Benjamín Melendez Quiñones

Expediente 679/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
679/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Benjamín Melendez Quiñones
  • Pablo Yepson Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada xxxxx, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, xxxxx. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA QUE A LA LETRA DICE:SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 679/2017-IV, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA SEÑALO A LA C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA, CHIHUAHUA, CON DOMICILIO OFICIAL UBICADO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. 4.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSBLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA RECLAMO: TODAS LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL JUICIO SUMARIO CIVIL INSTRUIDO EN CONTRA DEL SUSCRITO QUE FUE RADICADO CON EL EXPEDIENTE NO. 309-15, PROMOVIDO PRO PABLO YEPSON NUÑEZ, EN ESPECIAL MENCIONO COMO ACTO RECLAMADO LO SIGUIENTE: AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS QUE TEXTUALMENTE DICE: (.) EL AUTO DICTADO CON FECHA NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. (.) ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE ADEMÁS EN EL PROVEÍDO DICTADO EL DÍA: (.) SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LAS ACTUACIONES YA REFERIDAS, MISMA SENTENCIA QUE DESCONOZCO SU FECHA YA QUE ME ENTERÉ DE LA MISMA MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN EDICTO DE NOTIFICACIÓN QUE FUE PUBLICADO EL DÍA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO DENOMINADO EL DIARIO DEL NOROESTE, PUBLICACIÓN QUE FUE REALIZADA EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA Y RESPECTO DE A CUAL SE DESCONOCEN MÁS DATOS, PUES LA MENCIONADA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN UN PERIODO VACACIONAL, POR LO QUE ESTA NOTIFICACIÓN COMO LAS ANTERIORES MENCIONADAS EN SUPRA LÍNEAS FUERON REALIZADAS FUERA DE TODO ORDEN JURÍDICO SITUACIONES QUE ME HAN DEJADO EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN COMO POSTERIORMENTE LO HAGO SABER EN EL CAPÍTULO SUBSIGUIENTE. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 679/2017-IV, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lo siguiente: Todo lo actuado en el juicio *******, promovido por el aquí tercero interesado, *******, en contra del aquí quejoso y de forma destacada: - El auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazar al aquí quejoso mediante edictos. - El auto de diez de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró al quejoso en rebeldía, - El auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se abrió la etapa de pruebas, y - La sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación dentro del juicio natural. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en su informe justificado (foja 74), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues tramitó el juicio sumario civil *******, promovido por el aquí tercero interesado *******, aquí tercero interesado, en contra del aquí quejoso ******* y otra persona. Asimismo, remitió el expediente original *******, con el cual se formó el tomo de pruebas, de donde se desprende, a foja 217, el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazar al aquí quejoso mediante edictos; a foja 233, el auto mediante el cual se le declaró en rebeldía; a foja 240, el auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se abrió la etapa de pruebas; y, a foja 257, la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Por lo tanto, se tienen como existentes los reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En apoyo a lo que antecede, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. No serán materia de análisis la constitucionalidad de los actos reclamados, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarla, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y a efecto de demostrarlo, en principio, se narran los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado en las oficinas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el dieciocho de mayo de dos mil quince y turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de dicho Distrito y con residencia en la mencionada ciudad, *******, aquí tercero interesado, demandó en la vía sumaria, del aquí quejoso ******* y tercero interesado Registro Público de la Propiedad del Distrito Galeana, la cancelación del régimen de patrimonio familiar, inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, sobre el bien inmueble inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, de dicho Registro (foja 1). El Juez responsable, en auto de veinte de mayo de dos mil quince, admitió a trámite dicha demanda sumaria civil y entre otras cosas, ordenó emplazar a los demandados, al aquí quejoso, en el domicilio señalado para tal efecto (foja 133), lo cual se logró de forma personal, vía despacho, el catorce de julio de dos mil quince, en el domicilio ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua (foja 145). Sin embargo, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el demandado, aquí quejoso, *******, promovió incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le practicó (foja 164), el cual fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 183), en el sentido de declararlo procedente y determinar la nulidad de todo lo actuado posteriormente a la fecha del acuerdo de radicación, asimismo, se ordenó llevar a cabo de nueva cuenta el emplazamiento del aquí quejoso, al juicio natural. En cumplimiento a dicha resolución, el uno de agosto de dos mil dieciséis, se intentó el emplazamiento a *******, en el domicilio mencionado, ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua, sin embargo, no se logró, debido a que una persona que manifestó ser hija del demandado, aquí