Benjamín Martínez López

Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
88/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Benjamín Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintidós de abril del año en curso (fojas 45 a 47), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dos de mayo del dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio CJEO/JCP/377/2019- J, signado por el Juez de Control de Legalidad del Circuito Judicial de la Costa, con residencia en la Agencia el Zapote, Pochutla, Oaxaca, por el que informa que en fecha veintidós de abril del actual, se tuvo a la representación social formulando acusación en contra de los imputados Darío Martínez López, Antonio García Martínez y Benjamín Martínez López, por el delito de despojo, cometido en perjuicio de Arturo Jalil Vargas, motivo por el cual señalo las doce horas del veintiocho de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia intermedia en la causa penal 72/2018 de su índice. Notifíquese. II-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintidós de abril del dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio CJEO/JCP/355/2019-J, signado por el Juez de Control de Legalidad del Circuito Judicial de la Costa, con residencia en la Agencia el Zapote, Pochutla, Oaxaca, por el que informa que no obra registro dentro de la causa penal número 72/2018 de su índice, que las partes hayan aportado nuevos datos de prueba de los que ya habían sido aportados con anterioridad (inicialmente conocidos), además, que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días con que cuenta la fiscalía, para ejercer sus facultades acorde el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Visto su contenido, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa, substancialmente, es el plazo otorgado de dos meses más para la investigación complementaria, sin que ninguna de las partes lo hubiese solicitado, además de haber declarado improcedente el recurso de revocación hecho valer contra los acuerdos de uno, veintitrés y veintiséis de enero del año en curso. Al respecto la parte quejosa alega que el juez responsable, viola en perjuicio de su representado el artículo 17 Constitucional, puesto que se le impide a que se le administre justicia en los plazos y términos establecidos en la Ley, dado que al concederse, de manera oficiosa, un nuevo plazo de dos meses más para la investigación complementaria, trastoca las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, se advierte que se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se estima, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable;". Ello es así, toda vez que de las constancias que obran en autos, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que desde el veintinueve marzo de dos mil diecinueve, se cerró la investigación por parte de la fiscalía en la causa penal de origen y que ni una de las partes aportó nuevos datos de prueba de los que ya habían sido aportados con anterioridad. Por tanto, tomando en consideración que el plazo de dos meses, otorgado en la audiencia de veintinueve de enero de dos mil diecinueve a la fecha de la emisión de este acuerdo, ya transcurrió, es evidente que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre la validez o no, de la determinación decretada en la audiencia de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en atención de que no hay forma de devolver las cosas al estado en que se encontraban, por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado se consumó de modo irreparable, pues a nada conduciría analizarlo, ya que la sentencia aún y cuando pudiera llegar a conceder la protección constitucional, perdería su eficacia ante la imposibilidad material y jurídica de restituir al quejoso en el goce del derecho humano probablemente transgredido. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de criterio, la tesis I.4o.C.45 K , de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso en cumplimiento al proveído de veintiuno de febrero del año en curso (foja 17). II-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no se encuentra el informe solicitado a la autoridad responsable Juez de Control, con residencia en la Agencia el Zapote, Pochutla, Oaxaca, mediante acuerdo de doce del actual (foja 38); en consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese. II-B

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