Benjamin Paez Ortega
Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/07/2023
Partes del expediente
- Benjamin Paez Ortega
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintitrés.****************************************Recepción de ejecutoria. ********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 3********************-2P que remite la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en esta ciudad, al que acompaña:****************************************Testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ********************.****************************************En consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente:****************************************"UNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 229/2023." ************************************************************Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en esta ciudad, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ****************************************Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Valoración. ********************De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: ****************************************Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que desechó la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente.****************************************Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 5196. Conste.Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual comunica que admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado; mismo que radicó bajo queja civil ******************** de su índice. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta con el escrito registrado con número de folio 3968. Conste.Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, toda vez que en el citado auto se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, en virtud de haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, por las razones expuestas en el mismo. Por tanto, remítase el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso y una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer del mismo, se procederá a la autorización respectiva a que refiere el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la consulta del expediente electrónico por parte de la superioridad. Sin que sea el caso de previamente efectuar notificación de esta determinación a las demás partes, como establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que se trata del desechamiento de una demanda y por ende, no se proveyó respecto al reconocimiento de partes acorde al artículo 5 de la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa, ni sus abogados autorizados, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el quince de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el Juicio de Amparo 229/2023-V, del índice de esta Juzgado. "...Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 229/2023-V. Así entonces, hecha la lectura integral de la demanda de amparo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y sus anexos, como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, la parte promovente señala como actos reclamados, los siguientes: 1.- La omisión y abstención por parte de la Primera, Segunda y Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, de resolver la excepción de incompetencia planteada en el expediente 1696/2022 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, no obstante que se ordenó remitir el uno de febrero de dos mil veintitrés. 2.- Del Juez Segundo de lo Civil en esta ciudad, la omisión y abstención de remitir los autos del expediente 1696/2022, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Así pues, una vez analizado el escrito de cuenta, quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues como se puede apreciar, los actos reclamados no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. Para mejor comprensión, se impone reproducir el contenido de los artículos señalados en el párrafo que precede, los cuales a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los anteriores preceptos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, los actos reclamados no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, alguno de los llamados derechos fundamentales del ser humano o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la salud, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación a dichos derechos; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la resolución que deba dictar la autoridad le sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo. De ahí que, partiendo de las interpretaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a qué debe definirse por actos de imposible reparación, se arriba a la conclusión que éstos deben considerarse aquellos que dentro de un juicio vulneren o afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que México, sea parte, de forma tal que al dictarse la resolución, no sean susceptibles de repararse dichas violaciones. Por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos cuya consecuencia sea una afectación a derechos adjetivos o procesales, ya que los efectos de esta clase de violaciones, son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable o bien, mediante los respectivos medios ordinarios de defensa. En otras palabras, la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con las siguientes dos notas distintivas: a) afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga resolución favorable a sus intereses. Por ello, se dice que los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene resolución favorable. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de tales supuestos, toda vez que al atender el contenido íntegro de la demanda que nos ocupa, se aprecia que el promovente acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión por parte del Juez responsable de remitir los autos del expediente 1696/2022, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que resuelva la excepción de incompetencia hecha valer en dicho expediente, remisión que se ordenó en proveído de uno de febrero de esta anualidad; y a su vez, reclama de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la omisión de resolver la excepción de incompetencia planteada en el citado expediente. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio de prontitud y expedites en administración de justicia, dice lo siguiente: "Artículo 17.- ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto transcrito tutela, como se apuntó, el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las determinaciones correspondientes sin dilaciones. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. En la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 42/2007 de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." 1 , la Primera 1 "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.". Época: Novena Época. Registro: 172759. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. Página: 124. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 192/2007 de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."2 , la Segunda Sala de la 2 "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Época: Novena Época. Registro: 171257. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 192/2007. Página: 209. Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de acceso a la impartición de justicia consagra los principios siguientes: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, en los plazos que establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho; y 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribó a la conclusión en la que cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento aun cuando alegue violaciones cometidas al artículo 17 de la Ley Suprema, no pueden considerarse como ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de prosecución del trámite). En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso; lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar continuidad al procedimiento, como lo es, en el caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. De lo anterior, surgió la jurisprudencia 1a./J. 7/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, registro 2008884, que reza de la siguiente manera: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Asimismo, sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En el caso a estudio, se estima que no se actualiza ningún supuesto de procedencia, toda vez que los actos reclamados por el impetrante del amparo los hace valer substancialmente en la omisión de dar trámite a la excepción de incompetencia hecha valer, esto es, remitir materialmente los autos del expediente 1696/2022 al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, y por parte de las Salas de dicho tribunal, la omisión de resolver dicha excepción. Omisiones que no cumplen con la temporalidad o plazo razonable que se requiere para estimar que existe una abierta dilación por parte de las responsables en darle trámite y resolución respectivamente a la excepción de incompetencia hecha valer en el expediente de origen; ni tampoco una paralización total del procedimiento, en la medida en que de remitir los autos del expediente 1696/2021 al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, se dio en febrero pasado, por lo que no ha transcurrido un plazo o demora que implique considerar que el juicio natural se encuentra paralizado. Máxime que como se precisó con antelación, se estima que los actos reclamados no afectan derechos sustantivos del solicitante de amparo, sino por el contrario, puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la constitución federal, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas a la luz de los principios enunciados en ese texto normativo. De lo expuesto, no se advierte una actitud pasiva por parte del Juez responsable que implique que una abierta dilación o paralización del procedimiento ello tomando en cuenta que la excepción de incompetencia se interpuso el uno de febrero de dos mil veintitrés, por lo que solo han transcurrido veintidós días hábiles a la fecha de la presentación de la demanda, exceptuando los días inhábiles como lo son sábados y domingos y días festivos, como el cinco de febrero; y mucho menos se advierte esa actitud por parte de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que señala como responsables, puesto que según sus propias manifestaciones ni siquiera han recibido el expediente, al señalar que el Juez Segundo de lo Civil, no lo ha remitido. Motivo por el cual, es aplicable por analogía la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de rubro y contenido: 3 Registro digital: 2019400; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Común, Laboral; Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643; Tipo: Jurisprudencia. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Acotado lo anterior, cabe abundar que el presente pronuciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. En mérito de los razonamientos expuesto lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Benjamín Paez Ortega, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Sarai Carrillo Pineda, dado que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que si cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Notifíquese personalmente al parte quejosa.
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