Benjamín Gurrola Carrillo
Expediente 1997/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1997/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Benjamín Gurrola Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil dieciséis Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
diecisiete de diciembre de dos mil quince AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las TRECE HORAS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1997/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, asistido del licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta Número tres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Jerez de García Salinas, Zacatecas; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Acto continuo, se abre el período probatorio en el que el Secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable en su informe justificado consistentes en las copias certificadas de la carpeta de investigación 357/MIX-III/2015. (f.9) Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, en términos del artículo 124 de Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos, ofrecidos por la parte quejosa, en su escrito con número de folio 24082 (f.30) En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1997/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Benjamín Gurrola Carrillo, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, actos, y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Jerez, Zacatecas. Acto reclamado. "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad responsable le reclamo la cédula de citación que le envió al C. Rubén Gurrola Carrillo, de fecha 21 de octubre de 2014; en el cual está citando al señor Rubén Gurrola Carrillo para que se presente ante la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta; y señala como domicilio del C. Rubén Gurrola Carrillo en calle Rosales Número 43, de la zona centro en Jerez, Zacatecas". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su titular dictó proveído el treinta de octubre de dos mil quince, en el que ordenó su admisión y registro bajo expediente 1997/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos emitidos por autoridades responsables residentes en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La remisión por parte de la responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta con residencia en Jerez, Zacatecas y entrega de una cédula de notificación dirigida a Rubén Gurrola Carrillo, en el domicilio del quejoso Benjamín Gurrola Carrillo, sito en calle Rosales número cuarenta y tres (43) de la zona centro de la ciudad de Jerez, Zacatecas, que ocupa la Clínica de Especialidades Jerez", donde tiene su consultorio médico el último de los nombrados. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. RELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. El Agente del Ministerio Público adscrito al Módulo de Atención Temprana, concede en Jerez de García Salinas, Zacatecas, autoridad señalada como responsable, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación que remitió la responsable como justificación de sus actos; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, la autoridad responsable aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 5º del propio ordenamiento legal. Al respecto cabe decir, que en la especie si opera la causal de improcedencia de mérito. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente establece: "El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte el artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en su parte conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en autos, no se advierte que en relación con lo antes señalado, el quejoso haya acreditado afectación alguna a su interés legítimo, entendiéndose por tal, aquella facultad de ejercitar la acción constitucional, la que únicamente está reservada a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley misma, perjuicio que supone la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado a través de una o varias normas, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de dicha transgresión, ello es lo que constituye el interés legítimo que toma en cuenta la Ley de Amparo vigente para la procedencia del juicio de garantías. Como ya quedó precisado en párrafos precedentes, el acto reclamado se hace consistir en la remisión de una cédula de notificación en el domicilio laboral del quejoso, la cual se encontraba dirigida a persona distinta del mismo, según refiere dicho amparista. Al respecto, la responsable exhibió copias certificadas de la carpeta de investigación 357/MIX-III/2015, de las que se advierte: Por oficio 553/2015, suscrito por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Módulo de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en Jerez, Zacatecas, remitido a su similar adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta Número Tres, de la propia ciudad, le remitió Denuncia interpuesta en contra de Rubén Gurrola Carrillo por su probable participación en la comisión del hecho considerado como delito de Lesiones, cometido en perjuicio de Pedro Gurrola Ureño, a efecto de que conozca de esos hecho (fojas 10 a 13). Oficio número 360, (foja 15) suscrito por la autoridad responsable, dirigido al Comandante de la Policía Ministerial en el Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, por el que le ordena se avoque a investigar los hechos denunciados por Pedro Gurrola Ureño, cometidos en su perjuicio al parecer por Rubén Gurrola Carrillo, en indagar entre otras cosas, "EL NOMBRE CORRECTO Y DOMICILIO DE EL O LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE ESTE HECHO DELICTUOSO". Oficio 1139, de doce de octubre de dos mil quince, suscrito