Benjamín Marquez Rodríguez
Expediente 2059/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2059/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Benjamín Marquez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
dieciséisEn ocho de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de veintisiete de enero del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 2059/2015; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El quince de diciembre de dos mil quince se emitió la sentencia respectiva, en la que se concedió al quejoso BENJAMÍN MÁRQUEZ RODRÍGUEZ el amparo y protección de la Justicia Federal; en los términos y para los efectos siguientes: [.] "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita el quejoso BENJAMÍN MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, en términos de lo dispuesto por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, para el efecto de que la autoridad responsable, sin mayores dilaciones dicte auto en el que declare cerrada la instrucción en el precitado juicio laboral; y dentro de los diez días siguientes se proceda a formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual deberá entregarse copia a cada uno de los integrantes de la Junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes soliciten, en caso de así considerarlo conveniente, se practiquen las diligencias que estimen pertinentes para el esclarecimiento de la verdad; y una vez desahogadas las pruebas que se propongan, o bien, transcurrido el indicado plazo, el Presidente del tribunal laboral deberá citar a los integrantes del mismo para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; lo anterior, conforme lo establecen los preceptos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo." [f.31 Y 32]. Mediante auto de doce de enero de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, y se requirió a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y sus integrantes, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días acatara ese fallo y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento [f. 42]. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio J.L.C.A./33/2016 con registro 1635, de veintiséis de enero de del año en curso, recibido en este Órgano Jurisdiccional ese mismo día, los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, (por si en representación de la Junta), adjuntaron copia debidamente certificada del laudo que emitieron el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 1180/IV/2014 promovido por el concesionario de garantías. [f. 48 a 84]. En ese tenor, atendiendo a que en la ejecutoria protectora de garantías, se concedió al quejoso BENJAMÍN MÁRQUEZ RODRÍGUEZ el amparo y protección de la Justicia federal solicitado, para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y sus integrantes, con sede en esta ciudad, sin mayores dilaciones dictara el laudo correspondiente; y toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos antes precisados; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto es susceptible de depuración, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondiente. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A LOS TERCEROS INTERESADOS Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Ral
- Principal
En veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho del Juzgado con los oficios registrados con los folios 1635 y 1636; ambos con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios signado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (por si en representación de la Junta), por los que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora de garantías, remiten testimonio autorizado del laudo de veinticinco de enero del año en curso, dictado en el expediente laboral 1180/IV/2011; en consecuencia, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos su legal notificación, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En doce de enero de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciocho de diciembre de dos mil quince al cuatro de enero del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince del mes y año en cita, dentro del juicio de amparo número 2059/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con estado de autos, la certificación que antecede y con el oficio registrado con el folio 460. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaría, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el quince de diciembre de dos mil quince, en la que se concedió al quejoso Benjamín Márquez Rodriguez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y a sus integrantes; para que acaten en sus términos el fallo protector de que se trata e informen sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y en atención a su contenido, como lo solicita devuélvase el expediente laboral 1180/IV/2011, que en su oportunidad remitió la Junta responsable como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2059/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas e integrantes de ese tribunal del trabajo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y por legalmente emplazados a los terceros interesados. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, consistentes en las constancias que integran el expediente laboral 1180/IV/2011; así como la documental pública; la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, que ofreció el quejoso en su escrito recibido en este Juzgado el treinta de noviembre del año en curso, con registro 23642. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2059/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. En escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, BENJAMÍN MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "-LA OMISIÓN, de las Autoridades señaladas como Responsables bajo el inciso 1), 2) y3) de NO HABER EMITIDO EL PROYECTO DE LAUDO y de las Autoridades señaladas bajo los incisos 4) y 5) de la DISCUSICÓN (sic), VOTACIÓN, APROBACIÓN Y ELEVACIÓN A CATEGORIA DE LAUDO EL CITADO PROYECTO DE LAUDO CORRESPONDIENTE, EN EL TERMINO LEGAL PARA HACERLO, dentro del expediente marcado bajo el número 1180/2011, Radicado ante la H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS, violando con ello los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo otrora vigente y además violando con ello, la Garantía Constitucional de PRONTA JUSTICIA". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el expediente 2059/2015; y en proveído de diez de noviembre de dos mil quince se ordenó su admisión, únicamente respecto de las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas en Integrantes de ese Tribunal del Trabajo; no así por cuanto hace al Secretario Auxiliar, Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista, todos de la citada junta laboral; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos, con criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión de elaborar el proyecto del laudo; así como de llevar a cabo su discusión, votación y aprobación, dentro del juicio laboral 1180/IV/2011. