Benjamin Becerra Orendain

Expediente 10/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
10/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Benjamin Becerra Orendain

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 37-42), por el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA. II-B-Penal

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio número 235, firmado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, informando que en el expediente laboral 331/2016, se elaboró el proyecto de resolución en forma de laudo, mismo que se elevó a la categoría de laudo el catorce de febrero del año en curso, que fue notificado a las partes, para lo cual adjunta copia certificada de dicho laudo. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa BENJAMÍN BECERRA ORENDAIN, hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio el pasado quince de enero del año en curso (foja 12-16), en el que se desechó la demanda de garantías únicamente en cuanto a los actos atribuidos al Auxiliar de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa BENJAMÍN BECERRA ORENDAIN, en su demanda de amparo reclama a los Miembros que Integran la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tehuantepec, Oaxaca, la negativa de elaborar el proyecto de laudo en el expediente laboral número 331/2016, quienes al rendir su informe justificado manifestaron que era cierto el acto que se les atribuía, pero que con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho se elaboró, el cual fue entregado a la Junta Especial para seguir los lineamientos de la Ley Laboral (fojas 20-23), y que una vez elevado a laudo se haría del conocimiento a este órgano jurisdiccional, lo cual realizó con el oficio de cuenta adjuntando copia certificada del mismo. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Pues bien, en el caso se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya actualización provoca que deba de sobreseerse en el juicio constitucional en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesta, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 404, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425, del Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y Sobreseimiento, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1002470, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La determinación que aquí se adopta se justifica con base en las copias certificadas de las constancias deducidas del expediente laboral 331/2016, remitidas por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, mediante su informe justificado y su oficio de cuenta de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 29-36), con eficacia probatoria plena en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; constancias de las que se advierte obra la copia certificada del proyecto de laudo de veintidós de enero del año en curso y del laudo dictado el catorce de febrero siguiente, mismo que fue notificado personalmente a la apoderada legal del quejoso, el veintiuno de febrero del citado año (foja 28 vuelta). De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable Miembros de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, dictó el laudo respectivo, cuya falta de elaboración y pronunciamiento se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho (foja 27), para las once horas con cinco minutos del doce de marzo de esta anualidad. Resulta aplicable por no ser contraria a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia número 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II, Procesal Constitucional Primera Parte-SCJ Segunda Parte, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la tesis jurisprudencial número 395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 417, Tomo II, Procesal Constitucional Primera Parte-SCJ Segunda Sección, Apéndice de 2011, Novena época, con número de registro 1002461 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable por las razones que la sostienen, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, registro 2012413, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Por último, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. II-B-Penal

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, no fue por lo menos rendido con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto y a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Por otra parte, y toda vez que en proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo al Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, rindiendo su informe justificado, del que se advierte que señaló que una vez que se dictara el laudo respectivo, lo haría del conocimiento a este órgano jurisdiccional; por tanto, requiérasele para que en el término de tres días siguientes a su legal notificación, remita copia certificada de dicho laudo o bien informe el impedimento para ello. NOTIFÍQUESE. II-B-Penal

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Ahora bien, como de la lectura del informe de cuenta, se aprecia que, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a COMERCIALIZADORA DEL SUR FATO, S.A. DE C.V., Y/O DANOTSU SUMINISTROS Y OPCIONES DE RECURSOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (conocida comercialmente como WINGS ARMY); ante ello, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se presente en el domicilio ubicado en carretera transístmica, kilómetro 6.5 sin número, colonia Granadillo de esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, para que por conducto de su representante legal emplace y corra traslado con una copia de la demanda a los terceros interesados antes citados, para que si a sus intereses conviene se apersonen a este juicio; asimismo, les notifique el auto de radicación de la demanda de fecha quince de enero del año en curso, y los requiera para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. II-B

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