros cada una paralelas entre sí en el tercio distal de la superficie externa del muslo izquierdo, equimosis lineal de cinco centímetros en el tercio proximal de la pierna derecha, lesiones que tardan en sanar menos de quince días, y afectan tejidos blandos (minuto 1:00:28-1:01:49). Dictamen sicológico de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, expedido por Lizeth García Carrillo, en el cual después de una entrevista y valoración concluyó que Shirla Ivonne Bernal Zafra, se encuentra afectada emocionalmente, con un estado de ánimo ansioso y deprimido (minuto 1:02:48-1:03:44). Los anteriores datos de prueba fueron valorados por la juez responsable, ajustándose a lo que dispone el artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerándolos idóneos, es decir, que los datos de prueba son los apropiados para probar el hecho a estudio; pertinentes, ya que se refieren al hecho controvertido; pues en cuanto a la denunciante Shirla Ivonne Bernal Zafra, narra los antecedentes de la relación que tiene con el imputado, habitando en el domicilio proporcionado, y que ha sufrido violencia de su parte; lo cual se corrobora con el parte informativo de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por los elementos de la Policía Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, a través del cual se establece un hecho ocurrido en esa data, aproximadamente a las tres horas, pues al circular a bordo de una unidad motorizada a la altura de la escuela primaria "Basilio Rojas", fueron interceptados por una persona que les refirió que una mujer estaba siendo agredida, que al llegar al lugar indicado se percataron de lo dicho. En cuanto al dictamen sicológico emitido a su favor el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte presenta un estado de ánimo ansioso y deprimido. Con base en los referidos datos de prueba, válidamente se puede tener por existente el hecho señalado por la ley como el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de Shirla Ivonne Bernal Zafra. Por otra parte, respecto del hecho señalado como el delito de lesiones cometido en agravio de Alma Edith Zafra Ruiz, de igual forma la juez responsable analizó los datos de prueba en los términos expuestos en párrafos precedentes, exponiendo las razones por las cuales los consideró idóneos y pertinentes, aunado a que a éstos se concatenó la denuncia de la directa ofendida, quien refirió que el quince de septiembre de dos mil diecinueve, su hija organizó una noche mexicana en su domicilio, que Benjamín empezó a tomar desde las dos y media de la tarde hasta las ocho y media de la noche, que hasta ese momento todo iba bien y empezó el festejo, pero él seguía bebiendo, y que aproximadamente a las tres de la mañana del dieciséis de septiembre, se despidió de su hija, así como su hijo Gustavo y su pareja de nombre José Omar, dirigiéndose a su domicilio que se encuentra a unos veinte metros de distancia, que su hijo le dijo que regresaría a casa de su hermana porque se le olvidó una computadora, una vez recostada, regresó su hijo y le dijo que regresara a la casa de su hermana porque Benjamín le quería pegar, por lo que se dirigió nuevamente a su casa, y al escuchar gritos en la parte alta, subió, viendo que su hija tenía en brazos a su nieta y Benjamín la estaba estrangulando, que al acercarse para tratar que la soltara la agarró de las orejas con todo y cabello y le dio dos cabezazos, que uno le tocó en la frente del lado derecho y otro en la nariz, que su hijo lo agarró por detrás y trataba de jalarlo pero no la soltaba, por lo que se agarró y él trataba de darle puñetazos en la boca con la mano derecha, que al darse la vuelta le mordió el dedo meñique de la mano derecha y ambos rodaron por las escaleras, estando en el piso Benjamín le dio de puñetazos y patadas en la cara, para luego echarse a correr (minuto 44:41-51:06). Adminiculando dicha declaración con el certificado médico de lesiones de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, expedido por la doctora Karina Pérez Luna, a favor de Alma Edith Zafra Ruiz, a quien una vez efectuada una inspección general dictaminó presenta las siguientes lesiones: hematoma bipalpebral violeta con imposibilidad para la apertura ocular de cinco centímetros de diámetro derecho; escoriación lineal de tres centímetros en la región frontal del lado izquierdo; herida superficial con sangrado no activo de un centímetro de longitud en el dorso de la nariz; escoriación de tres centímetros de diámetro en la rodilla izquierda, y un edema en la mano izquierda, lesiones de naturaleza activa y pasiva, que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días. (minuto 1:01:50-1:02:47). Acreditando así la responsable, la existencia del hecho señalado por la ley como el delito de lesiones, pues existió una alteración en la salud de la ofendida, las cuales fueron producidas por una causa externa, con motivo de la actitud del imputado, en las circunstancias de tiempo, modo y espacio ya precisadas. En ese sentido, con la concatenación de todos esos datos de prueba, la juez responsable afirmó que los mismos acreditan el siguiente hecho: Que Benjamín David Ruiz Ramos y Shirla Ivonne Bernal Zafra, viven en concubinato, en el domicilio ubicado en Calle