Benjamín Iván García Covián

Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Benjamín Iván García Covián
  • Ayuntamiento Constitucional de Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en el ámbito de su competencia, realizaran lo siguiente: "- Dejen insubsistente la orden verbal de modificación de la constancia de alineamiento y número oficial ********************, otorgada el veintidós de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, en favor del predio propiedad de la parte quejosa, ubicado en la calle ********************, número ********************, en la colonia ********************, Uruapan, Michoacán al igual que todos sus efectos y consecuencias. - En la inteligencia, que de insistir en la variación o modificación de la constancia de alineamiento y número oficial descrita, deberán efectuarlo purgando los vicios de inconstitucionalidad advertidos en este fallo, es decir, apegándose a las formalidades requeridas por el artículo 16 de la Constitución Federal. - Además, cabe puntualizar, que la protección constitucional no impide a las autoridades responsables ejercer sus facultades y atribuciones legales y administrativas con respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional." 2. Ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio número SDU/DDU/DJ/117/2023, de seis de junio del año en curso, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dejó insubsistente la orden verbal de modificación de la constancia de alineamiento y número oficial ********************, otorgada el veintidós de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, en favor del predio propiedad de la parte quejosa, ubicado en la calle ********************, número ********************, en la colonia ********************, de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Asimismo, del acta circunstanciada de ocho de junio de dos mil veintitrés, se aprecia que el Inspector de Obras en materia de Desarrollo Urbano, adscrito a la citada dependencia, se constituyó en el mencionado domicilio, a efecto de notificar al quejoso el oficio número SDU/DDU/DJ/117/2023; sin embargo, el peticionario del amparo recibió dicho ocurso y se negó a firmar de recibido. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales del quejoso, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que no existe exceso ni defecto. No obsta para llegar a la determinación anterior, el hecho de que el quejoso se haya negado a firmar de recibido, ya que en la constancia de notificación se asentó que éste recibió el oficio número SDU/DDU/DJ/117/2023; por tanto, tuvo conocimiento del contenido de dicho ocurso. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 8. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES CONSERVABLE, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 17, una vez transcurrido el término de tres años, transfiérase el presente juicio y el cuaderno original del incidente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 8.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 8.2. Constancia. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En trece de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con los oficios registrados bajo los folios 7522 y 7523. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos los oficios y anexos, signados por el Director de Desarrollo Urbano y Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual, exhiben diversas constancias. Con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente resolverá sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  3. Principal

    En veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad CERTIFICO: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió como se indica a continuación: Para la parte quejosa, del veintisiete de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés; virtud a que fue notificada el veintiséis de abril del año en curso; Ayuntamiento Constitucional, con residencia en esta ciudad; del veintisiete de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés; toda vez que fue notificado por oficio el veintiséis de abril del presente año; Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de Uruapan, Michoacán; del veintiséis de abril al once de mayo de dos mil veintitrés; virtud a que fue notificada por oficio el veinticinco de abril del año en curso; Dirección de Desarrollo Urbano, de Uruapan, Michoacán, del veintiséis de abril al once de mayo de dos mil veintitrés; al haber sido notificada por oficio el veinticinco de abril del mismo año; Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de esta ciudad; del veintiséis de abril al once de mayo de dos mil veintitrés; al haber sido notificada por oficio el veinticinco de abril del mismo año; y, Secretaría de Obras Públicas y Movilidad, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo; del nueve al veintidós de mayo de dos mi veintitrés; toda vez que fue notificado por oficio el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que por un lado sobreseyó y por otro concedió el juicio de amparo a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, son: ". En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, en el ámbito de su competencia: - Dejen insubsistente la orden verbal de modificación de la constancia de alineamiento y número oficial ********************, otorgada el veintidós de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, en favor del predio propiedad de la parte quejosa, ubicado en la calle ********************, número ********************, en la colonia el ********************, Uruapan, Michoacán al igual que todos sus efectos y consecuencias. - En la inteligencia, que de insistir en la variación o modificación de la constancia de alineamiento y número oficial descrita, deberán efectuarlo purgando los vicios de inconstitucionalidad advertidos en este fallo, es decir, apegándose a las formalidades requeridas por el artículo 16 de la Constitución Federal. - Además, cabe puntualizar, que la protección constitucional no impide a las autoridades responsables ejercer sus facultades y atribuciones legales y administrativas con respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la Ley de la Materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  4. Principal