quejoso, informó al notificador que éste ya no vivía en ese domicilio y que se fue a vivir a Estados Unidos (foja 188). Por lo anterior, en auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juez responsable, ordenó efectuar una investigación en diversas dependencias para localizar algún domicilio en el cual se pudiera emplazar al aquí quejoso, previamente a ordenar dicha diligencia mediante edictos (foja 192). Con motivo de dicha investigación se localizaron dos domicilios a nombre del quejoso, por lo que, en auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, el Juez responsable ordenó intentar el emplazamiento en los mismos (foja 213), sin que se haya logrado (fojas 214 y 215). Por lo anterior, en autos de veinticinco de octubre y treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, al juicio natural, a través de edictos (fojas 217 y 218), los cuales se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado los días veintitrés de noviembre y treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como siete de diciembre del mismo año (fojas 224 a 226), en el Diario *******, de circulación en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, los días quince, veintidós y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 245). Posteriormente, en auto de diez de enero de dos mil diecisiete (foja 233), se declaró en rebeldía al aquí quejoso y se señalaron fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, la cual se verificó el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 238); mientras que, en auto de quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 240), se abrió el juicio a prueba; y, finalmente el veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 257), se dictó sentencia. De lo anterior se advierte que el quejoso *******, no tiene carácter de tercero extraño por equiparación, dentro del juicio sumario civil *******, pues luego de que fue emplazado personalmente, el catorce de julio de dos mil quince, en el domicilio ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua (foja 145), tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, tan es así, que posteriormente, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el demandado, aquí quejoso, compareció al juicio natural a promover incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le practicó (foja 164), incidente que, como ya se indicó, fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 183), en el sentido de declararlo procedente y determinar la nulidad de todo lo actuado posteriormente a la fecha del acuerdo de radicación, asimismo, se ordenó llevar a cabo de nueva cuenta el emplazamiento del aquí quejoso, al juicio natural, el cual, conforme a lo narrado, se efectuó a través de edictos. De manera que, es incuestionable que el quejoso es sabedor, al menos desde el veintitrés de noviembre de dos mil quince, fecha en la que promovió el incidente de nulidad mencionado, del juicio sumario civil tramitado en su contra, como también resulta incuestionable que compareció al mismo a defenderse del emplazamiento que consideró practicado de forma inicial; por lo tanto, cuando tuvo conocimiento del emplazamiento posterior que se le practicó por edictos, debió agotar en contra de la práctica de dicho emplazamiento, el medio ordinario de defensa consistente, precisamente, en el incidente de nulidad, así como los recursos de revocación o apelación, según correspondiera, en contra de los demás autos que reclama y la sentencia dictada en el juicio natural. Al respecto, se cita la tesis I.3º.C.65 K (10ª), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2395, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima época y número de registro 2009274, que dice: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESTE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE ACUDE POR SEGUNDA VEZ A PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO. Si con motivo de un juicio de amparo promovido contra un emplazamiento al procedimiento de origen se declara la nulidad de todo lo actuado, el inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural, por lo que pierde el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, puesto que para conservar esa categoría es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y desconozca su tramitación antes de que se dicte sentencia definitiva. Así, el interesado no puede acudir por segunda vez al juicio de amparo con dicho carácter a impugnar el ilegal o defectuoso emplazamiento y alegar que conserva la referida calidad, pues desde el primer juicio se ostentó sabedor de la controversia y es a partir de dicho conocimiento que se computa el plazo para acudir al amparo sin necesidad de observar el principio de definitividad; además, con la reposición del procedimiento, el quejoso se integra a la relación procesal y puede hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto es, en ese supuesto, el quejoso deberá agotar, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa ordinario que la ley del procedimiento prevea, lo que se conoce como principio de definitividad, el cual, conforme al propio numeral que lo contiene, tiene algunas excepciones: - Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - Cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, - Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, y - Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Asimismo, el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, en su último párrafo, establece un supuesto en el cual el quejoso puede optar por agotar el recurso ordinario o acudir directamente al juicio de amparo: - Cuando la procedencia del medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Indicado lo anterior, se cita el contenido de los artículos 88, 100, 809, 815, 817, 819 y 820 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicable, disponen