Hércules número veintidós casa diecisiete, fraccionamiento Bella Vista, Colonia Odisea en Santa María Atzompa, Oaxaca, procreando una niña de nombre María José Ruiz Bernal, y que el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las tres horas de la madrugada, en el interior de dicho inmueble, Benjamín David Ruiz Ramos, agredió física y verbalmente a Shirla Ivonne Bernal Zafra, ya que cuando preparaba el biberón para su hija, el imputado al encontrarse en estado de ebriedad le dijo que era una inútil, buena para nada, que con una mano la tomó del cabello y jaló hacia las escaleras, luego la empujó contra la pared apretándola con su mano izquierda, donde le dio un golpe en su brazo y costado derecho, además un cabezazo mientras cargaba a su menor hija, en ese momento se interpuso entre ellos su mamá, pero el imputado la agarró de la playera y le dio un cabezazo en la cara, empujándola por la escalera, pero al sujetarse del imputado los dos rodaron, al llegar al suelo Benjamín la siguió golpeando con el puño cerrado de su mano derecha en la cara; posteriormente el imputado salió corriendo de la casa, siguiéndolo Shirla, deteniéndose en la calle Rio Chiquito de San Jacinto Amilpas, lugar donde con sus dos manos empujó a Shirla tirándola al piso, pateándole las piernas, espalda y costado derecho, mientras le decía que era una perra maldita que de él se iba a acordar, y que le daría donde más le duele que son sus hijos, posteriormente llegó la policía y lo detuvo. Conclusión que el suscrito considera apegada a derecho, pues en la resolución que se analiza, la responsable expuso de manera clara y coherente por qué los datos de prueba expuestos por la representación social, son pertinentes e idóneos para acreditar el hecho imputado a Benjamín David Ruiz Ramos, analizando uno a uno de ellos, y adminiculándolos entre sí. En cuanto a la probabilidad de que el aquí quejoso participó en la comisión del hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar y lesiones, determinó que encuentra datos suficientes que le permiten establecer esa probabilidad en su carácter de autor material, pues cuenta con el señalamiento que le hacen las ofendidas Shirla Ivonne Bernal Zafra y Alma Edith Zafra Ruiz, pues lo señalan como la persona que el día de los hechos ejerció la violencia familiar en contra de la primera, y provocó las lesiones a la segunda, deduciendo así, como lo sostuvo la juez responsable, su conducta encuadra en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado, que dice: "Artículo 11.- Son autores o partícipes del delito: I.(.) V.- Los que lo realicen por sí; .". Finalmente, en cuanto al último requisito para la emisión del auto de vinculación a proceso, también se acreditó, pues la juez responsable determinó que no existía excluyente del delito, tampoco este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna. En esas condiciones, en autos se encuentra acreditada la existencia del hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar y lesiones, así como también la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, en su carácter de autor material, cumpliéndose con todo ello el requisito que exige el artículo 19 constitucional para la emisión del auto de vinculación a proceso. Es por ello que resultó apegado a derecho que la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, haya emitido en contra del inconforme, el auto de vinculación a proceso reclamado, para el cual no se requiere de prueba plena de su responsabilidad en este momento procesal, ni de los elementos del tipo penal en cuestión, sino sólo datos que conlleven a demostrar que los hechos materia de la imputación se encuentran previstos en la ley penal como delito y la probabilidad de que el imputado de mérito participó en su comisión. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De ahí que resulte infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que la responsable dejó de tomar en consideración que los hechos imputados no encuadran en la descripción típica del delito de violencia familiar, pues como se dijo en párrafos precedentes, los datos de prueba desahogados por el representante social son suficientes -hasta este estadio procesal- para acreditar la existencia de ese hecho, ya que no se requieren elementos contundentes para dictar una resolución como la hoy reclamada. Por cuanto hace a las diversas manifestaciones consistentes en que la confrontación con la víctima se dio con motivo de que todos injirieron bebidas embriagantes, por tal razón resultaron con lesiones, y por ello salió del inmueble para evitar un conflicto con mayores consecuencias, debe decirse que sus argumentos resultan inatendibles, pues en su caso, los mismos debieron ser materia de prueba en la causa penal, sin soslayar que se acogió a la ampliación de plazo constitucional, en el cual pudo acreditar su defensa. Por todo lo anterior, se tiene que el auto de vinculación a proceso emitido por la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en contra BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, no conculca derechos fundamentales en su perjuicio, pues como se demostró, el mismo se ajustó al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y preceptos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, para