por el Comandante y Agente de la Policía Ministerial de la Unidad Especializada en Investigación Mixta de Jerez, Zacatecas, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del distrito Judicial de Jerez, Zacatecas, por el cual le informa que no fue posible localizar a Rubén Gurrola Carrillo en la población de Los Ortíz, que al parecer radica en la ciudad de Zacatecas y solo algunos fines de semana va a darle vueltas a su casa, pero podían dejarle notificaciones con su hermano el doctor Bejnamín Gurrola Carrillo, quien tiene su consultorio en la calle Rosales, esquina con calle Las Flores, zona centro de Jerez, Zacatecas (fojas 18 y 19). Cédula de citación de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, suscrita por el Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta, dirigida a Ruben Gurrola Carrillo, al domicilio ubicado en la calle Rosales número cuarenta y tres, de la zona centro de la ciudad de Jerez, Zacateas, a efecto de que compareciera en fecha cierta ante la autoridad responsable, en relación a una diligencia en materia penal que le concierne (foja 21), con una firma ilegible. Ahora bien, conforme a lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto que impugna el promovente del amparo, debe puntualizarse, que el mismo no puede considerarse como acto que afecte su esfera jurídica, para que pueda deducir la acción constitucional, pues el hecho de que el Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta, con sede en Jerez, Zacatecas, haya emitido una citación dirigida a Rubén Gurrola Carrillo, a efecto de que compareciera al domicilio de la autoridad responsable, a un domicilio que el ahora quejoso Benjamín Gurrola Carrillo refiere no es el del citado en primer término, no significa que se le esté afectando en su derecho de no ser molestado en su persona y su domicilio, ya que no se encontraba obligado a recibir la citación, lo cual no hizo del conocimiento de la persona que le llevó dicho documento; al contrario, lo recibió personalmente. Así pues, atendiendo a que, de conformidad con los preceptos de la Ley de Amparo citados en parágrafos precedentes, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación que se resienta con el acto que se reclama, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses, ya sea en su persona o patrimonio y, es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en esta vía constitucional. En ese contexto, es evidente que de acuerdo a como quedó asentado, el acto reclamado no le ocasiona al amparista un agravio real y directo que le otorgue interés legítimo para instar la presente vía, por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, dado que el acto reclamado de mérito, por sí solo no afecta el interés jurídico del peticionario del amparo; pues, la sola citación a una diligencia, la cual no estaba dirigida al ahora quejoso, no materializan un acto de ejecución que trascienda a la esfera jurídica del accionante de la tutela constitucional, esto es, solamente tiene efectos para el destinatario de la misma. Por lo que en todo caso, si el impetrante del amparo no recibe la citación respectiva, puede hacer del conocimiento de la autoridad que intente indagar el domicilio actual de Ruben Carrillo Gurrola, que desconoce el domicilio de la persona buscada. Pues sólo en el supuesto de que se emita determinación en la que se actualice afectación o perjuicio a la esfera jurídica, estará en aptitud de promover el juicio de amparo. Consecuentemente, se reitera, que hasta la fecha en que se emite la presente resolución, no se advierte que el referido acto reclamado, lesione en modo alguno la esfera jurídica del impetrante del amparo, para que pueda ejercer la acción de amparo, en términos de lo establecido por el invocado artículo 5°, de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, al no afectar el acto reclamado los derechos del peticionario del amparo, ello conduce a concluir que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el ordinal 5°, de la Ley de la Materia invocada; y por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción VI, de esa propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), consultable en la página 1807, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2003293, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.- Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". También resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". Además, debe decirse que la afectación al interés legítimo es un elemento de procedibilidad, y por ende es de aquellos que deben encontrarse plenamente probados en el juicio y no inferirse a base de presunciones, cobra relevancia al respecto, aplicada por analogía, la jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Benjamín Gurrola Carrillo, contra la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. L´FRF.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia incidental en el incidente de suspensión 1997/2015, el licenciado Secretario Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa asistido de la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Soledad Torres Muguiro, la declaró abierta, haciéndose constar la inasistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia simple de la demanda de garantías promovida por BENJAMIN GURROLA CARRILLO, Copia simple de sus notificaciones, por el que se dio trámite al incidente de suspensión en que se actúa y el informe previo rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en investigación Mixta Número Tres, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo vigente, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal correspondiente. Enseguida se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los ofreció. No existiendo alegatos pendientes que recibir o tener por reproducidos, se da por concluido dicho periodo; en consecuencia, se declara cerrada la audiencia incidental, por lo que se ordena traer los autos a la vista para dictar la interlocutoria correspondiente. