Benjamin Alberto Rojas Zolozabal
Expediente 440/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/02/2021
Partes del expediente
- Benjamin Alberto Rojas Zolozabal
- Juez del Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo Municipal En Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó cumplida la sentencia de amparo, remitiéndose los autos al archivo de este órgano jurisdiccional. De igual forma, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordenó remitir los autos originales y un tomo de prueba al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, en turno, para la resolución de la inconformidad interpuesta por el quejoso. Por otra parte se precisa, la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Se atiende ejecutoria. Por otro lado, se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos, el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 440/2019, promovido por Benjamín Alberto Rojas Zolozabal, por propio derecho, así como testimonio autorizado de la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad 22/2020, en cuyo punto resolutivo se establece lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso Benjamín Alberto Rojas Zolozabal, en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 440/2019, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana." Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes, agréguense a estos autos las constancias originales del expedientillo formado con motivo del aludido recurso, acúsese recibo de estilo a la superioridad, y realícese las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Devolución de tomos de pruebas: Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase al Juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, con sede en esta ciudad, las copias certificadas relativas al expediente 38/2017 de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y al tercero interesado mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el seis de septiembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Benjamín Alberto Rojas Zolozabal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de esta ciudad, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de vicios formales, es para que el Juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 38/2017. 2. Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, en la cual realice el estudio minucioso del cumplimiento dado por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil diecisiete, de conformidad a lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, siguiendo los lineamientos expuestos en este fallo. En dos de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia; y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Por lo que una vez remitidas las constancias con las que la responsable pretendió dar cumplimiento al fallo protector, el ocho de noviembre siguiente se determinó declarar no cumplida la ejecutoria de amparo, y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días, diera cabal cumplimiento a fallo protector emitido por esta autoridad. Hecho lo anterior, el diecinueve de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin que manifestara lo que a su interés legal conviniera con las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento al fallo protector. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del análisis de las constancias que remitió la responsable, en especifico del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se estima que cumplió en sus términos con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: Primero. Dejó insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 38/2017. Segundo. Con plenitud de jurisdicción dictó una nueva, en la cual realizó el estudio minucioso del cumplimiento dado por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil diecisiete, de conformidad a lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California, lo que se evidencia de la parte final de la citada determinación de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la que despues de constatar las acciones realizadas por el Juez Municipal, determinó en lo que interesa: "De lo antes expuesto, se advierte que este H. Tribunal resolvió en definitiva el presente recurso de revisión para efecto de que el C. Juez Municipal realizara tres acciones: 1) Nulificar la boleta de infracción 837830, de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana; 2) ordenara la devolución del vehiculo al recurrrente; y 3) dejara sin efecto todos y cada uno de los derechos que se hayan generado por concepto de almacenamiento y maniobras realizadas con motivo del vehículo en cuestión. Y de la revisión de autos, analizando todo lo realizado por el C. Juez Municipal a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este H. Tribunal, se advierte que en su resolución dictada en fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 96-103), cumple con los tres puntos antes citados, ya que por una parte nulifica la boleta de infracción número 837830 de veintiséis de junio del año dos mil diecisiete, asimismo deja sin efecto todos y cada uno de los derechos que se hayan generado por concepto de arrastre, almacenamiento y maniobras realizadas, y por último ordena la devolución inmediata del vehículo al ahora rrecurrente, cuestión que se corrobora con el oficio número 0697/DJM/2017 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, que se sirvió girar el C. Juez Municipal a Grúas Olmos CO. S. de R.L. de C.V. (foja 95), ordenándole la devolución del vehículo al C. Benjamin Alberto Rojas Zolorzabal, sin ser obstáculo para ello el traslado realizado del corralon de transferencia sito en Avenida Venustiano Carranza, número 6860, Colonia Castillo de esta Ciudad, al corralón definitivo ubicado en Calle Ciprés esquina Sierra de Juárez, Manzana 491, Lote 2, Colonia Cumbres de esta ciudad, y sin perjuicio del derecho del recurrente a promover en la vía y forma correspondiente las inconformidades con motivo de los actos relativos al arrastre, almacenaje o daños de vehículo, en términos de los dispuesto por la fracción VIII del artículo 5 del Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana, Baja California, que es del ternor literial siguiente: ARTÍCULO 5.- Son atribuciones del Departamento de Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos dependiente de la Sindicatura Procuradora del Municipio de Tijuana: VIII. Atender y resolver de ser procedente, las quejas del público usuario con motivo de actos relativos al arrastre, almacenaje o daños de vehículos, y en general, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, remitiendo a la Sindicatura Procuradora, aquellas que por su naturaleza deban de ser de su conocimiento para su debida integración y resolución, sin perjuicio del ejercicio de parte interesada, de las acciones judiciales que se pudieran ocasionar por tal incumplimiento de las obligaciones en la prestación del servicio; En conclusión, este H. Tribunal considera que la autoridad responsable, C. Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, al haber dictado la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete y haber girado todas las instrucciones que fueron necesarias para la devolución del vehículo, dio cumplimiento a la resolución emitida por este H. Tribunal en fecha nueve de octubre del año dos mil diecisiete, en los términos dispuestos por el segundo párrafo del artículo 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Justicia para el Municipio de Tijuana, Baja California." Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues en esencia, determinó que el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, dio cabal cumplimiento a la resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete; sin que fuera obstáculo para lo anterior el traslado del vehículo remolcado en virtud de la infracción 837830, realizado del corralón de tranferencia sito en Avenida Venustiano Carranza, número 6860, colonia Castillo, al corralón definitivo ubicado en calle Ciprés esquina Sierra de Juárez, manzana 491, lote 2, colonia Cumbres, ambos domicilios de esta ciudad, en virtud de que dicho vehículo se encuentra listo y a disposición del recurrente para que acuda por él; sin perjuicio además, del derecho del hoy impetrante de promover en la vía y forma correspondiente las inconformidades con motivo de los actos relativos al arrastre, almacenaje o daños de vehículo, en términos de la fracción VIII del artículo 5 del Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana, Baja California; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes. Manifestaciones. Visto el escrito presentado por la parte quejosa, recibido en este juzgado el cuatro de diciembre pasado, el cual fue registrado con el folio 19767, se tienen por hechas las manifestaciones en él inmersas, en las que sustancialmente sostiene que debe declararse no cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a dichas manifestaciones, esta autoridad estima que las mismas deben declararse infundadas, ello toda vez que el efecto del fallo protector, fue únicamente para que la autoridad con plena jurisdicción dictara una nueva resolución, y de las constancias se advierte que en fecha catorce de noviembre de los actuales, la autoridad responsable realizó tal acción; y por ende, dígasele al quejoso que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa y al tercero interesado la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Manifestaciones del quejoso. Agréguense a los autos el escrito signado por el quejoso y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene haciendo diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento del fallo protector emitido en los presentes autos. Atento a lo anterior, se reserva proveer respecto a lo manifestado por el quejoso hasta en tanto le transcurra el término a la autoridad tercero interesada. Finalmente, gírese de nueva cuenta el oficio correspondiente al tercero interesado para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.
- Principal
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