su emisión. Ahora, respecto del diverso acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva decretada por la responsable a petición del ministerio público, resulta infundado el concepto de violación formulado por el quejoso, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para ello conviene tener presente que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en los párrafos tercero y sexto del artículo 167 del referido ordenamiento, en los siguientes términos: "Artículo 167. Causas de procedencia. [.] El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: [.]" De igual forma, el invocado precepto legal prevé la prisión preventiva justificada, en sus párrafos primero y segundo, que disponen: "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. [.]" La diferencia toral en la referida medida cautelar estriba, por cuanto hace a la oficiosa, que la misma la decretará el juez de Control, sin previa petición del Ministerio Público, siempre y cuando se trate de alguno de los delitos previstos en el invocado precepto legal; contrario a esta, la prisión preventiva justificada, necesita de la petición expresa del representante social, quien deberá justificar su imposición, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima. En ambos casos, previo a decretar la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, deberán colmarse, conforme al artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los siguientes requisitos: Haberse formulado la imputación; El imputado haya manifestado su deseo de acogerse al plazo constitucional de setenta y dos horas, o el ampliado; Se dicte vinculación a proceso; El delito merezca pena privativa de libertad; y El ministerio público deberá justificar dicha medida. En el caso, la medida cautelar materia del presente asunto, lo será la prisión preventiva justificada, análisis que determinará si la misma se justificó o no. Así, se tiene que conforme al disco DVD, remitido por la juez responsable, se aprecia se colmaron los requisitos comprendidos del inciso a) al d), pues a BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, se le formuló imputación en audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (minuto 31:12-38:10); se acogió al término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas (minuto 1:29:28-1:30:15); se le vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar y lesiones, los cuales contemplan pena privativa de libertad (minuto 33:04-33:18 del tercer video de la segunda carpeta del DVD). Corresponde ahora analizar si el último requisito consistente en que la medida cautelar de prisión preventiva se haya probado y justificado por parte del Ministerio Público; y así se tiene que para solicitarla argumentó lo siguiente (minuto 33:40-48:29): Que existe peligro de sustracción por parte del imputado, en términos del artículo 168 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como un riesgo para las víctimas acorde a lo dispuesto por el numeral 170, del referido cuerpo legal. En cuanto al riego de sustracción, refirió que el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido indica su voluntad de no someterse a la prosecución penal, tomando en consideración el análisis de riesgo emitido por la unidad de medidas cautelares de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual los evaluadores respecto al peligro de sustracción en su conclusión general refirieron que no es posible cuantificar el riesgo de sustracción, pues al constituirse en esa data en los separos de la Agencia Estatal de Investigación, donde se encontraba privado de su libertad, a quien le explicaron el motivo de la visita, refirió que se reservaba su derecho a proporcionar cualquier número o direcciones, firmando un no consentimiento, motivo por el cual no pudieron cuantificar el riesgo de sustracción a que alude el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que esa actitud denota que no tiene voluntad de someterse a la prosecución penal, razón por la cual se cumple con ese riesgo procesal. Respecto al numeral 170 de la citada legislación, relativa al riesgo para las víctimas, se toma en cuenta el certificado médico de lesiones, de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, expedido a favor del imputado, del que se advierte -cuando fue detenido-, se encontraba en tercer grado de ebriedad, por lo que al consumir bebidas etílicas, se considera un factor de riesgo, pues bajo los influjos del alcohol pudiera volver agredir a las víctimas; que debe considerarse la denuncia de su concubina, de la cual se advierte que ya han existido antecedentes de violencia por parte de su concubino, como lo es que en el año dos mil diecisiete le dio una golpiza, incluso le fracturó la nariz en tres partes, y la amenazó con un cuchillo; también con el informe policial de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se asentó que existen dos registros relativos a dos carpetas de investigación instruidas al imputado por violencia familiar en contra de Shirla Ivonne Bernal Zafra, de las que se advierte la ha amenazado con hacerle algo a sus hijos, también que ingiere bebidas embriagantes, aparte de insultarla, por lo que el imputado representa un riesgo latente para la víctima y sus