Benjamín Herrera Baca
Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Benjamín Herrera Baca
- Benjamín Herrera Baca y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó en una parte y se negó en otra, el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 454/2018-II, promovida por *******, en representación del quejoso *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******, en representación del quejoso *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, a quienes les reclamó las órdenes de arresto y privación ilegal de la libertad ejecutadas sobre la persona del quejoso. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 454/2018-II y, previa ratificación, el dieciocho de julio siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Directora General de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, la orden de arresto dictada en contra del quejoso y su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora General de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado, negó categóricamente el acto que le atribuyó el accionante del amparo, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia de diversos actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, aceptaron la existencia de la orden de arresto que les fue atribuida y su respectiva ejecución; por tanto, debe tenerse por cierta su existencia. Lo anterior corrobora con la copia certificada de la resolución de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en la que el citado Juez le impuso al ahora quejoso un arresto administrativo de veinticuatro horas, al haber sido sorprendido por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad, la cual anexaron a su informe con justificación y a la que se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto que les fue atribuido. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. En otro contexto, al rendir su informe con justificación el Director del Centro de Recuperación Cívica Total adujo que el presente juicio de amparo resultaba improcedente, porque el acto reclamado había cesado en sus efectos, porque se había puesto en libertad al quejoso. La causa de improcedencia alegada deviene infundada. Para evidenciar esta aseveración, es necesario precisar que la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a este precepto se deduce que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable lo derogue o revoque, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En la especie, la causa de improcedencia invocada por la responsable no se actualiza, toda vez que la privación de la libertad deambulatoria librada en contra del quejoso, derivada de la orden de arresto reclamada simplemente se suspendió, en cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso. En efecto, en el oficio de dieciséis de julio del año en curso, el Juez Cívico en turno ordenó al Director del Centro de Recuperación Cívica Total la liberación del quejoso, en los siguientes términos: [.] Por medio del presente escrito, solicito a Usted se sirva girar instrucciones necesarias para efecto de dar SALIDA PROVISIONAL al C. *******, de ******* años de edad, quien se encuentra recluido en las celdas públicas del CENTRO DE RECUPERACIÓN CÍVICA TOTAL (CERECITO). en virtud de que se recibió el oficio 19226/2018, signado por la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, derivado del juicio de amparo 454/2018-II, promovido a favor del C. *******, donde se resuelve conceder la suspensión de plano, ordenando que el quejoso sea puesto en inmediata libertad. [.] En esa medida, la puesta en libertad del quejoso no tuvo origen en una determinación de la autoridad responsable, pues ésta actuó en virtud de la concesión de la medida suspensiva y, por tanto, la determinación controvertida aún se encuentra sub júdice, sujeta al resultado del fondo de la controversia constitucional, lo que implica que el ente administrativo no puede prevalerse de ello para solicitar la improcedencia del juicio. En efecto, el hecho de que la autoridad haya ordenado la salida provisional del quejoso, del lugar en que se encontraba recluido, en cumplimiento de la suspensión dada con ese fin, hace innegable que esto recae en mero cumplimiento a dicha medida, sin que pueda asumirse, por tanto, que el acto reclamado se haya dejado sin efectos en forma total e incondicional; de ahí que no se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya las anteriores consideraciones, por igualdad jurídica, la tesis IV.3o.A.50 K, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, de Agosto de 2011, materia común, página 1293, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO. De la interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo se obtiene que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable lo derogue o revoque, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En estas condiciones, dicha causa no se actualiza cuando la autoridad, en cumplimiento de la suspensión otorgada al quejoso, ordena dejar sin efectos el acto reclamado, ya que no debe perderse de vista que actuó en virtud de la concesión de la medida suspensiva y, por tanto, la determinación controvertida se encuentra sub júdice, sujeta al resultado del fondo de la controversia constitucional, lo que implica que el ente administrativo no puede prevalerse de ello para solicitar la improcedencia del juicio. En efecto, el hecho de que la autoridad haya procedido, por ejemplo, a ordenar la liberación y destrabe de cuentas bancarias aseguradas en cumplimiento de la suspensión dada con ese fin, hace innegable que esto recae en mero cumplimiento a dicha medida, sin que pueda asumirse, por tanto, que el acto reclamado ha sido dejado sin efectos en forma total e incondicional. Al no existir diverso motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este tribunal advierta de oficio deba examinarse, procede a continuación el estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, conducen a este Juzgado de Distrito a determinar lo siguiente: En el único concepto de violación, el quejoso afirma de manera general y abstracta que las autoridades responsables violaron lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Lo alegado en esos términos es inoperante. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1833, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, novena época, Tomo II, materia común, página 2080, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. En la especie, la quejosa refirió, de manera general, que las autoridades responsables violaron lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Con esas llanas expresiones, el quejoso eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, porque no expone las razones por las que considera que la orden de arresto decretada en su contra es inconstitucional. En esos términos, el quejoso no justificó la razón de su dicho ni controvirtió las consideraciones en que se sustentaron los actos reclamados, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la imposición del arresto administrativo de veinticuatro horas, que se le impuso al haber sido sorprendido por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad; en cambio, su alegato contiene visos de generalidad que no pueden ser analizados por este Órgano; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En las relacionadas condiciones, dado que resulta inoperante el único concepto de violación expresado y este Juzgado no advierte que exista materia sobre la cual deba ser suplida la deficiencia de la queja a favor del solicitante del amparo, lo cual hace innecesario realizar mayor pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución reclamada, en términos de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Apoya esta consideración, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, de Julio de 2017, Tomo I, materia común, página 263, del siguiente contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. La anterior negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Recuperación Cívica Total, pues los actos de ejecución que se le atribuyen no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por el Juez Cívico responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 454/2018-II, promovido por *******, respecto del acto que reclamó de la Directora General de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******* contra la orden de arresto y su ejecución, que atribuyó al Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y al Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en los términos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el acuerdo emitido el cinco de septiembre actual, en el que se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe. *****
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la que suscribe, Secretaria Encargada del Despacho, no está facultada para fallar en definitiva, de conformidad con el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado **. Doy fe.
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