    S E N T E N C I A ********************Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.****************************************VISTOS, para resolver el juicio de amparo 596/2022, promovido por Benjamín Iván García Covián, contra los actos del H. Ayuntamiento Constitucional de Uruapan, Michoacán y otras autoridades; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, el que fue turnado a éste órgano jurisdiccional, Benjamín Iván García Covián, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben:********************"III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES:********************"EN CUANTO ORDENADORAS:********************"1.- H. Ayuntamiento Constitucional de Uruapan, Michoacán.********************"2.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.********************"3.- Dirección de Desarrollo Urbano.********************"EN CUANTO EJECUTORAS:********************"4.- Secretaría de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan.********************"5.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU).********************"IV.- La norma General, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;********************"1.- Del H. Ayuntamiento Constitucional de Uruapan: la falta de certeza y/o seguridad jurídica contenidas en los numerales 14 y 16 Constitucionales.********************"2.- De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente: la falta de certeza y/o seguridad jurídica contenidas en los numerales14 y 16 Constitucionales.********************"3.- De la Dirección de Desarrollo Urbano: la falta de certeza y/o seguridad Jurídica contenidas en los numerales 14 y 16 Constitucionales.********************"4.- De la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan: la posible ejecución de la falta de certeza y/o seguridad jurídica en la que incurren las autoridades ordenadoras.********************"5.- De la Comisión de Agua potables, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU): la posible ejecución de la falta de certeza y/o seguridad jurídica en la que incurren las autoridades ordenadoras."********************El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de tres de octubre de dos mil veintidós ?fojas 10 a 14 vuelta?, el Juez de Distrito registró la demanda con el número de expediente 596/2022 y previno a la parte quejosa para que precisara el acto en concreto que le reclamaba a cada una de las autoridades que señaló como responsable.********************En cumplimiento de dicha prevención, por ocurso presentado el seis de octubre de dos mil veintidós -foja 17-, la parte quejosa señaló:********************"Se reclama de las autoridades responsables en cuanto ordenadoras lo siguiente:********************"Del H. Ayuntamiento Constitucional de Uruapan, Michoacán;********************"De la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. ********************"De la Dirección de Desarrollo Urbano.********************"Se reclama la orden de modificación de la licencia de construcción con su respectivo alineamiento, con número de expediente SDUMS/DDU/E/0747/22, sin fundar ni motivar la causa legal del procedimiento ya que esta información la he obtenido únicamente de los inspectores del Departamento de Urbanismo, pues en ningún momento se ha dictado un acuerdo fundado y motivado al respecto, sólo me han informado que el Licenciado Anastasio Cuevas López, en su calidad de Director de Desarrollo Urbano está obstinado en quitarme metros de banqueta porque supuestamente se equivocó, cosa que es completamente falsa, pues esto realmente resultó de un conflicto personal con vecinos.********************"Se reclama de las autoridades responsables en cuanto ejecutoras lo siguiente:********************"De la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan, Michoacán.********************"De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU).********************"Se reclama la ejecución de la demolición de la banqueta con su alineamiento histórico de más de 50 años ubicada afuera del predio urbano localizado en la calle Ricardo Flores Magón, número 1,401 mil cuatrocientos uno, en la colonia "EL PERIODISTA", en esta ciudad de Uruapan, Michoacán.".********************En acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós -fojas 24 y 25-, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda; fijo fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; pidió los informes justificados de las autoridades responsables; y, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción.********************Por ocurso presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós -fojas 109 y 110-, la parte quejosa amplió su demanda de amparo por lo que ve a la complementación y motivación del acto reclamado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de la Dirección de Desarrollo Urbano, ambas en Uruapan, Michoacán.********************En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la Juez de Distrito admitió la ampliación de demanda de Amparo, y nuevamente fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional.********************TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las nueve horas con seis minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés (foja 150(, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes; se abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas; una vez concluida tal etapa, se abrió la de alegatos, en la que se hizo constar que el Agente del Ministerio Público adscrito formuló pedimento ministerial mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos, con lo que cerró dicho periodo.