menores hijos, de ahí que la medida solicitada es la idónea para garantizar la presencia del imputado y seguridad de la víctima, siendo que no existe otra que lo garantice, pues el imputado conoce dónde vive la víctima Shirla Ivonne Bernal Zafra, así como sus redes de apoyo, también donde vive la diversa Alma Edith Zafra Ruiz, de ahí que también sea necesaria para su seguridad. A tales manifestaciones, la defensa del imputado argumentó (minuto 48:30-56:42): Que del análisis de riesgo de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, se tiene que no existe riesgo alto en cuanto a las víctimas, y en cuanto a la comunidad existe un riesgo bajo; respecto al riesgo de la víctima, la fiscalía tiene los medios a su alcance para proporcionarles seguridad; en cuanto a que el imputado ingiere bebidas embriagantes, resulta ser un hecho subjetivo, aunado a que las víctimas se encontraban bajo el influjo del alcohol el día de los hechos; respecto a las carpetas de investigación, únicamente existen las denuncias, pero no se informa el resultado de las mismas; que debe tomarse en cuenta el criterio jurisprudencial de número 2017702, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PROCEDE IMPONERLA, SIEMPRE QUE UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR NO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR ÚNICA O CONJUNTAMENTE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"; que debe tomarse en cuenta que el imputado es la única persona que mantiene a sus menores hijos, así como a su esposa, pues se encuentra desempleada, siendo que es el único que genera ingresos a la familia, por lo que acepta someterse a diversas medidas cautelares como: presentaciones ante la autoridad; exhibir una garantía económica equivalente a diez mil pesos; la prohibición de salir sin autorización del país o localidad donde reside, o ámbito territorial del juez; sometimiento al cuidado o vigilancia por esa autoridad para asegurar su presentación; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, acercarse a las víctimas o ciertos lugares, así como de ingresar al grupo de alcohólicos anónimos para rehabilitarse y de sicólogos para que lo ayuden a componer su conducta, que ya no vivirá en el domicilio, pero sus familiares tienen uno en la ciudad de Oaxaca donde continuará con su vida normal. El asesor jurídico de las víctimas, en uso de la voz, argumentó en esencia que es idónea y proporcional la medida solicitada. Acto seguido, la juez resolvió (minuto 1:03:28-1:18:12): Con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar solicitada es para garantizar la presencia del imputado y seguridad de las víctimas, por lo que en términos del numeral 154 del mismo ordenamiento procede la petición del ministerio público, pues ya fue vinculado a proceso el imputado; que en términos del artículo 168 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y conforme al dato de prueba vertido por el ministerio público consistente en el informe de la unidad de medidas cautelares, por cuanto al análisis de riesgo, tomando en consideración que una vez que se entrevistó el verificador con el imputado, este se reservó su derecho para proporcionarle datos identificatorios, esto es, datos personales que pudieran ser verificados por esa unidad, por lo que ello es suficiente para demostrar que no tiene la voluntad de someterse a la prosecución penal. En cuanto al riesgo para la víctima, el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los parámetros para verificar la imposición de la necesidad de la cautela, por lo que se toman en consideración los datos de prueba vertidos por el ministerio público, como lo son las denuncias que ha presentado la víctima, de las que se advierte no ha sido la primera vez que es agredida de manera física y sicoemocional, pues en el año dos mil diecisiete, fue golpeada y se le fracturó la nariz, además de ser amenazada con un cuchillo, de igual forma, del informe policial se advierte la existencia de dos carpetas de investigación, en las cuales la víctima Shirla ha denunciado al imputado por violencia familiar, y en contra de los menores de edad, ello aunado a los hechos denunciados (dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve) en los que al tener la víctima en sus brazos a su hija, al encontrarse el imputado en estado de ebriedad la insultó diciéndole que era una pendeja y no servía para nada, la tomó del cabello, jaló hacia atrás, y le dio de puñetazos, un cabezazo, mientras tenía a su hija en brazos, y no obstante intervenir la diversa víctima Alma Edith Zafra Ruiz, también fue agredida y empujada por las escaleras, que al sujetarse de la playera ambos rodaron, para continuar golpeándola, para después alejarse del domicilio, siendo perseguido por Shirla, y en la calle la volvió a golpear, en las piernas, espalda y costado derecho, insultándola y diciéndole que le daría donde más le doliera que son hijos y que acabaría con ella, lo que constituye una conducta reiterada del imputado de agredir a la víctima, de lo que se arriba a la existencia de un riesgo fundado de que pueda ejecutarse en su contra algún acto que afecte su integridad personal, por lo que la prisión preventiva resulta ser idónea y suficiente para garantizar ambos riesgos