Benjamin Herminio Herrera Hernandez

Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
78/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Benjamin Herminio Herrera Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de un tomo de prueba formado con motivo de las constancias remitidas por el 2. Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador Titular de la Célula III-1, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el que resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de un tomo de prueba formado con motivo de las constancias remitidas por el 2. Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador Titular de la Célula III-1, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el que resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera de la Unidad de Investigación y Litigación, 2. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora, 3. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Atención Inmediata "A"; 4. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación Córdoba "B", los anteriores con sede en esta ciudad, 5. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, 6. Encargada de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en Orizaba, Veracruz y 7. Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, en Córdoba, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia. En relación con el diverso acto reclamado consistente en la investigación de hechos presumiblemente delictivos a efecto de integrar la carpeta de investigación FED/VER/CORD/0003864/2020, las autoridades 1. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera de la Unidad de Investigación y Litigación, 3. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Atención Inmediata "A"; 4. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación Córdoba "B", los anteriores con sede en esta ciudad, 5. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, 6. Encargada de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en Orizaba, Veracruz y 7. Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, en Córdoba, Veracruz, también negaron su existencia. Por tanto, si el peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables a que se hace referencia en este considerando, en torno a los actos que se le reclaman, ni de autos se advierte la existencia de los mismos, es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que ante tal circunstancia procede, sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta para así concluir, lo manifestado por la 5. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, en su informe justificado, relativo a que en dicho tribunal se encuentra radicado el proceso penal 491/2020, que inició con la solicitud de la audiencia inicial para formular imputación en libertad en contra del quejoso, en la que hasta esa fecha no se había programado dicha audiencia en atención a la carga de trabajo de dicho órgano; y tampoco lo precisado en el oficio signado por el Juez de Distrito adscrito a dicho Centro de Justicia, recibido el nueve de abril del año en curso en este juzgado, por el que informó que el seis de abril del año en curso, celebró la audiencia inicial y dictó auto de vinculación en contra del quejoso; y que al colmarse los requisitos de procedibilidad, se autorizó la suspensión condicional del proceso por seis meses; toda vez que de tales manifestaciones no se desprende la existencia de una orden de detención, aprehensión, presentación y/o comparecencia librada en contra del quejoso. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la carpeta de investigación FED/VER/CORD/0003864/2020, instruida en contra del quejoso, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 en relación con el 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por tanto, se tiene por cierto el acto consistente en la investigación de hechos presumiblemente delictivos a efecto de integrar la citada carpeta. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la investigación de hechos presumiblemente delictivos a efecto de integrar la carpeta de investigación FED/VER/CORD/0003864/2020, por parte del 2. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora, con sede en Córdoba, Veracruz, quien instruyó la instruida en contra del quejoso, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 en relación con el 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieron un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que, posiblemente, fueran justificados. A ello debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama del 2. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora, con sede en Córdoba, Veracruz, la investigación de hechos presumiblemente delictivos a efecto de integrar la carpeta de investigación FED/VER/CORD/0003864/2020, de su índice. Sin embargo, del informe justificado rendido por dicha responsable, se advierte que dicha carpeta de investigación fue judicializada sin detenido el treinta de diciembre de dos mil veinte, solicitando la audiencia para formular imputación en libertad; que posterior a ello se radicó la carpeta judicial 491/2020 del índice del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, fijándose fecha para audiencia inicial, el seis de abril de dos mil veinte. Asimismo, el Juez de Distrito adscrito a dicho Centro de Justicia informó que en la referida fecha celebró la audiencia inicial y dictó auto de vinculación en contra del aquí quejoso; y que al colmarse los requisitos de procedibilidad, se autorizó la suspensión condicional del proceso por seis meses. En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones que pudiera contener este, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución que decretó la suspensión condicional del proceso penal de que se trata, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. De ahí que se actualice la acusa de improcedencia en análisis. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Tomo XXVI, de Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XVII, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que si bien por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido ***********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, quien actúa como Juez de Control; mediante el cual informa que dentro de la causa penal **********, de su índice, al colmarse los requisitos de procedibilidad correspondientes, se autorizó la suspensión condicional del proceso por seis meses al aquí quejoso ************, por lo que se le determinó imponerle las condiciones consistentes en residir en el domicilio que proporcionó en ese Centro de Justicia; prestar servicio social a favor del Estado por conducto de la Presidencia Municipal de La Perla, Veracruz, por una hora diaria hasta completar tres horas a la semana, en la inteligencia de que la obligación consistente en prestar servicio social tres horas en cualquier día de la semana, procurando en todo momento que no se entorpezcan las labores del imputado que como medio de subsistencia desarrolle; y no poseer ni portar artefactos bélicos; atento a ello, se tiene a la autoridad responsables informando lo anterior, lo que se tomará en consideración al momento de resolver el presente asunto

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