Benjamin Correa Alvarado
Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benjamin Correa Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva, transcurrió del tres al dieciséis de agosto del dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada el uno de agosto del año en curso, sin que lo hubiere hecho; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En la misma data, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado procesal del juicio. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 4. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase la copia certificada del juicio número 499/2020, de su índice relativo al juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, que anexó como complemento a su informe justificado a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Solicítese acuse recibo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. A
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 412/2022, promovido por Benjamín Correa Alvarado, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial y el treinta de junio siguiente ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Benjamín Correa Alvarado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juzgado Tercero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con domicilio ubicado en calle Benito Juárez 1078, La Magdalena, Uruapan, Michoacán, C.P. 60080, por conducto de su titular. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: El contenido del acta mínima que contiene la Audiencia Preliminar llevada a cabo con fecha 01 de julio del año 2021 dos mil veintiuno dictada dentro del expediente número 499/2020, tramitado ante el Juez Tercero en materia familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán". El promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de treinta de junio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional, radicó la demanda de amparo con el número 412/2022, admitió a trámite el libelo constitucional, solicitó el informe de ley, ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; dio la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de en el caso se reclama un acto de autoridad, dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad: El contenido del acta mínima que contiene la audiencia preliminar celebrada el uno de julio de dos mil veintiuno, en el expediente número 499/2020, por la Juez responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, reconoce la existencia del acto que se le reclama. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que adjuntó la responsable a su informe, consistente en las que integran el juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa 499/2020, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Análisis oficio de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo. No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para dar mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario hacer una narración de los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias que remitió la autoridad responsable: Benjamín Correa Alvarado, mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, en la vía ordinaria oral familiar y en ejercicio de la acción de estado civil demandó de Imelda Magaña Abad, el divorcio sin expresión de causa. Demanda que correspondió conocer a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, quien la radicó con el número 499/2020, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada. El uno de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar, levantándose el acta correspondiente, en la que la juez asentó esencialmente la incomparecencia de las partes, abrió la fase de admisión y preparación de pruebas, revisión de medidas cautelares. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, Benjamín Correa Alvarado, a señalar domicilio para la realización del estudio socioeconómico. Por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, Benjamín Correa Alvarado solicitó a la juez natural que toda vez que en audiencia preliminar de uno de julio de dos mil veintiuno, no se dio la disolución del matrimonio, solicitaba la misma, virtud a que no había asistido a la audiencia de referencia. Petición la que recayó el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, en el que la juez de instancia, determinó, en lo que interesa: ".dígasele que por el momento no ha lugar a decretar la disolución del vínculo matrimonial que solicita, porque el presente juicio no puede resolverse en dos sentencias, la disolución matrimonial y las demás prestaciones derivadas de la acción principal." El acta de audiencia de uno de julio de dos mil veintiuno, es la que constituye el acto reclamado. En el caso de oficio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Dicho numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]". Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la citada legislación, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.]". De una interpretación armónica de las porciones legales transcritas, se colige que debe sobreseerse en el juicio contra actos consentidos tácitamente, es decir, los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17, en relación con el numeral 18, ambos de la Ley de Amparo. A su vez, de los numerales en comento se desprende que por regla general, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o el acto que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de ellos o de su ejecución. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, Novena Época, registro: 165582, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En la especie, se actualiza la segunda de las hipótesis descritas, es decir, el término para la presentación del presente juicio, se debe de computar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente en la audiencia preliminar que tuvo verificativo el uno de julio de dos mil veintiuno, y en la que la autoridad responsable no se pronunció sobre la disolución del vínculo matrimonial solicitado por Benjamín Correa Alvarado. En efecto, de las constancias del juicio de origen que allegó la responsable, las cuales fueron objeto de valoración en el considerando tercero, se desprende que el uno de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar, levantándose el acta correspondiente, en la que la juez asentó esencialmente la incomparecencia de las partes, abrió la fase de admisión y preparación de pruebas, revisión de medidas cautelares y citó para audiencia de juicio. En data cuatro de febrero de dos mil veintidós, Benjamín Correa Alvarado, aquí quejoso, solicitó a la juez natural que toda vez que en audiencia preliminar de uno de julio de dos mil veintiuno, no se dio la disolución del matrimonio, solicitaba la misma, virtud a que no había asistido a la audiencia de referencia. Petición a la que recayó el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, en el que la juez de instancia, determinó que no había lugar a lo solicitado a decretar la disolución del vínculo matrimonial, virtud a que no puede resolverse en dos sentencias la disolución matrimonial y las demás prestaciones. De lo que se evidencia que el quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando menos desde el cuatro de febrero de la presente anualidad, momento en el que solicitó nuevamente la disolución del matrimonio. En esa tesitura, si desde esa data, el quejoso tuvo conocimiento (momento en que se tiene certeza) que no se había acordado la disolución del vínculo matrimonial en la audiencia preliminar, resulta evidente que a partir de esa fecha, contaba con el término de quince días para inconformarse con tal determinación. De modo que, al haber presentado su demanda hasta el treinta de junio de dos mil veintidós, según se desprende de la boleta de turno, es evidente que su presentación se realizó de manera extemporánea. Cabe precisar que el acto reclamado tiene una ejecución material instantánea que se agotó al momento de su emisión, y si bien su consecuencia lógica es que aún no se ha decretado la disolución del vínculo matrimonial que lo une a la aquí tercero interesada, ello es un efecto meramente jurídico. De ahí, que el acto reclamado, se estime que no constituye un acto de tracto sucesivo, pues el mismo se perfeccionó en el momento mismo en que se emitió y si bien subsiste el no pronunciamiento sobre la disolución del vínculo matrimonial, ello es solo una consecuencia legal y directa de no haberse pronunciado sobre tal cuestión, ya que dicho de autoridad comenzó a ocasionar perjuicio al quejoso desde el momento en que se llevó a cabo la audiencia preliminar reclamada. Se aplica, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo CII, página 1346, registro 349547, del tenor siguiente: "ACTOS DE TRACTO SUCESIVO (PROCEDIMIENTO JUDICIAL). Por actos de tracto sucesivo, deben entenderse que son de la misma naturaleza y que se reproducen invariablemente, y la prosecución del procedimiento no está constituida por esa clase de actos". No sobra decir, que los numerales 266 a 269 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen los supuestos o requisitos a fin de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial en la audiencia preliminar, los que la juez natural no estimó actualizados, y por ende, señaló fecha para la audiencia de juicio, en el que resolverá todas las cuestiones inherentes al mismo. Tales datos resultan suficientes para considerar que desde ese momento estaba en oportunidad de comparecer a solicitar el amparo solicitado contra el acto que pudiera violentar sus derechos originados en ese procedimiento jurisdiccional. De ahí que, si el quejoso, no estaba de acuerdo con lo determinado en la audiencia preliminar, debió inconformarse con la misma dentro del término establecidos en la Ley de Amparo. Por tanto, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso al no impugnarlo mediante el juicio de amparo dentro del término legal, por lo que el mismo debe considerarse tácitamente consentido, en los términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 412/2022, promovido por Benjamín Correa Alvarado, contra el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. A
- Principal
En doce de julio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 9556. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. INFORME JUSTIFICADO. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, rindiendo su informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional. 2. SE ORDENA FORMAR TOMO DE PRUEBA. Asimismo, remite copia certificada del juicio número 499/2020, de su índice relativo al juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente; fórmense por separado un tomo de pruebas con dichas constancias. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En seis de julio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un pedimento recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio el folio 9304. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: PEDIMENTO. Visto lo de cuenta, téngase a la Fiscal de la Federación adscrita, formulando alegatos; por tanto, se tienen por formulados para el efecto legal conducente, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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