procesales, aun cuando la defensa refiera que existen otras medidas menos gravosas que pudieran garantizar la presencia del imputado, como las ofrecidas, ya que las medidas no son solo para garantizar su presencia, sino también garantizar la seguridad y evitar poner en riesgo la vida de la víctima, por lo que la prohibición de acercarse a la víctima o su domicilio, o acudir a la ayuda sicológica, no son suficientes para garantizar su seguridad, pues como se dijo conoce dónde viven las víctimas, además del problema de alcoholismo que sufre, y que no es la primera vez que agrede a la víctima, pues la ha amenazado, lo que hace evidente que estén en riesgo, de ahí que resulte suficiente para salvaguardar el riesgo de la víctima, incluso que se ponga en riesgo su vida; adecuada pues las ofrecidas por la defensa no son suficientes para garantizar ese riesgo; es necesaria su imposición, para evitar un riesgo a la víctima; proporcional, ponderando la libertad del imputado, y de que prevalece el evitar que se ponga en riesgo la integridad de la víctima o su vida. Contra tal determinación, el quejoso aduce que la juez responsable dejó de observar lo dispuesto por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el mismo prevé cinco circunstancia a tomar en cuenta para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado al proceso, que ante la ausencia de norma alguna que determine que a falta de una de ellas es suficiente para considerar posible el peligro de sustracción, es necesario que se actualice todas y cada una de ellas; que el hecho de haberse reservado su derecho a proporcionar sus datos personales, no es el comportamiento a que se refiere la fracción III del artículo 168, de la misma legislación. Deviene infundado dicho argumento. En efecto, pues el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares, no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima; de los testigos o de la comunidad; así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del código. Conforme a ello, basta que el Ministerio Público justifique que otras medidas no son suficientes para garantizar una de dichas hipótesis o bien que el imputado esté procesado o sentenciado en los términos expuestos, para que sea procedente la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, sin que sea necesario que se justifiquen y analicen todos y cada uno de los referidos supuestos jurídicos. Ahora bien, como se expuso en párrafos precedentes, y así se advierte del DVD, remitido por la juez responsable, el Agente del Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, de conformidad con los artículos 154, 155 fracción XIV, 167, 168, fracción III y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, tomando en consideración que al momento de ser entrevistado por el personal de la Unidad de Medidas Cautelares, el imputado se reservó su derecho a proporcionar datos personales, lo cual, como bien lo refirió la juez responsable, demuestra que no es su voluntad someterse a la persecución penal, en términos del artículo 168 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no existe razón alguna para que el imputado se negara a proporcionar dicha información, por el contrario, supone su intención de ocultarla para no ser localizado cuando se necesite su presencia en la causa de origen, razón por la cual, resulta justificada la medida decretada en su contra. Ahora, si bien el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere diversas circunstancias a efecto de valorar si está garantizada o no la comparecencia del imputado al proceso, cierto es, que contrario a lo alegado por el quejoso, basta que se actualice una para imponer la medida cautelar correspondiente, ya que cada una de las circunstancias a ponderar son autónomas entre sí, pues se incluyó al finalizar la redacción de la fracción IV, la disyuntiva "o", para hacer patente que es posible desagregar cada supuesto del resto y hacerlo independiente, de modo que es suficiente la actualización de una sola de esas hipótesis para establecer que hay peligro de sustracción del imputado. Estimar lo contrario, esto es, para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, y decretar como en el caso, la prisión preventiva justificada, la satisfacción de todas las circunstancias a que se refiere el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haría imposible decretar medida cautelar alguna, ya que en la especie no se acreditarían las previstas en las fracciones IV (La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas) y V (El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.), pues no debe pasar desapercibido que la detención del imputado fue en flagrancia, luego, como se dijo en el párrafo que antecede, basta que se actualice alguna de las referidas situaciones para decretar la medida cautelar reclamada. Por otra parte, refiere en cuanto al riesgo para la víctima, que el ministerio público no acreditó con prueba idónea la existencia de las denuncias formuladas en su contra por la víctima Shirla Ivonne Bernal Zafra, ya únicamente se limitó a mencionarlas, sin acreditar su estado procesal, por lo que solo son señalamientos que no han sido acreditados en forma legal, por lo que no tienen valor probatorio alguno. Es