Benito Hernandez Peredo

Expediente 611/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Benito Hernandez Peredo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dos de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el oficio remitido por el Encargado de la Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad: ". Deje insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno; Fije nueva fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual deberá convocar de nueva cuenta a las partes. En su desahogo, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva lo que en derecho corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, esto es verifique lo relativo a la autorización del Procurador o del servidor público en que se hubiese delegado tal facultad, para que la Agente del Ministerio Público adscrita la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, hubiese decretado el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *** y resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda." En consecuencia, en acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por misiva registrada con el progresivo 10912/2022, la responsable informó que en audiencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, llevada a cabo en el cuadernillo penal *** de su índice, revocó la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que el fiscal determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo en la carpeta de investigación número ****, para el efecto de que en términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público recabe la autorización previa del Fiscal General o del servidor público en que se delegue esa facultad si cuenta con esa autorización, hecho lo cual, podrá emitir una determinación en el mismo sentido del que lo hizo o bien si no se le da autorización puede continuar con la investigación o emitir la determinación en el sentido que considere pertinente, ello apegado a la legalidad. En tales condiciones, se determina que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijó fecha de audiencia, la cual se llevó a cabo treinta de mayo de dos mil veintidós y en dicha diligencia dejó insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que el fiscal determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la carpeta de investigación número *** y atendiendo lo dispuesto en el numeral 255 de la citada legislación, requirió al agente del Ministerio Público para que recabara la autorización previa del Fiscal General o del servidor público en que se delegue esa facultad, y resolviera en consecuencia lo que en derecho corresponda. Por ende, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos. La parte promovente allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados al contrario sentido; y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que de no recogerlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. En el entendido que para recoger los referidos documentos, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona autorizada para tal efecto; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que el horario de labores de este órgano jurisdiccional se encuentra comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los expedientes y el estampado de los sellos pertinentes en sus carátulas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la fiscal adscrita.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dos de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo un disco en formato DVD para acreditar su dicho. En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa, con copia autorizada de la misiva de cuenta; haciéndose la precisión que el disco en formato DVD, queda a sus disposición en la secretaría de este juzgado; para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informan las referidas autoridades; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las responsables. CERTIFICACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, se ordena al Secretario que haga constar que el disco que remite la responsable de mérito, puede reproducirse, el que deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducidos en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a estos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma Cristina Guzmán Ornelas, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistida de Juan Raúl Medina Rodríguez, secretario que da fe, el día de hoy en que lo permitieron las labores de este órgano federal, de conformidad con el punto 6, de la Circular SECNO/13/2021, en relación con el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 7/2022 que amplía su vigencia, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.En Irapuato, Guanajuato, a las nueve horas del día tres de junio de dos mil veintidós, el Actuario Judicial del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, procedo a publicar para su notificación a las partes la resolución o auto que antecede por medio de lista que se publica en la página de internet: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, excepto a las que se encuentren ordenadas en forma personal o por oficio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL ACUERDO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: ...Irapuato, Guanajuato, dos de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo un disco en formato DVD para acreditar su dicho. En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa, con copia autorizada de la misiva de cuenta; haciéndose la precisión que el disco en formato DVD, queda a sus disposición en la secretaría de este juzgado; para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informan las referidas autoridades; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las responsables. CERTIFICACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, se ordena al Secretario que haga constar que el disco que remite la responsable de mérito, puede reproducirse, el que deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducidos en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a estos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. El fallo protector se concedió el amparo para el efecto siguiente: ". Deje insubsistente la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno; Fije nueva fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual deberá convocar de nueva cuenta a las partes. En su desahogo, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelva lo que en derecho corresponda, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, esto es verifique lo relativo a la autorización del Procurador o del servidor público en que se hubiese delegado tal facultad, para que la Agente del Ministerio Público adscrita la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, hubiese decretado el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *** y resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda. ." En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se les impondrá a cada uno, una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Penal en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis P. LVIII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, número de registro 165779, página 12, de rubro y texto: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola". Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.

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