lo siguiente: ARTICULO 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actua¬ción o promoción subsecuentes en que in¬tervenga el interesado en solicitar la nuli¬dad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya se¬guido en rebeldía. ARTICULO 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la se¬gunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. ARTICULO 809. Solamente podrán interponer los recursos de revocación y apelación: a) Las partes o sus representantes legítimos o apoderados; b) Los terceros que hayan salido al juicio, y los demás a quienes per¬judique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesados. ARTICULO 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Có¬digo, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por me¬dio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. ARTICULO 817. En los juicios sumarios y en los ejecutivos, interpuesta la revocación, el Tri¬bunal la resolverá de plano si estimare que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, y citará a las partes a una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la inter¬posición del recurso y en ella dirá su reso¬lución. ARTICULO 819. Contra la resolución que conceda o niegue la revocación no cabrá recurso al¬guno. ARTICULO 820. El recurso de apelación ordinaria tiene por objeto el que el Tribunal de se¬gunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. El primer numeral citado, prevé el medio de defensa ordinario consistente en solicitar la nulidad de alguna actuación o notificación, el cual, como ya se expuso, fue hecho valer por el quejoso en contra del primer emplazamiento que se le practicó dentro del juicio natural, el cual tiene como objeto declarar la nulidad de la actuación o notificación que se impugne. Luego, el artículo 100, dispone en lo que interesa, que en primer instancia los autos que no sean apelables, son revocables, mediante la interposición del recurso correspondiente; mientras que, el numeral 809, establece quienes tienen derecho a interponer tales recursos, siendo las partes o sus legítimos representantes, los terceros que hayan salido al juicio natural y los demás a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio. Por último, los artículos 815, 817 y 819, establecen la forma de tramitación del recurso de revocación; mientras que, el 820 prevé la tramitación del recurso de apelación, medios ordinarios de defensa que tienen como objeto, revocar o modificar, la actuación impugnada. Así las cosas, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño dentro del juicio sumario civil *******, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, del que derivan los actos reclamados, sino que, conforme a lo expuesto, desde el momento en que promovió el incidente de nulidad en contra del primer emplazamiento que ahí se le practicó, se integró a la relación procesal y adquirió el carácter de parte, plenamente conocedor del juicio instaurado en su contra, tenía la obligación al principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, de agotar los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que aquí reclama, sin que, evidentemente, lo haya hecho. Por lo tanto, como se anunció, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso se encuentre en ninguno de los supuestos de excepción que prevé dicho numeral, pues el acto reclamado no es ninguno de los descritos por los incisos a), b) y d), de dicho numeral, el quejoso es tercero extraño dentro del proceso penal del que derivan los actos reclamados, como ya se demostró, ni existe duda que amerite mayor interpretación que la aplicación literal de las disposiciones adjetivas citadas, sobre la procedencia de los recursos ordinarios descritos, ni sobre el derecho que le asistía al quejoso a hacerlos valer dentro del juicio natural. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 65, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 679/2017-IV, promovido por *******, contra los actos y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  3. Principal

    SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 679/2017-IV, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA SEÑALO A LA C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA, CHIHUAHUA, CON DOMICILIO OFICIAL UBICADO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. 4.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSBLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA RECLAMO: TODAS LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL JUICIO SUMARIO CIVIL INSTRUIDO EN CONTRA DEL SUSCRITO QUE FUE RADICADO CON EL EXPEDIENTE NO. 309-15, PROMOVIDO PRO PABLO YEPSON NUÑEZ, EN ESPECIAL MENCIONO COMO ACTO RECLAMADO LO SIGUIENTE: AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS QUE TEXTUALMENTE DICE: (.) EL AUTO DICTADO CON FECHA NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. (.) ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE ADEMÁS EN EL PROVEÍDO DICTADO EL DÍA: (.) SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LAS ACTUACIONES YA REFERIDAS, MISMA SENTENCIA QUE DESCONOZCO SU FECHA YA QUE ME ENTERÉ DE LA MISMA MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN EDICTO DE NOTIFICACIÓN QUE FUE PUBLICADO EL DÍA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO DENOMINADO EL DIARIO DEL NOROESTE, PUBLICACIÓN QUE FUE REALIZADA EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA Y RESPECTO DE A CUAL SE DESCONOCEN MÁS DATOS, PUES LA MENCIONADA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN UN PERIODO VACACIONAL, POR LO QUE ESTA NOTIFICACIÓN COMO LAS ANTERIORES MENCIONADAS EN SUPRA LÍNEAS FUERON REALIZADAS FUERA DE TODO ORDEN JURÍDICO SITUACIONES QUE ME HAN DEJADO EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN COMO POSTERIORMENTE LO HAGO SABER EN EL CAPÍTULO SUBSIGUIENTE. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 679/2017-IV, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lo siguiente: Todo lo actuado en el juicio *******, promovido por el aquí tercero interesado, *******, en contra del aquí quejoso y de forma destacada: - El auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazar al aquí quejoso mediante edictos. - El auto de diez de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró al quejoso en rebeldía, - El auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se abrió la etapa de pruebas, y - La sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación dentro del juicio natural. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en su informe justificado (foja 74), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues tramitó el juicio sumario civil *******, promovido por el aquí tercero interesado *******, aquí tercero interesado, en contra del aquí quejoso ******* y otra persona. Asimismo, remitió el expediente original *******, con el cual se formó el tomo de pruebas, de donde se desprende, a foja 217, el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazar al aquí quejoso mediante edictos; a foja 233, el auto mediante el cual se le declaró en rebeldía; a foja 240, el auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se abrió la etapa de pruebas; y, a foja 257, la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Por lo tanto, se tienen como existentes los reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En apoyo a lo que antecede, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. No serán materia de análisis la constitucionalidad de los actos reclamados, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarla, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y a efecto de demostrarlo, en principio, se narran los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado en las oficinas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el dieciocho de mayo de dos mil quince y turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de dicho Distrito y con residencia en la mencionada ciudad, *******, aquí tercero interesado, demandó en la vía sumaria, del aquí quejoso ******* y tercero interesado Registro Público de la Propiedad del Distrito Galeana, la cancelación del régimen de patrimonio familiar, inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, sobre el bien inmueble inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, de dicho Registro (foja 1). El Juez responsable, en auto de veinte de mayo de dos mil quince, admitió a trámite dicha demanda sumaria civil y entre otras cosas, ordenó emplazar a los demandados, al aquí quejoso, en el domicilio señalado para tal efecto (foja 133), lo cual se logró de forma personal, vía despacho, el catorce de julio de dos mil quince, en el domicilio ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua (foja 145). Sin embargo, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el demandado, aquí quejoso, *******, promovió incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le practicó (foja 164), el cual fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 183), en el sentido de declararlo procedente y determinar la nulidad de todo lo actuado posteriormente a la fecha del acuerdo de radicación, asimismo, se ordenó llevar a cabo de nueva cuenta el emplazamiento del aquí quejoso, al juicio natural. En cumplimiento a dicha resolución, el uno de agosto de dos mil dieciséis, se intentó el emplazamiento a *******, en el domicilio mencionado, ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua, sin embargo, no se logró, debido a que una persona que manifestó ser hija del demandado, aquí quejoso, informó al notificador que éste ya no vivía en ese domicilio y que se fue a vivir a Estados Unidos (foja 188). Por lo anterior, en auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juez responsable, ordenó efectuar una investigación en diversas dependencias para localizar algún domicilio en el cual se pudiera emplazar al aquí quejoso, previamente a ordenar dicha diligencia mediante edictos (foja 192). Con motivo de dicha investigación se localizaron dos domicilios a nombre del quejoso, por lo que, en auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, el Juez responsable ordenó intentar el emplazamiento en los mismos (foja 213), sin que se haya logrado (fojas 214 y 215). Por lo anterior, en autos de veinticinco de octubre y treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, al juicio natural, a través de edictos (fojas 217 y 218), los cuales se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado los días veintitrés de noviembre y treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como siete de diciembre del mismo año (fojas 224 a 226), en el Diario *******, de circulación en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, los días quince, veintidós y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 245). Posteriormente, en auto de diez de enero de dos mil diecisiete (foja 233), se declaró en rebeldía al aquí quejoso y se señalaron fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, la cual se verificó el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 238); mientras que, en auto de quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 240), se abrió el juicio a prueba; y, finalmente el veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 257), se dictó sentencia. De lo anterior se advierte que el quejoso *******, no tiene carácter de tercero extraño por equiparación, dentro del juicio sumario civil *******, pues luego de que fue emplazado personalmente, el catorce de julio de dos mil quince, en el domicilio ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua (foja 145), tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, tan es así, que