Benjamín Contreras Araujo
Expediente 587/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamín Contreras Araujo
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 227/2016 (789), con las constancias relativas a la notificación de la parte quejosa *****, del proveído de veintiuno de julio del año que transcurre, en el que este juzgado determinó no aceptar la competencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Guanajuato capital. Acúsese recibo y dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del exhorto 227/2016 (789/2016), del índice de este juzgado, mismo que fue enviado a efecto de notificar al quejoso ********************, el proveído de veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Asimismo, se advierte que dicha comunicación quedó registrada bajo el número 269/2016-I y, se procedió a su diligenciación el veintinueve de julio de la presente anualidad.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual comunica que ASUME LA COMPETENCIA para conocer de la demanda promovida por *********. Por tanto, ARCHÍVESE el presente cuaderno por encontrarse concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado federal, asimismo de conformidad con el punto cuarto del acuerdo complementario al diverso general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, por lo que transcurridos seis meses a partir de este proveído, podrá ser destruido, cabe hacer mención que el presente sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
Visto el oficio de cuenta que signa el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el juicio de amparo 490/2016 promovido promovido por ------, contra actos que reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato y otra autoridad, los cuales considera vulneran sus derechos humanos y garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que en resolución de seis de julio del año en curso, el juzgado federal oficiante declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías y la declinó para tal efecto a favor del Juzgado de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad, por lo que, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Décimo de Distrito. Regístrese en el libro de gobierno con el número 587/2016-II; y, fórmese expediente. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, de la lectura integral de las constancias remitidas relativas al juicio de garantías ---- del índice del Juzgado remitente, se aprecia, que aquél tribunal considera que le asiste competencia para conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, en virtud de que uno de los actos reclamados se ejecutó en la ciudad de Silao, Guanajuato, localidad que se encuentra inmersa dentro del ámbito de jurisdicción que ejercen los órganos jurisdiccionales en Irapuato, Guanajuato, en razón de que - en su perspectiva- es en aquella municipalidad en la cual se ejecutó la orden de requerimiento de pago -dictada en ejecución de laudo- y embargo así como su ejecución, emitido en los autos del juicio laboral número ----- del índice de la Junta laboral responsable. Por ello, aduce que se actualiza la hipótesis prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que es competente para conocer del asunto el Juez de Distrito dentro de cuya demarcación territorial tuvo ejecución el acto reclamado. El suscrito Secretario Encargado del Despacho, respetuosamente no comparte el criterio del Juzgado oficiante, pues de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante de garantías señala esencialmente como actos reclamados, los siguientes: a) El ilegal emplazamiento; b) Todo lo actuado; c) El laudo; d) el auto -emitido en ejecución de laudo- que ordena el requerimiento de pago y embargo en bienes propiedad del quejoso, que tuvo verificativo el veintiuno de junio del presente año. Ahora bien, a efecto de determinar la competencia para conocer del presente juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados, esto es a los actos declarativos por una parte y por la otra, a los actos ejecutivos de los mismos. En ese sentido, es de considerarse que de la lectura integral del apartado en la que la quejosa reseña los actos que reclama, se obtiene que impugna diversos actos cuya naturaleza jurídica es distinta, pues se duele de omisiones, un laudo condenatorio y los actos de ejecución de éste último, atribuidos a diversas autoridades, cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción del Juzgado declinante y que, en lo que atañe a la quejosa, tuvieron ejecución en la ciudad de Silao, Guanajuato. Por ende, contrariamente a lo señalado por el Juzgado oficiante, la competencia para conocer del presente asunto se surte a su favor, ante la pluralidad de actos reclamados, esto es, al coexistir algunos que no tienen ejecución (omisiones) y los que requieren de una ejecución material, de ahí que acorde a la continencia de la causa, debe conocer del juicio de amparo aquél órgano ante quien se presentó la demanda y en el caso, lo fue ante el Juzgado declinante. Además, conforme al derecho de acceso a la justicia, el hecho de que la citada quejosa hubiere presentado la demanda ante el órgano jurisdiccional oficiante, es porque le resultó de más fácil acceso material por tanto, corresponde al Juzgado declinante conocer de la demanda de que se trata, por ser ante quien se presentó de manera inicial. En efecto, del artículo 37 de la Ley de Amparo, derivan tres reglas básicas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: a) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Cabe señalar que esas hipótesis participan de una misma particularidad que consiste en que todas se sustentan en el acto reclamado en la demanda de amparo, toda vez que requieren que éste tenga ejecución (según las dos primeras hipótesis) o bien cuando el mismo no la requiera (de conformidad con el tercero de esos supuestos). Tales reglas tienen como propósito determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. Sin embargo, puede darse el caso de que se reclamen multiplicidad de actos y que algunos requieran de ejecución y otros no. Así, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de "continencia de la causa", puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal y otros que no, emitido por una autoridad residente en lugar diverso; en principio tendrían competencia para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe definirse cuál de esos juzgadores, considerados legalmente competentes por razón de territorio, debe conocer del juicio de garantías, pues la sola aceptación de que ambos son competentes podría conducir al sin sentido de que los dos estimaran que corresponde a su respectivo homólogo el deber de conocer el juicio constitucional, negándose ambos al avocamiento del asunto bajo la premisa de que el otro juzgador es el competente. Por lo que, ante la falta de regulación expresa para el caso, se estimó que la competencia se finca a favor del Juez de amparo, de entre ellos, quien haya prevenido en el conocimiento de la demanda de amparo, por dos razones fundamentales: a) Acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando un acto reclamado que sí requiere ejecución material ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. Criterio legal éste que, aplicado analógicamente, permite sostener válidamente que si en la demanda de garantías se reclama el ilegal emplazamiento, todo lo actuado, el laudo y los actos de ejecución de éste último, ello implica la existencia de algunos actos reclamados que no requieren de ejecución material, y otros que sí lo ameritan, y si bien, la demanda de garantías fue interpuesta en otro distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. b) Atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de amparo ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado, tan es así que hasta señaló domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede del Juzgado de Distrito declinante. Así, en asuntos como el que se trata, para determinar a cuál de los jueces de amparo del presente conflicto le compete conocer del juicio de garantías, es necesario establecer si se reclaman uno o más actos y si éstos tienen o no algún tipo de ejecución, es decir, si contienen o no algún acuerdo o mandamiento que obligue a un hacer o no hacer, ya que existen actos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, y que no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes, a los cuales, se les conoce como declarativos. En el presente caso, los actos reclamados consisten, -contrariamente a lo aseverado por el juzgado federal oficiante- en: I. Actos de naturaleza omisiva; II. Actos de índole positiva, que invariablemente implican la posterior existencia de actos de ejecución, y III. Los actos propiamente de ejecución: En ese orden de ideas, el acuerdo en el que se decreta el requerimiento de pago y embargo en bienes del quejoso -en ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, evidentemente es un acto de ejecución material, misma que se llevó a cabo en la ciudad de Silao, Guanajuato, de la jurisdicción de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, empero, deriva de la preexistencia de directrices dictada por la autoridad ordenadora en ese sentido. De esta manera, los actos reclamados, vinculados íntimamente entre sí, generan competencia para ambos jueces contendientes, pues uno de ellos la tiene para conocer del juicio de amparo intentado en contra de las órdenes de las que dimanan los actos de ejecución y el otro, para conocer de los actos de ejecución en sí mismos considerados. En ese orden de ideas, atendiendo a los argumentos jurídicos expuestos con antelación, se actualiza el primer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo y su interpretación, que define la competencia del juicio a favor del juez que previno, es decir, ante quien se presentó la demanda, lo que en el caso ocurrió en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que es donde reside la autoridad ordenadora Junta Local de Conciliación y Arbitraje de dicha localidad. Situación que además es acorde con la pretensión de lograr el mayor respeto del derecho de acceso a la justicia, pues el que la parte quejosa presentara su demanda ante ese órgano jurisdiccional, en efecto, genera la presunción de que es porque le resultó de más fácil acceso. En consecuencia, si la demanda de amparo, fue presentada ante el Juez oficiante, quien previno en el conocimiento de los actos reclamados, resulta ser ese órgano jurisdiccional a quien compete conocer del presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37, párrafo segundo y 48, párrafo segundo de la ley reglamentaria en cita y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, no acepta la competencia planteada; en esas circunstancias, se ordena devolver el expediente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo. Ahora bien, como el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en -----, que se ubica fuera de la residencia de este Juzgado, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, en Guanajuato, Guanajuato, para que por conducto de quien corresponda; y en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio indicado y notifique este proveído. Se concede la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio del quejoso, en caso de que el señalado en su escrito de demanda no sea el correcto. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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