Benjamín Cruz Román

Expediente 476/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Benjamín Cruz Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Orizaba, Veracruz, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Orizaba, Veracruz, y en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 1337/2021, de diecinueve de enero del año en curso, del índice administrativo de este Juzgado Federal, a través del cual se hizo de su conocimiento el auto emitido en esa fecha. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; motivo por el cual no se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, señalada a las diez horas con quince minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora, visto el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual, remite copia certificada de la resolución de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del incidente de liquidación de laudo relativo al expediente laboral ************ de su índice cronológico, y las constancias de notificación del mismo, realizadas el once del mes y año en curso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado consiste en la omisión y retraso en dictar resolución en el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 355/2007, de la estadística de la Junta antes citada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto que se combate, esto es, la omisión de dictar resolución en el incidente de liquidación antes precisado. El artículo y la fracción invocada establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora, como se adelantó en líneas precedentes, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cinco de octubre de dos mil veinte), específicamente el quince de diciembre del año pasado, la Junta responsable emitió la resolución correspondiente en incidente de liquidación de laudo relativo al expediente laboral 355/2007 de su índice cronológico, y el once del mes y año en curso, la notificó a las partes en dicho juicio. De ello deriva que los efectos del acto reclamado han sido revocados, lo que implica que tales efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. En efecto, es incuestionable que la omisión atribuida a la autoridad responsable cesó en sus efectos, pues el único que aquélla producía era que el procedimiento para procesal de origen, instado por el aquí quejoso, se encontrara paralizado y no continuara su curso normal. Luego, con la emisión de la resolución correspondiente en incidente de liquidación de laudo relativo al expediente laboral 355/2007 de su índice cronológico, dejó de existir de forma total, inmediata e incondicional la omisión combatida. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término concedido a la parte tercera interesada *********** mediante auto de seis de octubre del año en curso, para que señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena notificar a la aludida parte, el presente auto por lista de acuerdos de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en el invocado artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

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