posteriormente, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el demandado, aquí quejoso, compareció al juicio natural a promover incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le practicó (foja 164), incidente que, como ya se indicó, fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 183), en el sentido de declararlo procedente y determinar la nulidad de todo lo actuado posteriormente a la fecha del acuerdo de radicación, asimismo, se ordenó llevar a cabo de nueva cuenta el emplazamiento del aquí quejoso, al juicio natural, el cual, conforme a lo narrado, se efectuó a través de edictos. De manera que, es incuestionable que el quejoso es sabedor, al menos desde el veintitrés de noviembre de dos mil quince, fecha en la que promovió el incidente de nulidad mencionado, del juicio sumario civil tramitado en su contra, como también resulta incuestionable que compareció al mismo a defenderse del emplazamiento que consideró practicado de forma inicial; por lo tanto, cuando tuvo conocimiento del emplazamiento posterior que se le practicó por edictos, debió agotar en contra de la práctica de dicho emplazamiento, el medio ordinario de defensa consistente, precisamente, en el incidente de nulidad, así como los recursos de revocación o apelación, según correspondiera, en contra de los demás autos que reclama y la sentencia dictada en el juicio natural. Al respecto, se cita la tesis I.3º.C.65 K (10ª), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2395, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima época y número de registro 2009274, que dice: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESTE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE ACUDE POR SEGUNDA VEZ A PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO. Si con motivo de un juicio de amparo promovido contra un emplazamiento al procedimiento de origen se declara la nulidad de todo lo actuado, el inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural, por lo que pierde el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, puesto que para conservar esa categoría es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y desconozca su tramitación antes de que se dicte sentencia definitiva. Así, el interesado no puede acudir por segunda vez al juicio de amparo con dicho carácter a impugnar el ilegal o defectuoso emplazamiento y alegar que conserva la referida calidad, pues desde el primer juicio se ostentó sabedor de la controversia y es a partir de dicho conocimiento que se computa el plazo para acudir al amparo sin necesidad de observar el principio de definitividad; además, con la reposición del procedimiento, el quejoso se integra a la relación procesal y puede hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto es, en ese supuesto, el quejoso deberá agotar, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa ordinario que la ley del procedimiento prevea, lo que se conoce como principio de definitividad, el cual, conforme al propio numeral que lo contiene, tiene algunas excepciones: - Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - Cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, - Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, y - Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Asimismo, el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, en su último párrafo, establece un supuesto en el cual el quejoso puede optar por agotar el recurso ordinario o acudir directamente al juicio de amparo: - Cuando la procedencia del medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Indicado lo anterior, se cita el contenido de los artículos 88, 100, 809, 815, 817, 819 y 820 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicable, disponen lo siguiente: ARTICULO 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actua¬ción o promoción subsecuentes en que in¬tervenga el interesado en solicitar la nuli¬dad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya se¬guido en rebeldía. ARTICULO 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la se¬gunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. ARTICULO 809. Solamente podrán interponer los recursos de revocación y apelación: a) Las partes o sus representantes legítimos o apoderados; b) Los terceros que hayan salido al juicio, y los demás a quienes per¬judique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesados. ARTICULO 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Có¬digo, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por me¬dio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. ARTICULO 817. En los juicios sumarios y en los ejecutivos, interpuesta la revocación, el Tri¬bunal la resolverá de plano si estimare que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, y citará a las partes a una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la inter¬posición del recurso y en ella dirá su reso¬lución. ARTICULO 819. Contra la resolución que conceda o niegue la revocación no cabrá recurso al¬guno. ARTICULO 820. El recurso de apelación ordinaria tiene por objeto el que el Tribunal de se¬gunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. El primer numeral citado, prevé el medio de defensa ordinario consistente en solicitar la nulidad de alguna actuación o notificación, el cual, como ya se expuso, fue hecho valer por el quejoso en contra del primer emplazamiento que se le practicó dentro del juicio natural, el cual tiene como objeto declarar la nulidad de la actuación o notificación que se impugne. Luego, el artículo 100, dispone en lo que interesa, que en primer instancia los autos que no sean apelables, son revocables, mediante la interposición del recurso correspondiente; mientras que, el numeral 809, establece quienes tienen derecho a interponer tales recursos, siendo las partes o sus legítimos representantes, los terceros que hayan salido al juicio natural