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1997/2015 promovido por BENJAMIN GURROLA CARRILLO, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en investigación Mixta Número Tres, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. R E S U L T A N D O: 1. BENJAMIN GURROLA CARRILLO, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en investigación Mixta Número Tres, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, actos que hizo consistir en la cédula de citación de veintiuno de octubre de dos mil quince, dirigido a Rubén Gurrola Carrillo, con el objeto de que compareciera ante la responsable. 2. Admitida la demanda, se formó por duplicado esta incidencia, se pidió a la autoridad su informe previo, se negó la suspensión provisional a la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O : I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por serlo para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en investigación Mixta Número Tres, con residencia en Jerez de García Salinas, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció expresamente en su informe previo. Ahora bien, en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que se hace consistir en la orden de citación de veintiuno de octubre de dos mil quince, dirigida a Rubén Gurrola Carrillo con el objeto de que comparezca ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Jerez, Zacatecas, en relación a una diligencia no especificada, lo anterior en atención a que no acredita su interés jurídico, al menos en forma indiciaria o presuntiva. Lo anterior, en atención a que constituye un requisito de procedencia de la indicada providencia precautoria, en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, verificar que el solicitante de amparo cuente con interés jurídico, esto es, demuestre al menos de forma indiciaria, que tiene un derecho adquirido, real, directo, inmediato y actual, tutelado por la propia Constitución General o los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que el objeto de la suspensión es conservar derechos y no constituir prerrogativas en favor de los gobernados, tal como lo precisa la tesis jurisprudencial XXVII.3o.J/2(10a.), por reiteración de criterios del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizada en la página 2347, libro 10, tomo III, materia común registro 2007358, septiembre de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de título y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." (Énfasis añadido) En ese sentido, el quejoso carece interés suspensional para efectos de la medida cautelar solicitada, al no haberse emitido la orden de citación reclamada en contra de su propia persona, sino en contra de una diversa, como lo es Rubén Gurrola Carrillo; pues por esa razón, la misma no le constriñe a acudir ante el agente del ministerio público señalado como responsable ni, ante su incomparecencia, puede ser objeto de imposición de alguna medida de apremio por parte de la autoridad responsable, como lo podría ser una multa pecuniaria o un arresto. Luego, la anterior circunstancia constituye un motivo suficiente para determinar que la misma no le irroga perjuicio en contra de los derechos tutelados consagrados a su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos; a pesar de que la misma le hubiese sido notificada en el centro de atenciones médicas en el que aduce desempeñar la función de médico cirujano, especializado en ginecología y obstetricia; puesto que, más allá de sus manifestaciones, no ofrece medio de convicción alguno con el que demuestre, al menos de forma presuntiva, haber sido apercibido en su persona con alguna medida de apremio que a afecte tales derechos. La presente determinación encuentra sustento en la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 491, Tomo V, Segunda Parte- 1, Enero a Junio de 1990, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. Para solicitar la suspensión de los actos reclamados con el fin de evitar que las consecuencias o resultado del mismo se realicen en tanto dure el juicio de amparo, debe el quejoso demostrar que es titular de los derechos que se le pretenden afectar con la ejecución del acto reclamado y con ello su interés jurídico." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 217, de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se NIEGA a BENJAMIN GURROLA CARRILLO, la suspensión definitiva solicitada, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Jerez, Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, siete de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Benjamín Gurrola Carrillo; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que vierte; sin perjuicio de relacionarlos en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil quince, se recibió el informe justificado del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializado en Investigación Mixta Número Tres del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; luego, toda vez que a la fecha no ha transcurrido el término de ocho días que se concedió a la parte quejosa para que se imponga de dicho informe y manifieste lo que a su interés legal convenga; por tanto, para no dejarlo en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABALE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la Secretaria que autoriza, licenciada Maria Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.
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