infundado dicho motivo de disenso. En efecto, pues si bien como lo alega el quejoso, el ministerio público en su exposición solo hizo referencia a las denuncias interpuestas en su contra por su concubina por violencia familiar, sin expresar el resultado que arrojaron las mismas, no menos cierto es, como así lo ponderó la resolutora responsable, atendiendo tanto a las circunstancias del hecho como particulares en que se encuentra la víctima, conforme al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente la medida cautelar reclamada, pues la conducta asumida por el imputado el día de los hechos, ha sido reiterada en perjuicio de la ofendida Shirla Ivonne Bernal Zafra, en el sentido de que la ha golpeado y ofendido, por lo que se tiene el temor fundado de volver a agredirla, máxime que como bien se refiere en la resolución reclamada, conoce donde viven las víctimas. Luego, la imposición de la prisión preventiva sí se encuentra justificada, ya que la Juez responsable sustentó su determinación en el riesgo inminente que existe para las víctimas, dadas las circunstancias particulares en que ocurrieron los hechos, y de que los mismos han sido reiterados, lo cual como de manera correcta lo estimó es un factor suficiente para justificar la imposición de dicha medida cautelar. Por tanto, es claro que concurrieron razones para justificar esa medida cautelar y contrario a lo argumentado no son apreciaciones subjetivas, sino objetivas tomando en consideración la existencia de las carpetas de investigación integradas en contra del quejoso. En ese orden, no es acertado lo alegado por el quejoso en el sentido de que la medida cautelar de prisión preventiva carece de la proporcionalidad prevista en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la misma se impone cuando no existan otras medidas que puedan garantizar la presencia del imputado y la seguridad de la víctima, siendo que el diverso numeral 154 del mismo ordenamiento, prevé trece medidas que sí pueden cumplir con dicho objetivo. En efecto, pues como lo ponderó la juez responsable, dicha medida resulte suficiente para salvaguardar el riesgo de la víctima, incluso que se protege su vida; adecuada, pues las que en su momento ofreció la defensa no son suficientes para garantizar ese riesgo; y proporcional, ya que al efectuar una ponderación entre la libertad del imputado, y de evitar que se ponga en riesgo la integridad de la víctima o su vida, se declinó por esta última. Consideraciones que comparte el suscrito, ya que dada la mecánica de los hechos y antecedentes valorados por la responsable, resultan datos suficientes para justificar la medida cautelar de prisión preventiva, ya que no sólo se pretende garantizar la comparecencia del imputado al proceso, sino de salvaguardar la seguridad de las víctimas. Por otra parte, la imposición de la prisión preventiva justificada reclamada no transgrede el principio de presunción de inocencia, ya que no supone la anticipación de la pena; además, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se encuentra permitida la restricción de la libertad de una persona como medida cautelar, como ocurrió en el caso a estudio. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 493, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada.". Por tanto, como de manera correcta lo estimó la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la resolución impugnada, el acto reclamado que impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al quejoso, se encuentra debidamente fundada y motivada, en atención a que se justificó la racionalidad y necesidad de su imposición y, por ende, no transgrede en su perjuicio su derechos ni garantías para su protección. En las relatadas consideraciones, y ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, en contra del acto reclamado a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por su probable participación en el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar en agravio de Shirla Ivonne Bernal Zafra, y de lesiones en perjuicio de Alma Edith Zafra Ruiz, así como en contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la causa penal 728/2019. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social número 1, al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a BENJAMÍN DAVID RUIZ RAMOS, en contra del acto reclamado a la juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por su probable participación en el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar en agravio de Shirla Ivonne Bernal Zafra, y de lesiones en perjuicio de Alma Edith Zafra Ruiz, así como en contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la causa penal 728/2019, ni en contra del acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social número 1. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Benjamín Calvo Martínez212/2020
- Benjamín Calvo Martínez1956/2015
- Benjamín Calvo Martínez847/2019
- Benjamín Calvo Martínez1162/2018
- Benjamín Daniel Cruz López.925/2017
- Benjamín Daniel Cruz López.541/2018
- Benjamín García Reyes173/2021
- Benjamín Palacios Oropeza103/2022
- Benjamin Rodrigo Cabrera Robles1090/2013
- Benjamin Rodrigo Cabrera Robles1086/2013
- Benjamín Rojas Briones1375/2021
- Benjamín Triste Andoney208/2021