y los demás a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio. Por último, los artículos 815, 817 y 819, establecen la forma de tramitación del recurso de revocación; mientras que, el 820 prevé la tramitación del recurso de apelación, medios ordinarios de defensa que tienen como objeto, revocar o modificar, la actuación impugnada. Así las cosas, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño dentro del juicio sumario civil *******, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, del que derivan los actos reclamados, sino que, conforme a lo expuesto, desde el momento en que promovió el incidente de nulidad en contra del primer emplazamiento que ahí se le practicó, se integró a la relación procesal y adquirió el carácter de parte, plenamente conocedor del juicio instaurado en su contra, tenía la obligación al principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, de agotar los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que aquí reclama, sin que, evidentemente, lo haya hecho. Por lo tanto, como se anunció, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso se encuentre en ninguno de los supuestos de excepción que prevé dicho numeral, pues el acto reclamado no es ninguno de los descritos por los incisos a), b) y d), de dicho numeral, el quejoso es tercero extraño dentro del proceso penal del que derivan los actos reclamados, como ya se demostró, ni existe duda que amerite mayor interpretación que la aplicación literal de las disposiciones adjetivas citadas, sobre la procedencia de los recursos ordinarios descritos, ni sobre el derecho que le asistía al quejoso a hacerlos valer dentro del juicio natural. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 65, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 679/2017-IV, promovido por *******, contra los actos y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 679/2017-IV, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA SEÑALO A LA C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA, CHIHUAHUA, CON DOMICILIO OFICIAL UBICADO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. 4.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSBLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA RECLAMO: TODAS LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL JUICIO SUMARIO CIVIL INSTRUIDO EN CONTRA DEL SUSCRITO QUE FUE RADICADO CON EL EXPEDIENTE NO. 309-15, PROMOVIDO PRO PABLO YEPSON NUÑEZ, EN ESPECIAL MENCIONO COMO ACTO RECLAMADO LO SIGUIENTE: AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS QUE TEXTUALMENTE DICE: (.) EL AUTO DICTADO CON FECHA NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA A DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. (.) ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE ADEMÁS EN EL PROVEÍDO DICTADO EL DÍA: (.) SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LAS ACTUACIONES YA REFERIDAS, MISMA SENTENCIA QUE DESCONOZCO SU FECHA YA QUE ME ENTERÉ DE LA MISMA MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE UN EDICTO DE NOTIFICACIÓN QUE FUE PUBLICADO EL DÍA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO DENOMINADO EL DIARIO DEL NOROESTE, PUBLICACIÓN QUE FUE REALIZADA EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA Y RESPECTO DE A CUAL SE DESCONOCEN MÁS DATOS, PUES LA MENCIONADA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN UN PERIODO VACACIONAL, POR LO QUE ESTA NOTIFICACIÓN COMO LAS ANTERIORES MENCIONADAS EN SUPRA LÍNEAS FUERON REALIZADAS FUERA DE TODO ORDEN JURÍDICO SITUACIONES QUE ME HAN DEJADO EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN COMO POSTERIORMENTE LO HAGO SABER EN EL CAPÍTULO SUBSIGUIENTE. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 679/2017-IV, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, lo siguiente: Todo lo actuado en el juicio *******, promovido por el aquí tercero interesado, *******, en contra del aquí quejoso y de forma destacada: - El auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazar al aquí quejoso mediante edictos. - El auto de diez de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró al quejoso en rebeldía, - El auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se abrió la etapa de pruebas, y - La sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación dentro del juicio natural. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en su informe justificado (foja 74), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues tramitó el juicio sumario civil *******, promovido por el aquí tercero interesado *******, aquí tercero interesado, en contra del aquí quejoso ******* y otra persona. Asimismo, remitió el expediente original *******, con el cual se formó el tomo de pruebas, de donde se desprende, a foja 217, el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó emplazar al aquí quejoso mediante edictos; a foja 233, el auto mediante el cual se le declaró en rebeldía; a foja 240, el auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se abrió la etapa de pruebas; y, a foja 257, la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Por lo tanto, se tienen como existentes los reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En apoyo a lo que antecede, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. No serán materia de análisis la constitucionalidad de los actos reclamados, ni los motivos de inconformidad vertidos para desvirtuarla, en atención a que este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo análisis es preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y a efecto de demostrarlo, en principio, se narran los antecedentes de los actos reclamados: Mediante escrito presentado en las oficinas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Distrito Judicial Galena, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el dieciocho de mayo de dos mil quince y turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de dicho Distrito y con residencia en la mencionada ciudad, *******, aquí tercero interesado, demandó en la vía sumaria, del aquí quejoso ******* y tercero interesado Registro Público de la Propiedad del Distrito Galeana, la cancelación del régimen de patrimonio familiar, inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, sobre el bien inmueble inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, de dicho Registro (foja 1). El Juez responsable, en auto de veinte de mayo de dos mil quince, admitió a trámite dicha demanda sumaria civil y entre otras cosas, ordenó emplazar a los demandados, al aquí quejoso, en el domicilio señalado para tal efecto (foja 133), lo cual se logró de forma personal, vía despacho, el catorce de julio de dos mil quince, en el domicilio ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua (foja 145). Sin embargo, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el demandado, aquí quejoso, *******, promovió incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le practicó (foja 164), el cual fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 183), en el sentido de declararlo procedente y determinar la nulidad de todo lo actuado posteriormente a la fecha del acuerdo de radicación, asimismo, se ordenó llevar a cabo de nueva cuenta el emplazamiento del aquí quejoso, al juicio natural. En cumplimiento a dicha resolución, el uno de agosto de dos mil dieciséis, se intentó el emplazamiento a *******, en el domicilio mencionado, ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua, sin embargo, no se logró, debido a que una persona que manifestó ser hija del demandado, aquí quejoso, informó al notificador que éste ya no vivía en ese domicilio y que se fue a vivir a Estados Unidos (foja 188). Por lo anterior, en auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Juez responsable, ordenó efectuar una investigación en diversas dependencias para localizar algún domicilio en el cual se pudiera emplazar al aquí quejoso, previamente a ordenar dicha diligencia mediante edictos (foja 192). Con motivo de dicha investigación se localizaron dos domicilios a nombre del quejoso, por lo que, en auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, el Juez responsable ordenó intentar el emplazamiento en los mismos (foja 213), sin que se haya logrado (fojas 214 y 215). Por lo anterior, en autos de veinticinco de octubre y treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, al juicio natural, a través de edictos (fojas 217 y 218), los cuales se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado los días veintitrés de noviembre y treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como siete de diciembre del mismo año (fojas 224 a 226), en el Diario *******, de circulación en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, los días quince, veintidós y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 245). Posteriormente, en auto de diez de enero de dos mil diecisiete (foja 233), se declaró en rebeldía al aquí quejoso y se señalaron fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, la cual se verificó el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 238); mientras que, en auto de quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 240), se abrió el juicio a prueba; y, finalmente el veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 257), se dictó sentencia. De lo anterior se advierte que el quejoso *******, no tiene carácter de tercero extraño por equiparación, dentro del juicio sumario civil *******, pues luego de que fue emplazado personalmente, el catorce de julio de dos mil quince, en el domicilio ubicado en *******, en Casas Grandes, Chihuahua (foja 145), tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, tan es así, que posteriormente, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el demandado, aquí quejoso, compareció al juicio natural a promover incidente de nulidad en contra del emplazamiento que se le practicó (foja 164), incidente que, como ya se indicó, fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 183), en el sentido de declararlo procedente y determinar la nulidad de todo lo actuado posteriormente a la fecha del acuerdo de radicación, asimismo, se ordenó llevar a cabo de nueva cuenta el emplazamiento del aquí quejoso, al juicio natural, el cual, conforme a lo narrado, se efectuó a través de edictos. De manera que, es incuestionable que el quejoso es sabedor, al menos desde el veintitrés de noviembre de dos mil quince, fecha en la que promovió el incidente de nulidad mencionado, del juicio sumario civil tramitado en su contra, como también resulta incuestionable que compareció al mismo a defenderse del emplazamiento que consideró practicado de forma inicial; por lo tanto, cuando tuvo conocimiento del emplazamiento posterior que se le practicó por edictos, debió agotar en contra de la práctica de dicho emplazamiento, el medio ordinario de defensa consistente, precisamente, en el incidente de nulidad, así como los recursos de revocación o apelación, según correspondiera, en contra de los demás autos que reclama y la sentencia dictada en el juicio natural. Al respecto, se cita la tesis I.3º.C.65 K (10ª), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2395, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima época y número de registro 2009274, que dice: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESTE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE ACUDE POR SEGUNDA VEZ A PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO. Si con motivo de un juicio de amparo promovido contra un emplazamiento al procedimiento de origen se declara la nulidad de todo lo actuado, el inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural, por lo que pierde