********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que el acto de autoridad administrativa que se reclama tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo.********************Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito aclaratorio, de su ampliación y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama:********************Del H. Ayuntamiento Constitucional, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y del Director de Desarrollo Urbano, todos de Uruapan, Michoacán:********************La orden verbal de modificación de la constancia de alineamiento y número oficial, identificada bajo folio A.0601/N.0677/2022, otorgada el veintidós de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente SDUMA/DDU/E/0747/2022, en favor del predio propiedad de la parte quejosa, ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, número 1401, en la colonia el Periodista, Uruapan, Michoacán.********************De la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan, así como de la Comisión de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU):********************La ejecución de la referida orden, materializada en la demolición de la banqueta localizada en el predio ubicado en la calle Ricardo Flores Magón número 1401, en la colonia el Periodista, Uruapan, Michoacán.********************Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".********************TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ATRIBUÍDOS A TRES AUTORIDADES RESPONSABLES. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa.********************La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última es el reconocimiento que a modo de confesión hacen dichas autoridades al justificar su conducta.********************En todo caso, para determinar a quién le corresponde la carga de la prueba de la existencia de un acto, es necesario atender a su naturaleza.********************En efecto, dentro de la clasificación de los actos reclamados, se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una abstención.********************Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.********************Existen tres reglas en relación con la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto:********************1. Tratándose de actos positivos; esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado;********************2. Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, ********************3. Finalmente, tratándose de actos negativos y aquélla a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que no se encuentra en posibilidad de probar una omisión.********************Ilustra, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del volumen 5, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 818571, que señala:********************"ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece".********************Así como, la jurisprudencia 21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, enero-junio de 1990, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 226432, que establece:********************"ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos".********************Dicho esto, la Sindica Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, así como el Secretario de Obras Públicas y Movilidad de dicho ayuntamiento, negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen.********************Dichas negativas se corroboran, toda vez que de las constancias con las que se cuenta para resolver, no se advierte que exista por parte de dichas autoridades, orden alguna para modificar la constancia de alineamiento y número oficial identificada bajo folio A.0601/N.0677/2022, otorgada en favor del predio propiedad de la parte quejosa.********************Máxime, que la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables.********************Por otro lado, el Director General de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, Michoacán, al rendir su informe justificado, manifestó que al realizar una rehabilitación de la bóveda de aguas residuales pluviales que en su trayecto cruza la dirección ubicada en la calle Ricardo Flores Magón, número 1401 de la Colonia El Periodista, en Uruapan, Michoacán, demolió las áreas de banqueta, guarnición y pavimento de dicho predio.********************Sin embargo, por este hecho, no se le puede tener por cierto el acto que se le reclama a la autoridad responsable, pues, de las constancias que aportó en su informe justificado, se desprende que dicha demolición, no fue en cumplimiento o ejecución de una orden de modificación de la constancia de alineamiento y número oficial A.0601/N.0677/2022, dentro del expediente SDUMA/DDU/E/0747/2022, sino que se debió a un reporte técnico de condiciones de riesgo REP-TEC/025/2022, en el que se señaló la existencia de una bóveda colapsada que se localizaba a un costado de dicha propiedad, en el que se evidenció un riesgo que ponía en peligro la vida humana.********************Tanto es así, que de dicho informe se desprende que una vez realizada la demolición de la banqueta y la reparación de la bóveda colapsada, la autoridad señalada como responsable, realizó una reposición de la guarnición y banquetas afectadas, que incluso contó con el apoyo del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Uruapan, la cual dio el alineamiento correspondiente.********************En consecuencia, la afectación ocasionada por dicha demolición dejo de surtir efectos, más aún, no tiene relación alguna con la orden verbal reclamada en este juicio. Por lo que no puede tenerse por existente el acto que se le reclama a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU).********************Las constancias que integran el expediente electrónico, así como las copias certificadas del expediente SDUMA/DDU/E/0747/2022, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentales públicas, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones.********************Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".****************************************Así como, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, del rubro y texto:********************"EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales".****************************************En esas condiciones, al resultar inexistentes los actos reclamados materia de este considerando, y por las autoridades señaladas, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia.********************CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados con motivo de la demanda y su ampliación, aceptaron la existencia del acto reclamado ?fojas 39 a 80 y 124 a 127?.********************En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".****************************************QUINTO. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".****************************************Al respecto, las autoridades responsables, alegan en sus informes justificados, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que, el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, al afirmar que "los permisos y autorizaciones son siempre revocables y temporales, más aun cuando se reconoce el error involuntario en dicho documento." ********************La causal de improcedencia debe desestimarse, en la medida que su análisis conllevaría un estudio sobre la naturaleza de la constancia de alineamiento y de número oficial, así como las facultades de las autoridades municipales para modificarlas, lo cual, implica un estudio de fondo de la cuestión constitucional planteada. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País, visible a página 5, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187973, que dice: ****************************************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."****************************************De ahí lo infundado de la causa de improcedencia de mérito.********************SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta alguna de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".**************************************** SÉPTIMO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Antes de abordar los planteamientos de inconstitucionalidad, es menester traer a colación, los antecedentes del caso que nos ocupa, los que se relatan del modo siguiente: ********************a) El cinco de abril de dos mil veintidós, Benjamín Iván García Covián y Johanna Raya Flores, promovieron en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias sobre rectificación de medidas, colindantes y superficie de la totalidad del predio urbano, ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, número 1401, en la colonia El Periodista, en Uruapan, Michoacán.********************b) Dicho expediente le correspondió conocer al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial en Uruapan, Michoacán, quien le asignó el número de expediente 320/2022, y el diecinueve de septiembre de dicho año, resolvió declarar procedentes las diligencias de jurisdicción voluntarias.********************c) En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la juez de origen declaró firme la resolución y ordenó girar oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio y al Administrador de Rentas, ambos de Uruapan, Michoacán, para que realizaran la debida inscripción sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie respecto del predio urbano materia de dichas diligencias.********************d) El trece de mayo de dos mil veintidós, Benjamín Iván García Covián y "socia", solicitaron en la Dirección de Desarrollo Urbano en Uruapan, Michoacán, una licencia de construcción para el predio urbano localizado en la calle Francisco Zarco, en la colonia El periodista, Uruapan, Michoacán.********************Si bien del contenido de la solicitud de licencia de construcción, se advierte que el domicilio del predio es distinto, del recibo de pago de la cuenta predial 101482 de la Tesorería Municipal de Uruapan, Michoacán, se desprende que el domicilio correcto es Ricardo Flores Magón 1401, colonia El Periodista, Uruapan, Michoacán. ********************e) El veintidós de junio de dos mil veintidós, la Dirección de Desarrollo Urbano de Uruapan, Michoacán, otorgó dentro del expediente SDUMA/DDU/E/0747/2022, licencia de construcción con folio C.0371/22 a favor de Benjamín Iván García Covián y socia, para el predio urbano ubicado en la calle Ricardo Flores Magón número 1401, en la colonia El Periodista, con número de cuenta predial 101482 y con folio de alineamiento A.0501/N.0677/2022.********************f) Con posterioridad, el Director de Desarrollo Urbano le manifestó a la parte quejosa que se había equivocado en autorizarle la construcción de la banqueta la cual se encuentra en el predio de su propiedad, manifestación que se reiteró el treinta de septiembre del dos mil veintidós, por vía telefónica, en la que se le dijo que si no recorría su banqueta, el siete de octubre del mismo año, se le iba a demoler.********************Con los elementos anteriores, es posible resolver la cuestión constitucional planteada. ********************OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son substancialmente fundados. Además, por así requerirlo, su análisis se efectuará de manera conjunta conforme lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo.********************En los conceptos de violación primero y segundo de la demanda de amparo en correlación con su ampliación, el quejoso sostiene esencialmente, que la orden reclamada viola en su perjuicio el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las autoridades responsables, al llevar a cabo la modificación de la constancia de alineamiento y número oficial identificada con el folio A.0601/N.0677/2022, lo realizó de forma verbal, esto es, sin que existiera un documento por escrito fundado y motivado, colocándolo en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica.********************Como se anticipó, le asiste razón al impetrante de amparo, habida cuenta que a juicio de este Juez Federal, la modificación de la constancia de alineamiento y número oficial previamente otorgada a favor de un sujeto, no puede ocurrir verbalmente, pues debe efectuarse en un marco de seguridad jurídica que genere certeza sobre los términos en que prevalecerá la variación del mencionado alineamiento, tal y como ocurre al momento de expedirse el documento primigenio.********************En seguimiento de lo anterior, es momento de imponerse del artículo 16 constitucional, el cual prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados, en los siguientes términos:********************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.********************"(.)".****************************************De acuerdo con el citado canon constitucional, todo acto de autoridad debe constar por escrito, además estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.********************La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento.********************En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna; que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca; o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento.********************Asimismo, el derecho humano de la seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. ********************Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentran fundados y motivados. ********************Es sustento de lo anterior, la tesis IV.2o.A.50 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable a página 2241, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005777, que dispone:********************"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado.".****************************************En este orden de ideas, es momento de traer a colación lo dispuesto por los artículos 61 a 68 del Reglamento de Construcción del Municipio de Uruapan, Michoacán, que disponen: ********************"Artículo 61.- El alienamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública, determinada en los planos y proyectos debidamente aprobados. La Constancia de alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señale el Código Urbano y sus Programas. ********************Artículo 62.- La Dirección expedirá a solicitud del propietario o poseedor, constancias de alineamiento y número oficial que tendrá una vigencia de un año contados a partir del día siguiente de su expedición. ********************Artículo 63.- Si entre la expedición de la constancia a que se refiere el artículo anterior y la presentación de solicitud de licencia de construcción de cualquier tipo, se hubiese modificado el alineamiento en los términos del artículo 61 de este reglamento, el proyecto de construcción deberá ajustarse a los nuevos requerimientos.********************Artículo 64.- La Dirección con sujeción a los ordenamientos Urbanos, así como los casos que declare la utilidad pública, señalará las áreas de los predios que deben dejarse libres de construcción, las cuales se entenderán como servidumbre o restricción, fijando al efecto la línea límite de construcción la cual se respetará en todos los niveles, incluyendo también el subsuelo.********************Los alineamientos de las construcciones no son sólo frontales a vía pública, deberán tomarse en cuenta las normas de C.O.S. C.U.S, y restricciones frontales, posteriores y en su caso, laterales conforme a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. ********************Artículo 65.- Es lícito permitir que el frente de un edificio se construya remetido respecto al alineamiento oficial, con el fin de construir partes salientes por razones de estética o conveniencia privada, en estos casos la línea dominante exterior del edificio debe ser paralela al alineamiento oficial, pero será facultad de la Dirección los casos donde el modo de edificación se defina como cerrado. ********************Artículo 66.- Cuando por causas de un Plan Parcial de Desarrollo Urbano aprobado, quede una construcción fuera del alineamiento oficial, no se autorizarán obras que modifiquen la parte de dicha construcción que sobresalga del alineamiento, con excepción de aquellas que la Dirección determine que sean necesarias para la estricta seguridad de la construcción. ********************Artículo 67.- La Dirección negará la expedición de constancias de alineamiento y números oficiales a predios situados frente a vías públicas no autorizadas pero establecidas solo de hecho, si no se ajustan a la planificación oficial o no satisfacen las condiciones reglamentarias.********************Artículo 68.- Un alineamiento oficial podrá ser modificado como consecuencia de nuevos proyectos aprobados por los organismos competentes, sobre la planilla urbana del municipio, de acuerdo a los Programas.