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Es cierto el acto que se reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; así como a sus integrantes, pues así lo reconocieron expresamente en el informe justificado que rindieron (f. 16). Además, la certeza del acto impugnado se corrobora con las constancias que integran el expediente laboral 1180/IV/2011, que remitieron los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, en apoyo a su informe justificado; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualice alguna. IV. Litis constitucional. No se transcriben los conceptos de violación por no ser un requisito necesario, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.58/2010,sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado quedó en párrafos que preceden, que del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que BENJAMÍM MARQUEZ RODRÍGUEZ reclama la omisión de elaborar el proyecto del laudo; así como de llevar a cabo su discusión, votación y aprobación, dentro del juicio laboral 1180/IV/2011, aduciendo esencialmente que con tal acto se vulnera en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional; así como los numerales 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, dado que las autoridades responsables no han cumplido con la discusión, votación del proyecto del laudo y elevación a categoría y del laudo y forma de dicho proyecto dentro del término legal que establecen los citados normativos. El artículo 17 de la Constitución General de la República, establece: [...] "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" [.] El precepto constitucional citado establece a favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción mediante la cual el estado se hace cargo de la función jurisdiccional que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En ese contexto, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe señalarse el significado de dicha expresión, empleada en el texto del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del citado normativo 17; así como de las reformas de que ha sido objeto, se obtiene que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a los cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. El Tribunal Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, en torno a la interpretación del artículo 17 constitucional, sostuvieron las tesis del rubro y texto siguientes: "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.- Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia."; y, "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICIÓN DE LA.- El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos tácita o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada ". De los citados criterios se colige que el artículo 17 de la Constitución Federal, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Por su parte, el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Como se ve, el precepto transcrito establece que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes; previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En la especie, de las constancias que remitieron los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que la última actuación en el juicio laboral de origen, data del veintitrés de septiembre de dos mil quince, y lo constituye el auto mediante el cual el referido tribunal del trabajo tuvo al actor por desistiendo en su perjuicio de las pruebas pendoientes por desahogar, consistentes en la testimonial con cargo a María Barbosa Salinas, Laura Rocío Márquez y Carlomagno Muro Romo; así como la confesional y declaración de parte a cargo de Olga Rebeca Hernández León; asimismo, la Secretaria certificó que no había pruebas pendientes por desahogar, por lo que se concedió a las partes un término común por tres días a fin de que exhibieran alegatos por escrito; bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendría por perdido ese derecho y se turnarían los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente; sin que con posterioridad obre auto alguno en el que se hubiera declarado cerrada la instrucción; como tampoco se advierte que dentro de los diez días siguientes se hubiera formulado el proyecto de laudo correspondiente. Lo anterior pone de manifiesto que las autoridades responsables incumplieron con lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, dado que desde la indicada fecha veintitrés de septiembre del año en curso, en que se emitió el referido auto, ha transcurrido en exceso el plazo de diez días para formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, en el juicio laboral 1180/IV/2011; de ahí que asiste razón al garante en cuanto sostiene que esa omisión es violatoria de sus garantías, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y, en el caso a estudio, dada la contumacia apuntada, es inconcuso que la responsable deja de observar los dispositivos de la legislación secundaria antes invocados; y, en consecuencia, vulnera en perjuicio del quejoso las garantías de prontitud y expedites que en la administración de justicia consagra el citado normativo de la Ley Suprema. Máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo establece que los presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; de lo que se colige que es obligación de la Junta realizar las diligencias necesarias para dar continuidad al procedimiento laboral. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita el quejoso BENJAMÍN MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, en términos de lo dispuesto por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, para el efecto de que la autoridad responsable, sin mayores dilaciones dicte auto en el que declare cerrada la instrucción en el precitado juicio laboral; y dentro de los diez días siguientes se proceda a formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual deberá entregarse copia a cada uno de los integrantes de la Junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes soliciten, en caso de así considerarlo conveniente, se practiquen las diligencias que estimen pertinentes para el esclarecimiento de la verdad; y una vez desahogadas las pruebas que se propongan, o bien, transcurrido el indicado plazo, el Presidente del tribunal laboral deberá citar a los integrantes del mismo para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; lo anterior, conforme lo establecen los preceptos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a BENJAMÍN MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; así como a sus integrantes, por las razones y para los efectos precisados en el considerando IV de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE. L´JJMT/jral
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