el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, puesto que para conservar esa categoría es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y desconozca su tramitación antes de que se dicte sentencia definitiva. Así, el interesado no puede acudir por segunda vez al juicio de amparo con dicho carácter a impugnar el ilegal o defectuoso emplazamiento y alegar que conserva la referida calidad, pues desde el primer juicio se ostentó sabedor de la controversia y es a partir de dicho conocimiento que se computa el plazo para acudir al amparo sin necesidad de observar el principio de definitividad; además, con la reposición del procedimiento, el quejoso se integra a la relación procesal y puede hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto es, en ese supuesto, el quejoso deberá agotar, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa ordinario que la ley del procedimiento prevea, lo que se conoce como principio de definitividad, el cual, conforme al propio numeral que lo contiene, tiene algunas excepciones: - Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - Cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, - Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, y - Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Asimismo, el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, en su último párrafo, establece un supuesto en el cual el quejoso puede optar por agotar el recurso ordinario o acudir directamente al juicio de amparo: - Cuando la procedencia del medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Indicado lo anterior, se cita el contenido de los artículos 88, 100, 809, 815, 817, 819 y 820 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicable, disponen lo siguiente: ARTICULO 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actua¬ción o promoción subsecuentes en que in¬tervenga el interesado en solicitar la nuli¬dad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya se¬guido en rebeldía. ARTICULO 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la se¬gunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. ARTICULO 809. Solamente podrán interponer los recursos de revocación y apelación: a) Las partes o sus representantes legítimos o apoderados; b) Los terceros que hayan salido al juicio, y los demás a quienes per¬judique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesados. ARTICULO 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Có¬digo, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por me¬dio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. ARTICULO 817. En los juicios sumarios y en los ejecutivos, interpuesta la revocación, el Tri¬bunal la resolverá de plano si estimare que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, y citará a las partes a una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la inter¬posición del recurso y en ella dirá su reso¬lución. ARTICULO 819. Contra la resolución que conceda o niegue la revocación no cabrá recurso al¬guno. ARTICULO 820. El recurso de apelación ordinaria tiene por objeto el que el Tribunal de se¬gunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. El primer numeral citado, prevé el medio de defensa ordinario consistente en solicitar la nulidad de alguna actuación o notificación, el cual, como ya se expuso, fue hecho valer por el quejoso en contra del primer emplazamiento que se le practicó dentro del juicio natural, el cual tiene como objeto declarar la nulidad de la actuación o notificación que se impugne. Luego, el artículo 100, dispone en lo que interesa, que en primer instancia los autos que no sean apelables, son revocables, mediante la interposición del recurso correspondiente; mientras que, el numeral 809, establece quienes tienen derecho a interponer tales recursos, siendo las partes o sus legítimos representantes, los terceros que hayan salido al juicio natural y los demás a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio. Por último, los artículos 815, 817 y 819, establecen la forma de tramitación del recurso de revocación; mientras que, el 820 prevé la tramitación del recurso de apelación, medios ordinarios de defensa que tienen como objeto, revocar o modificar, la actuación impugnada. Así las cosas, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño dentro del juicio sumario civil *******, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, del que derivan los actos reclamados, sino que, conforme a lo expuesto, desde el momento en que promovió el incidente de nulidad en contra del primer emplazamiento que ahí se le practicó, se integró a la relación procesal y adquirió el carácter de parte, plenamente conocedor del juicio instaurado en su contra, tenía la obligación al principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, de agotar los medios ordinarios de defensa en contra de las actuaciones que aquí reclama, sin que, evidentemente, lo haya hecho. Por lo tanto, como se anunció, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso se encuentre en ninguno de los supuestos de excepción que prevé dicho numeral, pues el acto reclamado no es ninguno de los descritos por los incisos a), b) y d), de dicho numeral, el quejoso es tercero extraño dentro del proceso penal del que derivan los actos reclamados, como ya se demostró, ni existe duda que amerite mayor interpretación que la aplicación literal de las disposiciones adjetivas citadas, sobre la procedencia de los recursos ordinarios descritos, ni sobre el derecho que le asistía al quejoso a hacerlos valer dentro del juicio natural. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 65, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 679/2017-IV, promovido por *******, contra los actos y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy ocho de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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