******************** ********************El análisis conjunto de las disposiciones trasuntas, permite establecer en lo que interesa que el alineamiento y número oficial constituyen un parámetro utilizado por la autoridad municipal encargada de velar por el desarrollo urbano, en la medida que representa la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública, todo ello por supuesto acorde a los programas y planes aplicables. Precisamente, a partir de dicha naturaleza jurídica y administrativa, las autoridades competentes están obligadas a expedir la constancia correspondiente donde consten los pormenores, las limitaciones, restricciones y demás particularidades que deben observarse en cada caso concreto, tanto es así, que de llegar a ocurrir modificaciones o hechos supervenientes que alteren la situación inicial, el alineamiento y número oficial debe apegarse de nueva cuenta a las variaciones establecidas por la autoridad, precisamente, asentadas en las nuevas constancias que al efecto se expidan. ********************Sentado el anterior marco constitucional y legal, vale retomar que en el caso que nos ocupa, se controvierte la modificación efectuada de manera verbal por las autoridades responsables a la constancia de alineamiento y número oficial otorgada a la parte quejosa. Además, que de los antecedentes relatados en el considerando que precede, se advierte que ésta es propietaria del bien inmueble ubicado en la calle Ricardo Flores Magón 1401, colonia El Periodista, Uruapan, Michoacán, en donde pretende realizar una construcción, por lo que acudió a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, para solicitar la debida licencia de construcción.********************Dicha licencia fue autorizada por el Director de Desarrollo Urbano aquí responsable, el veintidós de junio del dos mil veintidós, junto con su debida constancia de alineamiento, la cual con posterioridad fue modificada de manera verbal por dicha autoridad, pues así se reconoció a través de los informes justificados con respecto a la demanda y su ampliación, pretendiendo justificar su actuar bajo la premisa de que la constancia mencionada "fue emitido con un error involuntario por esta Dependencia, el cual consiste en que carece del nombre del propietario y el ancho de la sección de la banqueta, y en razón de las atribuciones de esta dependencia, los permisos y autorizaciones son siempre revocables y temporales...".********************Bajo este escenario de cosas, se insiste que le asiste razón a la parte quejosa, habida cuenta que la modificación o variación de la constancia de alineamiento ordenado en la forma como se realizó (verbal), indiscutiblemente coloca al hoy quejoso en un estado de inseguridad jurídica, en la medida que ya no le es posible conocer a ciencia cierta la dimensión con la que debe contar la banqueta que rodea su propiedad y a la postre con la vía pública. ********************Pero además, sumado a esa inconsistencia, la transgresión al derecho humano de legalidad, se agrava en la medida que la parte quejosa no recibió documento fundado y motivado que justificara el acto de molestia aquí reclamado, dejándolo así en un completo estado de indefensión en relación al acto realizado por las autoridades administrativas.********************No es óbice de lo hasta aquí expuesto, que las autoridades responsables hayan pretendido colmar los vicios formales advertidos a través de sus informes justificados primarios. Sin embargo, en el caso, no basta que en sus informes justificados, las autoridades responsables hayan invocado los artículos 26, 28, 40, 450, 451 y 452 del Reglamento de Construcción del Municipio de Uruapan, Michoacán, ni que hayan justificado su actuar a un "error involuntario", pues al haberse emitido el acto de molestia, de manera verbal, por ese simple hecho, carecía de la forma que exige el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************En esas condiciones, resulta fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, por lo que el amparo deberá otorgarse de conformidad a lo dispuesto por el último parrado del artículo 124 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 23/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo II, con número de registro 2008753, cuyo rubro y texto dice:********************"ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo."****************************************NOVENO. CONCESIÓN DEL AMPARO. En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Benjamín Iván García Covián, para el efecto de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, en el ámbito de su competencia:********************- Dejen insubsistente la orden verbal de modificación de la constancia de alineamiento y número oficial A.0601/N.0677/2022, otorgada el veintidós de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente SDUMA/DDU/E/0747/2022, en favor del predio propiedad de la parte quejosa, ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, número 1401, en la colonia el Periodista, Uruapan, Michoacán al igual que todos sus efectos y consecuencias. ********************- En la inteligencia, que de insistir en la variación o modificación de la constancia de alineamiento y número oficial descrita, deberán efectuarlo purgando los vicios de inconstitucionalidad advertidos en este fallo, es decir, apegándose a las formalidades requeridas por el artículo 16 de la Constitución Federal. ********************- Además, cabe puntualizar, que la protección constitucional no impide a las autoridades responsables ejercer sus facultades y atribuciones legales y administrativas con respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional.********************DÉCIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Benjamín Iván García Covián contra los actos reclamados atribuidos al H. Ayuntamiento Constitucional, a la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad y a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, todos de Uruapan, Michoacán, precisados en el considerando segundo, lo anterior por los motivos y fundamentos señalados en el considerando tercero de esta resolución.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Benjamín Iván García Covián, contra el acto reclamado de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y del Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo, para los efectos precisados en el considerando noveno, de esta resolución.********************TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución.********************Notifíquese personalmente.****************************

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